Bruselas cierra la puerta a reabrir Nord Stream pese al empuje de EE.UU. y Rusia

La Comisión se apoya en la ley que retira el gas ruso por fases, con los contratos de gasoducto extinguidos en septiembre de 2027. Berlín observa el pulso entre Merz y Weidel mientras España, sin conexión al Báltico, juega su baza como puerta del GNL.

Bruselas cierra la puerta a que Nord Stream vuelva a bombear gas ruso a Europa, ni siquiera con la guerra terminada. La Comisión Europea ha salido al paso del plan que Washington y Moscú manejan para resucitar el gasoducto y ha advertido de que la ley de los Veintisiete que elimina el gas ruso del mercado comunitario ‘no está vinculada ni a las sanciones ni a ningún acontecimiento geopolítico’.

El conducto submarino, de más de 1.200 kilómetros tendidos por el fondo del Báltico para unir Alemania con Rusia, arrastra un historial que Bruselas no piensa blanquear. Nord Stream 1 quedó fuera de servicio tras la explosión de mediados de 2022 y Nord Stream 2 jamás obtuvo la certificación del Gobierno alemán. Sobre ambos pesan sanciones europeas. El recorrido completo del proyecto puede consultarse en la ficha de Nord Stream.

Septiembre de 2027: la fecha que deja el debate en papel mojado

La respuesta de la Comisión no se apoya en la sanción, sino en el calendario legislativo. Los Estados miembros aprobaron una norma que retira el gas ruso por fases: los contratos de gas natural licuado (GNL) a corto plazo ya han desaparecido, los de largo plazo dejarán de existir en enero de 2027 y los contratos de gas por gasoducto —los que estuvieron ligados a Nord Stream— expiran en septiembre de 2027.

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‘Ocurra lo que ocurra, estamos eliminando el gas y el GNL rusos del mercado europeo. Los últimos envíos deberían concluir a finales del año que viene’, ha subrayado Anna-Kaisa Itkonen, portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario. Paula Pinho, portavoz jefe, ha añadido el argumento político: ‘Es una buena ocasión para recordarnos quién cortó el suministro en primer lugar. Fue Rusia’. El dato que sostiene ese giro es contundente: la cuota del gas ruso llegado por gasoducto pasó de en torno al 40% en 2021 a cerca del 6% en 2025.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya había fijado posición la semana pasada ante el Parlamento Europeo y a comienzos de mes en la cumbre de líderes a la que asistió Volodímir Zelenski: las sanciones energéticas seguirán ‘hasta que Rusia ponga fin a la guerra’. Sus palabras funcionaron como reprimenda al acuerdo de suministro de diésel que Donald Trump y Vladímir Putin cerraron y que indignó a las capitales europeas.

La ley europea no espera a la paz: el gasoducto se queda sin marco jurídico antes de que se firme ningún armisticio.

Lo que hay detrás es un pulso más ancho. Según lo publicado, Washington y Moscú barajan reanudar flujos de gas hacia Europa con un inversor estadounidense al frente de Nord Stream, y negocian en paralelo activos de Lukoil, tecnología nuclear y GNL del Ártico. La lógica norteamericana es económica: ofrecer a Putin beneficios tangibles para sentarlo a negociar en serio. La lectura europea es otra. Ningún contrato lucrativo sustituye, sostienen en Bruselas, la fijación del Kremlin por el control territorial de Ucrania, y Moscú todavía no ha ofrecido una sola concesión.

Merz contra Weidel: el pulso alemán que decide el gasoducto

gasoducto Nord Stream

La grieta real no está en Moscú ni en Washington, sino en Alemania. Alice Weidel, líder de Alternativa para Alemania (AfD), ha prometido terminar con las sanciones y reabrir Nord Stream si alguna vez alcanza el poder, y defiende que el gas ruso barato fue el ‘secreto’ del éxito económico alemán. ‘Queremos gas natural y petróleo crudo de Rusia para aliviar a los consumidores y a las empresas alemanas’, dijo ante el Bundestag.

El canciller, Friedrich Merz, le ha respondido acusándola de ponerse del lado de Rusia y ha atado la seguridad energética del país a las renovables. El choque no es retórico: mide el suelo electoral de una tesis que hasta 2022 fue política de Estado en Berlín y que hoy sigue viva en una parte del electorado industrial del este.

Para derogar o enmendar la ley de eliminación progresiva hace falta una propuesta nueva de la Comisión y una mayoría cualificada de Estados miembros, es decir, el 55% de los países que representa al menos el 65% de la población de la UE. Hoy esa mayoría no existe. La posición dominante en el Consejo sigue siendo que comprar a Moscú tiene costes inaceptables para la seguridad común, y los dos gobiernos que más han cuestionado las sanciones energéticas desde 2022 —Budapest y Bratislava— no suman ni de lejos.

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El Eje del Poder Europeo

El eje franco-alemán llega a este debate partido por dentro. París mira el expediente con la tranquilidad de quien cubrió su parqué nuclear y no necesita el gas ruso para mantener las luces encendidas; Berlín, en cambio, sigue pagando la factura de dos décadas de dependencia y afronta una reconversión industrial que ninguna otra capital europea soporta con esa presión.

El eje frugal del norte —Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia— respalda sin matices el cierre definitivo: para ellos la seguridad energética es un bien superior al precio del kilovatio. Los del sur, España e Italia a la cabeza, libran otra batalla: quieren que el fin del gas ruso sea irreversible para que su infraestructura de importación gane peso en el tablero continental.

España no tiene conexión física con el Báltico ni intereses directos en el gasoducto, pero el expediente le toca de lleno. La península concentra una porción muy relevante de la capacidad de regasificación europea y depende del GNL argelino y estadounidense, de modo que un retorno del gas ruso barato abarataría el mercado mayorista y beneficiaría a la industria electrointensiva —cerámica, química, alimentación—, mientras que su cierre permanente consolida a los puertos españoles como puerta de entrada del gas que Alemania y el este ya no reciben por tubo.

Es la misma lógica que llevó a Moncloa a empujar la conexión con Francia tras 2022, ahora reconvertida en corredor de hidrógeno bajo el paraguas de REPowerEU. La lectura estratégica es incómoda para el Gobierno: cada mes que Bruselas mantiene el calendario, Madrid gana peso logístico; cada mes que lo revisa, la factura energética española se relaja.

Hay un precedente que conviene no olvidar. Entre 2010 y 2021 Berlín defendió Nord Stream 2 como proyecto económico privado y Bruselas lo aceptó como tal, hasta que la invasión de Ucrania convirtió el tubo en un pasivo geopolítico. En esta redacción entendemos que aquella etapa dejó una lección que la Comisión repite ahora: la infraestructura energética nunca fue neutral. Y un riesgo evidente: si la paz llega con un acuerdo económico de por medio, la presión política sobre el calendario de 2027 será formidable, y no solo desde la AfD.

Los próximos hitos son concretos. La revisión del calendario de eliminación volverá al Consejo y a la Eurocámara en el primer semestre de 2027, la Comisión debe aún publicar los criterios de verificación para los contratos de gasoducto que expiran en septiembre y las negociaciones de paz marcarán el tono de cada cumbre. Mientras tanto, el mensaje a Washington y a Moscú es uno solo: el gasoducto no se reabre.