EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, entrega a la GSA la ejecución de la reforma de la sede y ordena una auditoría externa de costes.
- ¿Quién está detrás? Warsh, la oficina del inspector general y un Congreso que lleva dos años pidiendo explicaciones por un sobrecoste superior a 1.000 millones de dólares.
- ¿Qué impacto tiene? Refuerza el escrutinio sobre el legado de Powell; para España, la prima que se instale en los tipos largos americanos acaba llegando al bono español.
Kevin Warsh aparta a la Reserva Federal de la gestión directa de la reforma de su sede y ordena una auditoría externa de costes. La decisión llega tras un informe del inspector general que documenta fallos de supervisión en una obra que ya acumula más de 1.000 millones de dólares de sobrecoste.
Lo que encontró el inspector general: 2.000 millones al margen de los controles
El origen es el informe del inspector general, publicado este miércoles, 30 de septiembre. Lo que documenta es muy concreto: durante la etapa de Jerome Powell, la obra se gestionó con controles de coste laxos. El 95% de lo adjudicado hasta diciembre de 2025 quedó fuera de los cauces internos: de los 2.100 millones comprometidos, unos 2.000 se aprobaron sin elevar las decisiones al consejo ni a los responsables senior.
La estructura de vigilancia existía, pero nadie la cerraba. El proyecto tenía tres órganos principales de supervisión y ninguno asumía la responsabilidad explícita de comprobar si la obra seguía dentro de de presupuesto y calendario. De 40 evaluaciones internas, 36 describieron la reforma como encauzada. Los puntos de referencia de coste y plazo se revisaron hasta 13 veces, lo que vació de sentido cualquier medida del rendimiento real.
El dato más elocuente es técnico. Dos paquetes de instalaciones mecánicas, eléctricas y de fontanería pasaron de una estimación de 178 millones de dólares en marzo de 2022 a 539 millones cuando se adjudicaron en 2023, con una inflación de la construcción del 16% en ese intervalo. El inspector general descartó el delito, pero no los fallos de gestión: no apreció indicios de infracción penal ni violaciones de las políticas internas que exigieran una declaración de mala conducta.
En lugar de fijar un techo de gasto y gestionar contra él, el banco central fue ampliando el presupuesto a medida que los costes subían. Después de cuatro años de obra y más de 2.000 millones adjudicados, tampoco se había cerrado el Precio Máximo Garantizado, el contrato que impone un límite duro al coste final. El mecanismo básico de contención seguía sin firmar.
La auditoría no nace de una sospecha de delito, sino de algo más incómodo: nadie sabía quién respondía de la factura.
La GSA asume la obra y Warsh encarga la auditoría externa
La respuesta de Warsh ha sido administrativa y rápida. En una carta fechada el 29 de septiembre, difundida junto al informe, el presidente de la Reserva Federal sitúa a la GSA, la Administración de Servicios Generales —la agencia federal que gestiona inmuebles y compras del Estado—, como Project Executive de la obra. La agencia responde desde ahora ante el consejo de gobernadores y ante el propio Warsh.
Habrá además un auditor independiente que revise la exactitud y el cumplimiento de los costes adjudicados, y el personal que trabaje con la GSA fijará métricas cerradas de presupuesto y calendario. Warsh se compromete a aplicar las siete recomendaciones del inspector general y abre la puerta a reclamar devoluciones: ‘Según sea necesario, pediremos el reembolso o créditos de proyecto por cualquier trabajo pagado y no ejecutado’, escribió.
El informe contradice la versión que Powell defendió en público: que la institución había extremado el cuidado en la supervisión. La reforma saltó a la arena política en junio de 2025, cuando el presidente del comité bancario del Senado, el republicano Tim Scott, le interrogó sobre los costes y el diseño del edificio.
