EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? España, Suecia, Países Bajos y Polonia han enviado una carta a la alta representante Kaja Kallas para reactivar el uso de los activos rusos congelados en beneficio de Ucrania.
- ¿Quién está detrás? Los ministerios de Exteriores de los cuatro países, con José Manuel Albares y Radoslaw Sikorski como firmantes más visibles, ante la presidencia rotatoria irlandesa de la UE.
- ¿Qué impacto tiene? Reabre un debate bloqueado en diciembre de 2025 por la exposición de Bélgica a represalias rusas; Bruselas ya emitió 90.000 millones en eurobonos como alternativa.
España, Suecia, Países Bajos y Polonia quieren reactivar el plan de activos rusos congelados para financiar a Ucrania. Han enviado una carta a la alta representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas, en la que piden explorar nuevas opciones para que Rusia pague por la destrucción causada.
No se trata de una ocurrencia aislada. La misiva, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, se conoce justo antes de la reunión informal de ministros de Exteriores que Irlanda acogerá la próxima semana dentro de su presidencia semestral del Consejo de la UE. La intención es forzar un debate en un formato sin decisiones formales, pero con suficiente peso político para reabrir un expediente que parecía enterrado.
La carta que reabre el frente de los activos congelados
El texto de los cuatro ministros es deliberadamente duro. En él se afirma que movilizar los activos congelados permitiría a la UE garantizar que Rusia pague por la destrucción causada en Ucrania sin más retraso y, al mismo tiempo, reducir la carga sobre los contribuyentes europeos. ‘El uso de estos activos no solo es un instrumento importante para mantener nuestro apoyo a Ucrania, sino también una herramienta eficaz para aumentar la presión sobre Rusia’, sostienen los firmantes, entre ellos el español José Manuel Albares.
El Kremlin ya ha movido ficha. Ha advertido de que llevará a los tribunales cualquier intento que considere ilegal de utilizar los activos rusos inmovilizados. La simple amenaza recuerda por qué el plan original nunca llegó a aplicarse: no hay certeza jurídica unánime y la represalia rusa puede dirigirse contra los Estados más expuestos, empezando por Bélgica.
La razón es casi geográfica. La mayoría de los activos rusos congelados en Europa descansa en Euroclear, la gran cámara de liquidación belga con sede en Bruselas. Bélgica se opuso en la cumbre europea de diciembre de 2025 a transferir el principal de esos activos a Ucrania, ante el temor a represalias rusas y a la inestabilidad financiera que una decisión unilateral podría provocar. Tras muchas horas de negociación, no hubo fórmula para repartir el riesgo entre todos los socios y el plan fracasó.
La alternativa que sí salió adelante fue otra: emitir 90.000 millones de euros en eurobonos, deuda conjunta europea, para financiar a Ucrania en 2026 y 2027. Se cerró después de dejar fuera del esquema al entonces primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Fue un pacto monumental. Pero no resuelve el problema de fondo: los contribuyentes europeos asumen la mayor parte del coste.
Lo que se reabre no es solo un debate jurídico: es la decisión de si la factura de la guerra la pagan los contribuyentes europeos o Rusia.
Con Orbán fuera de la ecuación, aunque con el belga Bart De Wever todavía en Bruselas, algunos gobiernos creen que ha llegado el momento de recuperar el plan original. El nuevo Gobierno ucraniano ha sugerido que parte del crédito europeo de 90.000 millones que debe recibir el año que viene se adelante ya para cubrir un déficit de 27.000 millones de dólares en el Ministerio de Defensa ucraniano. Ese agujero se destapó tras la destitución del joven y popular Mijaílo Fédorov. La cifra supone más de la mitad del desembolso previsto para el próximo tramo del crédito europeo y confirma el desfase entre las necesidades militares de Kyiv y los calendarios de Bruselas.
El ministro polaco de Exteriores, Radoslaw Sikorski, lo ha resumido sin matices: el agresor debe asumir las consecuencias de su agresión. En su opinión, Rusia no recuperará ese dinero hasta que pague las reparaciones a Ucrania, así que es mejor utilizarlo ya para defender a Ucrania que esperar a gastarlo en la reconstrucción.
Por qué España se suma ahora y qué riesgo asume Moncloa
La firma de José Manuel Albares coloca a España en un grupo heterogéneo: dos socios del norte que suelen ser exigentes con el gasto público, un país del este marcado por la amenaza rusa y una economía del sur que hasta ahora se movía con cautela en la guerra económica contra Moscú. No aparece París ni Berlín en la carta, lo que confirma que la presión nace de una geometría variable que no pasa por el eje franco-alemán.
Para España, la exposición directa no es comparable a la de Bélgica. Los activos rusos no se concentran en Madrid. El coste de reactivar el plan es, sobre todo, político: Moncloa asume una posición dura contra Moscú, en línea con el Gobierno de Sánchez, y se alinea con Países Bajos y Suecia en un mensaje de que los contribuyentes europeos no pueden seguir cubriendo solos las necesidades de Kyiv.
La posición de Países Bajos y Suecia se apoya en en la idea de que el status quo legal es insostenible si Ucrania necesita liquidez cada semestre. El apetito de emitir más deuda conjunta no es infinito. Por eso la carta pide a Kallas que explore fórmulas nuevas, aunque de momento no detalla una base jurídica cerrada para movilizar el principal de los activos.
El Eje del Poder Europeo
El pulso real continúa siendo el mismo de diciembre de 2025: Bélgica y el riesgo Euroclear contra los socios que quieren usar de inmediato el dinero ruso. La diferencia es que ahora el flanco favorable a la movilización es más amplio y más transversal. No es solo el este de Europa. Es también el sur, con España, y parte del norte frugal, con Países Bajos y Suecia.
El precedente de la crisis del euro ayuda a entenderlo. Entonces, los países con balances bancarios frágiles pedían mutualizar riesgos y los acreedores del norte exigían condiciones. Hoy la discusión es la misma con distinto ropaje: quién asume el coste de una decisión europea que puede provocar represalias financieras o legales. Bélgica teme quedarse sola. Los firmantes de la carta quieren repartir la carga y, de paso, enviar a Moscú una señal de que la financiación de Ucrania no se agota.
Para España, la lectura estratégica es clara. No hay exposición financiera central, pero sí un interés de política exterior: sostener a Ucrania sin que el debate migratorio o fiscal arrincone la agenda de seguridad. La próxima ventana crítica es la reunión informal de ministros de Exteriores en Irlanda. Si Kallas no presenta una opción viable con base jurídica sólida, el plan volverá a morir en la misma trinchera: la unanimidad y el miedo belga. Algo parecido a lo que ya ocurrió en diciembre de 2025.
