EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Parlamento de Canarias ha reconocido por unanimidad el derecho de 10.700 familias a comprar las viviendas públicas que alquilan desde hace treinta años.
- ¿Quién está detrás? La proposición no de ley la presentó el Grupo Socialista, con una enmienda parcial de Coalición Canaria, tras meses de movilizaciones de la plataforma Viviendas Sociales en Lucha.
- ¿Qué impacto tiene? El Gobierno autonómico tendrá tres meses para publicar el listado de viviendas vendibles y deberá habilitar una partida para bonificar la operación a Visocan.
El Parlamento de Canarias reconoce por unanimidad el derecho de 10.700 familias a adquirir en propiedad la vivienda pública que alquilan desde hace tres décadas.
Treinta años de alquiler y una unanimidad que nadie esperaba
La Cámara autonómica aprobó este miércoles la proposición no de ley (PNL, el instrumento parlamentario que no tiene rango de ley pero que fija la posición de la Cámara y compromete al Ejecutivo autonómico a moverse en una dirección concreta) que obliga al Gobierno de Canarias a reconocer ese derecho. Lo defendió el diputado socialista Sebastián Franquis, que aceptó parcialmente una enmienda de Coalición Canaria para desbloquear el acuerdo. El texto salió adelante con el respaldo de todos los grupos parlamentarios.
Las casas pertenecen a dos entidades distintas. De un lado, el Icavi (el Instituto Canario de la Vivienda, organismo público dependiente del Ejecutivo regional). Del otro, Visocan (Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, una sociedad mercantil de capital público). En ambos casos, los inquilinos firmaron sus contratos hace tres décadas con una opción de compra que nunca llegó a ejecutarse.
El texto aprobado pide al Gobierno autonómico que identifique y haga público, en un plazo máximo de tres meses, el conjunto de de viviendas que pueden acogerse al procedimiento. La iniciativa exige además una partida presupuestaria específica para financiar a Visocan el importe de las bonificaciones previstas en la normativa, la condición que el Ejecutivo puso para no despatrimonializar Visocan.
La plataforma ciudadana Viviendas Sociales en Lucha lleva meses concentrándose a las puertas de la Dirección General de Vivienda. Lo recordó en el hemiciclo la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández, que subrayó que sin esa presión social el asunto no habría llegado a la Cámara. Nadie discute ya el derecho. Hernández también llamó la atención sobre la ausencia del consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez (CC), durante la sesión, y apuntó que el cambio de postura del Gobierno quizá tenga que ver con la cercanía de las elecciones.
Diez mil setecientas familias llevan treinta años pagando el alquiler de una casa que nunca fue suya. El Parlamento acaba de reconocerles que puede llegar a serlo.
La letra pequeña: Visocan, el IGIC y la laguna jurídica del decreto de 2023
La unanimidad no borra los problemas técnicos. La diputada nacionalista Socorro Beato advirtió de que el decreto de 2023 contiene una laguna: trata por igual al Icavi, entidad pública, y a Visocan, sociedad mercantil sujeta a otras reglas fiscales en sus transmisiones patrimoniales. Una grieta que puede trasladar el coste fiscal a los inquilinos. Según su lectura, eso podría obligar a los residentes de Visocan a asumir el pago del IGIC (el Impuesto General Indirecto Canario, el tributo que sustituye al IVA en el archipiélago), del impuesto de transmisiones patrimoniales o de la plusvalía municipal.
Franquis replicó que toca dar seguridad jurídica y no sembrar miedos entre las familias afectadas. El diputado socialista defendió que la medida ampara a quienes llevan media vida pagando su casa y reclamó a las administraciones que agilicen los trámites para cumplir con un derecho reconocido en el marco del Pacto por la Vivienda.
El Pulso Territorial
Canarias está gobernada desde 2023 por una coalición entre Coalición Canaria y el PP. Ese Ejecutivo sostenía hasta este miércoles que vender el parque público a sus inquilinos descapitalizaría a Visocan y mermaría un patrimonio que en las islas nunca fue abundante.
El giro tiene fecha: las elecciones autonómicas llegan en la primavera de 2027. El PSOE, en la oposición desde 2023, ha encontrado en la vivienda un asunto con recorrido en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, donde el pulso administrativo se sigue con lupa desde hace meses.
La comparación con el resto del país tampoco deja bien a nadie. El parque público de alquiler español sigue muy por debajo de la media europea, y comunidades como Murcia o Castilla y León arrastran parques igual de reducidos y debates parecidos sobre qué hacer con ellos. La diferencia canaria está en el punto de partida: 10.700 contratos con opción de compra firmados hace tres décadas y una plataforma ciudadana plantada ante la Administración.
Los siguientes movimientos tienen calendario. El calendario manda. El plazo de tres meses para publicar el listado de viviendas vendibles expira en diciembre. Después llegará la partida presupuestaria, que el Ejecutivo tendrá que encajar en las cuentas de 2027 o tramitar mediante una modificación de crédito. Queda por resolver la laguna fiscal que señaló el grupo nacionalista: si los inquilinos de Visocan acaban pagando IGIC, transmisiones o plusvalía, el derecho reconocido este miércoles puede salirles más caro de lo que esperan.
Ficha Autonómica
- El caso: El Parlamento de Canarias ha reconocido por unanimidad el derecho de 10.700 familias a comprar las viviendas públicas que alquilan con opción de compra desde hace treinta años, tras meses de movilizaciones ciudadanas.
- Datos importantes: La PNL del Grupo Socialista, con enmienda parcial de Coalición Canaria, da tres meses al Ejecutivo de Fernando Clavijo para publicar el listado de viviendas del Icavi y de Visocan y exige una partida para bonificar la operación.
- Resumen: El derecho está reconocido, pero el trámite administrativo y la laguna fiscal del decreto de 2023 siguen abiertos. El calendario apunta a diciembre y a las elecciones de la primavera de 2027.
