Las sanciones de EE.UU. a la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, abren una crisis de legitimidad en el derecho penal internacional. La Casa Blanca ha dado un paso inédito al castigar por primera vez a la máxima responsable del tribunal con sede en La Haya, creado en 2002 para juzgar genocidios, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. España, como Estado parte del Estatuto de Roma, observa el choque desde una posición incómoda: entre su aliado transatlántico y el multilateralismo que defiende en su política exterior.
Por qué Washington ha decidido castigar al tribunal ahora
En una entrevista difundida el viernes por el editor japonés Bungei Shunju, Akane admitió que ‘había anticipado estas sanciones contra mí en cierta medida, así que no estoy sorprendida’. La frase importa menos por lo personal que por lo doctrinal: la presidenta del tribunal advierte de que lo relevante no es su situación, sino evitar que este castigo ‘se convierta en el principio del fin del estado de derecho internacional. Tiene motivos para inquietarse. La administración Trump no ha escondido su objetivo.
El martes 18 de agosto, Washington designó formalmente a Akane y al abogado litigante principal del tribunal, Abdoulaye Seye, como personas sancionadas. El secretario de Estado, Marco Rubio, describió a la CPI como un ‘tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y excedido su mandato’. La CPI respondió el miércoles con un comunicado en el que rechaza enérgicamente las designaciones y las califica de ‘ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial’.
La ofensiva estadounidense se enmarca en una campaña anunciada por Rubio el mes pasado para ‘desmantelar sistemáticamente la amenaza’ que, según Washington, representa la CPI para la soberanía de EE.UU. El tribunal, creado bajo el Estatuto de Roma en 2002, cuenta con 123 Estados parte. Pero las grandes potencias que nunca lo han ratificado —Rusia, China, India y Estados Unidos— quedan fuera de su jurisdicción directa. Ese vacío es parte del problema y también de la disputa.
De Afganistán a Gaza: el historial que convierte al tribunal en un tablero de disputa
El historial del tribunal en los últimos años explica por qué se ha convertido en un adversario para Washington y para otros actores. La CPI investigó presuntos crímenes de personal militar y de inteligencia de Estados Unidos en Afganistán pese a que el país no era miembro. En 2024 emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. El presidente estadounidense, Donald Trump, condenó aquellas órdenes en una orden ejecutiva firmada en febrero de 2025.
El descontento no es exclusivo de Occidente. Burkina Faso, Mali, Níger y Chad han iniciado este verano su retirada del tribunal, al que acusan de centrarse de manera desproporcionada en países africanos. Filipinas se retiró en 2019, aunque la CPI mantuvo jurisdicción sobre presuntos crímenes cometidos cuando era miembro: el expresidente Rodrigo Duterte fue arrestado bajo una orden del tribunal y trasladado a La Haya en marzo de 2025. Rusia, por su parte, rechaza la autoridad de la corte desde que esta emitiera órdenes de arresto contra Vladimir Putin y la comisionada de Derechos del Niño, Maria Lvova-Belova, en marzo de 2023 por la deportación ilegal de niños ucranianos.
Lo que Akane describe no es una sanción personal: es un aviso de que el derecho internacional puede dejar de ser un mediador.
El tribunal también ha tenido que digerir críticas internas y procesos paralelos. La orden contra Putin, por ejemplo, fue calificada por Moscú como jurídicamente nula; el Kremlin negó las acusaciones y aseguró que se limitó a evacuar a menores no acompañados de la zona de guerra, con la intención de devolverlos a sus tutores legales si así se solicitaba. La versión rusa no convenció a La Haya ni a buena parte de los socios europeos, pero dibuja la irreconciliabilidad de relatos sobre la guerra de Ucrania.
Equilibrio de Poder
La decisión de Washington coloca a la Unión Europea en una posición delicada. Bruselas siempre ha defendido la independencia del tribunal y ha incluido su apoyo en su política exterior de derechos humanos. Pero la administración Trump presiona a los socios europeos para que elijan entre su relación con Washington y su compromiso con el multilateralismo. La lógica transaccional de la Casa Blanca no admite matices: o se desmantela la amenaza percibida o se asume el coste de no alinearse.
Para España, el efecto es directo. Madrid es parte del Estatuto de Roma desde 1998 y ha ratificado su competencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido tradicionalmente un defensor del tribunal y de la cooperación con la CPI. Pero España también depende de la OTAN, donde Washington marca los tiempos en materia de defensa y disuasión. El riesgo no es que Moncloa condene públicamente a la CPI, sino que su margen de maniobra se estreche: entre el ala atlantista de la política exterior española y la retórica multilateralista que conviene mantener ante la opinión pública y ante socios iberoamericanos.
La lectura a 5-10 años es más preocupante para el orden internacional que para la propia corte. Si la sanción a Akane se consolida como precedente, otros Estados con procesos abiertos —Moscú, por ejemplo— encontrarán un argumento para alejarse aún más del tribunal y de la cooperación judicial. El sistema de Roma ya estaba debilitado por la retirada de varios países africanos este verano y por la negativa de potencias nucleares a someterse a su jurisdicción. Ahora, la mayor potencia militar del mundo lo ataca desde dentro con sanciones personales. El resultado no será necesariamente la desaparición de la CPI, pero sí una corte cada vez más regionalizada: con legitimidad en Europa y parte de África, y sin capacidad de acción sobre las grandes potencias.
Hay precedentes históricos que invitan a la cautela. Cuando Estados Unidos firmó su ley de protección de personal militar (American Service-Members’ Protection Act) en 2002, autorizando incluso el uso de la fuerza para liberar a ciudadanos estadounidenses detenidos por la CPI, el tribunal todavía no había emitido órdenes de arresto contra miembros de la administración. Lo que cambia ahora es que la sanción apunta directamente a la presidenta del tribunal, no a un país lejano: es una señal de que Washington considera la corte como una amenaza a su soberanía y no va a negociar su jurisdicción. La próxima ventana crítica será la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, prevista para finales de año, donde se podrá medir si la solidaridad con la CPI se traduce en respaldo financiero y político, o se limita a declaraciones. En Moncloa, el asunto no figura todavía en la agenda pública, pero fuentes diplomáticas consultadas por Moncloa.com reconocen que el choque Washington-La Haya obliga a España a fijar una posición antes de que acabe el año.
