La ministra Sira Rego confía en aprobar tras el verano la ley que prohibirá a los menores de 16 años el acceso a redes sociales con contenidos dañinos. Así lo ha asegurado en una entrevista con Europa Press publicada el 16 de agosto, en la que ha situado la responsabilidad sobre las grandes plataformas y no sobre las familias.
Qué plantea la ley de protección de los menores en entornos digitales
La norma, denominada Ley para la protección de los menores en los entornos digitales, se encuentra en trámite parlamentario. Según ha explicado la ministra, el Ejecutivo trabaja en las últimas aportaciones de los grupos para ceñir mejor el texto y confía en que la aprobación llegue una vez superado el verano.
La responsabilidad, ha insistido, corresponde a las plataformas, a las tecnológicas y a los denominados caudillos digitales. En su intervención, ha defendido que la seguridad no puede depender de las familias y que deben ser las propias redes sociales las que garanticen un entorno seguro.
Rego ha reivindicado la regulación frente a la prohibición genérica. No se trata, ha dicho, de un rechazo radical a los entornos digitales, sino de un proceso gradual, acompañado y con garantías a medida que los menores maduran.
La CNMC y las nuevas obligaciones para las plataformas
La enmienda acordada por PSOE y Sumar introduce un control previo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Las plataformas deberán acreditar ante este organismo que no utilizan diseños adictivos, que no exponen a los menores a contenidos o conductas perjudiciales, que protegen su privacidad y que ofrecen herramientas eficaces frente a contactos no deseados.
Si no demuestran esos requisitos o no obtienen una autorización expresa de la CNMC, no podrán permitir el acceso a menores de 16 años. Mientras el sistema se ordena, la titular de Juventud e Infancia ha abogado por ser más exigente con la entrada de los niños y adolescentes al entorno digital.
La norma no es una prohibición absoluta de internet: condiciona el acceso de los menores a las plataformas que no demuestren ante la CNMC que sus entornos son seguros.
La ministra ha alertado del impacto del algoritmo opaco y de los patrones adictivos sobre la salud mental, la capacidad de atención y la fijación de conocimiento. Junto a la regulación, ha reclamado mecanismos de pedagogía, acompañamiento a las familias y alternativas al ocio digital.
El marco europeo limita, según Rego, la ambición de la norma estatal. Una vez aprobada, hará falta un reglamento de desarrollo que concrete su aplicación, un paso que puede retrasar los efectos prácticos para las familias.
El precedente de Francia y la coordinación entre países
Para las familias españolas, el cambio efectivo llegará con la autorización de la CNMC y con ese reglamento posterior. Mientras tanto, la ley sitúa las obligaciones en las plataformas y no en los padres, una diferencia relevante respecto a otras propuestas centradas solo en la edad.
La norma forma parte de un conjunto de medidas del Gobierno, entre ellas la futura ley orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, la reforma del derecho al honor o el Estatuto del Artista. Rego ha destacado la coordinación con otros países para avanzar hacia una gobernanza global del entorno digital.
El espejo francés muestra la dificultad jurídica de estos límites. El Parlamento de Francia aprobó a finales de julio la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años, pero el Consejo Constitucional la anuló el 14 de agosto al considerarla desproporcionada y contraria a la libertad de expresión y comunicación. Emmanuel Macron ha encargado a su primer ministro, Sébastien Lecornu, una redacción jurídicamente sólida antes de la primavera de 2027.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? Sira Rego confía en aprobar tras el verano la ley que vetará a menores de 16 años el acceso a redes sociales con contenidos dañinos.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El Ministerio de Juventud e Infancia, el Congreso y la CNMC como futuro órgano que autorizará a las plataformas.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El texto sigue en trámite parlamentario y, tras su aprobación, necesitará un reglamento de desarrollo para aplicarse.
