El intento de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero por sacar de la causa los pagos recibidos por el ex presidente del Gobierno por una empresa en Bolivia, Focus Social Research, no le convence a nadie, ni al juez ni mucho menos a la fiscal Anticorrupción Elena Lorente, que sigue con mano firme su investigación de la causa Plus Ultra y argumenta que esos pagos deben constar. Esos intentos de sacar ese dinero de la causa por parte del ex presidente, con oposición de la Fiscalía, han puesto de relieve que la investigación en ese asunto no está, ni mucho menos, olvidada.
En total, son 200.000 euros por intermediar a favor de una empresa privada ante el gobierno boliviano por una multa recibida. El informe negativo de la Fiscal sobre las pretensiones de Zapatero fue enviado el pasado 18 de septiembre al juez Calama, que instruye la causa Plus Ultra desde la Audiencia Nacional.
La conclusión del informe de la UDEF de Policía Nacional sobre la Causa Plus Ultra recogía que «los hechos analizados en el presente informe apuntalan, a juicio de los investigadores, los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes.
La fiscal explica en su documento para Calama que «existía en el procedimiento rastro de las transferencias que llegan a cuentas de Rodríguez Zapatero desde la sociedad Focus Social Research» y además «en su declaración de fecha 18 de junio de 2026, ya le fue preguntado al Sr Rodríguez Zapatero por su relación con la sociedad Focus Social Research». Se refería la fiscal Lorente al abono de tres transferencias por un total de 200.000 euros desde la mercantil citada hasta el ex presidente.
La principal conclusión de la Fiscalía fue que «los pagos recibidos por el investigado procedentes de Focus que ya figuran en el atestado de abril de 2026 ni son un hallazgo ni menos quedan fuera del ámbito delictivo que se está investigando. Antes al contrario, ponen en evidencia otro hecho relativo al delito de tráfico de influencias, que venía ya siendo objeto de esta instrucción».
Es más, añade el informe fiscal, «existe así una incuestionable conexidad tanto sustantiva como procesal. Esto es, a la presunta influencia del investigado para lograr la ayuda pública recibida por Plus Ultra, resulta que se suma la presunta influencia del mismo para lograr una “oportuna” resolución de las autoridades de Bolivia como explica el atestado cuya expulsión se pretende. En ambos casos, el investigado sale económicamente beneficiado. En el caso de Plus Ultra con la interposición de la pantalla Análisis Relevante SL y en el segundo con un pago directo en las cuentas bancarias del propio investigado».
La pista la dio Zapatero
La pista para fijarse en esos pagos la dio el propio Rodríguez Zapatero cuando se negó a declarar ante el juez Calama por el origen del cobro de 200.000 euros de una desconocida empresa peruana, Focus Social Research. En realidad, los investigadores creen que fue por ejercer labores de intermediación ante el gobierno de Bolivia en favor del Grupo Gloria, un grupo minero multado por el gobierno del país andino.
Los policías de la UDEF creen que «en el marco de esta presunta organización criminal, la secretaria de Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar Jiménez, tendría un papel relevante, a tenor de la información recabada de sus terminales móviles, constatándose su intervención en la gestión en las comunicaciones, el intercambio de documentación, la agenda de Rodríguez Zapatero en relación al referido ejercicio de influencias y con conocimiento suficiente del desarrollo de los mismos».
La cuestión es que el ejercicio de dichas influencias «sería remunerado por los clientes de la organización criminal simulando servicios de asesoría no prestados, creando contratos ad hoc para justificar dichos pagos». Así el 9 de mayo de 2024 la secretaria de Zapatero enviaba un contrato de asesoría a Carmen Almendras, de la consultora Kreab Bolivia, un borrador de contrato.
Durante esta negociación previa «Carmen Almendras la pone en contacto con Ana María Ospina, directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales del Grupo Gloria. En este punto, Gertrudis Alcázar le solicita la versión definitiva del contrato a Ana María Ospina, no a Carmen Almendras, de lo que se desprende que el papel de Almendras como mera intermediaria», según la UDEF.
Lo llamativo del asunto es que tras la firma del contrato «la sociedad peruana Focus Social Research abonaría de 200.000 euros más gastos a José Luis Rodríguez Zapatero por sus servicios de asesoramiento».
Dos días más tarde, el 13 de mayo de 2024, se producía una sucesión concatenada de hechos entre Gertrudis Alcázar y Ana María Ospina: «Ana María Ospina remite a Gertrudis Alcázar la versión definitiva del contrato de asesoría. Ana María Ospina se persona en la oficina de Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar le remite una factura por importe de 100.000 euros justificada a través del contrato de asesoría y Ana María Ospina le remite el contacto del presidente del Grupo Gloria, Claudio Rodríguez Huaco, ‘para el presidente’ Zapatero». El Grupo Gloria peleaba en Bolivia contra una sentencia desfavorable contra la empresa Soboce, una de las filiales del Grupo, condenada a pagar 107 millones de dólares por competencia desleal.
Poco después de la firma del contrato, un mes más tarde, «se comienza a organizar un futuro viaje de Rodríguez Zapatero a Bolivia, entones Gertrudis Alcázar reclama a Carmen Almendras la firma del contrato de asesoría y el abono de la factura». Era el 24 de junio de 2024.
«Unos días más tarde, el 28 de junio de 2024, Focus Social Research ordena una transferencia por importe de 100.000 euros a favor de José Luis Rodríguez Zapatero y a continuación, el 2 de julio de 2024, Ana María Ospina vuelva a personarse en la oficina del presidente en calle Ferraz», continúa el informe de la UDEF.
