La situación de los migrantes subsaharianos que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio ha entrado en una nueva fase. Dos meses después de aquella llegada, el problema ya no es únicamente humanitario: las autoridades deben determinar, persona por persona, quién puede permanecer en España, quién puede ser devuelto a Marruecos y quién tendrá que ser trasladado a la Península.
El dato más concreto sobre este colectivo sigue siendo el de unos 1.200 subsaharianos acogidos en Loma Margarita, un antiguo espacio de uso militar convertido temporalmente en centro de acogida. RTVE constató que muchos proceden de países como Sudán, Eritrea, Somalia o Chad, varios de ellos afectados por conflictos armados o graves crisis humanitarias.
Sin embargo, esa cifra no equivale al número total de subsaharianos que quedan en Ceuta. El Gobierno no ha publicado un desglose actualizado por nacionalidad y procedencia de las personas que todavía permanecen en la ciudad.
El asilo será la principal vía para quienes acrediten riesgo
El futuro de estos migrantes dependerá fundamentalmente de lo que determine el triaje individual. El Ministerio del Interior reforzó desde agosto los equipos destinados a identificar a los recién llegados y a tramitar las primeras fases de las solicitudes de protección internacional. Incluso desplazó a Ceuta personal de la Dirección General de Protección Internacional para acelerar los expedientes.
La legislación española y el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo establecen que las peticiones deben analizarse individualmente. Para quienes hayan cruzado irregularmente la frontera exterior y soliciten protección, puede aplicarse el procedimiento fronterizo de asilo, que contempla una tramitación acelerada. La instrucción publicada por Interior en junio establece que este procedimiento puede aplicarse a personas aprehendidas después de un cruce no autorizado de la frontera exterior.
Esto es especialmente relevante para los subsaharianos procedentes de países en guerra o con situaciones humanitarias graves. Ser subsahariano no concede automáticamente derecho de asilo, pero las circunstancias concretas del país de origen y la situación personal pueden resultar determinantes para obtener protección internacional.
El Gobierno ha reforzado precisamente la capacidad administrativa porque preveía un incremento muy importante de solicitudes. El Real Decreto-ley aprobado en septiembre reconoce expresamente ese escenario y señala que la Oficina de Asilo y Refugio desplazó un equipo a Ceuta para acelerar la tramitación.
Los que no tengan derecho a protección afrontan el retorno
La otra gran vía es el retorno a Marruecos. El Gobierno ha dejado claro que su objetivo es devolver a los migrantes que permanezcan irregularmente en Ceuta y no tengan derecho a protección internacional.
A 22 de septiembre, 6.791 personas habían regresado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto, según los datos facilitados por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La mayoría había manifestado durante el triaje que no quería solicitar protección internacional.
Pero el proceso se está produciendo de forma muy desigual. Los retornos voluntarios están siendo mucho más sencillos que las expulsiones o devoluciones obligatorias. A 24 de septiembre se habían ejecutado 334 expulsiones, mientras que cerca de 7.000 personas habían regresado voluntariamente. Al mismo tiempo, 6.800 adultos estaban ya dentro del sistema estatal de acogida y 2.383 menores permanecían bajo tutela de Ceuta.
El Gobierno ha establecido como prioridad que quienes no tengan derecho a permanecer en España entren en los procedimientos correspondientes. El Real Decreto que declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta señala expresamente que una de las prioridades de la crisis es el retorno de los migrantes irregulares que todavía permanezcan en la ciudad.
La Península aparece como salida para una parte del colectivo
El tercer escenario es el traslado a la Península. No significa que todos los subsaharianos vayan a ser trasladados, sino que quienes obtengan protección internacional o quienes entren en determinados programas de acogida pueden abandonar Ceuta y continuar su proceso en otras comunidades.
La presión sobre la ciudad explica esta posibilidad. El 21 de septiembre el Gobierno calculaba que todavía había algo más de 3.000 migrantes viviendo en las calles de Ceuta, incluidos varios centenares de menores. Torres afirmó entonces que los adultos serían objeto de los correspondientes expedientes y que los menores que no pudieran ser reagrupados serían trasladados a la Península.
La situación ha evolucionado desde entonces. El 30 de septiembre, dos meses después de la entrada masiva, El País situaba en alrededor de 10.000 las personas que todavía permanecían en Ceuta, mientras el Gobierno había habilitado unas 6.000 plazas de acogida de las 8.000 previstas.
El escenario también está cambiando jurídicamente. Reuters informa hoy de que el Gobierno estudia modificar las reglas de asilo y acelerar las devoluciones, mediante un borrador que afectaría a los migrantes llegados durante la crisis de julio. El contenido todavía no constituye una norma aprobada y el Ministerio del Interior no ha confirmado oficialmente todos sus extremos.
Por tanto, el destino de los subsaharianos de Ceuta se decidirá fundamentalmente en tres escenarios jurídicos: protección internacional, retorno o permanencia temporal dentro del sistema de acogida. La cifra de 1.200 personas de Loma Margarita sirve para dimensionar el colectivo acogido allí, pero no permite afirmar cuántos subsaharianos quedan hoy en toda la ciudad. Y mientras se resuelven sus expedientes, Ceuta continúa soportando la presión de miles de personas cuya situación administrativa todavía no está cerrada.
