La directora xeral de la TVG niega haber ocultado en antena la sanción a una bodega de la familia de un conselleiro.
La única mención llegó ocho días después y duró veinte segundos
La sanción la puso la Inspección de Trabajo. La empresa es una bodega pequeña que empleó durante la vendimia a tres trabajadores migrantes sin contrato legal, un caso que salió a la luz a mediados de septiembre. Lo noticiable no fue la multa, sino el apellido de los propietarios: la bodega pertenece a la familia de José González, conselleiro de Emprego de la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela). El propio conselleiro respondió desde el primer momento y aseguró que rompió cualquier vínculo con la empresa en 2018, al entrar en el Ejecutivo gallego.
El silencio no lo rompieron los medios públicos hasta el 22 de septiembre. Fue en el informativo matinal Bos Días, a las 9:15 de la mañana, en el ecuador del programa. El corresponsal parlamentario de la TVG cerró su crónica con una alusión de veinte segundos al caso, después de haber repasado la ley de Educación Digital y la comparecencia del conselleiro de Presidencia sobre transporte por carretera. En la sesión de control de aquel día, ninguna pregunta de la oposición al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, había abordado el asunto.
Ocho días entre la exclusiva y la única mención. Y veinte segundos para resumirla. Con ese margen, la directora xeral de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG, la antigua CRTVG), Concepción Pombo, compareció el martes en la comisión de control parlamentaria con un argumento sencillo: si la información se emitió, aunque fuera un susurro, no puede hablarse de ocultación. «No hubo silencio ni ocultación», zanjó.
Pombo se agarra a la coartada y la oposición no da crédito
Las diputadas Silvia Longueira (PSdeG) y Olalla Rodil (BNG) se quedaron sin palabras para describir la escena. Rodil había repasado las escaletas de los informativos de los cuatro días siguientes a la exclusiva y sostenía que no se había emitido ni una línea del caso. Cuando Pombo desveló los veinte segundos, la nacionalista los interpretó como «la mejor prueba» de la intención de la TVG: tapar la realidad para que los espectadores conozcan la corrupción en Madrid, dijo, pero no que a la familia del conselleiro de Emprego la sancionan por tener trabajando a inmigrantes explotados.
Ocho días de silencio y veinte segundos de mención: en Galicia, el debate sobre los medios públicos ya no es técnico, sino un pulso político abierto.
La presidenta de la comisión, la popular Raquel Arias, había presentado a Pombo como una «profesional independiente de trayectoria intachable» y la contraponía al presidente de RTVE, José Pablo López, al que describió como «amigo de Pedro Sánchez». El PPdeG cerró filas en torno a la versión de la directora xeral. Longueira, en cambio, calificó la respuesta de «impresentable» y lamentó que la mención fuera tan fugaz que «no está en el conocimiento del mundo ni de la gente». Pombo defendió que la sanción solo era noticiable por el vínculo familiar y que su lugar era el ámbito parlamentario, no los informativos.
A la bronca política se sumó la plantilla de la TVG. Los trabajadores han convocado una «gran movilización» contra lo que describen como un aumento «peligroso» de la manipulación informativa en la radiotelevisión gallega. El malestar interno se ha reavivado con el caso y amenaza con convertirse en el frente más incómodo para la dirección.
El Laboratorio Gallego
Galicia lleva desde 2009 gobernada con mayorías absolutas consecutivas del PPdeG, y su radiotelevisión pública se ha convertido en un termómetro de cómo gestiona el partido el relato cuando no depende de socios. El BNG, primera fuerza de la oposición, y el PSdeG han convertido la comisión de control de la CSAG en un escenario recurrente de choque, con dos modelos de medios públicos enfrentados.
La comparación que hizo la presidenta de la comisión no fue casual. Al contraponer a Pombo con el presidente de RTVE, el PP sitúa el debate gallego dentro del combate nacional por el control de los medios públicos. La oposición sostiene que la TVG aplica un doble rasero: seguimiento exhaustivo de los casos que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, y silencio cuando el implicado es un conselleiro del PPdeG. El eco de esa acusación trasciende Galicia, porque el modelo de radiotelevisión autonómica que defiende el PP gallego es el mismo que el partido proyecta para el conjunto del sistema público.
El asunto no se cierra con la comisión. La plantilla mantiene su calendario de movilizaciones y los grupos parlamentarios ya han anunciado nuevas preguntas. El Parlamento de Galicia, con 75 deputados en una cámara unicameral, seguirá siendo el escenario donde se mida el coste político del caso, en un curso marcado por la vivienda, el coste de la vida, y una oposición que ha hecho de la transparencia de los medios públicos una de sus banderas. Queda por ver si la dirección de la TVG sostiene su versión o si la presión interna termina por abrir una grieta en el relato oficial.
Ficha del Caso
- El caso: La Inspección de Trabajo sancionó a una bodega de la familia del conselleiro de Emprego, José González, por emplear a migrantes sin contrato. Los medios públicos gallegos tardaron ocho días en mencionarlo.
- Datos importantes: La única alusión en la TVG llegó el 22 de septiembre, con veinte segundos al final de una crónica del informativo matinal. La exclusiva se publicó a mediados de septiembre; BNG y PSdeG registraron preguntas el día 16.
- Resumen: La directora xeral de la CSAG niega ocultación; la oposición habla de «impresentable» y la plantilla anuncia movilizaciones. El caso reabre el debate sobre el control político de los medios públicos en Galicia y su eco nacional.
