EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, el republicano Bruce Westerman, avisa de que el Congreso se queda sin tiempo: la votación de la reforma federal de permisos se retrasa en el Senado a la sesión de lame-duck posterior a las elecciones de noviembre.
- ¿Quién está detrás? Westerman y el demócrata de Maine Jared Golden impulsan la SPEED Act, que la Cámara aprobó el 18 de diciembre de 2025 por 221 votos frente a 196. En el Senado la negocian Shelley Moore Capito y Sheldon Whitehouse.
- ¿Qué impacto tiene? Condiciona el calendario de autorizaciones de las filiales americanas de Iberdrola o Repsol y marca el espejo en el que se mira la simplificación de permisos que prepara Bruselas.
El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, Bruce Westerman, avisa de que el Congreso se queda sin tiempo. El Senado no votará la reforma de permisos energéticos hasta la sesión de lame-duck posterior a las elecciones de noviembre.
Qué dice la SPEED Act y por qué necesita 60 votos en el Senado
La Cámara aprobó el texto el 18 de diciembre de 2025 por 221 votos frente a 196, cinco meses después de que Westerman lo presentara junto al demócrata de Maine Jared Golden. Acumula 14 copatrocinadores repartidos a partes iguales y duerme en el Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado desde entonces. Para salir adelante necesita 60 votos: el umbral que impone el filibusterismo, el mecanismo por el que la minoría bloquea una ley si no se cierra el debate.
Westerman lo dijo sin rodeos en el pódcast del Republican Study Committee: ‘Nos estamos quedando sin tiempo’. Celebró el trabajo de la senadora republicana Shelley Moore Capito, que negocia una versión bipartidista con el demócrata de Rhode Island Sheldon Whitehouse. Este sostiene que los negociadores han superado ‘los puntos que rompían el acuerdo’ y que el texto debería cerrarse ‘en cuestión de días, quizá de horas’. Capito fue más lejos: ‘Tenemos un acuerdo, tenemos un proyecto negociado’. Los demócratas, dice, se han levantado de la mesa para esperar a la lame-duck, la sesión que el Congreso saliente celebra tras los comicios.
La norma hace dos cosas. Fija plazos a las revisiones ambientales que exige la Ley de Política Ambiental Nacional de 1970, la que obliga a las agencias federales a estudiar el impacto ecológico de los grandes proyectos. Y limita las demandas contra las obras ya aprobadas. ‘Queremos pasar por el proceso, pero más rápido’, resumió el presidente del comité. Hoy cualquier opositor dispone de hasta seis años para pleitear después de que una obra reciba el visto bueno federal.
Los números explican la urgencia. La revisión ambiental federal se alarga de media entre cuatro y cuatro años y medio, y abrir una mina nueva en Estados Unidos tarda 29 años de media, según el copatrocinador Pete Stauber. El ejemplo que Westerman repite es Keystone XL: el oleoducto se llevó por delante más de 5.000 millones de dólares y no bombeó ‘ni una gota de petróleo’ porque Joe Biden revocó su permiso federal en enero de 2021.
La batalla por los permisos no va de medio ambiente: va de quién decide cuándo arranca una obra y cuántos años puede frenarla un juez.
Qué se juega España en la carrera americana por los permisos rápidos
Para España, la reforma de permisos es menos una norma ambiental que un indicador de velocidad. Iberdrola, Repsol, Acciona y Ferrovial operan en Estados Unidos en renovables, redes e infraestructuras, y todas dependen del mismo calendario federal de autorizaciones. Si Washington comprime los plazos, esas filiales ganan años de caja. Si el texto naufraga, siguen atadas al ritmo actual.
El segundo frente es industrial. Westerman advirtió de que Estados Unidos depende de China para hasta el 90% de los minerales críticos procesados, los que van a baterías, y equipos de defensa. En 1995 su país producía tres veces más cobre que China; hoy China produce once veces más y suma más de 60 fundiciones frente a las dos americanas. A eso se suma el Ratepayer Protection Act del senador Jon Husted, para que el coste eléctrico de los centros de datos no recaiga sobre los hogares.
La Lógica de Washington
Washington no discute ecología, discute tiempo. La lógica es la de un país que ha convertido su propio procedimiento administrativo en un cuello de botella estratégico y que ahora intenta desmontarlo sin derogar la ley que lo creó. El precedente no es remoto: la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2023, el acuerdo entre Joe Biden y el entonces presidente de la Cámara republicano para elevar el techo de deuda, ya introdujo plazos de dos años para las declaraciones de impacto ambiental. Un año antes, el demócrata Joe Manchin intentó colgar una reforma similar de la ley de defensa y fracasó.
Lo que sostiene a la SPEED Act es una coalición poco habitual: 14 copatrocinadores repartidos a partes iguales entre los dos partidos, un republicano de Arkansas y un demócrata de Maine empujando el mismo texto. Eso explica por qué sobrevive y por qué se atasca. Cualquier reforma que toque permisos activa a la vez a las bases ecologistas del Partido Demócrata y a los defensores del statu quo administrativo.
La ventana clave es la sesión de lame-duck posterior a las elecciones de medio mandato. Allí el Senado necesitará 60 votos, lo que obliga a que la versión bipartidista llegue cerrada y sin enmiendas de última hora. El riesgo lo puso Capito: una lame-duck ‘impredecible’ puede convertirse en el cementerio de un proyecto que ya superó la Cámara. Washington tiene el acuerdo. Le falta el calendario.
Ficha del Caso
- El caso: La SPEED Act, la reforma federal de permisos impulsada por Bruce Westerman, acumula nueve meses bloqueada en el Senado después de que la Cámara la aprobara en diciembre de 2025.
- Datos clave: 221-196 en la Cámara el 18 de diciembre de 2025; 14 copatrocinadores; umbral de 60 votos en el Senado; revisiones ambientales de cuatro a cuatro años y medio; hasta seis años para pleitear contra una obra aprobada.
- Para España: Condiciona el calendario de autorizaciones de las filiales americanas de Iberdrola, Repsol, Acciona y Ferrovial, y sirve de referencia a la simplificación de permisos que prepara la UE.
