La Audiencia Nacional juzga a diez miembros del clan Kutayni por financiar filiales de Al Qaeda en Siria

La Fiscalía pide penas de entre cinco y seis años de prisión para diez acusados por presuntamente enviar fondos a Idlib y Hama mediante el sistema 'hawala'. La Comisaría General de Información reabrió la causa en 2018.

La Audiencia Nacional inicia este lunes 14 de septiembre de 2026 el juicio contra diez miembros del clan Kutayni por presunta financiación de filiales de Al Qaeda en Siria.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? La Audiencia Nacional ha abierto juicio oral contra diez miembros del clan Kutayni por presunto delito de financiación del terrorismo.
  • ¿Dónde y cuándo? El juicio arranca este lunes 14 de septiembre en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) y se centra en envíos a Idlib y Hama.
  • ¿Qué resultado? La Fiscalía pide penas de entre cinco y seis años de prisión y multas de hasta 37.200 euros para los diez acusados.

La mecánica de la financiación: ‘hawala’, camiones y material sanitario

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, los diez acusados habrían movilizado fondos y material hacia zonas controladas por la filial siria de Al Qaeda entre 2013 y 2019. El flujo principal se canalizó mediante hawala, un sistema informal de transferencias de capital entre dos zonas geográficas sin que se produzca movimiento efectivo de dinero, basado en la confianza entre responsables locales llamados hawaladores.

El clan Kutayni es originario de la región siria de Idlib, considerada desde mediados de 2017 feudo de la filial de Al Qaeda. Los recursos se movilizaron también hacia la región de Hama, y parte de los fondos llegó a milicias lideradas por Manaf Kutayni, hermano del acusado Fares Kutayni, según el relato de la Fiscalía.

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El Ministerio Público recuerda que en 2017 la filial de Al Qaeda en Siria, Jabhat Fatah al Sham, y otras cuatro facciones se reunificaron bajo el nombre de Hayat Tahrir al Sham (HTS). La acusación también señala que se habrían enviado maquinaria industrial y camiones a través de negocios de compraventa de vehículos, así como ambulancias y material sanitario mediante una ONG. La Fiscalía precisa que no consta que este último material llegara a organización terrorista.

La reapertura de la causa y el papel de la Comisaría General de Información

La causa se reabrió en 2018 tras una solicitud de la Comisaría General de Información (CGI, la unidad de la Policía Nacional especializada en inteligencia antiterrorista). Según el auto de apertura de juicio oral, la decisión llegó ante las noticias del inminente regreso a España de Human Kutayni, otro de los encausados, de quien se afirmaba que se encontraba condenado en Siria por pertenencia a organización terrorista y por su relación con un atentado perpetrado en septiembre de 2008 en Damasco, que dejó 17 muertos.

La Fiscalía considera que los hechos investigados son constitutivos de un presunto delito de financiación del terrorismo. Para los diez acusados pide penas que van de cinco a seis años de prisión, así como multas de hasta 37.200 euros. El juicio se celebra en la Audiencia Nacional, con sede en San Fernando de Henares (Madrid), y se prolongará durante las sesiones señaladas por el tribunal.

La reapertura de la causa en 2018 por la Comisaría General de Información permitió llevar a juicio una red de financiación que operó durante seis años.

El Contexto Operativo

La financiación del terrorismo yihadista sigue siendo una de las prioridades del Ministerio del Interior y de la Audiencia Nacional. Este procedimiento se apoya en una investigación de la Comisaría General de Información que se reabrió en 2018 y que ha permitido mantener una línea de trabajo sobre redes familiares sirias con proyección en Europa. Según el auto de apertura, el flujo de fondos se prolongó durante seis años, entre 2013 y 2019, una ventana temporal amplia que complica el rastreo de los pagos, especialmente por el uso del sistema hawala.

La causa refleja la capacidad de la Policía Nacional para reconstruir estructuras de financiación sin movimientos bancarios convencionales. La colaboración entre la Comisaría General de Información y la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha permitido elevar el caso a juicio oral con una acusación por financiación del terrorismo, una figura que el Código Penal castiga con penas de prisión de cinco a diez años en su modalidad básica. La proyección del procedimiento se centra ahora en la practica de la prueba y en los testimonios sobre el destino final del material sanitario.

El juicio se celebra con los flujos de retorno de combatientes extranjeros y sus redes de apoyo económico bajo seguimiento de las unidades de información. La Fiscalía no detalla en su escrito nuevas detenciones derivadas de esta causa, pero mantiene la acusación contra los diez miembros del clan Kutayni por su participación presunta en la movilización de recursos hacia feudos de Al Qaeda.

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