El Gobierno afronta los últimos trámites para la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. La intención del Ejecutivo era hacerla efectiva como muy tarde en enero de 2019. De los últimos pasos que le quedan por dar, la licencia de obras, un informe sanitario de la Comunidad de Madrid y la autorización para entrar en la basílica, este último podría retrasar el calendario que maneja el Gobierno.
El consejo de ministros estableció un procedimiento para sacar los restos de Franco de su actual ubicación que está a punto de culminar. Este recorrido incluye la solicitud de licencia de obra al ayuntamiento de El Escorial, municipio en el que radica el Valle de los Caídos. La licencia solicitada es de obra menor, para levantar y reponer la lápida de la tumba de Franco. El trámite es simple y no se espera ningún incidente sobre el mismo.
El que en principio tiene que ser el penúltimo paso es el informe de la comunidad de Madrid sobre el asunto. Este informe no es vinculante, pero el Ejecutivo no quiere dejar resquicios que permitan recursos administrativos o judiciales que retrasen la exhumación.
La comunidad de Madrid elaborará este documento porque se trata de la autoridad competente en materia de sanidad mortuoria. Sin embargo, no hay ningún permiso que recabar ni trámite que haya que cumplimentar ante la consejería de Sanidad madrileña para realizar la exhumación.
Esto se debe a que el decreto de sanidad mortuoria que regula estos asuntos establece que no requieren autorización sanitaria las exhumaciones de restos cadavéricos. Son considerados como tales todo lo que queda del cuerpo humano transcurridos cinco años desde la muerte. La comunidad de Madrid tiene un mes para la elaboración de este informe una vez que le haya sido requerido por el Gobierno central.
El siguiente paso es el último, el que culmina el procedimiento antes de acometer físicamente la exhumación de los restos de Franco. Se trata de entrar en la basílica del Valle de los Caídos, donde está enterrado Franco, para sacar sus restos. Es en este punto donde el Gobierno encontrar un retraso final en su calendario.
LAS ALEGACIONES DE LOS FRANCO
La entrada en la basílica es el momento más delicado de toda la operación. El Gobierno está siendo muy cauto a la hora de dar detalles de las acciones que emprende. Lo que ha hecho el Ejecutivo, por lo pronto, es publicar ya en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo del Consejo de Ministros para continuar con el procedimiento, una vez que ya ha concluido el plazo de alegaciones de la familia del dictador.
El paso más importante aparece relatado de la manera más somera (en comparación con los que describen cómo obtener la licencia y el informe de la comunidad de Madrid) a pesar de que sin duda es el más complicado. El Gobierno sencillamente anuncia que la ministra de Justicia tiene promover “las actuaciones oportunas para el acceso a la basílica”.
El Gobierno reconoce en los fundamentos de su decisión que la basílica en la que reposan los restos de Franco es un lugar de culto “y, por tanto, inviolable”, según señala el acuerdo del consejo de ministros. El tratado firmado entre el Estado español y la Santa Sede en 1979 incluye este blindaje.
Debido a ello, el Gobierno cree que deberá recabar los permisos necesarios o “llevar a cabo las medidas legales oportunas para el acceso a la basílica”. El permiso es la autorización para entrar en un lugar de culto, y lo tiene que dar la autoridad eclesiástica, que en este caso es el prior de la abadía benedictina en la que se encuentra la basílica.
A pesar de que la inviolabilidad de la basílica la establece el acuerdo entre el Estado y la Santa Sede, el permiso no depende de ninguna autoridad del Vaticano, ni del Nuncio en España, ni del arzobispo de Madrid, ni de la Conferencia Episcopal. La autoridad eclesiástica es el prior.
El Gobierno basa la solicitud para entrar en la modificación de la ley de Memoria Histórica que estableció que los restos de Franco salieran del Valle de los Caídos. En medios eclesiales no descartan que el prior se diera un margen de tiempo para estudiar la solicitud, así como la documentación lleve aparejada y la normativa al respecto.
Aunque en principio el prior se ha mantenido en una actitud contraria a la exhumación, ha señalado, según publicó eldiario.es, que se plegará a lo que establezca la ley. Si no lo hiciera, sería el momento en que el Gobierno desplegaría las “medidas legales oportunas” para el acceso.
Por último, está por ver si la familia del dictador presentaría algún recurso judicial para evitar la exhumación. En ese caso, habría que ver si el juez encargado del caso paralizaría cautelarmente la salida de los restos del Valle de los Caídos.
