El choque entre Fernando Grande-Marlaska y el CGPJ por la instrucción de la crisis de Ceuta tensa a la coalición PSOE-Sumar. La presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, ha salido en defensa de la jueza María Tardón y ha reclamado “máximo respeto” tras la queja formal del ministro del Interior.
El choque de competencias
La disputa arranca con una instrucción de Tardón que impide al equipo policial encargado de investigar la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre las pesquisas. El ministro elevó una queja formal a Perelló, quien respondió defendiendo que la actuación de la magistrada “responde al ejercicio de sus funciones constitucionales” y recordó que la cúpula judicial tiene “constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir” la actuación de cualquier instructor.
Marlaska alegaba que, ante una crisis que ha obligado a declarar la “situación de interés para la seguridad nacional”, no debería ser incompatible atender con diligencia los requerimientos judiciales con la puesta en conocimiento de los superiores y responsables políticos de cuantas circunstancias sean relevantes para la gestión. Esa tesis choca de frente con la separación de poderes.
Perelló añadió un recordatorio nada menor: la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia. Con esa afirmación, la presidenta del CGPJ deja claro que la instrucción de Tardón no admite interferencias políticas.
El contexto es el de una crisis migratoria en Ceuta que el Gobierno ha elevado a la máxima categoría de seguridad nacional. Esa decisión, lejos de facilitar una gestión coordinada, ha terminado por enfrentar a Interior con la Audiencia Nacional.
El Ejecutivo, entre dos fuegos
Pedro Sánchez mantiene que no hay “pruebas” contra Marruecos y se compromete a demostrar con dosieres que no hubo avisos previos. Esa línea de defensa política convive mal con un choque abierto de Interior contra el Consejo General del Poder Judicial.
Sumar no ha emitido un pronunciamiento oficial al cierre de esta edición. Su silencio no es neutral: la formación que lidera Yolanda Díaz se encuentra dentro de un Ejecutivo que debe gestionar la crisis de Ceuta sin erosionar los equilibrios judiciales, y ese silencio condiciona el margen de la coalición.
El choque entre Interior y el CGPJ no se resolverá solo con cartas: obliga a la coalición a decidir qué papel quiere tener en la defensa de la división de poderes.
La Dinámica de Coalición
En el equilibrio interno, el conflicto toca una fibra sensible para Sumar. El espacio político de Yolanda Díaz ha defendido históricamente una política migratoria de derechos y garantías judiciales. Aunque no ha habido un posicionamiento formal sobre la carta de Marlaska, la ausencia de una voz propia en un asunto de esta sensibilidad limita su capacidad para condicionar al PSOE en la gestión de la crisis.
En la dimensión de coalición, la presión es doble. El Gobierno necesita mostrar firmeza en la gestión de Ceuta, pero también debe aparecer respetuoso con la independencia judicial. El choque de Marlaska con Perelló no deja espacio para un relato unitario: mientras Sánchez habla de ausencia de pruebas contra Marruecos, la presidenta del CGPJ y la jueza Tardón marcan un territorio institucional que el Ejecutivo no puede ignorar. Para Sumar, que carga con el coste de las crisis migratorias desde la izquierda, esta situación reduce aún más un margen ya estrecho en la coalición.
La proyección es inmediata. El cruce epistolar se produce el 4 de septiembre de 2026, en pleno inicio del curso político. La instrucción de la Audiencia Nacional sobre Ceuta seguirá su curso sin que el Ejecutivo pueda controlar los tiempos judiciales. Las próximas comparecencias y los dosieres prometidos por Sánchez serán las primeras pruebas del nuevo equilibrio interno de la coalición ante un pulso que no admite deserciones.
Ficha del Caso
- El caso: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó una queja formal al CGPJ por la orden de la jueza María Tardón sobre los informes policiales de Ceuta, y la presidenta del órgano judicial, Isabel Perelló, respondió exigiendo máximo respeto.
- Datos importantes: La instrucción prohíbe a la Policía Judicial facilitar información a superiores sobre las pesquisas. Marlaska invoca la declaración de “situación de interés para la seguridad nacional”. El cruce epistolar se produce el 4 de septiembre de 2026.
- Resumen: El choque institucional añade presión al Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar y reduce el margen de acción de Sumar, sin que la formación haya emitido un pronunciamiento oficial al cierre de edición.
