El rechazo social al consumo eléctrico de la IA deja miles de data centers paralizados en EE.UU.

La moratoria de Texas congela hasta 1.800 proyectos y Nueva York bloquea ya cualquier centro de más de 50 megavatios. El rechazo vecinal al consumo de agua y electricidad obliga a repensar el despliegue de la inteligencia artificial.

El rechazo vecinal al consumo de agua y electricidad ha dejado miles de data centers paralizados en Estados Unidos. Lo confirman Texas y Nueva York, que han pasado del entusiasmo a la contención en cuestión de meses, según recoge The Daily Caller.

Texas y Nueva York: de la alfombra roja al freno regulatorio

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, firmó a principios de agosto una moratoria que, según su propio equipo, ha detenido hasta 1.800 proyectos. ‘Mi directiva ha frenado hasta 1.800 proyectos de centros de datos’, escribió Abbott en un mensaje difundido el 20 de agosto. La orden prohíbe que los nuevos centros tomen agua de las comunidades y exige autosuficiencia energética.

La Comisión de Servicios Públicos de Texas pidió a cada centro de datos, operativo o en tramitación, que declarara su consumo actual y futuro. Menos del 10% respondió. La moratoria, además, reduciría a la mitad la demanda eléctrica prevista del estado, según los cálculos de la la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). El temor no es abstracto: en 2021, la tormenta invernal Uri colapsó la red tejana y causó más de 240 muertes. Ahora el estado teme que el auge de la inteligencia artificial multiplique por cinco la potencia que necesita la red. ‘Esto, sencillamente, no va a funcionar’, llegó a decir Abbott. Cada megavatio que la IA promete consumir compite con hospitales, fábricas y hogares.

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Nueva York se convirtió en el primer estado en bloquear la construcción de cualquier centro de datos de más de 50 megavatios; según TechCrunch, al menos doce proyectos han quedado tocados. En Pensilvania, el gobernador demócrata Josh Shapiro firmó el 18 de agosto una orden ejecutiva que obliga a las empresas de inteligencia artificial a obtener permisos estatales, pagar el coste de su electricidad, contratar y formar a trabajadores locales, y proteger el medio ambiente. La factura energética de la IA empieza a repartirse entre quienes más la promueven.

Un rechazo transversal que ya se mide en condados

Donald Trump considera un error que Texas diga ‘no’. En una entrevista publicada el 7 de agosto, el presidente estadounidense defendió que los centros de datos podrían ser para la economía tejana ‘más grandes que el petróleo. Brian Armstrong, consejero delegado de Coinbase, también criticó la moratoria: ‘pensé que Texas sería el último en ceder a este pensamiento ignorante’. A su juicio, exigir a las empresas que traigan su propia energía convertiría los centros en un beneficio neto.

El impulso político no nace de la ideología. Nace de los condados. Más de 530 condados y municipios de todo el país han prohibido o limitado la construcción de centros de datos, según un informe del medio especializado Heatmap. Una encuesta de agosto situaba el rechazo en el 75% de los votantes registrados cuando el centro se proyecta cerca de su vivienda. Solo el 15% lo aprueba. Tres de cada cuatro votantes estadounidenses rechazan un centro de datos cerca de su casa. ‘Es un cambio de opinión pública más rápido y profundo de lo que habría creído posible en cualquier asunto’, escribió el editor fundador de Heatmap, Robinson Meyer.

El despliegue de la inteligencia artificial choca con la política real: los vecinos quieren la tecnología, pero no pagar su factura energética ni ceder su agua.

La Lógica de Washington

La contradicción es más aparente que real. Washington necesita los centros de datos para ganar la carrera de la inteligencia artificial frente a Pekín; los gobernadores necesitan que la luz siga encendida y que el agua llegue a las casas. Son dos lógicas distintas que han chocado en menos de un año.

El precedente histórico está en la energía nuclear. Tras el accidente de Three Mile Island en 1979, la oposición vecinal y los nuevos permisos estatales congelaron la construcción de reactores en Estados Unidos durante décadas. No fue una decisión de Washington: fueron condados y estados. Hoy puede estar repitiéndose el mismo patrón con la infraestructura digital. La diferencia es que la demanda de IA crece más deprisa que la capacidad de los estados para digerirla. Eso no se olvida en Austin.

Para España, el impacto directo es limitado en cifras de exportación: los centros de datos no se exportan como los coches o el aceite. La señal regulatoria, en cambio, sí viaja. Operadores e ingenierías españolas con intereses en redes y centros, como Telefónica o Iberdrola a través de su negocio americano, tendrán que incorporar la autosuficiencia energética y la gestión del agua como requisitos de proyecto. En Madrid y Bruselas, donde también crece la tensión por el consumo eléctrico de los centros de datos, el experimento tejano se observa como un espejo. La autosuficiencia se convierte en barrera de entrada y en ventaja competitiva.

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La batalla no se librará en el Congreso federal. Se librará condado a condado. Las tecnológicas ya han empezado a responder con planes de generación propia y reutilización de agua: es la única vía para recuperar la licencia social. Nadie dijo que desplegar la inteligencia artificial fuera gratis. Los próximos meses medirán cuánta paciencia queda.

Ficha del Caso

  • El caso: La expansión de los centros de datos para la inteligencia artificial choca con las comunidades locales por el consumo de electricidad y agua. Texas, Nueva York y Pensilvania han endurecido o paralizado proyectos.
  • Datos clave: La moratoria de Texas ha frenado hasta 1.800 proyectos; Nueva York bloquea centros de más de 50 megavatios; más de 530 condados han limitado su construcción y el 75% de los votantes rechaza un centro cerca de su vivienda.
  • Para España: El impacto exportador es limitado, pero la exigencia de autogeneración y reutilización de agua encarece los proyectos digitales y marca el camino regulatorio que Bruselas y Madrid podrían seguir.