El PNV no respaldará el decreto de vivienda del Gobierno central si el texto equipara a los fondos buitre con los pequeños propietarios. Lo advirtió su portavoz parlamentario, Joseba Díez Antxustegi, en una entrevista en Euskadi Irratia.
La advertencia se produce en la recta final de la tramitación. El Congreso de los Diputados ha remitido el segundo real decreto ley en materia de vivienda y la votación está fijada para el viernes 2 de octubre. El partido mantiene abierta la negociación con el Ejecutivo, pero condiciona su voto a que el texto distinga entre grandes tenedores y arrendadores particulares.
Qué exige el PNV para votar a favor del decreto
El dirigente jeltzale fue explícito, en su mensaje a quienes, a su juicio, sitúan en el mismo plano a ambos tipos de propietario: ‘A los que ponen en el mismo nivel a fondos buitres y pequeños propietarios, les decimos claramente que, si este decreto pretende conseguir eso, no va a tener el apoyo del PNV’. En su argumentación, comparó un fondo de inversión con ‘un pequeño propietario que alquila un piso en el barrio de Zaramaga de Vitoria-Gasteiz.
Díez Antxustegi aportó la cifra que sostiene su posición: los fondos buitre representan menos del 5% del mercado de alquiler de Euskadi, mientras que el 95% restante corresponde a particulares. ‘No son iguales y no los podemos tratar igual’, defendió. El mensaje se dirige de forma expresa a Podemos, formación a la que el portavoz pidió aclarar si su objetivo es equiparar a ambos.
El PNV también reclama tiempo. ‘No se puede aprobar un decreto de un día para otro porque en la calle hay un malestar determinado’, señaló, y pidió negociar sin prisa y bien. La formación se remite a su propia hoja de ruta: la ley de vivienda aprobada en el Parlamento Vasco a finales del año pasado, que según el PNV agiliza la construcción.
El PNV condiciona su voto al decreto estatal a que el texto separe a los grandes fondos de inversión de los propietarios particulares que alquilan una vivienda.
El peso del voto del PNV en el Congreso
En el Congreso, el respaldo jeltzale resulta determinante en una votación de aritmética ajustada, en la que los votos del PNV y de Junts han sido decisivos en anteriores decretos. El portavoz reconoció que su partido negocia el texto porque ‘somos un partido responsable’, aunque ‘no compartimos la manera de hacer política’ en España.
Hay espacio para negociar’, sostuvo el dirigente, que aseguró que su grupo ha trasladado al Gobierno central una propuesta centrada en ‘proteger a los pequeños propietarios que tienen viviendas y quieren ponerlas en alquiler y darles seguridad jurídica. En esa línea, defendió que la protección del arrendador particular es la vía para ampliar la oferta disponible y garantizar opciones a quienes buscan un alquiler.
Sobre los inquilinos en situación vulnerable, el portavoz del PNV marcó distancias con la responsabilidad que se atribuye a los propietarios. ‘Debemos proteger a las personas vulnerables, porque no podemos dejar en la calle a familias con niños pequeños’, afirmó, para añadir que esa carga deben asumirla las administraciones públicas y no los particulares. A su juicio, el sistema público vasco de vivienda cuenta con procedimientos para evitarlo y debe profundizarse en ellos.
El precedente vasco y el calendario parlamentario
La ley vasca de vivienda aprobada el año pasado en el Parlamento Vasco se ha convertido en el argumento central del PNV en esta negociación. El propio Díez Antxustegi recordó que una norma aprobada a finales del año pasado no produce viviendas en tres o cuatro meses, y defendió que los problemas complejos requieren plazos largos. La norma vasca, según su relato, se orienta a construir más vivienda y más rápido.
El debate sobre qué se considera gran tenedor no es exclusivo de Euskadi: la definición de ese umbral ha centrado las discrepancias en otras normas de ámbito estatal y autonómico. En este caso, el desenlace llega el viernes 2 de octubre, cuando el Congreso someta el decreto a votación. Si no prospera, el Ejecutivo tendría que reabrir la negociación con los grupos para un nuevo texto. El PNV sostiene que hay margen y que su objetivo es cerrar un acuerdo que salvaguarde a los arrendadores particulares.
