La acusación popular en el Caso Begoña Gómez, comandada por la asociación Hazte Oír, ha presentado en el juzgado de Instrucción 41 de Madrid un escrito de acusación de 81 folios, que en resumen, acusa a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, de cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de patrimonio público y apropiación indebida. En total piden 24 años de cárcel para Begoña Gómez. Las acusaciones además piden las testificales de 115 testigos, entre ellos Pedro Sánchez y Víctor de Aldama, y cuatro agentes de la UCO y otros cuatro peritos.
El escrito se apoya en seis hechos relevantes: la contratación de la asesora Cristina Álvarez por Moncloa, la adjudicación de contratos a Barrabés, las dos cartas de recomendación firmadas por Gómez para Barrabés, la formalización de la cátedra TSC, las relaciones de Gómez con empresas privadas y el desarrollo del software.
Explican las acusaciones que «la trayectoria profesional de Begoña Gómez, antes de la llegada de su esposo a la Presidencia del Gobierno, estaba vinculada al sector privado del marketing, de la consultoría y de la captación de fondos, en particular en el Grupo Inmark», pero tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno, «la investigada, con plena consciencia de ello y de forma voluntaria, dio un giro radical a la misma, y así en junio de 2018 (o en cualquier caso, con carácter concomitante o cercano a la llegada del esposo al poder) solicitó excedencia en Inmark. Con el fin de poder acceder a círculos de poder e influencia, decidió progresar en ese giro radical a nivel profesional», añaden.
En agosto de 2018, Begoña Gómez fue nombrada directora del IE Africa Center; entabló relaciones con la OMT y con Wakalua (así como sus colaboradores, como el Grupo Barrabés); y, manteniendo su codirección del Máster Propio en Dirección de Fundraising de la UCM iniciado en el curso 2014/2015, impulsó en 2020 la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC), que fue formalizada el 30 de octubre de 2020.
En 2020, Gómez «registró la denominación ‘TSC Transformación Social Competitiva’, posteriormente registró el dominio transformatsc.org, luego la marca ‘Plataforma de Transformación Social Competitiva transformatsc.org’ y constituyó la sociedad mercantil Transforma TSC, S.L., todo ello de forma voluntaria y consciente, y con la intención de vincular estos registros a la Cátedra (primero en proyecto y luego constituida) y al resultado tecnológico desarrollado en la misma. Tales registros tenían por objeto controlar de forma exclusiva, apropiarse y explotar en beneficio personal o de terceros (no de la UCM) el nombre y el desarrollo informático generado», dice la acusación de Hazte Oír.
Contratación de Cristina Álvarez
Continúan las acusaciones exponiendo los indicios que serían hechos imputables a Begoña Gómez, como que «desde el 12 de noviembre de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2007 Cristina Álvarez trabajó para Task Force SA, coincidiendo en la misma con Begoña Gömez, que trabajó para la misma desde muy finales de la década de los 90/muy principios de la primera década de los 2000, hasta julio de 2018, en que solicitó la excedencia, si bien la mercantil cambió de nombre, pues fue absorbida por Inmark Europa SA.
Así, sostiene Hazte Oír, que «desde finales de los 90, principios de los 2000 se forjó una amistad entre ambas, de forma tal que eran amigas personales al momento de la designación de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno».
Esa amistad sería clave para las acusaciones populares, ya que «fundándose en tal amistad, Begoña Gómez, de manera voluntaria, libre y consciente, influyó en los funcionarios y autoridades que debían resolver sobre la contratación que más adelante se indicará, y ello por razón de su relación personal con Pedro Sánchez, y prevaliéndose conscientemente de esta condición, ejerciendo presión moral eficiente sobre la voluntad de los intervinientes para que se nombrara funcionaria (personal eventual de la administración) a Cristina Álvarez».
El desempeño laboral habitual de Álvarez era en el Palacio de la Moncloa, y «no comprendía nunca la gestión de la agenda privada, empresarial, laboral, universitaria o societaria de la acusada Begoña Gómez (Declaración de Begoña Gómez de 10 de septiembre de 2025]. Cristina Álvarez, conoció siempre y aceptó libre y voluntariamente, tanto los motivos de su contratación como las razones y finalidad con la que se realizaba la misma», añaden.
Adjudicación a Barrabés
El cuarto hecho que refieren desde Hazte Oír es referido al empresario Juan Carlos Barrabés, vinculado a Barrabes.biz e Innova Next, entre otras sociedades.
Sostiene la acusación que «a partir del 8 de agosto de 2018, cuando Begoña Gómez fue nombrada directora del IE Africa Center (dos meses después del acceso de su esposo a la Presidencia del Gobierno y siendo parte del IE Africa Center doña Felicia Appenteng) inició su relación profesional con ella».
El 24 de enero de 2019 se presentó en Madrid el lanzamiento de Wakalua (hub formado
por diferentes empresas como Globalia, Barrabés.biz y la institución Organización Mundial del
Turismo). El acto se celebró en el Barrabés Growth Space siendo Wakalua, según declaración de Barrabés, un cliente en un proyecto que consideraba importante y de hecho Barrabes.biz colaboró en el proyecto pues Barrabés aportó de su equipo y metodología. Al iniciarse una colaboración entre el IE Africa Center y Wakalua, Begoña Gómez conectó con círculos de influencia y empresarios como don Javier Hidalgo Gutiérrez (Globalia), don Zurab Pololikashvili (OMT), don Víctor Gonzalo de Aldama Delgado (GLOBALIA) y Barrabés».
