Jácome adjudica el contrato de la zona de bajas emisiones de Ourense por 750.000 euros sin fiscalización previa. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, cierra la adjudicación del control de acceso a la ZBE con una convalidación de la función interventora que la administración justifica por la «omisión da fiscalización previa».
La ZBE es la zona de circulación restringida a los vehículos más contaminantes en la almendra, el casco histórico de Ourense. El contrato regula el control de acceso a ese perímetro. Y la manera de cerrarlo, sin el filtro económico previo del interventor municipal, es lo que la documentación municipal deja en el aire.
El asunto figura en la relación de asuntos de la junta de Gobierno municipal del 24 de septiembre. La administración de Jácome justifica el paso por la «omisión da fiscalización previa da adxudicación do contrato», esto es, adjudicar antes de que el interventor revisara el gasto y, después, convalidar lo hecho. El propio expediente admite que esa ausencia de control previo podría conducir a la nulidad del procedimiento.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La junta de Gobierno del Concello de Ourense convalida la función interventora para cerrar el contrato de control de acceso a la Zona de Bajas Emisiones por 750.000 euros.
- ¿Quién está detrás? El alcalde Gonzalo Pérez Jácome y la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, adjudicataria del control de tráfico en la almendra.
- ¿Qué impacto tiene? El contrato se adjudica sin fiscalización previa, lo que, según el propio expediente, podría llevar a la nulidad del procedimiento.
Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas gestionará el control de la ZBE
La adjudicataria es Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, que se encargará del control de tráfico en la almendra central de Ourense. El contrato prevé un pago de 730.000 euros con cargo al ejercicio de 2026 y otro de más de 18.000 euros en 2027, «subordinados á existencia de crédito axeitado e suficiente no orzamento municipal dese exercicio», según la relación de asuntos de la junta municipal.
La convalidación de la función interventora es una figura que permite a un ayuntamiento dar por bueno, a posteriori, un gasto que debía haberse fiscalizado antes. Se usa para no dejar paralizada la tramitación, aunque deja el expediente expuesto: si el control previo era preceptivo y no se practicó, cualquier recurso puede tumbar la adjudicación. Ese es el terreno en el que se mueve ahora el contrato de la ZBE ourensana.
Un contrato de 750.000 euros adjudicado sin fiscalización previa nace con una grieta: en Ourense, la zona de bajas emisiones se cierra por la vía de la convalidación.
Una segunda obra y una obligación que llega de Madrid
El contrato de la ZBE no viaja solo. La misma junta de Gobierno incluye la adjudicación a Prace Servicios y Obras de las rampas deslizantes de la Rampa de Sás, una obra de humanización valorada en 3,33 millones de euros. El proyecto contempla hasta seis tramos de tapices rodantes —rampas que salvan la fuerte pendiente de la calle— entre la Plaza de O Couto y el instituto del barrio, con cinco años de mantenimiento integral, y cuatro de garantía.
La conexión con Madrid es directa. La normativa estatal de cambio climático obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a contar con una zona de bajas emisiones, y Ourense, con más de 100.000 vecinos, está en esa lista. Lo que se discute no es la obligación, sino la manera de ejecutarla. Una adjudicación sin fiscalización previa puede acabar en los tribunales y retrasar precisamente aquello que la ley exige tener en marcha.
El Laboratorio Gallego
La política municipal gallega vive estos meses una paradoja reconocible. Mientras el PPdeG encadena mayorías absolutas en la Xunta desde 2009, el BNG y el PSdeG se reparten la oposición en el Parlamento de Galicia y en el ámbito local proliferan gobiernos de siglas propias y mayorías frágiles. Ourense es un buen ejemplo: un alcalde con proyecto propio que gestiona el día a día con criterios de gestión más que de partido. Lo que pase aquí mueve pocos escaños, pero mucha política.
La lectura nacional apunta en otra dirección. Los ayuntamientos se han convertido en el primer filtro de las políticas verdes que bajan del Estado y de Bruselas. Galicia, con su doble condición de región periférica y de laboratorio político, suele adelantar tensiones que después reaparecen en el debate español: la dificultad de ejecutar las zonas de bajas emisiones y el coste de la movilidad urbana. Eso sí, conviene no confundir el caso ourensano con una línea política del PP. Es una gestión local, con sus propias reglas y sus propios riesgos. La próxima parada será ver si el expediente resiste un recurso o si el interventor exige repetir el trámite.
Ficha del Caso
- El caso: La junta de Gobierno del Concello de Ourense convalida la función interventora para cerrar el contrato de control de acceso a la Zona de Bajas Emisiones, adjudicado sin fiscalización previa.
- Datos importantes: 750.000 euros a Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (730.000 con cargo a 2026 y más de 18.000 en 2027); 3,33 millones para las rampas de la Rampa de Sás (Prace Servicios y Obras); junta de Gobierno del 24 de septiembre.
- Resumen: El contrato nace con el riesgo de nulidad que el propio expediente reconoce, en un municipio obligado por la normativa estatal a disponer de zona de bajas emisiones.
