El acuerdo de aeropuertos en Cataluña ya tiene forma: la Generalitat y el Estado crean un órgano paritario de planificación aeroportuaria. La Comisión Bilateral Generalitat-Estado celebrada este jueves, a doce horas del arranque oficial de la campaña del 29-N, ha cerrado además una partida de 75 millones de euros para rehabilitar la AP-7 y la AP-2 y ha dejado pendiente el traspaso de la línea R1 de Rodalies, que quedará en manos del próximo Gobierno de España. En paralelo, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales ha fijado en 1.148 millones la financiación del servicio ferroviario para el periodo 2025-2028.
Lo que Catalunya gana en El Prat y lo que sigue decidiendo Aena
Se trata de un órgano paritario que replica el modelo que el Estado cerró con el País Vasco en marzo de 2026. Servirá para trasladar propuestas al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), el instrumento estatal que fija inversiones y tarifas, y para que la Generalitat participe en la definición de la estrategia aeroportuaria catalana. Eso sí: la gestión continúa en Aena, controlada en un 51% por el Estado, y los planes de inversión y las tasas los sigue aprobando el Gobierno central. Una voz, no una cartera.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, avanzó el contenido en declaraciones a TVE y presentó la mesa como un cauce para aportar la ‘voz’ del Govern y ‘ayudar desde Cataluña al buen funcionamiento de los aeropuertos’. La comparación con el modelo vasco no es inocente, allí el Ejecutivo autonómico coopera en la planificación, pero no decide sobre la explotación ni sobre el precio de las tasas. El gesto es político; la competencia, la de siempre.
La R1 que se queda para el próximo Gobierno
La reunión la han pilotado el conseller Albert Dalmau y la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez. El traspaso de la R1, en el tramo entre la Sagrera y Maçanet-Massanes, era la siguiente pieza del acuerdo sobre Rodalies que nace de los pactos de investidura de Pedro Sánchez. La legislatura terminará sin que se haya materializado. La comisión se ha limitado a acordar ‘impulsar los trabajos’ para completarlo: tramitar modificaciones normativas, aclarar la relación de la Generalitat con Adif y fijar los mecanismos de financiación necesarios.
En la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, las dos administraciones han cerrado las transferencias para prestar el servicio de Rodalies entre 2025 y 2028. Son 1.148 millones que forman parte del primer contrato programa firmado con Renfe. El dinero cubre sobre todo el déficit de explotación de Rodalies y Regionales, es decir, la diferencia entre lo que cuesta operar los trenes y lo que se recauda con los billetes, y no incluye inversiones en nueva infraestructura ni en mantenimiento.
Un órgano paritario que opina sobre aeropuertos y un traspaso ferroviario que se aparca: dos gestos, dos velocidades para el autogobierno.
El calendario como mensaje: doce horas antes de la campaña
Junts ha salido al paso de la reunión para exigir que se aplace hasta después del 29-N. La presidenta de su grupo parlamentario, Mònica Sales, ha reclamado por carta a Illa que desconvoque una cita que considera ‘una nueva operación de propaganda electoral’. El texto, avanzado por 3CatInfo, sostiene que celebrarla ‘sólo doce horas antes del inicio oficial de la campaña es una decisión inaudita’.
El conseller Dalmau ha respondido también por escrito: estas reuniones buscan medidas ‘tangibles’ para Catalunya y suponen un ‘avance en el autogobierno’. La Generalitat, defiende, debe seguir participando en estos órganos ‘con independencia de las convocatorias electorales’. Dos cartas, dos marcos mentales distintos del mismo acuerdo.
Los 75 millones para la AP-7 y la AP-2 tienen una explicación material que trasciende la campaña. Desde la retirada de los peajes, la vía soporta 150.000 vehículos diarios y las dos partes reconocen que ese volumen exige nuevas actuaciones de mantenimiento. El grueso de la partida irá a rehabilitar el asfalto, con mejoras de seguridad y de conectividad en las dos autopistas. Es la medida más difícil de discutir de todo el paquete, y eso también cuenta en un noviembre electoral.
Lo que observamos es un intercambio clásico. Illa llega al arranque de campaña con un acuerdo firmado, una cifra de 75 millones y una foto bilateral; el Estado se queda con la gestión aeroportuaria y con la llave del traspaso de la R1. La parte catalana gana incidencia, no soberanía operativa. Y quien pierde, de momento, son los usuarios de la R1, que llevan meses esperando un calendario que este jueves tampoco ha llegado.
El precedente inmediato ayuda a leer el ritmo. El traspaso de Rodalies se ha ido sirviendo por entregas desde los pactos de investidura, y cada entrega ha llegado en un momento de necesidad parlamentaria o de calendario electoral. Primero fueron los recursos y el contrato programa; ahora, la financiación hasta 2028 y el compromiso de ‘impulsar’ el tramo de la R1. La fórmula ‘impulsar los trabajos’ no tiene fecha. Es un compromiso con el verbo en futuro y el sujeto sin determinar.
El riesgo es evidente. Quien gobierne después del 29 de noviembre puede reabrir los tiempos, y la Generalitat ya ha dejado claro que piensa seguir sentada en las mesas con independencia de quién esté en La Moncloa. El próximo examen del órgano aeroportuario será la negociación del DORA, donde se verá si la voz catalana pesa en las inversiones o se queda en un acta. Para la R1, el hito es la investidura. Para la AP-7, la siguiente inyección de asfalto.
