Netanyahu pide preparar la economía israelí para sanciones internacionales, incluida la bancaria, y asume que la ayuda militar de EE.UU. tiene fecha. Lo dijo en una entrevista emitida el viernes 23 por el canal 10, a dos días de unas elecciones que ha acabado convirtiendo, sin proponérselo, en un plebiscito sobre la dependencia de Washington.
Por qué Netanyahu habla de sanciones bancarias a dos días de las urnas
La frase central no admite matices. Debemos entender que puede haber sanciones, incluidas sanciones bancarias’, afirmó el primer ministro, que añadió la receta: ‘Necesitamos preparar una economía alternativa capaz de funcionar sorteando esas sanciones. Entre las opciones sobre la mesa citó la tecnología de cadena de bloques —la infraestructura que sostiene las criptomonedas— y confirmó que ya ha encargado un plan de implementación.
El diagnóstico que acompaña a esa frase importa más que la receta. Netanyahu dio el deterioro de la opinión pública internacional por consumado y situó el giro de Washington en el terreno de la aritmética temporal: ‘solo es cuestión de tiempo’ que la ayuda militar estadounidense se termine. ‘Si creen que vamos a seguir recibiendo lo que conseguí dos veces, decenas de miles de millones de dólares para el presupuesto de defensa, prepárense y acostúmbrense a que no ocurrirá, porque Estados Unidos ha cambiado’, remató.
Del acuerdo de 38.000 millones de dólares al plan B con blockchain
Los números sostienen el pesimismo. El memorando firmado en 2016 compromete 38.000 millones de dólares en ayuda militar hasta 2028, y el propio Netanyahu había verbalizado antes su intención de eliminar el componente financiero en un plazo de diez años. Al mismo tiempo, el informe del Chicago Council on Global Affairs registró en Estados Unidos el nivel de favorabilidad más bajo desde que arrancaron sus encuestas, en 1978, con una mayoría partidaria de recortar o poner fin a la ayuda castrense.
La erosión no es solo estadounidense ni solo declamatoria. El Reino Unido anunció el mes pasado la prohibición de importaciones procedentes de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada, y su ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, calificó a los colonos de ‘terroristas’ amparados por el Gobierno de Netanyahu, a los que acusó de limpieza étnica. Ese mismo día, otros once países —entre ellos Francia, España y Canadá— suscribieron una declaración conjunta en favor de la solución de los dos Estados y anunciaron planes para imponer o estudiar restricciones comerciales a los asentamientos.
Ahí está el problema material para Israel. Lo que preocupa en Jerusalén no son las declaraciones, sino las sanciones de segundo orden: la exclusión de bancos de los sistemas de compensación, la retirada de corresponsalía por parte de entidades europeas, y el endurecimiento de los controles de origen en componentes tecnológicos. Ese mecanismo se aplicó con gradualismo contra entidades rusas desde 2014 y bastó para reconfigurar cadenas de suministro enteras sin disparar un solo tiro.
Un país que discute en voz alta cómo esquivar sanciones bancarias ya ha admitido, en privado, que va a recibirlas.
La política interna no perdona. El líder de la oposición, Yair Lapid, se agarró a las palabras del primer ministro para convertirlas en arma electoral: ‘Netanyahu ahora admite, con sus propias palabras, que si su Gobierno vuelve al poder la ayuda militar estadounidense se acabará y que Israel afrontará sanciones que devastarán nuestra economía, desatarán subidas de precios descontroladas y causarán un daño irreparable’.
El calendario aprieta. Las elecciones del 27 de octubre llegan con los sondeos sin mayoría clara para ninguno de los dos bloques, y con cuatro asuntos atravesando la campaña: la responsabilidad por los fallos de seguridad del 7 de octubre, el coste de la vida, el servicio militar de los ultraortodoxos y el aislamiento diplomático.
Equilibrio de Poder
La lectura desde Washington es más fría de lo que sugiere el ruido. La administración Trump no ha cortado el grifo —el memorando de 2016 sigue ejecutándose en sus tramos anuales—, pero ha dejado de defenderlo en público, y en disuasión eso equivale casi a retirarlo. El resultado es una paradoja cómoda para la Casa Blanca: conserva la relación militar con Israel sin pagar el coste político de sostenerla ante su propia base. Para Moscú, el beneficio es indirecto y evidente. Cada deterioro de la posición israelí en Europa desvía atención del frente ucraniano y refuerza el eje con Teherán, que lee el aislamiento de Jerusalén como confirmación de su propia tesis. Bruselas, mientras tanto, sigue atrapada entre el artículo 2 del Acuerdo de Asociación con Israel —la cláusula de derechos humanos que nadie quiere activar del todo— y la presión de los Estados miembros que ya han legislado por su cuenta.
Para España el asunto no es ajeno. El Gobierno figura entre los firmantes de la declaración sobre los asentamientos, mantiene el reconocimiento del Estado palestino aprobado en mayo de 2024 y afronta un expediente incómodo: la industria de defensa nacional ha comprado sistemas a empresas israelíes durante años, y cualquier endurecimiento del régimen europeo de exportaciones obligaría a revisar contratos vivos. A eso se suma el flanco sur. Marruecos, que desde los Acuerdos de Abraham ha equipado a sus Fuerzas Armadas con sistemas aéreos no tripulados y defensa antiaérea de origen israelí, observa con atención cualquier señal de que ese suministro pueda encarecerse o politizarse.
A cinco años vista, la estampa es la de un Israel que deja de ser un activo estratégico incuestionable para Washington y pasa a ser una cartera que hay que gestionar. Si la ayuda financiera desaparece a partir de 2028, el hueco lo cubrirá el presupuesto propio: menos gasto social, más presión fiscal o ambas cosas. La cadena de bloques no resuelve un problema de balanza de pagos, solo lo aplaza. Un país de nueve millones de habitantes no construye un sistema financiero paralelo para esquivar al G7; construye, como mucho, un colchón para el intervalo.
Hay un precedente que conviene tener presente. El memorando entre EE.UU. e Israel nació en 1975 para compensar el aislamiento posterior a la guerra del Yom Kipur. Medio siglo después se agota por la vía opuesta: no por una derrota militar, sino por un desgaste de legitimidad que ninguna cláusula puede revertir.
La primera cita es el 27 de octubre. La segunda, la negociación del memorando que sustituya al de 2016, cuyo último tramo expira en 2028. Hasta entonces, cada discurso de Netanyahu sobre sanciones será a la vez una advertencia a su electorado y un mensaje al siguiente inquilino de la Casa Blanca.
