La Junta investiga seis colegios de Málaga tras aparecer larvas y gusanos en la comida servida a los alumnos. La voz de alarma la dieron las familias. Detrás del caso hay una empresa de catering que gestiona casi el 40% de los comedores de la provincia.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Junta de Andalucía ha abierto una investigación sobre seis comedores escolares de Málaga y un régimen sancionador a la empresa de catering que los gestiona, después de que varias familias denunciaran la presencia de larvas y gusanos en los menús.
- ¿Dónde y quién? En Málaga, con expediente abierto y evaluación presencial de los centros; la compañía señalada atiende 129 de los 340 comedores de la provincia y unos 600 centros en toda Andalucía.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Cerca de 50.000 menores de la provincia usan el servicio de comedor, y las familias de 24 colegios han reclamado ya la retirada de la concesión.
Seis colegios de Málaga, bajo investigación por larvas en el menú
El origen no está en Málaga. Está en Córdoba, en el llamado «pisto sin pisto»: aquel plato con caldo rojizo en el que apenas se distinguían las verduras y cuyas imágenes se hicieron virales en pocas horas. A partir de ahí, las quejas de las familias se multiplicaron y la desconfianza cruzó de provincia.
En Málaga el detonante fueron las fotos de larvas en el plato. La Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Málaga (Fdapa) asegura haber recibido quejas de 24 colegios que tienen contratado el servicio con la misma empresa de catering que alimenta a los menores de Córdoba. Menús de mala calidad, raciones insuficientes, platos servidos fríos o presuntamente en mal estado: ese es el historial que describen las familias.
Los números de la provincia ayudan a dimensionar el asunto. Málaga cuenta con 340 comedores escolares y cerca de 50.000 usuarios menores de edad. La empresa señalada por los familiares gestiona 129 de esos 340 comedores, es decir, casi el 40% del total provincial. En el conjunto de Andalucía, la compañía atiende el comedor de unos 600 centros educativos.
Con ese mapa sobre la mesa, la Junta de Andalucía informó al programa Evacole, el dispositivo autonómico de vigilancia de la oferta alimentaria en los centros, para que iniciara una evaluación presencial de los comedores afectados y comprobase la calidad de lo que se sirve. En paralelo, la agencia dependiente de la Consejería abrió el régimen sancionador a la empresa. Desde la Consejería de Educación subrayan que esa apertura no implica que la sanción esté confirmada: permite recabar información completa sobre lo ocurrido y determinar responsabilidades.
Andalucía sirve cada mediodía decenas de miles de menús escolares, y la trazabilidad de cada bandeja es la única garantía que tienen las familias para confiar.
La empresa que gestiona 129 de los 340 comedores de la provincia
El historial no empieza este otoño. La compañía acumula al menos cinco actuaciones de investigación e inspección documentadas en Andalucía, un expediente sancionador en Córdoba y 567 incidencias registradas en apenas 21 días en esa provincia. El delegado de Educación en Córdoba, Diego Copé, avanzó que el expediente informativo abierto a la empresa se había elevado a una posible sanción.
Las revisiones anteriores, según la Consejería, detectaron deficiencias documentales y de comunicación, aunque no afectaban a la calidad sanitaria de los platos ni a su elaboración. Ese matiz es relevante para entender el estado real del expediente: por ahora no consta sanción firme porque la investigación sobre la calidad de la comida y del servicio sigue en marcha, y se está haciendo sobre el terreno, centro a centro.
La magnitud del descontento se mide en Córdoba y en Málaga a base de movilizaciones. Trece colegios de la provincia de Córdoba celebraron este viernes 23 de octubre una jornada de protesta para reclamar mejoras en el servicio, sobre todo en la calidad de los alimentos y en las condiciones en que se presta. En Málaga, algunos centros han iniciado recogidas de firmas para pedir la retirada de la concesión; otros han convocado huelgas de comedor y hay familias que han dejado de llevar a sus hijos al servicio.
El marco de contratación añade una capa de complejidad. La investigación abierta puede derivar en penalizaciones conforme a los pliegos que rigen la concesión, el instrumento con el que la administración autonómica corrige el servicio sin necesidad de rescindir el contrato. Todo pasa, además, por el filtro del BOJA, donde se publican las disposiciones que afectan a la ejecución de estos contratos públicos.
La Lectura Andaluza
El comedor escolar no es un servicio accesorio en Andalucía: es la comida principal del día para miles de niños y la pieza que hace posible que sus padres puedan trabajar. En Málaga, 50.000 menores y sus familias dependen de que ese plato llegue en condiciones. Por eso el caso trasciende la anécdota sanitaria y se convierte en un asunto de confianza pública. La Junta mantiene abierta la investigación, con evaluación presencial en los seis centros y un expediente que puede acabar en penalización conforme a los pliegos: ese es el recorrido institucional previsto, y conviene no confundir la apertura del expediente con una sanción ya dictada. El precedente de Córdoba, con 567 incidencias en 21 días, demuestra que el problema no es aislado y que la vigilancia sobre la cadena de frío y el envasado tiene que ser constante, no reactiva.
Para el lector de a pie, el impacto es muy concreto. Hablamos de conciliación, de horarios laborales que no admiten improvisaciones y de un gasto que muchas familias no pueden cubrir por su cuenta si el servicio falla. A eso se suma el empleo: cada comedor sostiene puestos de cocina, monitoraje y reparto en municipios donde esos contratos son una parte relevante del mercado laboral local. La calidad del menú no es un lujo, es la condición para que el sistema funcione.
La proyección pasa por tres frentes. El primero, las conclusiones de la evaluación presencial y el expediente sancionador, que marcarán si hay penalización o medidas correctoras. El segundo, la fiscalización política: los grupos con representación en el Parlamento de Andalucía pueden reclamar la comparecencia de la Consejería competente para explicar el estado de las inspecciones. El tercero, la revisión de los pliegos de cara a las próximas adjudicaciones, porque un contrato que concentra 129 comedores en una sola empresa exige controles proporcionales a esa concentración. Andalucía tiene la obligación de que la próxima bandeja que salga de una cocina central llegue con la misma calidad que la que cualquier padre prepararía en su casa.
