El robo de crudo en Colombia ha dejado de ser un simple problema de orden público. El presidente Abelardo De la Espriella ha ordenado una ofensiva coordinada contra unas redes que, según sus cifras, sustraen cada mes cerca de 123.700 barriles de combustibles y crudo. Para Repsol y otras empresas españolas con intereses en el país, la decisión dibuja un escenario de mayor tensión sobre una de las plazas energéticas más importantes de América Latina.
Colombia no es un destino cualquiera para la energía española. La presencia de compañías del Ibex convierte la seguridad física de los ductos en una variable de inversión. Cuando un presidente ordena desmantelar toda la cadena del robo, no habla solo de delincuencia común: habla de riesgo soberano para un sector estratégico.
La dimensión del robo: 123.700 barriles al mes
La cifra la ha dado el propio presidente en una publicación en X. Cada mes se pierden del orden de 123.700 barriles de productos refinados —gasolina, diésel y nafta—, importados o producidos por Ecopetrol. La sustracción se concentraría en el poliducto de 14 pulgadas que comunica Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país, con las pérdidas principales en Cesar y Magdalena.
De mantenerse ese ritmo, la factura anual superaría 1,5 millones de barriles y dejaría pérdidas por encima de 500.000 millones de pesos para Ecopetrol, según la información difundida por el mandatario. Ese agujero no es solo contable: golpea a la empresa estatal y, por extensión, a la financiación de la transición energética colombiana.
Por qué Repsol y las energéticas españolas miran de reojo a Colombia
Para las empresas españolas, Colombia ha sido un mercado relevante en América Latina. La presencia de Repsol y de otras firmas del Ibex hace que cualquier deterioro de la seguridad hidrocarburífera se traduzca en más costes de vigilancia, primas de seguro más altas y retrasos en la operación. No es una cuestión de titulares: es una cuestión de retorno.
‘No quiero que persigamos solamente al que perfora el tubo. Hay que desmantelar toda la cadena’, afirmó De la Espriella al enumerar objetivos que van desde financiadores hasta transportadores, escoltas, compradores y comercializadores. Esa decisión amplía el foco policial y judicial, y aleja la actuación de un simple operativo antirrobo.
La orden de De la Espriella convierte el robo de combustible en un problema de seguridad nacional, no en un simple asunto de pérdidas económicas.
Las compañías españolas no suelen desglosar los incidentes de seguridad en cada país, pero la escalada de robos en ductos encarece el transporte y obliga a revisar los planes de producción. En un momento de precios volátiles del crudo, Colombia debería ser un socio fiable, no un foco de riesgo logístico.
La conexión con el narcotráfico y el precedente mexicano
El precedente mexicano del huachicol dejó una lección que conviene recordar. Cuando el robo de combustible se industrializa, deja de ser un delito contra una empresa y se convierte en una plataforma de financiación para estructuras criminales. En México, aquella crisis obligó a cerrar ductos, disparó el desabastecimiento y castigó la confianza inversora. En Colombia, el matiz es todavía más delicado: el presidente habla de una posible relación entre el combustible sustraído y los complejos de producción de cocaína, y menciona caravanas de hasta 600 vehículos escoltando el producto robado. Si se confirma ese flujo, las energéticas que operan en el país tendrán que redoblar la seguridad de sus infraestructuras y su cumplimiento normativo. Para las empresas españolas, el mensaje es directo: la protección no depende solo de la seguridad privada, sino de la capacidad del Estado colombiano para desmantelar toda la cadena.
La instrucción incluye inteligencia, control territorial, operaciones sostenidas, judicialización y extinción de dominio sobre vehículos, predios y depósitos. El ministro de Defensa, Jorge Mora, ha prometido coordinación personal y resultados verificables. Habrá que seguir los próximos informes y, sobre todo, la evolución de los indicadores de robo en los ductos por los que viaja el crudo que interesa al sector español.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: El presidente colombiano ordena una ofensiva contra el robo de crudo y combustible, con cifras de 123.700 barriles mensuales y sospechas de vínculo con el narcotráfico.
- Datos importantes: Cada año se superarían 1,5 millones de barriles y las pérdidas de Ecopetrol rondarían los 500.000 millones de pesos colombianos.
- Resumen: La seguridad jurídica y física del negocio energético en Colombia preocupa a Repsol y a otras empresas españolas con intereses en el país.
