El CPFF ha aprobado este viernes el nuevo modelo de financiación con el único apoyo de Cataluña y Canarias. Lo hizo pese al rechazo de trece comunidades de régimen común, incluidas dos gobernadas por el PSOE. El órgano que coordina la financiación autonómica dio luz verde y dejó a Moncloa ante un trámite incómodo.
Qué ha aprobado el CPFF y con qué apoyos
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha forzado la aprobación pese a recibir solo dos votos favorables de los quince territorios presentes en la sala. Cataluña y Canarias respaldaron el texto; las otras trece comunidades de régimen común, tanto del PP como del PSOE, votaron en contra. La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, optó por no asistir.
El consejero de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina,, pidió sin éxito la retirada de la propuesta o que el ministro renunciara a su voto de calidad. La aritmética no dejaba margen: si Arcadi España se hubiera abstenido, el rechazo de la mayoría habría tumbado el modelo. El Gobierno interpreta el resultado como un trámite superado; la oposición lo lee como una imposición.
La vicepresidenta del CPFF y consejera andaluza, Carolina España, confirmó su voto en contra y confió en que las Cortes, donde el Congreso tendrá la última palabra, corrijan el desenlace. Su homóloga murciana, Marisa López Aragón, también reprochó al ministro no haber aceptado alegación alguna.
Canarias, gobernada por Coalición Canaria, se alineó con la Generalitat al considerarse ganadora del nuevo reparto. El ministro subrayó que dos comunidades de distinto signo político respaldan el modelo y defendió que ‘no es perfecto, pero es mucho mejor que el actual’. A renglón seguido, cargó contra las comunidades del PP por ‘seguir instrucciones de la dirección de su partido’.
La consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Alicia Romero, celebró el resultado y cifró la mejora en casi 4.700 millones de euros adicionales al año para Cataluña. En la otra orilla, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se declaró ‘indignado’ y calificó el modelo de ‘el más insolidario, más injusto y más desigual de la democracia española’.
Cataluña se lleva 4.700 millones más al año, pero deja a tres gobiernos socialistas votando en contra y a Moncloa sin coartada territorial.
Junts exige un concierto económico que el PSOE descarta
El grupo independentista de Junts ya ha anunciado una enmienda a la totalidad en el futuro trámite parlamentario. Su reclamación es un concierto económico como el del País Vasco, algo que el PSOE no ha concedido hasta ahora y que este viernes ha vuelto a descartar. Arcadi España presumió de mantener a Cataluña ‘en el modelo de régimen común’, pese a la mejora sustancial.
La advertencia no es menor: Junts condiciona su relación con el Gobierno a esa cesión. Si el trámite en el Congreso acaba en nada, Sánchez podrá decirle a Oriol Junqueras que cumplió el pacto por el que ERC sostiene a Salvador Illa. Pero si Junts mantiene la enmienda, la geometría parlamentaria se vuelve incómoda.
El ministro tampoco se abrió a ceder más tramos del IRPF, una reclamación expresa de Esquerra. Lanzó como señuelo un fondo que mejorara las cifras de algunas regiones, pero sin cuantificar. La letra pequeña del acuerdo sigue sin cerrarse.
El PP, mientras tanto, evita hablar de ruptura interna pese al plantón de Madrid. La portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, defendió que cada comunidad decide ‘en el ámbito de sus competencias’. Lo relevante, añadió, es que se ha aprobado un sistema ‘al margen de toda España’.
Dejémoslo en un ‘ya veremos’.
La lectura interna: Illa gana tiempo, Moncloa pierde aliados
Analizamos este desenlace como un éxito táctico para Salvador Illa y un problema estratégico para Pedro Sánchez. El president de la Generalitat puede defender que el acuerdo con ERC avanza sin ceder a Junts. Pero el coste territorial es alto: barones del PSOE como Emiliano García-Page y los consejeros de Asturias y Castilla-La Mancha votaron en contra.
No es un caso nuevo: ya en los pactos presupuestarios de 2021 y 2023 el PSOE tuvo que sortear las críticas de sus federaciones. Lo diferencial ahora es que el rechazo se produce dentro de un órgano institucional y con el voto en contra de consejeros socialistas. La imagen de un Gobierno de izquierdas pactando con ERC un reparto que perjudica a regiones más pobres alimenta el discurso territorial del PP.
La concesión a Canarias es la pieza que más chirría. Coalición Canaria ha sido tradicionalmente un socio puntual del PSOE en Madrid, pero su voto favorable no compensa la soledad parlamentaria. Si el proyecto llega al Congreso con esta base, Sánchez necesitará recomponer una mayoría que hoy no tiene garantizada.
Riesgos: la enmienda de Junts puede bloquear el proyecto o forzar concesiones posteriores en materia de autogobierno. Y el precedente de un CPFF aprobado contra la mayoría alimentará los recursos ante el Tribunal Constitucional que ya anticipan varias comunidades.
Próximo hito: el proyecto debe registrarse en el Congreso y superar el debate de totalidad. No hay fecha cerrada, pero el curso político empieza esta misma semana. Si Junts y PP coinciden en tumbar el texto, la financiación singular nacerá herida.
Cosas que pasan en 2026.
