El desahucio de Maricarmen, de 87 años, en Retiro ha abierto un choque frontal entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. La mujer salió este miércoles de su casa de la calle Sainz de Baranda, donde vivía con un alquiler de renta antigua en un inmueble que, según el Ejecutivo central, acabó en manos de un fondo de inversión.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no se quedó en la descripción de los hechos. Apuntó directamente a Isabel Díaz Ayuso y le reprochó poner ‘alfombra roja’ a los fondos que compran edificios enteros en la ciudad. En cuestión de horas, un desalojo de barrio se colocó en el centro del debate político estatal.
Lo que la Comunidad dice haber ofrecido a Maricarmen
El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, calificó de ‘nefastas’ las palabras de la ministra y le reprochó que se ‘cachondee de todos’ cuando, a su juicio, nunca ha hecho nada por esta mujer.
Desde el Ejecutivo autonómico sostienen que hubo tres ofertas sobre la mesa. La primera llegó en noviembre del año pasado: una plaza pública como autónoma en una residencia de la Comunidad, que Maricarmen rechazó. En abril de este año, la Comunidad volvió a poner a su disposición otra plaza en un centro de Alcalá de Henares, con la misma respuesta. Hubo una tercera, esta vez municipal, según las mismas fuentes autonómicas.
Maricarmen quería quedarse en su casa. Lo repitió cada vez. Ahora son los servicios sociales del Ayuntamiento los que se han hecho cargo de ella de forma temporal, y la Comunidad asegura que volverá a ofrecerle una plaza residencial si la necesita.
Tres residencias ofrecidas y ningún realojo en el barrio: el pulso político se resolvió lejos de la casa que Maricarmen no quería abandonar.
El PSOE municipal apunta a Almeida y el foco se desplaza a Vallecas
El choque no se queda en el eje Gobierno-Comunidad. El PSOE de Madrid ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de ‘mirar para otro lado’ ante los desahucios de la ciudad y ha enlazado el caso de Retiro con los desalojos que se vienen produciendo en Vallecas.
La acusación incomoda en Cibeles, donde subrayan que los servicios sociales municipales mantienen contacto permanente con la mujer desde hace meses. Ahí está el nudo: cada administración exhibe su expediente y ninguna asume el resultado final.
Por qué la renta antigua sigue siendo el eslabón más frágil
El caso no es aislado. Los contratos de renta antigua, firmados en su mayoría antes de 1985, mantienen rentas muy por debajo del precio de mercado y son el objetivo natural de los fondos que compran edificios completos en barrios consolidados. Cuando la inquilina es octogenaria, el conflicto deja de ser económico y se convierte en social, sanitario, y político a la vez.
Madrid llega a este episodio sin las herramientas que sí se han activado en otros territorios. La ley estatal de vivienda de 2023 abrió la puerta a declarar zonas de mercado residencial tensionado, un mecanismo que Cataluña puso en marcha y que la Comunidad de Madrid ha dejado sin aplicar. Sin esa declaración no hay topes a los precios ni una protección reforzada para los inquilinos de renta antigua. El contraste con Barcelona, donde sí rigen esos límites, resulta inevitable.
El precedente más cercano lo tenemos en el Plan Alquila, lanzado por la Comunidad en 2008 para movilizar pisos vacíos con garantías para el propietario. Casi dos décadas después, el parque de alquiler asequible de la región sigue sin responder a la demanda, y los desalojos de renta antigua continúan resolviéndose caso por caso, sin respuesta estructural.
La moratoria estatal para hogares vulnerables, prorrogada por decreto desde 2020, exige acreditar la situación ante el juez y depende de que esa documentación llegue al procedimiento a tiempo. Ahí se cruzan las competencias: el Estado fija el marco, la Comunidad gestiona los servicios sociales y el Ayuntamiento pone la atención inmediata. Cuando falla una pieza, el resultado se ve en la calle.
El desahucio cubre supuestos muy distintos —impago, fin de contrato, ocupación sin título— y cada uno sigue su propio recorrido judicial. Lo que comparten es el final: una orden que se ejecuta un miércoles por la mañana y dos administraciones que, después, reparten responsabilidades.
Ese es el problema de fondo. La Comunidad mantiene abierta su oferta de plaza residencial y el Ayuntamiento sigue atendiendo a la mujer desde los servicios sociales. Qué ocurrirá cuando ese apoyo temporal se agote sigue sin respuesta. Tampoco el Ministerio de Vivienda ha detallado qué medida concreta piensa impulsar más allá del señalamiento político.
El asunto tiene recorrido institucional: si el PSOE municipal registra una interpelación, el caso llegará al próximo pleno de Cibeles, y la Comunidad tendrá que formalizar por escrito una cuarta propuesta de alojamiento. Maricarmen, mientras tanto, ya no vive en Sainz de Baranda. Nadie le ha devuelto la llave.