Después llegó el escrutinio de la Casa Blanca. El director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russell Vought, cuestionó la gestión del proyecto, y en julio de 2025 Donald Trump visitó las obras junto a Powell, criticó el gasto y aprovechó la ocasión para insistir en que el banco central bajara los tipos.
El conflicto escaló en enero de 2026, cuando Powell reveló que la Fiscalía había enviado al banco central citaciones de un gran jurado relacionadas con la reforma y con su testimonio ante el Congreso. Powell describió aquello como un intento de presionar a la institución en materia de política monetaria. Un juez bloqueó las citaciones y los fiscales suspendieron la investigación en abril, a la espera del informe.
Con el documento ya sobre la mesa, Trump volvió a cargar contra Powell en Truth Social y reclamó su salida del consejo: ‘Esto es culpa de Jerome Powell, y debería ser obligado a dimitir, ¡inmediatamente! Si no dimite, debería ser demandado por corrupción o incompetencia’. La carta de Warsh, en cambio, no atribuye culpa personal al todavía gobernador.
La Lógica de Washington
La lectura desde dentro del sistema es otra. Warsh no responde solo a una auditoría: responde a una pregunta que el Congreso lleva dos años haciéndole a la Reserva Federal —quién gasta el dinero del banco y con qué controles—. La institución no recibe apropiaciones del Capitolio y se financia con sus propios ingresos, y precisamente por eso su escrutinio es más político que técnico. Poner la ejecución de la obra en manos de una agencia federal sometida al control presupuestario ordinario es, en la práctica, un gesto de rendición de cuentas.
El precedente cercano está en la propia casa: la reforma previa del edificio Martin ya arrastraba deficiencias parecidas. Y hay uno mayor. En 1971, Richard Nixon presionó a Arthur Burns para que la Reserva Federal aflojara la política monetaria antes de las elecciones de 1972; buena parte de la inflación de la década siguiente se explica por aquella cesión. Un veterano del banco lo resumía estos días con la frase de Harry Truman: ‘The Buck Stops Here’, aquí se acaba la cadena de responsabilidad.
¿Y qué tiene esto que ver con España? Más de lo que parece. La Reserva Federal marca el precio de referencia del dinero en el mundo: cuando su credibilidad se pone en cuestión, el mercado exige más por prestar a largo plazo, y esa prima se filtra al bono alemán y, desde ahí, al bono español. Cada décima de más en el rendimiento del bono americano a diez años termina moviendo la factura de intereses del Tesoro y el coste de financiación de familias, y empresas. A eso se suma la exposición empresarial: Santander e Iberdrola tienen filiales relevantes en Estados Unidos y cualquier vaivén en la supervisión financiera americana les llega antes que a sus competidores europeos.
La ventana clave se abre en las próximas semanas, con la auditoría independiente y la negociación del Precio Máximo Garantizado sobre la mesa. En paralelo, la campaña de las elecciones legislativas de noviembre mantendrá la presión sobre el legado de Powell, todavía gobernador del consejo. La incógnita es si Warsh logra separar la gestión de un edificio de la discusión sobre la independencia del banco central. En Washington, pocos apuestan hoy a que sea sencillo.
Ficha del Caso
- El caso: El inspector general de la Reserva Federal documenta fallos de supervisión en la reforma de la sede. El nuevo presidente, Kevin Warsh, entrega la ejecución a la GSA y ordena una auditoría externa de costes.
- Datos clave: 2.100 millones adjudicados hasta diciembre de 2025, de los que 2.000 (el 95%) quedaron fuera de los cauces de control; sobrecoste superior a 1.000 millones; dos paquetes de instalaciones que pasan de 178 a 539 millones; 13 revisiones de los puntos de referencia; carta de Warsh del 29 de septiembre.
- Para España: el episodio toca la credibilidad de la institución que fija el precio global del dinero. Cualquier prima que se instale en los tipos largos americanos se traslada al bono español y a la financiación de las filiales estadounidenses de Santander e Iberdrola.
