Los desahucios en Andalucía tocan mínimos históricos: 616 lanzamientos en el primer trimestre, un 75% menos que en 2019. Málaga y Córdoba concentran el 65,5% de los expedientes atendidos por la Junta de Andalucía, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio.
La serie más baja de la década: 616 lanzamientos frente a los 1.125 de 2025
El desplome no tiene precedente en la estadística reciente. Entre enero y marzo de 2026 se practicaron en la comunidad 616 lanzamientos frente a los 1.125 del mismo periodo de 2025, un 45% menos en apenas doce meses. Todos los primeros trimestres desde 2019 habían superado el millar: 2.499 (2019), 1.443 (2020), 1.778 (2021), 1.858 (2022), 1.278 (2023), 1.076 (2024) y 1.125 (2025). El CGPJ solo ha facilitado por ahora los tres primeros meses del año, pero la serie es lo bastante elocuente como para hablar de un cambio de ciclo.
El perfil del desahucio ha cambiado de raíz. Hace una década la causa dominante era la imposibilidad de afrontar la hipoteca; hoy el 57% de los lanzamientos se deben a impagos del alquiler, al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos que rige los contratos desde 1994. A ese vuelco se suman un mercado laboral más sólido y los mecanismos de protección hipotecaria que se han ido consolidando en los juzgados. La ejecución hipotecaria pierde peso; el alquiler concentra ya la mayoría de los casos.
La red de la Junta: 27.266 atenciones y 1.354 expedientes desde 2019
La Junta de Andalucía (el gobierno autonómico con sede en Sevilla, que gestiona la vivienda a través de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio) mantiene un sistema propio de asesoramiento y protección frente a los desahucios. Desde 2019 acumula 27.266 atenciones: 22.196 por vía telefónica o telemática y 5.070 de forma presencial. De ese volumen han derivado 1.354 expedientes con intervención directa de la administración autonómica.
El grueso de las actuaciones, 713 (el 52%), fueron de intermediación con acreedores y entidades financieras: reestructuración de deudas, cambios en las condiciones de cobro o daciones en pago. Otras 375 (27,7%) se dedicaron a prevención, y 266 (19,6%) a protección, con información sobre recursos sociales, prestaciones y alternativas habitacionales. Málaga y Córdoba suman el 65,5% de los expedientes, y la provincia cordobesa llama la atención: acumula más consultas y visitas que territorios con mucha más población y mayor presión de precios. La Junta no dispone del dato exacto de cuántos desahucios se han evitado.
La tendencia no es exclusiva de Andalucía. En toda España se pasó de 67.000 lanzamientos en 2015 a poco más de 24.500 en 2025, según el CGPJ. Eso sí, la comparación entre comunidades deja a la región en una posición razonable: Cataluña, con 921 lanzamientos, y la Comunidad Valenciana, con 741, encabezan el último recuento.
Andalucía ha recortado sus desahucios un 75% en siete años, pero el 57% de los que quedan ya no vienen de la hipoteca: vienen del alquiler.
La Lectura Andaluza
Que un drama social se reduzca un 75% en siete años debería ser una buena noticia de portada, y lo es, pero conviene leerla con la letra pequeña delante. El descenso de los lanzamientos se explica sobre todo por un mercado laboral más sólido y por los mecanismos de protección hipotecaria, no porque el acceso a la vivienda se haya vuelto más fácil en Andalucía.
De hecho, el problema se ha desplazado: si antes el desahucio llegaba por la hipoteca, ahora llega por el alquiler, y eso sitúa el foco en los precios que se piden por un piso en Málaga o Sevilla, donde la tensión entre oferta y demanda sigue apretando a quien busca un hogar.
Para el ciudadano de a pie, el dato tiene una traducción muy concreta. Quien tenga un procedimiento abierto puede recurrir al servicio de asesoramiento de la Junta y pedir intermediación con el banco o con el arrendador antes de que llegue la comisión judicial; en buena parte de los casos, ese es el margen que evita perder la casa. Ese servicio lleva activo desde 2019 y acumula 27.266 atenciones, una cifra que dice mucho del volumen de familias que han necesitado ayuda.
En paralelo, el mercado sigue tensionado: la vivienda nueva no llega al ritmo que exige la demanda y el parque de alquiler asequible continúa siendo la asignatura pendiente, con los datos de vivienda y empleo del INE como referencia obligada para seguir la evolución.
La proyección es clara. El CGPJ publicará los datos del segundo y tercer trimestre en los próximos meses y ahí se verá si los 616 lanzamientos son el suelo de la serie o el arranque de una nueva normalidad. Todo apunta a que el ejercicio cerrará por debajo del millar, algo que no ocurría desde antes de 2019.
La lectura andaluza es doble: la región ha demostrado capacidad para amortiguar el golpe en el momento más duro, y a la vez tiene pendiente resolver la raíz del problema, que no es otra que la dificultad de miles de andaluces para pagar cada mes el techo bajo el que viven. Ese es el examen que viene.
