En plena pandemia, aún hay quien, a pesar de todas las pruebas, insiste en que existe soluciones milagrosas para curar el coronavirus. Puede ser el dióxido de cloro, como han repetido hasta la saciedad algunos pseudomédicos o el mismísimo expresidente de Estados Unidos Donald Trump, pero lo cierto es que hoy en día en España hay quien todavía utiliza Internet y las redes sociales para vender productos nocivos para la salud como si se tratase de soluciones milagrosas para curar la covid sin que el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa o cualquier otra autoridad gubernamental ponga coto. Vía libre en España.
El 28 de febrero de 2019, cuando todavía la palabra coronavirus no existía en nuestro vocabulario, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, y el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, presentaron la campaña #CoNprueba. Su objetivo no era otro que difundir información veraz y accesible a la ciudadanía para tomar decisiones informadas y responsables frente a las pseudoterapias y las pseudociencias.
“Hoy se anuncia el resultado preliminar del primer trabajo relacionado con el objetivo del Plan que consiste en generar, difundir y facilitar información basada en el conocimiento y en la evidencia científica más actualizada y robusta de las pseudoterapias a partir de los informes elaborados por la Red Española de Agencias de evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (REDETS)” se puede leer en el comunicado.
Ha transcurrido un año del anuncio de esta campaña y entre medias la Covid-19 irrumpía y ponía a todo el mundo del revés. Nueve meses después del inicio de la pandemia en España, un año desde que se notificó el primer caso en Wuhan y 1,4 millones de muertos (notificados) más tarde, el mundo comienza a respirar con el anuncio de las vacunas de las farmacéuticas Moderna y Pfizer.
Sin embargo, antes de esto ya había todo un sinfín de pseudociencias que se postulaban como las salvadoras de la humanidad. Muchas de ellas, promovían -promueven- la ingesta de productos que provocan a todo aquel que lo ingiere fallos hepáticos y renales, intoxicaciones, y demás afecciones llegando a causar ,en algunos casos, la muerte.
Parece obvio afirmar que beberse un bote de alcohol de farmacia para curar una infección interna es una locura. Lo mismo si se ingiere dióxido de cloro (CDS) para curar el Covid-19. No obstante, el consumo de CDS está en auge ya que se está vendiendo como un producto capaz de eliminar el coronavirus del organismo. Pero no, este compuesto no acaba con el virus.
CDS Y MMS: muy parecidos entre sí
Pero, ¿qué es el CDS? Al principio se presentó como un medicamento alternativo a la conocida como legía milagrosa (en inglés MMS, miracle mineral solution) que ya estaba en circulación en algunos países. En España, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) tomó medidas para frenar la venta de este producto fraudulento y emitió una alerta declarándolo ilegal.
No obstante, el CDS y el MMS son muy parecidos entre sí. Ambos son productos industriales que se utilizan como blanqueadores, potabilizadores de agua y, en menor medida, para desinfectar superficies. Para formarlo, hay que diluir clorito de sodio en agua y se mezclarlo con un ácido suave (por ejemplo, vinagre o limón). Esto genera el CDS el cual tiene, supuestamente, un potente efecto desinfectante que destruye todas las bacterias y patógenos, además de proteger las células y reforzar el sistema inmunitario. Sin embargo, no hay ninguna evidencia científica que ratifique estas propiedades.
El CDS y el MMS tiene una fuerte acción oxidante por lo que consumirlo puede producir efectos nocivos en el organismo. De hecho, el MMS está catalogado como un producto tóxico y corrosivo del que hay documentados graves daños renales en el caso de una sobredosis y, por supuesto, no hay ningún estudio que ratifique que produce una mejora en la salud cuenta a MONCLOA.COM Elena Campos Sánchez, bióloga del CSIC y presidenta de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP).
El pasado 28 de noviembre se publicó en el digital MallorcaDiario una polémica entrevista a Alfredo Garrido, médico de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Juaneda Hospitals. Según Garrido, el dióxido de cloro le curó de la afección provocada por el coronavirus.
Ante estas controvertidas declaraciones, el Colegio Oficial de Médicos de Baleares (Comib) alertó de que los productos que llevan dióxido de cloro son perjudiciales para la salud y que no se han demostrado que sean seguros y eficaces. En un comunicado, el Comib anunció que “vigilará y denunciará” la indicación de este compuesto por parte de profesionales médicos “por atentar contra el derecho a la salud de los ciudadanos”.
Vender estos productos, un delito
También la Asociación Médica Mundial se ha declarado en contra de las falsas terapias y ha aprobado una “Declaración sobre pseudociencias y pseudoterapias” en el campo de la salud. En ella, reclaman mano dura contra estas disciplinas que pueden suponer “importantes riesgos y daños” para los pacientes. La iniciativa plantea un conjunto de 13 peticiones dirigidas a autoridades sanitarias nacionales, miembros de la profesión sanitaria y médicos. La primera y principal petición reclama una «regulación adecuada y rigurosa» que «aborde los riesgos y reduzca los daños potenciales que puedan ocasionar las pseudoterapias y las pseudociencias».
En España no existe esa normativa que pide la Asociación Médica Mundial. En un artículo publicado por Abogacía Española el pasado 23 de noviembre, se centran en el vacío legal que hay respecto a las pseudoterapias. En un contexto de crisis sanitaria como el que estamos atravesando no es de extrañar que se haya producido un auge en relación a terapias alternativas para paliar el virus, “teorías negacionistas o teorías conspiratorias que desafían las recomendaciones sanitarias para hacer frente a los contagios”.
Desde Abogacía Española preguntan a un experto en Derecho y Comunicación Digital al respecto el cual recuerda que, aunque los delitos contra la salud pública están regulados, “hay que tener mucho cuidado en legislar y valorar ciertas conductas, porque puede afectar a la libertad de pensamiento y libertad de opinión y podemos llegar a instaurar un Ministerio de la Verdad y censurar o incluso castigar todo pensamiento que se desvíe de las fuentes oficiales”.
En estos casos, continúa el artículo, “más allá del perjuicio a la salud que pueden causar en las personas que sigan estos consejos poco fundados, la libertad de expresión ampara las opiniones, que no tienen por qué ser verificables”. No obstante, si estas afirmaciones van acompañadas de la venta de éstas sustancias o métodos sin contrastar científicamente, sí se podría hablar de delito de estafa o de intrusismo.
