El Govern balear ha encargado a PwC un estudio para cuantificar los sobrecostes que la insularidad impone a las empresas de Baleares. El objetivo es medir con datos actualizados una desventaja que condiciona a diario la actividad productiva del archipiélago.
El Ejecutivo autonómico presentará las conclusiones ante el Gobierno central y la Unión Europea. La intención, según ha explicado el Govern de las Illes Balears, es aportar argumentos para que ambos se impliquen en la mejora de la competitividad de los negocios isleños.
Radiografía del coste insular
El encargo analizará los efectos de la insularidad sobre distintos sectores y tamaños de empresa, con especial atención al transporte, la logística, el aprovisionamiento y el acceso a los mercados. La consultora estudiará además cómo esos costes golpean la productividad, la competitividad y la capacidad de inversión.
La distancia de los principales mercados continentales, la dependencia de los enlaces marítimos y aéreos y el precio del aprovisionamiento condicionan de forma permanente a cualquier negocio del archipiélago. El sobrecoste no distingue entre una gran hotelera y un proveedor agrícola: la insularidad penaliza a todos. Una empresa radicada en Mallorca, Menorca, Ibiza o Formentera no compite, insiste el Govern, en igualdad de condiciones con una firma peninsular.
El límite de 300.000 euros bajo la lupa
Uno de los ejes del trabajo será el régimen europeo de minimis, la normativa que permite a una empresa recibir hasta 300.000 euros en tres años sin que las ayudas deban notificarse a la Comisión Europea.
El Govern considera ese umbral insuficiente, pese a que subió desde los 200.000 euros previos. Las islas reclaman un tratamiento específico para que las ayudas públicas compensen de verdad los sobrecostes de la insularidad.
Baleares no pide una excepción política: busca una herramienta jurídica europea que reconozca la desventaja objetiva de operar desde una isla.
El informe comparará la situación balear con la de otros territorios insulares europeos y revisará el marco normativo estatal y autonómico en materia de ayudas del Estado. También detallará los instrumentos disponibles y las alternativas para mejorar la capacidad de compensación.
La consultora también propondrá qué medidas concretas deberían adoptarse, qué costes compensar y qué herramientas jurídicas permiten hacerlo dentro del marco comunitario.
El Govern ha trabajado con el tejido empresarial y social para reclamar estos asuntos de forma conjunta, lejos del debate exclusivamente institucional.
El Pulso Territorial
La presidenta Marga Prohens, del PP, ha defendido en el pasado propuestas como elevar el minimis o eximir ciertas ayudas al transporte. El estudio busca blindar esas reivindicaciones con una base objetiva y actualizada que vaya más allá del discurso político.
La economía balear concentra una de las principales paradojas autonómicas: un sector turístico potente convive con costes estructurales que el territorio continental no soporta. La insularidad no se corrige con más visitantes si la empresa local pierde margen cada vez que importa, exporta o mueve mercancía.
La proyección del expediente apunta a la negociación presupuestaria y a la agenda europea de ayudas del Estado. Si el informe confirma un agravio medible, la propuesta concreta ganará peso para reclamar un aumento del minimis o exenciones específicas al transporte entre islas y con la península.
Ficha Autonómica
- El caso: El Govern balear encarga a PwC la cuantificación actualizada de los sobrecostes de la insularidad sobre las empresas del archipiélago.
- Datos importantes: El estudio analiza transporte, logística, aprovisionamiento, competitividad e inversión; revisa el régimen europeo de minimis y su límite de 300.000 euros en tres años.
- Resumen: El Ejecutivo busca una propuesta concreta para reclamar al Estado y a la Unión Europea un tratamiento específico que flexibilice las ayudas a las empresas insulares.
