El Tribunal de Cuentas ha detectado «graves deficiencias» en la contratación y el seguimiento del sistema telemático de medidas de alejamiento para maltratadores. El informe, publicado este miércoles 23 de septiembre, fiscaliza los contratos que el Ministerio de Igualdad adjudicó en 2018, 2021 y 2023.
Por qué el órgano fiscalizador ha revisado estos contratos
La fiscalización no parte de una sospecha cualquiera. Según el documento, la Fiscalía General del Estado ya alertó en su memoria de 2024 de «múltiples fallos» en los dispositivos electrónicos que vigilan el cumplimiento de las órdenes de alejamiento. A partir de ahí, el Tribunal de Cuentas —el órgano que audita las cuentas del sector público, sin función jurisdiccional— decidió revisar los tres contratos sucesivos con los que el Ministerio de Igualdad ha prestado el servicio.
Los tres contratos suman un importe total de 102,6 millones de euros. De esa cifra, 42,6 millones corresponden al contrato de 2023, financiado en parte con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El informe añade el análisis de un contrato menor de 12.706,21 euros vinculado al mismo objeto.
Ninguno de los contratos iniciales previó un plan de transición para garantizar la continuidad del servicio si cambia la adjudicataria. El de 2023 tuvo que modificarse en julio de ese año para incorporarlo. La falta de ese plan y el cambio de empresa provocaron deficiencias que afectaron a a la prestación del servicio y dejaron sin respuesta 123 requerimientos judiciales pendientes.
Esa situación se mantuvo hasta octubre de 2024. Fue entonces, coincidiendo con un requerimiento de la Fiscalía, cuando el Ministerio de Igualdad puso en marcha actuaciones para coordinar su solución, según el relato del informe.
Los fallos: geolocalización, baterías y averías sin reparar
El informe describe graves deficiencias en la ejecución del contrato de 2023 durante prácticamente toda su vigencia. El órgano precisa que ya se han resuelto, pero que comprometieron la efectividad del sistema durante una parte del periodo fiscalizado.
El problema no fue la falta de marco legal, sino la fiabilidad técnica: geolocalización errónea, baterías sin autonomía y reparaciones tardías.
- Fallos en la fiabilidad de los dispositivos.
- Interrupciones del servicio.
- Errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas.
- Baterías deficientes, con baja autonomía.
- Retrasos en las reparaciones.
En noviembre de 2025, el Ministerio de Igualdad encargó una auditoría tecnológica externa que corroboró las vulnerabilidades críticas detectadas en los dispositivos, siempre según el documento del Tribunal de Cuentas.
Brazaletes perdidos, robados o rotos: las cifras oficiales
Las alegaciones incorporadas al informe incluyen datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Actualizados a junio de este año, estas son las cifras acumuladas desde el inicio del contrato de 2023:
- 790 brazaletes perdidos o robados y 3.288 rotos irrecuperables.
- 1.964 dispositivos móviles de agresores perdidos o robados y 6.795 rotos irrecuperables.
- 681 dispositivos de víctimas perdidos o robados y 233 rotos irrecuperables.
Qué pide el Tribunal de Cuentas y qué alega el Ministerio
El órgano fiscalizador concluye que en este tipo de contratos debe primar la calidad del servicio por encima del ahorro de costes. Añade que resulta imprescindible incorporar en la fase de preparación «la mejor tecnología disponible» para reducir al mínimo la posibilidad de que un agresor ejerza violencia sobre su víctima.
El informe incorpora alegaciones de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y de anteriores cargos del departamento, entre ellos la exministra Irene Montero. La Secretaría de Estado defiende avances como el paso a la titularidad pública de los equipos, la cobertura a víctimas de violencias sexuales y los botones del pánico.
Los anteriores responsables del Ministerio sostienen en sus alegaciones que cumplieron con las exigencias de control y seguimiento de los contratos y que priorizaron la prestación del servicio y los derechos de las víctimas.
El sistema, recuerda el informe, sirve para verificar de forma constante el cumplimiento de las prohibiciones de aproximación que dicta un juez, ya sea como medida cautelar (la que se adopta durante la investigación para proteger a la víctima), pena, condición para suspender una pena de prisión o dentro de la libertad vigilada. Sus fines son garantizar la seguridad de la víctima, disuadir al agresor y dejar registro de cualquier quebrantamiento de la medida judicial.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Tribunal de Cuentas detecta «graves deficiencias» en la contratación y el seguimiento de las pulseras telemáticas, según su informe de este miércoles.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El Ministerio de Igualdad y sus responsables en los contratos de 2018, 2021 y 2023, además de la Fiscalía y la Delegación contra la Violencia de Género.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El informe incorpora alegaciones de las partes y formula recomendaciones de contratación; no abre por sí mismo ninguna causa judicial.