Los contactos de Zapatero de alto nivel en Bolivia
El documento policial también recoge que «tras varios contactos con la ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada Tejada, y la jefa de Gabinete del presidente de Bolivia, Fabiola Consuelo Salazar Calle, Gertrudis Alcázar obtiene confirmación de la reunión prevista entre el presidente de Luis Alberto Arce Catacora y José Luis Rodríguez Zapatero (confirmada el 11/09/2024) y el ministro de Economía de Bolivia, Marcelo Montenegro Gómez Carcía (confirmada el 13/09/2024). Ambas reuniones tendrían lugar en Bolivia el 15/09/2024″.
Precisamente el 13 de septiembre de 2024, Gertrudis Alcázar, «a instancias de José Luis Rodríguez Zapatero, solicita a Carmen Almendras una actualización sobre el tema de Soboce («me indica el Presidente que me envíes una actualización del tema Soboce»), respondiendo Almendras de manera inmediata, remitiendo un archivo dando cuenta de varias alternativas posibles para la solución del problema. Semanas después del viaje de Rodríguez Zapatero a Bolivia y de sus reuniones al más alto nivel con autoridades de dicho país (07/10/2024), Carmen Almendras contacta con Gertrudis Alcázar, señalando que “la empresa de Lima” (el Grupo Gloria) quiere fijar una reunión con el ministro de Economía y Finanzas o algún otro, respondiendo Gertrudis Alcázar que Rodríguez Zapatero ha indicado que la reunión deberá celebrarse con el ministro de Justicia (“el dia que hable con él sobre este tema me dijo que la reunión tendría que ser con el Ministro de Justicia”)».
El 03 de diciembre de 2024, Gertrudis Alcázar, por indicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero, solicitaba a Carmen Almendras los nombres que las personas «para los que tiene que conseguir una reunión», respondiendo Almendras que a la reunión con el “Ministro Siles” (César Adalid Siles Bazán, ministro de Justicia de Bolivia), acudirían Luis Díaz Olivero, Ana María Ospina y Francisco Shwortshik.
Por tanto, según la UDEF, «quedaría acreditado que José Luis Rodríguez Zapatero realizó gestiones para conseguir una reunión a directivos del Grupo Gloria con el ministro de Justicia de Bolivia. Unos dos meses más tarde se produciría un nuevo revés judicial para los intereses de SOBOCE – GRUPO GLORIA, de tal manera que el 04/02/2025, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia emite el Auto Supremo 59/2025, declarando infundado el recurso de casación de SOBOCE y ratificando el pago unos 107 MM USD a favor de Fancesa».
Tres días más tarde, el 7 de febrero de 2025, Gertrudis Alcázar, por indicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero, solicitaba a Carmen Almendras que reenviase «un documento que no resulta legible, si bien su título aporta indicios sobre su contenido: “05 02 25 Informe Proceso Daños y Perjuicios Fancesa contra Soboce.pdf”, continuaba en su informe la UDEF.
Acudieron al Constitucional de Bolivia
En marzo de 2025 se producían dos hechos de interés, para los investigadores. «Por un lado, sin que se pueda precisar fecha exacta, Soboce presenta una Acción de Amparo Constitucional contra el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alegando vulneración de derechos constitucionales (admitida en abril de 2025) y José Luis Rodríguez Zapatero solicita agendar una conversación con el presidente Luis Alberto Arce Catacora (10/03/2025)», recoge el documento de la UDEF.
Posteriormente, el 4 de mayo de 2025 Rodríguez Zapatero solicitaba y mantenía una nueva conversación con el presidente Arce Catacora. El día siguiente, 5 de mayo, «05/05/2025, «Gertrudis Alcázar, por indicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero, le pide a Fabiola Salazar dos cuestiones: por un lado, que le remita el contacto del Procurador General del Estado de Bolivia y, por otro, que le avise cuando el presidente Arce haya hablado con el procurador, para que a su vez Zapatero llame al procurador (“Buenos dias Fabiola, me indica el pdte. Zapatero que me enviaras el contacto del procurador y también me avisarás cuando el Presidente de Bolivia haya hablado con el procurador, para que a su vez el Pdte. Zapatero llame a este señor. Quedo a la espera del teléfono y de tus indicaciones”)», según recoge el informe de la UDEF.
El día siguiente «Fabiola Salazar envía a Gertrudis Alcázar el contacto del Procurador General del Estado de Bolivia, Ricardo Condori Tola si bien, a continuación, Gertrudis Alcázar informa a Fabiola Salazar de que José Luis Rodríguez Zapatero le ha informado de que le ha llamado el ministro de Justicia, que a su vez habría llamado al procurador general, por lo que él (Zapatero), no tiene que realizar la llamada al procurador», añaden.
La UDEF deduce de todo esto que «Zapatero solicita la intermediación del presidente Arce ante el Procurador General, si bien la intermediación la haría directamente el ministro Siles, por indicación del propio Arce. En este sentido, resulta significativo que el 30 de mayo de 2025, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declarara procedente el amparo solicitado por Soboce y dejara sin efecto temporalmente la sentencia que ordenaba el pago de los 107 millones de dólares».
Finalmente, unas semanas después, los días 16 de junio y 20 de junio de 2025 «se ordenarían dos transferencias, por importe de 50.000 euros cada una, ordenadas por Focus Social Research a favor de José Luis Rodríguez Zapatero. Por tanto, la concatenación de hechos acreditados descrita, lleva a inferir, en virtud de los sucesivos contactos mantenidos por José Luis Rodríguez Zapatero con autoridades bolivianas, la existencia de una dinámica de intermediación e influencias, orientadas a beneficiar los intereses del Grupo Gloria, todo ello mediando una contraprestación económica de 200.000 euros, empleando para justificar el pago un contrato simulado con una sociedad interpuesta», concluía el informe de la UDEF.
