El Tribunal Supremo ha tumbado la ratio que frenaba la llegada de VTC a Gran Canaria. La puerta queda abierta a 200 vehículos de Uber y Cabify, con 4.500 solicitudes esperando turno en la isla.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Tribunal Supremo desestima el recurso del Cabildo de Gran Canaria y de FEDETAX y anula la ratio de una VTC por cada 30 taxis.
- ¿Quién está detrás? El Cabildo de Gran Canaria, la Federación Regional de Taxis de Canarias, el Gobierno de Canarias y las plataformas Uber y Cabify.
- ¿Qué impacto tiene? Se desbloquean 200 autorizaciones VTC y quedan 4.500 solicitudes pendientes de resolución administrativa.
Una ratio de un VTC por cada 30 taxis que ya no se sostiene
La sentencia, conocida esta semana, desestima el recurso de casación que presentaron el Cabildo de Gran Canaria y la Federación Regional de Taxis de Canarias (FEDETAX). Las dos querían blindar el artículo 79 quinquies.2 de la Ley 13/2007, la norma que ordena el transporte de viajeros en el archipiélago: una VTC —el vehículo de transporte con conductor que opera para plataformas digitales— por cada 30 licencias de taxi. Superada esa proporción, la isla dejaba de conceder autorizaciones.
El alto tribunal no acepta el argumento. Considera que Canarias no ha acreditado que la restricción fuera necesaria y proporcionada, ni para ordenar el tráfico, ni para proteger el medio ambiente, ni para gestionar el espacio público. Y sin esa prueba, la ratio se convierte en una barrera a la libertad de establecimiento que garantiza el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Durante el procedimiento, el Cabildo de Gran Canaria defendió que las condiciones del archipiélago justifican un trato propio: lejanía, insularidad, superficie reducida, relieve, clima, y una economía dependiente de muy pocos productos, circunstancias reconocidas en el artículo 349 del TFUE para las regiones ultraperiféricas. El Supremo responde que esa condición no basta por sí sola. No ve conexión demostrada entre la ratio y los objetivos que dice perseguir.
Enfrente, la mercantil Senza 2020 S.L., que se opuso al recurso, invocó una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de junio de 2023. En aquel pronunciamiento, el TJUE concluyó que el artículo 107.1 del TFUE no se oponía a limitar las VTC siempre que no se comprometieran fondos públicos. De ahí extrajo la empresa su argumento: sin dinero estatal de por medio, la ratio tampoco podía justificarse como excepción territorial.
Canarias no puede invocar su insularidad para frenar por sí sola la llegada de nuevas VTC: el Supremo exige pruebas, no excepciones territoriales.
Con este fallo, la vía judicial se agota para el taxi de la isla. El Supremo descarta que las singularidades de Canarias permitan mantener la limitación cuantitativa, y eso deja al sector sin el escudo normativo que venía aplicando desde 2014. La pelota pasa ahora al terreno administrativo.
Qué cambia para el taxi, para las plataformas y para los vecinos de la isla
El efecto inmediato es burocrático. Las 200 autorizaciones que estaban bloqueadas pueden tramitarse y las solicitudes acumuladas dejan de tener un techo legal. Según las cifras que ha publicado Canarias7, en Gran Canaria se han presentado alrededor de 4.500 peticiones de licencia VTC a lo largo del mandato insular. La isla pasa así de un mercado cerrado a un escenario de competencia abierta.
El debate que se abre es el de la calle. Los defensores de la apertura sostienen que más oferta reduce los tiempos de espera y presiona a la baja las tarifas, sobre todo en la zona turística del sur y en el entorno del aeropuerto. El taxi advierte, en cambio, de que una flota sin control puede tensionar la red viaria insular y poner en riesgo miles de economías familiares que viven de de una licencia.
En paralelo, toca reescribir el marco. El Gobierno de Canarias deberá decidir si adapta su legislación de transportes para evitar nuevas fisuras jurídicas, y el Cabildo de Gran Canaria tendrá que resolver expedientes que llevaban meses aparcados. Nadie sabe aún cuántas de esas 4.500 solicitudes cumplen los requisitos para convertirse en licencia.
El Pulso Territorial
El mapa político de las islas lo dibujan Coalición Canaria y el PP, socios de gobierno desde 2023 en una coalición que necesita apoyos externos para sacar adelante sus presupuestos. Las próximas elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2027, marcan el horizonte de todo lo que se legisle en esta legislatura.
Al frente del ejecutivo autonómico está Fernando Clavijo, y su Gobierno de Canarias afronta ahora una decisión incómoda: adaptar la norma de transportes o convivir con un vacío legal que el Supremo ya ha señalado. La particularidad isleña no desaparece del debate. El archipiélago es la única región ultraperiférica de España, con siete islas y realidades muy distintas entre sí, pero el tribunal ha dejado claro que esa condición, por sí sola, no levanta barreras jurídicas.
La comparación con el resto del país tampoco ayuda al taxi insular. La ratio de una VTC por cada 30 taxis nació en la legislación estatal de 2014 y Canarias la copió con la esperanza de que su condición ultraperiférica la blindara frente a Bruselas y frente a los tribunales. No ha funcionado. A partir de ahora el pulso se traslada al Parlamento de Canarias, la cámara unicameral que aprueba las leyes del archipiélago, mientras el Cabildo resuelve expedientes y el sector del taxi decide si busca acomodo político o vuelve a los juzgados por otra vía. El calendario se llena de plazos: las 4.500 solicitudes, una posible reforma normativa y la campaña que desembocará en las urnas de 2027.
Ficha Autonómica
- El caso: El Tribunal Supremo anula la ratio que limitaba las VTC en Gran Canaria y desbloquea la entrada de 200 vehículos de Uber y Cabify en la isla.
- Datos importantes: 200 autorizaciones desbloqueadas y alrededor de 4.500 solicitudes acumuladas en el mandato insular. La norma afectada es el artículo 79 quinquies.2 de la Ley 13/2007, modificada en 2014.
- Resumen: La vía judicial se cierra para el taxi. El Gobierno de Canarias estudia cómo adaptar su legislación de transportes y el Cabildo deberá resolver los expedientes pendientes antes del ciclo electoral de 2027.
