EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Los tribunales de inmigración de EE. UU. han ordenado la expulsión de más de 440.000 solicitantes de asilo en los últimos diecinueve meses, más que en los ocho años anteriores juntos.
- ¿Quién está detrás? La Casa Blanca de Donald Trump, a través del Departamento de Justicia, del que dependen los jueces de inmigración, y de ICE, la agencia federal de detención y deportación.
- ¿Qué impacto tiene? Menos expedientes atascados, salidas rápidas hacia América Latina y un efecto directo sobre las remesas y sobre la mano de obra que emplean las empresas españolas en Estados Unidos.
Los jueces de inmigración de Estados Unidos han ordenado la expulsión de más de 440.000 solicitantes de asilo en diecinueve meses.
El dato procede de un análisis de registros judiciales que publicó el Washington Post el 24 de septiembre: en ese periodo, los tribunales han firmado más órdenes de expulsión que en los ocho años anteriores juntos. La maquinaria no se detiene.
Diecinueve meses de expulsiones y un embudo del 5%
La segunda cifra explica el giro mejor que cualquier discurso. Según los datos que recopila TRACReports.org, los jueces de inmigración concedieron el 5% de las solicitudes de asilo presentadas en 2026, frente al 50% que se registraba en septiembre de 2023. En volumen: unas 800 aprobaciones y 15.000 denegaciones al mes. El asilo ha dejado de ser una puerta de entrada para convertirse en una vía de salida.
El tercer dato es el atasco. La lista de casos pendientes, que tocó techo en 3,7 millones de expedientes en 2024, ha caído ya por debajo de los 3,1 millones. Para el solicitante, la consecuencia es concreta: menos meses de estancia legal y de permiso de trabajo mientras se resuelve su caso.
El perfil de quien pide asilo refuerza el argumento oficial. Una encuesta de 2026 entre migrantes en la frontera, realizada por grupos proinmigración, detectó que solo uno de cada 27 entrevistados afirmaba cumplir el requisito básico del asilo político. El 3,7% de 364 encuestados decía huir por su ‘opinión política’; el 54% reconocía que le movían ‘la economía y el empleo.
Washington ha convertido el asilo en un embudo de una sola dirección: quien no acredita persecución política, vuelve a casa.
El caso que recoge el Washington Post ilustra el mecanismo. Grace Calero, ecuatoriana con estudios universitarios y unos ingresos de 3.000 dólares al mes, entró en en Estados Unidos en 2023 con un visado de turista. Pidió asilo en 2024, trabajó para una empresa de marketing en Florida y aceptó volver a Ecuador con su hija de 19 años tras ser detenida.
El espejo español: la cola se forma en Madrid, no en El Paso
En España el debate transcurre por otro carril. El país es uno de los principales receptores europeos de peticiones de asilo, con mayoría de solicitantes latinoamericanos, y su cuello de botella no está en las denegaciones rápidas sino en unos plazos de resolución que se miden en años. Washington cierra expedientes en meses; Madrid los acumula.
El golpe económico llega por América Latina. Las remesas que los migrantes envían a México rondan los 60.000 millones de dólares anuales, según el Banco de México, y sostienen el consumo de un mercado donde BBVA y Santander tienen su segunda gran franquicia. Menos remesas significa menos consumo y más morosidad en banca minorista.
A eso se suma la mano de obra. La construcción, la agricultura, y la hostelería en Estados Unidos —terreno de ACS, Ferrovial o Meliá— dependen de trabajadores que ahora escasean. La Casa Blanca sostiene que menos competencia por esos empleos empuja los salarios al alza; los operadores españoles lo notarán antes en su cuenta de resultados.
La Lógica de Washington
La lógica de Washington es más sencilla de lo que sugiere el ruido. Los jueces de inmigración no pertenecen al poder judicial: dependen del Departamento de Justicia, es decir, del Ejecutivo. Esa arquitectura —la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración— permite al Gobierno fijar ritmos y prioridades sin pasar por el Congreso. No es un atajo: es el diseño que la ley estadounidense arrastra desde 1983.
El precedente que mejor lo explica es de 1996. Bill Clinton firmó entonces la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante, que amplió la detención obligatoria y creó la expulsión acelerada para quien llegaba sin documentación. Ronald Reagan había legalizado a 2,7 millones de personas en 1986 a cambio de sanciones a los empleadores. La doctrina se repite: endurecer el filtro y acelerar la salida. Trump I ya ensayó el manual con el programa Remain in Mexico, que obligaba a esperar en territorio mexicano.
El calendario manda. El ejercicio fiscal federal arranca el 1 de octubre, con la negociación de fondos para ICE y para los tribunales de inmigración encima de la mesa. La incógnita es judicial: una tasa de aprobación del 5% resulta difícil de sostener si los tribunales federales concluyen que la ley obliga a examinar cada caso uno por uno. En Bruselas, el Pacto Europeo de Migración y Asilo ya está en aplicación desde junio y España defiende el mecanismo de solidaridad. La lectura estratégica es otra: Washington no está cerrando la puerta, está decidiendo quién la cruza.
Ficha del Caso
- El caso: El filtro del asilo se ha convertido en el instrumento migratorio más productivo de la Administración Trump, con los jueces de inmigración operando bajo el Departamento de Justicia.
- Datos clave: Más de 440.000 órdenes de expulsión en diecinueve meses; 5% de aprobaciones en 2026 frente al 50% de septiembre de 2023; 3,1 millones de expedientes pendientes, desde el máximo de 3,7 millones de 2024.
- Para España: Menos remesas hacia América Latina y más tensión de mano de obra en sectores con presencia española, mientras el sistema español sigue acumulando expedientes latinoamericanos.
