Trump abre la puerta a nominar a Ted Cruz al Tribunal Supremo si hay una vacante en dos años

El anuncio llegó en un mitin en Lubbock, a cinco días de las elecciones de mitad de mandato, y no abre ningún procedimiento formal. Cruz rechazó el puesto tres veces durante el primer mandato de Trump.

Donald Trump promete en un mitin en Texas nominar a Ted Cruz al Tribunal Supremo si hay vacante en dos años.

Un anuncio verbal, sin procedimiento abierto y con tres ‘no’ previos

El escenario fue un mitin en Lubbock, en el corazón republicano de Texas, un martes por la noche y a cinco días de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Allí, ante miles de simpatizantes y con Ted Cruz sentado a su lado, el presidente de Estados Unidos se giró hacia el senador, jugó con la idea y la soltó: ‘No debería contar esto. ¿Se lo cuento, lo de la situación del Tribunal Supremo?’.

La respuesta que dio después explica el chiste y, de paso, la relación entre ambos. Trump aseguró que los demócratas votarían ‘al 100%’ a favor porque ‘odian al tipo’ y quieren quitárselo de encima en el Senado, y que los republicanos harían lo mismo ‘al 100%’ porque ‘no lo soportan’. ‘Les encantaría deshacerse de él. Así que tendría el 100% de los votos, y él sería juez del Tribunal Supremo, y haría un trabajo excelente’, remató. Las imágenes del acto muestran a Cruz riéndose y asintiendo con la cabeza.

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Conviene aclarar la premisa, porque esa premisa caducó hace años. Desde abril de 2017, cuando los republicanos activaron la llamada opción nuclear (la maniobra parlamentaria que rebaja el umbral de votos para los nombramientos judiciales), un juez del Supremo ya no necesita 60 votos en el Senado: le basta la mayoría simple de 51. La broma sobre los votos demócratas es un recurso retórico, no una aritmética real.

El dato que de verdad pesa es otro: Cruz ya dijo ‘no’ tres veces. Ocurrió durante el primer mandato, cuando la Casa Blanca buscó candidatos para las vacantes que dejaron Antonin Scalia (2016), Anthony Kennedy (2018) y Ruth Bader Ginsburg (2020), y que acabaron en Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. El senador texano lo contó al Wall Street Journal: ‘En el primer mandato de Trump, el presidente me habló en serio de las tres vacantes, y dije que no tres veces porque no quiero estar fuera de la arena de la batalla política’.

Ese cálculo sigue en pie y ordena todo lo demás. Cruz lleva en el Senado desde 2013, revalidó su escaño en noviembre de 2024 y su mandato no expira hasta enero de 2031. Cambiarlo por una toga vitalicia significa renunciar a las comisiones, a la refriega legislativa y a las primarias presidenciales que ya disputó en 2016. No es un ascenso obvio: es una retirada, y él lo ha descrito con esas palabras. En paralelo, el reloj corre: el juez Samuel Alito, de 76 años, ha declarado que podría estudiar su salida el año que viene, con la advertencia de que las circunstancias políticas mandan. Si se va al cierre del periodo de sesiones, la nominación llegaría en el verano de 2027 y sería el primer hueco del Supremo en el segundo mandato de Trump.

Washington lleva décadas nombrando jueces con la misma lógica: no se elige al mejor jurista, se elige al juez que sobrevive al Senado.

Qué se juega España cuando se mueve una silla en el Supremo americano

Ted Cruz

La conexión no es abstracta. El Tribunal Supremo de EE. UU. decide el perímetro regulatorio en el que operan las empresas españolas con presencia en el país: Santander y BBVA en financiación al consumo y arbitraje contractual, Iberdrola y Repsol en litigios energéticos y climáticos, Ferrovial y ACS en contratación pública, Telefónica e Inditex en cumplimiento normativo y derechos laborales. Desde que el Supremo enterró en 2024 la doctrina de la deferencia a las agencias federales, cada interpretación de una ley de comercio o de un estatuto fiscal depende más del tribunal y menos del funcionario de turno.

Por eso importa el perfil. Un juez Cruz sería un originalista de manual, formado en Harvard, con clerkship con el presidente del Tribunal William Rehnquist y con una defensa del debido proceso administrativo que ha llevado hasta el estrado: en 2008 argumentó y ganó Medellín contra Texas ante el propio Supremo. Para las empresas españolas, eso se traduce en más litigio y menos margen interpretativo para las agencias, algo que ya se nota en los contenciosos sobre aranceles y sobre normas estatales de clima.

Hay un segundo plano, menos jurídico y más político. Cruz ha sido una de las voces del Senado que más ha insistido en reclamar a los aliados europeos más esfuerzo en defensa, una bandera que interesa directamente a Madrid dentro de la OTAN. Su llegada al Supremo, en todo caso, le sacaría del debate legislativo: quien hoy presiona desde el escaño pasaría a decidir sin opinar.

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La Lógica de Washington

¿Por qué lanzar esto en un mitin y no en un comunicado? Porque la nominación judicial es, desde hace cuatro décadas, el pegamento de la coalición republicana. Une a los evangélicos, a los donantes libertarios, a la red de juristas federalistas y al votante de clase media que ve en la Corte su última garantía. Trump lo entendió en 2016 y lo rentabilizó como nadie: tres nombramientos en cuatro años son su legado más duradero, el que ninguna ley posterior puede derogar. A cinco días de unas elecciones de mitad de mandato, ese mensaje vale más que cualquier cifra de empleo.

El precedente está a mano. En la campaña de 1980, Ronald Reagan prometió que nombraría a una mujer para el Supremo y cumplió en 1981 con Sandra Day O’Connor. El anuncio anticipado no era propaganda: servía para fijar expectativas y comprometer a una base que desconfiaba del candidato. Trump hace ahora lo mismo con un nombre propio, lo que añade un incentivo electoral en Texas y una advertencia al resto de senadores: el proyecto judicial continúa, con o sin ellos. La advertencia tiene coste. Eisenhower calificó el nombramiento de Earl Warren como ‘el peor error de mi vida’, y la historia recuerda que un juez sorprende a quien lo nombra más a menudo de lo que admite.

Para España, la lectura útil no es quién se sienta en la silla, sino cómo se sienta. Un Supremo más restrictivo con las agencias federales favorece la litigación empresarial y desmonta la predictibilidad administrativa que las multinacionales españolas han usado para planificar inversiones a diez años. La incógnita es doble: si Alito se marcha de verdad y si Cruz, que ha dicho ‘no’ tres veces, mantiene el cuarto ‘sí’ cuando la Casa Blanca envíe el nombre al Senado. La ventana arranca el 3 de noviembre con las elecciones y se cerrará, como muy tarde, en el verano de 2027.

Ficha del Caso

  • El caso: Trump anuncia en un mitin en Lubbock (Texas) que nominaría al senador Ted Cruz al Tribunal Supremo si se abre una vacante en los próximos dos años. Es una declaración verbal, sin procedimiento formal.
  • Datos clave: Cruz tiene 55 años, es senador desde 2013 y su escaño expira en enero de 2031. Samuel Alito tiene 76 años. Desde 2017 la confirmación de un juez del Supremo exige 51 votos, no 60.
  • Para España: la composición del Supremo define el marco regulatorio de Santander, BBVA, Iberdrola, Repsol, Ferrovial, ACS, Telefónica e Inditex en EE. UU. La decisión se negocia en el Senado, no en Madrid ni en Bruselas.