EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La instructora de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha notificado un auto en el que advierte a Carlos Mazón de que su estrategia jurídica incrimina a Salomé Pradas, exconsellera de Emergencias, y le reta a apartarse de la instrucción.
- ¿Quién está detrás? Carlos Mazón (expresidente de la Generalitat Valenciana), la jueza Nuria Ruiz Tobarra y Salomé Pradas, en el juzgado de Catarroja.
- ¿Qué impacto tiene? La resolución tensa la causa judicial de la dana y obliga al PP valenciano a medir su respuesta pública sin intervenir en el proceso.
La instructora de la dana ha retado a Carlos Mazón a apartarse de la causa. Lo hace en un auto notificado este viernes en el juzgado de Catarroja, en el que advierte de que la tesis exculpatoria del expresidente de la Generalitat Valenciana se convierte en inculpatoria respecto de su exconsellera de Interior, Salomé Pradas. La resolución tensa aún más una instrucción que ya había sido recrudecida por la negativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a imputar al político aforado.
El auto que convierte la defensa de Mazón en munición contra su exconsellera
Nuria Ruiz Tobarra responde al escrito presentado por el abogado de Mazón, que defendía que el retraso del envío del Es-Alert no tuvo relación directa con las 232 muertes que provocó la dana del 29 de octubre de 2024. La tesis de la defensa, según recoge el auto, implica que Salomé Pradas —entonces consellera de Interior y Emergencias— asume un papel central en la cadena de responsabilidades. La instructora lo expresa con nitidez: para exculpar a Mazón, su letrado coloca a su antigua subordinada en una posición más expuesta.
El enfrentamiento procesal no es nuevo. La magistrada ya rechazó la personación de Mazón tras citarlo como testigo, pero la Audiencia de Valencia la avaló. Ese movimiento impide a Ruiz Tobarra citarlo como testigo y, al mismo tiempo, traslada el foco a los mensajes que el expresidente no ha entregado voluntariamente. ‘Tampoco se ha aportado voluntariamente mensaje alguno por el Sr. Carlos Mazón’, lamenta el auto, que contrasta esta actitud con la de Salomé Pradas, quien sí remitió sus conversaciones y dio un vuelco a la causa.
Ese reproche se endurece. Califica de ‘extensa solicitud de sobreseimiento, dirigida a un órgano que no es competente, y formulada por una persona que no ostenta la condición de investigada’ el escrito del abogado de Mazón. Frente a la acusación de investigación prospectiva, la jueza la tacha de ‘afirmación hueca’, y recuerda que el Ministerio Fiscal ya rechazó la nulidad de diligencias que pudieran amparar la personación del expresidente.
La referencia a la exconsellera no es incidental. En el mismo auto, Ruiz Tobarra se apoya en el relato exculpatorio del expresidente para subrayar que el retraso del Es-Alert no puede despacharse como un hecho irrelevante. ‘Se afirma que daba exactamente igual enviar dicho mensaje que no enviar ninguno’, reproduce la magistrada, antes de sostener que la tesis ‘inculpatoria respecto de la Sra. Salomé Pradas’ es la consecuencia lógica de la posición de Mazón. Por eso, la instructora desliza el reto de apartarse ‘si estima que no hay nada que se le pueda imputar’.
La paradoja procesal: cuanto más insiste la defensa en alejar a Mazón, más central se vuelve Salomé Pradas en la instrucción.
La personación del expresidente y la pelea procesal por su estatus
Mazón, aforado, no está formalmente investigado. Ese blindaje procesal mantiene la instrucción en una zona de fricción: la jueza no puede citarlo como testigo desde que la Audiencia avaló su personación, y tampoco puede elevarlo al Tribunal Superior de Justicia, que ya rechazó la imputación. La consecuencia, según fuentes del PP valenciano consultadas por Moncloa.com, es un escenario incómodo para Génova 13: el partido debe decidir si convierte el caso en bandera política o mantiene un perfil de respeto institucional.
El silencio de la dirección nacional contrasta con la intensidad de la causa. La negativa de Mazón a entregar sus mensajes de WhatsApp ha sido utilizada por la instructora como un contraste frente a Pradas: la exconsellera entregó conversaciones, y ese material situó al que fue jefe de gabinete del expresidente en una posición comprometida. Mazón aún no ha comparecido; legalmente, su aforamiento se lo permite. Políticamente, sin en en embargo, deja un relato sin cerrar.
La lectura interna en el PP valenciano es cautelosa. En la cúpula autonómica se impone la idea de que la causa judicial debe agotarse sin atajos y de que, por ahora, no hay responsables políticos sentados en el banquillo. Otra cosa es la dimensión comunicativa: cada auto de la instructora coloca al partido ante el mismo dilema de octubre de 2024, cuando la dana obligó a reordenar el Consell y abrió un debate sobre los tiempos de respuesta. La diferencia, subrayan fuentes de Génova, es que ahora el foco judicial se ha desplazado hacia una figura concreta que ya no está en el Gobierno autonómico.
El Eje del Poder Popular
El caso Mazón se ha convertido en un test de madurez para el PP valenciano. La dirección nacional no quiere interferir en una instrucción judicial, pero tampoco puede dejar sin respuesta política un asunto que moviliza a la oposición. La comparativa más cercana es el propio terremoto de la dana de 2024, que forzó la remodelación del Gobierno valenciano y demostró que los daños reputacionales del PP en la Comunitat no se limitan a la gestión de una sola conselleria. Ahora, la instructora ha puesto el foco en la exconsellera de Emergencias, lo que permite a Génova 13 desmarcar la responsabilidad judicial de la responsabilidad de partido.
La postura del PP, en la práctica, pasa por respetar los tiempos del juzgado de Catarroja y no elevar el tono contra la magistrada. Fuentes de la cúpula popular consultadas por Moncloa.com insisten en un mensaje: el expresidente ya no está al frente de la Generalitat y, por tanto, cualquier reproche institucional se queda en el pasado. Eso no elimina el riesgo territorial; de hecho, refuerza la necesidad de que la actual dirección del PP valenciano proyecte normalidad en la gestión.
El riesgo inmediato es que cada resolución de la instructora alimente el relato de una administración popular que no supo gestionar la emergencia. Para el PP, la salida pasa por diferenciar la responsabilidad política de la penal y por subrayar que, salvo las personas señaladas judicialmente, nadie ha sido imputado y no hay aún relato jurídico cerrado. Las próximas decisiones de la instructora sobre el alcance de la investigación marcarán el siguiente capítulo.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La instrucción judicial no altera la posición del PP valenciano, que mantiene un perfil institucional y no convierte el caso en bandera política.
- Protagonista: Carlos Mazón (expresidente de la Generalitat Valenciana).
- Próximo hito: Las próximas resoluciones de la instructora en el juzgado de Catarroja sobre el alcance de la investigación.
