La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional revisar la Declaración de Impacto Ambiental del tapado de 120 millones de toneladas de fosfoyesos de Huelva que ejecuta Fertiberia, por deficiencias en las medidas correctoras del proyecto.
El caso parecía cerrado para la comunidad científica, los grupos ecologistas y buena parte de la sociedad onubense. El movimiento del Ministerio Público lo reabre. Los informes de la Dirección General de la Costa y del Mar, dependiente del MITECO, confirman distintas deficiencias en las medidas preventivas y correctoras previstas en la DIA del proyecto Restore 20/30, impulsado por la propia compañía responsable de la balsa de vertidos.
El escrito subraya las advertencias del Instituto Nacional de Toxicología sobre los riesgos ambientales y sanitarios que acarrearía el tapado. Añade los problemas técnicos detectados en la barrera perimetral de las balsas. Y hay un detalle que pesa más que cualquier informe externo: la compañía ha reconocido ante la Audiencia Nacional esas deficiencias y otros fallos técnicos.
Una barrera perimetral con problemas que la empresa admite
La DIA es el permiso que sostiene todo el proyecto. Si las medidas preventivas y correctoras no están bien dimensionadas, el tapado se convierte en un cierre administrativo sin garantía física detrás. Por eso la Fiscalía no solo reclama revisar la declaración: pide examinar la insuficiencia de esas medidas y comprobar si el proyecto puede ejecutarse con las garantías que exige la normativa ambiental.
La balsa se ve desde las ventanas de las casas de Huelva. Los vertidos del Polo Químico se sucedieron entre 1968 y 2010, con el pico en torno a 1997, hasta que la presión de la Unión Europea y una orden judicial los paralizaron. Desde entonces, el problema dejó de emitirse y nunca dejó de estar ahí.
Un tapado que no corrige las deficiencias de su permiso ambiental no es una restauración: es aplazar la factura con una capa de tierra encima.
120 millones de toneladas de residuo tóxico
Los números del expediente cuestan de asimilar. La balsa acumula 120 millones de toneladas de fosfoyesos procedentes del Polo Químico onubense, el residuo sólido que queda tras fabricar ácido fosfórico para fertilizantes. Cuatro décadas de vertido continuo hasta la parálisis judicial de 2010.
El informe de 2022 firmado por una veintena de expertas de la Universidad de Huelva constató la presencia de uranio, zinc, y arsénico en el entorno, sustancias perjudiciales para la salud de quienes viven junto a la balsa. No era una denuncia aislada: era la medición de un riesgo documentado desde hacía años.
📊 Impacto ecológico en cifras
- Residuo acumulado: 120 millones de toneladas de fosfoyesos tóxicos en una balsa situada junto a la capital onubense.
- Periodo de vertido: De 1968 a 2010, con el máximo en torno a 1997 y parada por orden judicial.
- Sustancias detectadas: Uranio, zinc y arsénico, según el informe de la Universidad de Huelva de 2022.
- Inversión y plazo del tapado: No detallados en la información pública disponible sobre el proyecto Restore 20/30.
Ese mismo año se autorizó el proyecto Restore 20/30 para tapar los fosfoyesos con tierra. Desde entonces, miles de onubenses se han manifestado en varias ocasiones bajo el lema ‘fosfoyesos de por vida’, convencidos de que el tapado no resuelve el problema de fondo.
La Mesa de la Ría lleva años denunciando la situación ambiental y sanitaria de la balsa. Su demanda contra la autorización ambiental sigue viva, pero depende de que se resuelva el incidente de ejecución de mayo de 2025. Su portavoz, Rafael Gavilán, advierte de que la demora puede vaciar de eficacia el control judicial: si la sentencia llega con las obras terminadas, el tribunal decidirá sobre un hecho consumado.
Lo que el calendario judicial se juega con el tapado
Hay una cuestión de fondo que trasciende el expediente onubense: qué valor tiene el control judicial cuando la obra avanza más rápido que el tribunal. La plataforma ciudadana lo plantea en términos muy concretos y el fiscal comparte el diagnóstico. Si el incidente sigue sin resolverse, la demanda contra la autorización ambiental puede llegar a sentencia con el tapado prácticamente terminado. El control judicial se quedaría sin objeto físico que corregir.
En clave de sostenibilidad, el caso es un ejemplo de manual sobre pasivos ambientales diferidos. Bajo el principio de no causar daño significativo que exige la Taxonomía Verde europea, y con la directiva CSRD obligando a las grandes compañías a reportar sus riesgos ambientales, un tapado cuestionado ante la Audiencia Nacional es una contingencia material. No un compromiso de futuro: un riesgo abierto, con expediente y con informes técnicos en contra.
Fertiberia produce fertilizantes, y el fosfoyeso es el residuo de ese proceso industrial. La cuenta pendiente no está en una planta remota del litoral: está al lado de la capital onubense, a la vista de sus vecinos.
El precedente inmediato es la propia autorización de 2022. Cuatro años después, el aval que permitió arrancar las obras sigue en discusión, la barrera perimetral presenta fallos que la empresa admite y el residuo continúa donde estaba. La restauración de un pasivo tóxico se mide por lo que se corrige, no por lo que se tapa. Y eso, en Huelva, lleva décadas pendiente.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: Un tapado con garantías evitaría que 120 millones de toneladas de fosfoyesos sigan liberando uranio, zinc y arsénico en el entorno de Huelva.
- Modelo que cambia: Deja de ser aceptable cerrar un pasivo tóxico con una capa de tierra y una autorización deficiente sin control judicial previo.
- Para las próximas generaciones: La resolución fija quién paga la restauración y con qué pruebas, un criterio aplicable a otros suelos contaminados de España.
