Felipe VI recibe en el Palacio de La Zarzuela a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. La audiencia, prevista en la agenda oficial de la Casa del Rey, consolida la relación institucional entre la Corona y el Ministerio Fiscal.
Un acto que no figura entre los más vistosos del calendario real, pero que sostiene una de las relaciones más delicadas de la democracia española. Cada año se repite el gesto, y cada año conviene leerlo en clave de poder: la Justicia también se abre ante la Jefatura del Estado con papeles, cifras y reformas pendientes.
La Memoria Anual y su contenido: evolución de la criminalidad y eficacia judicial
La Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2025 recoge la actividad del Ministerio Fiscal durante el año anterior a su publicación, así como la evolución de la criminalidad, la prevención del delito, y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia. El documento anual no es un simple registro estadístico: las Memorias que los fiscales de los distintos órganos elevan a la Fiscalía General se integran en un texto superior que analiza la criminalidad y propone mejoras normativas. El acto de entrega convierte esas observaciones en un mensaje directo al jefe del Estado.
El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial. La Constitución le encomienda la promoción de la acción de la Justicia, la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y la satisfacción del interés social tutelado por la Ley (artículo 124.1). Su actuación se rige por los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción a la legalidad y a la imparcialidad (artículo 124.2).
El nombramiento del fiscal general: un acto que conecta a los tres poderes
La fiscal general, Teresa Peramato, ostenta la jefatura superior y la representación del Ministerio Fiscal. Su nombramiento revela la arquitectura institucional que sostiene el acto de entrega de la Memoria: le nombra y cesa el propio Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de idoneidad por la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Los tres poderes del Estado intervienen en la designación.
La elección debe recaer entre juristas españoles de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. La fiscal general tiene carácter de autoridad en todo el territorio español. Que sea precisamente el Rey quien formalice el nombramiento conecta este acto con la entrega anual de la Memoria: la Jefatura del Estado recibe cada ejercicio el balance de una institución que le debe su designación formal.
La entrega de la Memoria a la Corona no es un trámite: es la representación periódica del principio de legalidad ante la Jefatura del Estado.
Por qué la Corona conserva este acto de despacho
Hay en el calendario de la Corona actos más vistosos, pero pocos tan estables como este. La entrega anual de la Memoria sitúa al Rey en una posición de receptor neutral: no comenta, no decide, no propone. Recibe el balance de una institución que promueve la acción de la Justicia y vela por la independencia de los Tribunales. En una democracia con debates judiciales de alta intensidad, esa neutralidad tiene valor de Estado.
Conviene leer el gesto, además, en clave de continuidad. El acto no es un capricho de agenda ni una concesión al formalismo: forma parte del repertorio de audiencias que la Corona mantiene para recordar que la legalidad no es un límite del poder, sino su fundamento. La Constitución sitúa al Rey como símbolo de la unidad y permanencia del Estado. En cada entrega de Memoria, esa condición se renueva con un documento oficial en la mano.
El acto no es una mera cortesía. En tiempos de escrutinio intenso sobre las instituciones de Justicia, el acto de Zarzuela ofrece un contrapunto institucional: la Justicia rinde cuentas, y lo hace ante la Jefatura del Estado, sin ruido mediático. La sobriedad del formato no es un defecto; es una decisión de protocolo.
Lo que no desvela el comunicado de Zarzuela es el contenido concreto de la Memoria. Habrá que esperar a su publicación para conocer las cifras de criminalidad, las propuestas de reforma y las observaciones de los fiscales. La Casa del Rey no ha confirmado aún la fecha del siguiente acto institucional, pero la audiencia deja el mensaje claro: la relación entre la Corona y el Ministerio Fiscal se mantiene como uno de los ejes más estables de la arquitectura constitucional, medido al detalle cada septiembre.
Claves del Protocolo y Estado
- Contexto del acto: La audiencia anual de entrega de la Memoria refuerza la relación institucional entre la Corona y el Ministerio Fiscal, uno de los ejes menos visibles pero más constantes del calendario de Zarzuela.
- El detalle de protocolo: El Rey recibe en el Palacio de La Zarzuela a la fiscal general, que entrega el documento en su condición de autoridad pública. El acto no implica discurso ni valoración por parte de la Jefatura del Estado.
- Próximos pasos: La Casa del Rey no ha confirmado aún la fecha del siguiente acto institucional. La Memoria correspondiente a 2025 se publicará con las cifras de actividad de la Fiscalía.
