Hay puestos en la Administración que funcionan como escuelas de posgrado para el sector privado. Unidades pequeñas, con acceso a información y a técnicas que no se aprenden en un máster, forman durante años a perfiles que la banca y las grandes empresas del IBEX fichan después para sus áreas de compliance, inteligencia o ciberseguridad. La lista reúne cuatro de esas canteras: la unidad antilavado adscrita al Banco de España, la policía económica y fiscal, los servicios de inteligencia con sus equipos de respuesta a incidentes y la letra pequeña administrativa que hace posible la salida.
El criterio es doble. Primero, qué hace cada unidad y hasta qué punto su especialización resulta difícil de replicar: supervisar y a la vez producir inteligencia financiera, investigar macrocausas de blanqueo, analizar malware o criptografía poscuántica. Segundo, ¿qué pone el Estado sobre la mesa frente a quien ficha? Convocatorias con un puñado de plazas y retribuciones fijadas por las tablas del BOE. El recorrido se cierra con la puerta legal por la que se sale, la excedencia voluntaria por interés particular, que no es la de servicios especiales.
4La letra pequeña: excedencia voluntaria, incompatibilidades y la brecha calculada con las tablas del BOE
La puerta por la que salen no es la de servicios especiales, que solo cubre destinos en el sector público y mantiene trienios y cotizaciones, sino la excedencia voluntaria por interés particular. En la Guardia Civil exige un tiempo previo de servicios y se concede supeditada a las necesidades del servicio; se permanece en ella un mínimo de dos años y, durante ese periodo, no se devengan retribuciones, el tiempo no computa para trienios ni para la Seguridad Social y la pérdida de puestos en el escalafón es definitiva. En la función pública general, la regla son cinco años de servicios efectivos. La vía intermedia, la compatibilidad, está prácticamente cerrada: la Ley 53/1984 solo la reconoce si el complemento específico no supera el 30% de las retribuciones básicas, sin contar la antigüedad, y prohíbe ejercer actividad privada en asuntos que se hayan tramitado en los dos años anteriores, justo los que llevan quienes investigan blanqueo o ciberdelito bancario.
Por eso la brecha que se calcula con las tablas oficiales se queda corta en cuanto se mide con rigor. La retribución media del personal de la Guardia Civil fue de 34.472 euros en 2024, según su propio informe de responsabilidad social, y esa cifra ya excluye trienios y productividad: sobre el papel, un especialista con un complemento de destino alto y un específico singular no se acerca a lo que el mercado paga por escasez, con más de 60.000 puestos de ciberseguridad sin cubrir en España según los cálculos que maneja el sector financiero. La comparación, además, no es anual sino de por vida: los años en excedencia no cotizan ni generan trienios, así que el recorte se traslada a la pensión. Y el coste de reposición tampoco es neutro: la Policía Nacional ha formado a 6.894 funcionarios en ciberdelincuencia en cinco años con 3,75 millones de euros, según los datos que el Gobierno remitió al Congreso.
