EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Disney y ABC han presentado una demanda por la Primera Enmienda contra la FCC para frenar la revisión anticipada de las licencias de sus ocho emisoras de televisión abierta.
- ¿Quién está detrás? La comisión la preside Brendan Carr, aliado del presidente Donald Trump, que ha convertido la regulación de las ondas en un frente de presión sobre la cadena.
- ¿Qué impacto tiene? Para España, el caso define el margen del regulador audiovisual de EE. UU. y la libertad editorial, con posibles efectos sobre el clima de producción y licencias de contenido americano.
Disney y ABC han presentado este martes una demanda por la Primera Enmienda contra la FCC, el regulador federal de las ondas. Denuncian represalias de la Administración de Donald Trump por la línea editorial de la cadena.
Una demanda por ocho licencias y un plazo de 30 días
El recurso, registrado ante el tribunal federal del Distrito de Columbia, ataca una orden de la FCC que obliga a la cadena a presentar la renovación anticipada de las licencias de sus ocho emisoras de televisión abierta. La comisión, presidida por Brendan Carr, emitió la orden años antes del calendario ordinario y dio un plazo de 30 días para presentar una documentación que normalmente exige meses de preparación.
En la demanda, los abogados de Disney recuerdan que, hasta el día anterior a la orden, la FCC no había exigido una renovación anticipada en más de medio siglo. Tampoco había pedido solicitudes simultáneas a un grupo de emisoras vinculadas a una misma cadena de televisión, ‘y mucho menos a estaciones con una trayectoria de servicio público y periodismo premiado como estas’, recoge el escrito.
Carr llevaba tiempo intensificando la vigilancia sobre ABC. La comisión investiga las políticas de diversidad, equidad e inclusión de la compañía y, en paralelo, analiza el programa matinal The View por un asunto separado. La demanda nombra como demandados a Carr, a la comisionada demócrata Anna Gomez, a la republicana Olivia Trusty y a dos puestos vacantes identificados como John Does 1-2. Trump ha nominado recientemente a Danielle Thumann Severs, asesora principal de Carr, como tercera comisionada republicana en ese panel de cinco asientos.
Medio siglo después, sí.
De un chiste de Kimmel a una investigación más amplia
El detonante llegó a finales de abril, cuando Donald Trump criticó a Jimmy Kimmel por un chiste sobre la primera dama relacionado con el tiroteo en la gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. La indagación se abrió poco después de que el presidente y su esposa pidieran a ABC y Disney que retiraran al humorista del aire. Carr negó que la revisión anticipada tuviera relación con aquel episodio.
La FCC no pedía una renovación anticipada desde hace más de medio siglo; ahora la exige a ocho emisoras en solo 30 días.
En julio el presidente de la FCC dio un paso más. Anunció que la agencia tendría en cuenta la decisión de ABC de no emitir en televisión el discurso de Trump sobre fraude electoral en la revisión de las licencias. La cadena optó por retransmitirlo en streaming y ofrecer especiales informativos. Recordó que no existe ley federal que obligue a emitir ese discurso en directo.
El consejero delegado de Disney, Josh D’Amaro, fue explícito el viernes en la D23: ‘No vamos a capitular ante las amenazas de la FCC contra nuestro negocio periodístico’, dijo a CNBC, según declaraciones recogidas en la demanda. La compañía defiende su independencia editorial.
No se disculparon.
La Lógica de Washington
Para entender este caso hay que partir de una premisa legal: en Estados Unidos, las cadenas de televisión abierta no son propietarias de las frecuencias. Explotan un recurso público mediante licencias temporales. La FCC puede revisarlas, renovarlas o condicionarlas. Un regulador con mayoría republicana y un presidente como Brendan Carr, estrecho aliado de Trump, entiende que las redes corporativas han usado ese privilegio para imponer una agenda cultural y política que incomoda a una parte del electorado. La conexión con el chiste de Jimmy Kimmel y con el discurso sobre fraude electoral dibuja una respuesta política.
Washington no pide permiso.
El precedente no es la Europa de las televisiones públicas. Es la Washington reguladora que, bajo George W. Bush, sancionó a CBS en 2004 por el escándalo de la Super Bowl. Aquel episodio no cambió licencias: envió un mensaje de que la FCC no actuaría como árbitro pasivo. Ahora Carr sube la apuesta con una renovación anticipada que coloca a ABC ante un dilema: cumplir y legitimar el control sobre su línea editorial, o negarse y arriesgar la operación de sus emisoras.
Para España, el pulso tiene una lectura más estratégica que arancelaria. No hay una cifra de exportaciones afectadas, porque no se venden licencias de televisión abierta españolas a Washington. Pero el choque define el ambiente regulatorio de un mercado donde operan grandes estudios, plataformas y creadores de contenido. Madrid y Bruselas observan si la presión de la FCC se queda en una anomalía política o se convierte en doctrina: ahí cambiaría la negociación transatlántica sobre contenidos digitales.
La batalla judicial se inicia en el Distrito de Columbia, donde los jueces federales suelen tardar meses en dictar medidas cautelares. La próxima señal llegará cuando la FCC responda a la demanda o el tribunal fije una vista. Mientras tanto, la comisión sigue con la investigación sobre políticas de diversidad y sobre The View. La próxima jugada puede no ser en la sala: puede ser una nominación de comisionados que asegure una mayoría cómoda para la revisión.
Nadie habla de rendirse.
Ficha del Caso
- El caso: Disney y ABC demandan a la FCC por la Primera Enmienda tras la orden de renovar anticipadamente las licencias de sus ocho emisoras de televisión abierta.
- Datos clave: La FCC exige una renovación con un plazo de 30 días, algo que no ocurría desde hace más de 50 años. La demanda se presentó en el Distrito de Columbia y cita como demandados a Brendan Carr, a la comisionada demócrata Anna Gomez y a la republicana Olivia Trusty, además de dos puestos vacantes.
- Para España: La decisión no toca aranceles ni exportaciones, pero marca el tono del regulador audiovisual estadounidense frente a la libertad editorial. Las plataformas y productoras españolas que venden o licencian contenido en EE. UU. deberán seguir el caso.
