El decreto de vivienda que negocia el Gobierno depende de Junts, y el Ministerio de Vivienda ya estudia sus propuestas fiscales y de alquiler. Los votos de la formación de Puigdemont son los únicos que faltan para aprobarlo, y Sumar aprieta al PSOE para que la norma llegue al Consejo de Ministros del próximo martes.
No es una negociación cualquiera. Hace un par de semanas, según fuentes del grupo parlamentario que dirige Míriam Nogueras en Madrid, los de Puigdemont entregaron ‘en mano’ a Pedro Sánchez un real decreto ley con medidas concretas. ‘Esperamos una respuesta en las próximas horas’, señalan esas mismas fuentes. El texto tampoco es nuevo: buena parte de las medidas ya se han presentado en el Congreso durante los últimos meses.
¿Qué exige Junts para decir sí al decreto de vivienda?
La batería de propuestas es amplia y toca los tres frentes que más tensionan el mercado: la fiscalidad, la compra y el alquiler. Junts per Catalunya registró hace meses una proposición no de ley en el Congreso para recuperar y ampliar las deducciones fiscales en el IRPF.
El paquete incluye una deducción del 15% por la compra de vivienda habitual, con una base máxima anual de 11.630 euros por contribuyente. La misma deducción se aplicaría a las viviendas destinadas a alquiler habitual, con la excepción de los arrendamientos turísticos y de temporada. También plantean un 15% por las aportaciones a cuentas para la primera compra o rehabilitación, siempre que se materialicen en un máximo de cuatro años.
Para el alquiler, la propuesta estrella es una deducción del 15% para los contribuyentes con una base imponible igual o inferior a 33.007,20 euros, aplicada sobre las rentas pagadas y con el mismo límite anual de 11.630 euros. Ahí no acaba la cosa. Los de Nogueras quieren que un deudor hipotecario pueda extinguir la deuda cuando su crédito se haya vendido a un fondo de inversión, abonando el precio real de cesión, los intereses y los gastos. Sería un derecho irrenunciable y ejercitable en 90 días.
En materia de arrendamientos, Junts se abre a prorrogar los contratos vigentes, pero con dos condiciones que marcan perfil: solo para inquilinos al corriente de pago y con la posibilidad de que el propietario recupere el inmueble si lo necesita. Además, reclaman actualizar las rentas según el índice de referencia, ampliar la definición de vivienda habitual a las personas trasladadas a residencias y centros sociosanitarios, e impedir que los grandes tenedores esquiven los límites de precios de las zonas tensionadas mediante prórrogas contractuales.
El decreto que Moncloa quiere aprobar la próxima semana tiene un dueño inesperado: los votos de Junts le dan la mayoría y le marcan el límite.
La factura política: del choque PSOE-Sumar al desgaste en Catalunya
El movimiento de Junts ha caído como una bomba en la izquierda del bloque. Gabriel Rufián ha lamentado en su cuenta de X que el Gobierno negocie con la formación de Puigdemont: ‘Esto es un error; otro más. Y ha añadido que no deben ser los de Junts quienes ‘establezcan los límites de la vivienda al resto’. En ERC la lectura es incómoda: cada cesión del PSOE a Junts se mide en escaños catalanes y refuerza al rival directo en el Parlament.
La trinchera no se abre solo entre socios de investidura. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha respondido a Sumar con ironía: ‘A ver si toda esta movida sirve al menos para que aquellos que solucionarían el problema de la vivienda en un pis pas, resuelvan uno que debería ser más sencillo: el suyo’. Antes, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, había propuesto expropiar el piso de Maricarmen, admitiendo que habría que ‘estudiarlo.
El detonante de este acelerón político tiene nombre y apellidos: Maricarmen, una mujer de 87 años que pagó religiosamente su alquiler durante 70 años y cuyo piso acabó en manos de un fondo buitre. El caso ha sacudido a la opinión pública, y ha reabierto el choque entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña devolvió el golpe con un dato que apunta directamente a Catalunya: ‘Por cada desahucio en Madrid, hay cinco en la Catalunya de Illa y Sánchez’.
El precedente catalán que nadie quiere repetir
Un dato así incomoda en el Palau de la Generalitat. Catalunya fue pionera en declarar zonas de mercado residencial tensionado al amparo de la ley estatal de vivienda, y la experiencia ha dejado dos lecciones: los topes contienen mejor los precios si nadie los esquiva por la puerta de atrás, y la prórroga del contrato sigue siendo el mecanismo favorito de los grandes tenedores para sortearlos. La propuesta de Junts apunta exactamente a ese agujero.
La lectura política de fondo es otra. El decreto es la primera prueba de que los votos de Junts vuelven a ser decisivos en Madrid después de meses de distancia calculada. El partido de Puigdemont aprovecha la emergencia habitacional para colocar su agenda fiscal, y lo hace sin pasar por el Parlament y sin depender del Govern de Illa. Cada medida que arranque al PSOE se leerá en clave catalana: quién manda de verdad dentro del bloque de la investidura.
El riesgo es evidente. Si el texto final incorpora demasiadas medidas de perfil fiscal, Podemos podría bajarse del acuerdo y el Ejecutivo se quedaría con una mayoría coja. Si, por el contrario, se diluyen las exigencias de Junts, los de Nogueras tienen la llave para tumbar el decreto en el Congreso. Nadie quiere cargar con el caso Maricarmen a las puertas de la próxima negociación presupuestaria.
El reloj corre hacia el Consejo de Ministros del próximo martes. Antes, Moncloa y Junts tienen que cerrar un texto que satisfaga a los dos y no espante a Sumar. De la respuesta dependerán, de momento, el decreto de vivienda y la aritmética parlamentaria de todo el otoño.
