La vuelta de Carles Puigdemont y la financiación singular de Cataluña prometen un otoño político de alta tensión.
El curso político arranca con el regreso del expresident a la primera línea y con la negociación del nuevo modelo de financiación, que depende de Junts en el Congreso. Según una información publicada por Crónica Global, el Govern de Salvador Illa afronta además huelgas educativas y presión en vivienda y seguridad.
El aterrizaje de Puigdemont y la sombra de Aliança Catalana
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejó abierta la puerta para que el Tribunal Constitucional obligue al Tribunal Supremo a aplicar la amnistía. Esa decisión permitiría al expresident hacer las maletas definitivamente en los próximos meses.
Crónica Global apunta que Junts prepara una llegada con la mayor trascendencia política posible, tras nueve años de ausencia de su líder. La idea, según el mismo medio, es que Puigdemont celebre actos por el territorio y decida después si continúa al frente del partido.
Sin embargo, la vieja guardia convergente no lo tiene claro. En el debate interno también pesan las encuestas: el último barómetro del CEO sitúa a Junts como cuarta fuerza política, por detrás de una Aliança Catalana que no deja de crecer. El margen es estrecho.
El regreso de Puigdemont no solo reordena el independentismo: decide si la legislatura de Sánchez resiste el calendario.
De la decisión de Puigdemont estarán pendientes tanto en Madrid como en el Palau de la Generalitat. De ella depende, en buena parte, el futuro de la legislatura de Pedro Sánchez y la aprobación de la nueva financiación.
La financiación singular llega al Congreso con Junts en contra
El Govern y ERC pactaron un cambio de modelo que debe pasar por el Congreso de los Diputados, previo aval del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra la próxima semana. El voto favorable de Cataluña —y también de Canarias— bastará para superar ese trámite.
Junts insiste en que no apoyará la propuesta por considerarla insuficiente. Los posconvergentes defienden un concierto económico, pero tendrán que explicar a sus votantes por qué rechazan 4.700 millones de euros adicionales para la Generalitat, que es lo que contempla el cambio de modelo.
Incluso dentro del partido hay dudas. A medida que se acerque la votación final, crecerá la presión del Govern —que logró la investidura de Illa gracias al acuerdo con ERC— y de los republicanos, que consideran a Junts unos ingenuos. El calendario aprieta.
Los republicanos sostienen que no hay alternativa y que, con la legislatura en la recta final, las opciones de reformar el modelo se esfuman. Piden a Junts que, al menos, permita tramitar la ley y debata mejoras en el propio Congreso.
Este asunto será determinante. La posición de cada cual será recordada durante muchos años.
La posición de Junts condiciona a Illa y a Sánchez
En paralelo, el Congreso debatirá los Presupuestos Generales del Estado, los primeros que presenta el ejecutivo socialista en toda la legislatura y presumiblemente los últimos.
Sánchez sabe que lo tiene muy difícil, pero confía en reunirse con Puigdemont en Barcelona y acercar posturas, tanto en financiación como en las cuentas. Aprobarlas daría aire al Gobierno para agotar el mandato hasta julio y anotarse una victoria parlamentaria.
Si las cuentas caen, no es descartable un adelanto electoral. Algunos sitúan febrero como posible fecha de los comicios; otros aseguran que la voluntad del presidente es estirar la legislatura pase lo que pase.
Las encuestas, en cualquier caso, proyectan una amplia mayoría absoluta de PP y Vox. Esa posibilidad tendrá respuesta en Cataluña: un Govern de Illa sin aliados en Moncloa y una parte del independentismo que confía en que la llegada de la ultraderecha agite de nuevo a sus bases. El otoño será caliente.
En clave doméstica, el Govern afronta huelgas educativas, frentes abiertos como el traspaso de Rodalies, y presión en vivienda y seguridad. Illa volvió de vacaciones con los presupuestos aprobados junto a sus socios, un síntoma de estabilidad, y confía en que las nuevas partidas resuelvan la vivienda y la seguridad.
El 11 de septiembre, la Diada, podría volver a convertirse en una fecha política relevante. Aliança Catalana llega eufórica y está por ver si capitaliza la jornada o si esta se convierte en una lucha entre la extrema derecha y la extrema izquierda.
El otoño bajará las temperaturas, pero políticamente se prevé caliente.
