El Plan 40-40 residencias de la Comunidad de Madrid quiere cerrar el año con 20 de sus 40 centros en tramitación. Son 8.000 plazas nuevas —6.000 residenciales y 2.000 de atención diurna— y una inversión superior a los 500 millones de euros en colaboración público-privada. Los dos primeros nombres propios del calendario son Alcorcón y Rivas Vaciamadrid, los únicos municipios donde el Gobierno regional ha tenido que tirar de suelo autonómico.
Todo se mueve esta misma semana. Este viernes 25 de septiembre arranca la tramitación de los centros de Puente de Vallecas, Moncloa-Aravaca, Barajas, Carabanchel y Fuencarral-El Pardo, con la publicación de los concursos correspondientes. En octubre se adjudicará el de Las Rosas, en San Blas-Cañaveral, y el de El Cañaveral, en Vicálvaro, ya tiene en marcha la contratación de su proyecto.
Las 13 licitaciones que estarán vivas antes de que termine 2026 se reparten por Madrid capital (Usera, Villaverde, Hortaleza, Villa de Vallecas y Moratalaz), Móstoles, Leganés, Alcobendas, Rivas Vaciamadrid, y Aranjuez, además de Alcorcón, Valdemoro y Moralzarzal. Los perfiles son distintos: viviendas con apoyos, unidades psicogeriátricas y centros pensados para mayores con hijos con discapacidad.
Ocho mil plazas y 3.200 para la red pública: así se reparte el 40-40
De esas 8.000 plazas, al menos un 40 por ciento —3.200— quedan reservadas para la red pública, según los datos que maneja la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. El resto serán plazas privadas a las que se accederá mediante la prestación económica conocida como cheque servicio, la ayuda del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. La mitad del plan se sostiene, por tanto, sobre el gasto de las familias y sobre una cuantía que depende del grado de dependencia reconocido.
Dentro del plan hay dos modalidades que hasta ahora no existían en la red regional. Villa de Vallecas y Moratalaz estrenan 50 viviendas con apoyos cada uno, con cocina, sala de estar, dormitorio y baño adaptado, wifi, sistemas domóticos, dispositivos para prevenir caídas y teleasistencia avanzada. Valdemoro será el primer centro preparado para mayores con hijos con discapacidad, y el de Moralzarzal incorporará atención psicogeriátrica para enfermedad mental grave y duradera.
Hay dos excepciones en todo el mapa. Los centros de Alcorcón y Rivas Vaciamadrid no se levantarán sobre parcelas cedidas por sus ayuntamientos, sino sobre suelo de la propia Comunidad. El primero está gobernado por el PSOE; el segundo, municipio del sureste de la región, por una coalición de izquierdas con Izquierda Unida al frente. Ninguno de los dos aceptó ceder terreno para un modelo de gestión que rechazan de plano.
El plan avanza donde hay suelo autonómico y se atasca donde manda el color político: 8.000 plazas que dependen de un calendario electoral.
El origen del choque está en la ejecutiva regional del PSOE, que dirige Óscar López, y en la orden que trasladó a sus alcaldes: oponerse a la cesión de parcelas mientras el modelo siga siendo público-privado. La Consejería que dirige Ana Dávila sostiene que reservar el 40 por ciento de cada centro a la red pública es la vía más rápida para ampliar la atención sin esperar a obra pública nueva. En su departamento no descartan que, tras los comicios locales de mayo de 2027, algún ayuntamiento cambie de criterio si cambia el color político.
El calendario real: los otros 20 centros se van a 2027
La otra mitad del plan queda para después. La Consejería prevé sumar otras 20 residencias a lo largo de 2027 y publicar los proyectos restantes durante ese mismo ejercicio. Entre licitación, adjudicación y obra, esas plazas no van a estar disponibles en lo que queda de mandato, y la propia Comunidad no ha puesto fecha pública a su apertura.
El nudo político tampoco se deshace solo. En la Consejería admiten que algunos de los municipios que hoy dicen no podrían entrar en el reparto tras las elecciones locales, con otro alcalde al frente. La foto, mientras tanto, es desigual: Móstoles, Leganés, Alcobendas o Aranjuez aportan suelo municipal y avanzan; Alcorcón y Rivas mantienen el pulso y sus centros salen por la vía autonómica.
Lo que el 40-40 no resuelve
La pregunta que importa a una familia con un mayor dependiente en casa es cuántas de esas plazas serán públicas y a qué precio. Ahí el plan es claro: la colaboración público-privada deja en manos de la iniciativa privada la construcción y la gestión, con la red pública quedándose ese 40 por ciento. Es el mismo esquema del cheque servicio y el mismo punto de fricción que ha bloqueado las cesiones en dos municipios.
Conviene mirar el conjunto con perspectiva. La misma Consejería que anuncia 8.000 plazas a cuatro años vista ha reducido la lista de espera de atención temprana un 65 por ciento desde 2023, de 2.601 niños a 908, con una espera media de 65 días entre la solicitud de valoración y la resolución. Ahí los números se tocan. En el 40-40, de momento, se licitan.
El próximo hito está a dos días: la publicación de los cinco concursos de Madrid capital, que puedes seguir a través de el portal de la Comunidad de Madrid. Después, la adjudicación de Las Rosas en octubre y, ya en 2027, la segunda mitad de un plan cuyo ritmo final lo van a marcar menos la Consejería que las urnas de mayo.
