EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sustituye el término estatal de zonas tensionadas por el de zonas saturadas y plantea obligar a residir en barrios con problemas de vivienda.
- ¿Quién está detrás? El Gobierno canario, presidido por Clavijo con la coalición de Coalición Canaria y el PP.
- ¿Qué impacto tiene? Abre la puerta a limitar la compraventa a quien no resida en barrios como Las Canteras, con las reticencias europeas como telón de fondo.
Canarias cambia las zonas tensionadas por “zonas saturadas” y estudia limitar la compraventa de vivienda a quien no resida en el barrio.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, abrió esa vía en una entrevista publicada el domingo en el diario Canarias7. Allí admitió que la vivienda no figura entre los logros que su Ejecutivo reivindica al final de la legislatura. “Necesitamos actuar sobre la oferta y la demanda, de ahí la batalla de limitar la compra de extranjeros”, argumentó.
De “tensionadas” a “saturadas”: qué cambia en el mercado canario
La ley estatal de vivienda, la Ley 12/2023, de 24 de mayo, reserva a las comunidades autónomas la potestad de declarar zonas tensionadas: áreas donde el precio del alquiler o de la compra se ha desbordado respecto a la renta de los vecinos. Esa declaración habilita límites de precios y obligaciones para los grandes tenedores. Clavijo prefiere otro vocabulario. “Serán zonas saturadas. Da igual cómo se llame, pero donde un alcalde tenga dificultades buscamos que se obligue a residir”, sostuvo.
Tal y como la describió, la medida no atiende al pasaporte del comprador, sino al uso del inmueble. “Lo que se busca limitar no es el origen del comprador, sino el uso que se hace del inmueble. Si reside allí no será extranjero, será residente”, precisó. Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, es su ejemplo recurrente: compra extranjera, turistificación y vecinos que no encuentran alquiler asequible en el mismo barrio.
La paradoja es que en Canarias no existe hoy ninguna zona tensionada declarada. El Gobierno de Canarias y el PP se han negado a reconocer esa figura para ayuntamientos como el de la capital grancanaria, aunque la mayoría de los grandes municipios del archipiélago cumplen los requisitos europeos para esa declaración.
Canarias lleva años poniendo nombre al problema de la vivienda sin activar la herramienta que la ley estatal ya pone en sus manos.
El presidente sí presume de obra nueva: aseguró que cuando regresó a la Presidencia se construían menos de 1.000 viviendas al año en las islas y que este ejercicio prevé cerrarlo con 6.000 viviendas entre promoción pública y privada.
El choque con Bruselas y el agujero normativo
Ante las críticas por el aire populista de la medida y las reticencias europeas, Clavijo respondió que “se ha hecho en Berlín, Ámsterdam, Dinamarca”. El fondo es jurídico: restringir la compra a ciudadanos europeos tropieza con la libre circulación de capitales que garantizan los tratados.
Está por ver con qué instrumento se articula. El Ejecutivo canario no ha concretado si recurrirá a una ley autonómica, a un decreto o a la vía urbanística municipal, ni ha puesto fecha a la tramitación. Un anuncio sin texto normativo detrás es, por ahora, un titular.
El Pulso Territorial
El debate va mucho más allá del vocabulario. Canarias gobierna desde 2023 con una coalición de Coalición Canaria y el PP, con Clavijo al frente de un Ejecutivo que afronta el final de la legislatura y que ha situado la vivienda en el terreno de los anuncios antes que en el de los decretos. No es un asunto menor en un archipiélago donde el alquiler vacacional y la compra extranjera llevan años comprimiendo el mercado residencial.
La comparación con otras comunidades invita a la cautela. La ley estatal nació con la oposición frontal de los gobiernos autonómicos del PP y, hasta la fecha, la zona tensionada apenas se ha activado en España. En Baleares, el Ejecutivo de Marga Prohens también ha evitado declararlas y ha preferido herramientas propias para frenar la presión sobre el alquiler. Canarias se mueve en esa órbita: una etiqueta propia antes que el mecanismo de Madrid.
Todo depende de dos fechas. La primera es la tramitación: un texto normativo que, si pasa por el Parlamento de Canarias (el parlamento unicameral del archipiélago, con 70 escaños), estira el calendario varios meses. La segunda es electoral: las próximas autonómicas están previstas para mayo de 2027 y el pulso por la vivienda llegará a la campaña como una de las claves de de la legislatura.
Ficha Autonómica
- El caso: Clavijo sustituye el término estatal de zonas tensionadas por el de zonas saturadas y plantea obligar a residir en barrios con presión de compra extranjera y turistificación, como Las Canteras.
- Datos importantes: En Canarias no hay ninguna zona tensionada declarada, aunque la mayoría de los grandes municipios cumplen los requisitos europeos. El Gobierno prevé cerrar el año con 6.000 viviendas iniciadas, frente a menos de 1.000 anuales en su regreso a la Presidencia.
- Resumen: Sin texto normativo ni calendario, la fórmula tendría que concretarse por ley o decreto. El debate llegará vivo a las elecciones autonómicas de mayo de 2027.
