El Ministerio del Interior ha impulsado la implantación de un sistema de borrado seguro de archivos en los equipos informáticos corporativos de la Guardia Civil, con emisión de certificados digitales que acreditarán cada eliminación y evitarán la recuperación de la información.
Sobrescritura, certificación y consola central
El expediente, promovido por la Dirección General de la Guardia Civil a través de su Servicio de Informática, contempla una herramienta del tipo Blancco File Eraser —un software de borrado seguro de grado forense— o equivalente. Su cometido es permitir el borrado definitivo de archivos, carpetas y espacio libre de los equipos corporativos, impidiendo que los datos puedan ser recuperados posteriormente.
No se trata del tradicional botón de eliminar. El sistema deberá realizar operaciones de sobrescritura para impedir la recuperación de los datos y, además, generar un certificado firmado digitalmente que documente la operación. Ese certificado será remitido a una consola centralizada de administración, desde la que se gestionarán las operaciones, la definición de políticas, la administración de usuarios y la conservación de registros de los borrados realizados.
Despliegue corporativo y protocolos de control
El despliegue será progresivo. En una primera fase se configurarán usuarios y políticas y se conectará el sistema con el directorio corporativo. Después se instalará en un equipo de pruebas mediante Zenworks y se comprobará su conexión con la consola. Finalmente, la solución se integrará en la maqueta corporativa de la Guardia Civil y se verificará el borrado permanente de archivos, carpetas, espacio libre, temporales, cookies y papelera, con la llegada del certificado digital a la consola central.
El contrato reconoce la existencia de una infraestructura previa de borrado seguro, con un contrato anterior destinado al borrado de datos en distintos soportes de los puestos de trabajo de los usuarios. La nueva herramienta deberá ser compatible con esa infraestructura y con su consola de administración.
El sistema permitirá convertir el borrado de información en una operación centralizada, controlada y auditable, con certificados firmados y registros exportables.
El expediente no menciona a la UCO (Unidad Central Operativa, el cuerpo de élite de la Guardia Civil especializado en crimen organizado e investigación compleja) ni establece que sus investigaciones vayan a verse afectadas. Sin embargo, al integrarse en el entorno corporativo del Instituto Armado, la herramienta alcanzará potencialmente a equipos de distintas unidades que trabajan con grandes volúmenes de información sensible.
El diseño incorpora mecanismos de trazabilidad: certificados almacenados en consola, comunicaciones cifradas con los equipos y autenticación integrada con el directorio corporativo. La cuestión pendiente será determinar qué controles internos y protocolos de autorización impedirán que un borrado irrecuperable afecte a datos que deban conservarse por razones operativas, disciplinarias o judiciales.
El contexto institucional
La tramitación de esta herramienta se enmarca en el refuerzo de la seguridad documental de los cuerpos policiales, una prioridad creciente ante el incremento de los incidentes digitales. Según los datos publicados por el Ministerio del Interior, los incidentes de seguridad vinculados a la gestión documental en el sector público han superado los 100.000 casos notificados en el último ejercicio, una cifra que explica el refuerzo de este tipo de contrataciones. Este crecimiento responde al aumento de ciberataques y brechas de seguridad que afectan a las administraciones, donde la gestión documental se ha convertido en un vector crítico.
La Guardia Civil mantiene protocolos internos de tratamiento y custodia de evidencias, y el diseño del sistema refuerza la trazabilidad de cada operación. La eficacia de la medida dependerá de los controles de autorización que determine la propia Dirección General, que deberá concretar qué información puede eliminarse, quién puede ordenar el borrado y quién conserva la evidencia de que se produjo. El borrado seguro, lejos de ser una decisión administrativa menor, forma parte de la estrategia de ciberseguridad del Ministerio para proteger los sistemas de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El expediente no detalla el calendario de despliegue ni las unidades destinatarias, por lo que el alcance final se conocerá cuando la herramienta se integre en la maqueta corporativa. El Ministerio tendrá que aclarar qué protocolos garantizarán que la capacidad de borrar información de forma irrecuperable nunca se utilice sobre datos que deban permanecer intactos.
