El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha relatado ante la juez María Tardón, de la Audiencia Nacional, la cruda realidad que vivió días antes de la invasión de Ceuta. El presidente de Ceuta ha dejado clara la desidia gubernamental que precedió a la crisis fronteriza a finales de julio. De esta manera, el relato de Vivas en sede judicial desmonta por completo la versión oficial de la improvisación: la ciudad autónoma vio venir el desastre y el gobierno de Pedro Sánchez miró hacia otro lado.
El dirigente ceutí desplegó ante la jueza una minuciosa cronología que deja en evidencia los muros burocráticos de la Moncloa. El calvario telefónico comenzó el 25 de julio. Vivas marcó el número del presidente del Gobierno. Al otro lado, la barrera habitual: el director de gabinete filtrando la llamada. No fue hasta el día 30 cuando Sánchez, por fin, se dignó a descolgar el teléfono de manera directa. ¿La respuesta del líder socialista ante la advertencia de que la presión de menores no acompañados (menas) era insostenible y el aviso inminente de que algo grave iba a estallar? Una palmadita en la espalda y el desvío a otra instancia: «El cauce es la Delegación del Gobierno». Para Moncloa, la alarmante antesala de una invasión migratoria fue «una crisis humanitaria».
A la salida de la Audiencia Nacional, dos meses después de que la frontera saltara por los aires, Vivas no se guardó nada ante los medios a la salida de su declaración como testigo: «He sido absolutamente transparente desde el primer día, he procurado ser honesto, y lo que he dicho desde el primer día es lo que le he dicho a su señoría».
Desde la Presidencia de Ceuta se emitieron hasta diez llamadas y mensajes desesperados hacia Madrid entre los días 27 y 28 de julio. De ese bombardeo de alertas, Moncloa solo atendió tres. Siete silencios que costaron caros. Mientras el Ejecutivo central se escudaba en la delegación territorial, la frontera de Ceuta se convertía en una olla a presión sin que nadie en la capital quisiese activar el botón de emergencia.
«Pedimos la emergencia nacional y no se hizo», ha sentenciado Vivas a las puertas del juzgado, después de declarar, lanzando un dardo directo a la línea de flotación del Gobierno Central. El líder autonómico insistió ante la jueza Tardón en que los indicios eran clamorosos: el goteo constante de adultos y el repunte de menores solos eran la crónica de una avalancha anunciada. Una solicitud de alerta temprana que en Madrid terminó olvidada en el fondo de un cajón. La Audiencia Nacional ya tiene las cartas sobre la mesa; ahora queda por ver quién asume la responsabilidad de haber dejado a Ceuta a los pies de los caballos.
Desde la acusación popular de Hazte Oír dicen que la declaración de Vivas «refuerza nuestra convicción de que Sánchez abandonó Ceuta a sabiendas. Moncloa recibió avisos y peticiones de ayuda. A nuestro juicio, desatender esas advertencias supone una traición a los ceutíes y al conjunto de España».
«Hoy empieza la cuenta atrás para exigir explicaciones ante la Justicia. Vamos a impulsar las diligencias necesarias para que los responsables del Gobierno y el entonces delegado en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, comparezcan ante los tribunales y expliquen qué sabían y qué hicieron», señalan desde HO.
La asociación recuerda que ya pidió en su querella inicial que Pérez Triano fuera citado como investigado. «Su salida del cargo no resuelve las preguntas pendientes. Desde el principio hemos reclamado que se investigue su actuación y seguiremos trabajando para que se esclarezcan todas las responsabilidades. Los ceutíes merecen respuestas», concluyen.