Así el 13 de junio de 2019, coincidieron Barrabés y Begoña Gómez durante la segunda jornada del evento «Mañana», organizado por IFEMA y Barrabes.biz. Ese día la jornada sobre medio rural fue inaugurada por Begoña Gómez. El 12 de septiembre de 2019, la OMT y Globalia lanzan la 2ª Competición Mundial de Startups de Turismo (Tourism StartUp Competition – TSC), precisando que las propuestas se recibirán a través de Wakalua y que el proyecto contaba con el apoyo de Barrabes.biz.
Continúa el escrito recogiendo que «al ver las oportunidades que ambos, Begoña Gómez y Barrabés, podían extraer de su relación profesional y apoyo mutuo, comenzaron diferentes colaboraciones concretas, como el acuerdo suscrito unos días antes, el 17 de enero de 2020, entre Wakalua y el IE Africa Center. De ese acuerdo se ejecutó el pago de 1.700 euros en billetes para asistir a Londres, el 5 de marzo de 2020, a la «African Solutions, Global Challenges: London Edition»».
Y añaden que «vinculadas a estas relaciones el 22 de enero de 2020, en FITUR, Globalia hubo una reunión de trabajo de don Francisco Javier Hidalgo Gutiérrez con Begoña Gómez y doña Felicia Appenteng en el espacio Wakalua para hablar de current partnership».
Además, «en los «meses posteriores a la pandemia» en «cinco veces o así, cuatro» tuvieron lugar reuniones entre ambos en La Moncloa, residencia oficial del Presidente del Gobierno (declaración de BARRABÉS como testigo el 15 de julio de 2024) e igualmente se reunió «una vez o dos» con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una de ellas en una ronda de contactos con empresas para recabar opinión sobre innovación en España, y sin la presencia de BEGOÑA GÓMEZ. Además, en alguna de esas reuniones en Moncloa con Begoña Gómez y Barrabés también estaba presente don Manuel de la Rocha, por entonces Director del Departamento de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno así como otra persona del Gobierno».
La acusación creen que la implicación de Barrabés en el proyecto «supuso que en el acta de la Comisión Mixta de la Cátedra de 8 de febrero de 2021 constara que la adenda para su incorporación estaba en fase de estudio y que el Grupo Barrabés se proponía como integrante de la mesa inicial del comité asesor empresarial, además de participar en el diseño y desarrollo del proyecto. Si bien finalmente declinó su participación por ser gratuito (Manifestación realizada por la defensa de Begoña Gómez el 1 de abril de 2026), quedando de manifiesto que el interés de Barrabés en tanto colaborador de Begoña Gómez era la consecución de beneficios económicos».
Cartas de recomendación
A partir del curso académico 2014/15, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE, Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el Máster Propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro, que se impartía en dos modalidades, semipresencial y no presencial. En ocasiones también llamado Máster en Dirección de Captación de Fondos para (Fundraising) Organizaciones No Lucrativas (ONL), y que fue definitivamente suspendido el 7 octubre de 2024.
«Esta codirección la empezó a ejercer el 1 de octubre de 2014, es decir, meses después de
que su esposo fuera nombrado Secretario General del PSOE (26 de julio de 2014). No constando, en ningún caso, la existencia de proceso de selección alguno para desempeñar tal puesto, ni la titulación con la que contaba la investigada para desarrollar el mismo, constando, en cualquier caso, que no tiene ninguna licenciatura», dice Hazte Oír.
La acusación continúa explicando que «a partir del 2019 Begoña Gómez fue estableciendo vínculos profesionales/personales con Barrabés, y en fecha 17 de enero de 2020 se firmó el acuerdo entre IE Africa Center y Wakalua, proyecto en el que colaboraba Barrabés. E igualmente a partir de 21 de junio de 2020 Barrabés se reunió con Begoña Gómez en La Moncloa para trabajar en el proyecto de la futura cátedra».
El problema para la esposa del presidente es que «en julio de 2020 Begoña Gómez firmó una carta de apoyo a favor de ofertas vinculadas a Barrabés, la UTE Innova Next/ The Valley en procedimientos de Red.es en su calidad de codirectora del citado Máster, cuando hasta ese momento Barrabés y su grupo no habían tenido relación con el mismo. En las cartas se decía que «la dirección del Máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés y The Valley promovida por RED.ES y FSE»», añade la acusación.
Esa UTE resultó posteriormente adjudicataria de los expedientes 014/20-ED y 016/20-ED
licitados por Red.es. El primero fue adjudicado el 30 de julio de 2021 por importe de
7.778.926,45 euros y el segundo el 2 de agosto de 2021 por una cuantía aproximada de 4,4
millones de euros, y ello «con opacidad procedimental, uso desproporcionado de criterios subjetivos, alteración de fórmulas de valoración, incorporación de documentos con deficiente
trazabilidad y supresión de metadatos», sostienen los acusadores.
Para Hazte Oír, «la relación laboral-mercantil-profesional, de amistad y de apoyo de Barrabés a la labor universitaria de Begoña Gómez supuso que esta última, de manera voluntaria, libre y consciente, influyera en los funcionarios y autoridades que debían resolver sobre las adjudicaciones que se han indicado más arriba a través del documento firmado por ella, y ello por razón de su relación personal con Pedro Sánchez, y prevaliéndose conscientemente de esta
condición, ejerciendo presión moral eficiente sobre la voluntad de los intervinientes en la adjudicación para que se produjera la misma a favor de empresa vinculadas a Barrabés, alterando el proceso motivador de las mismas».
La cátedra TSC
A finales de julio de 2020, el entonces rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache Goñi, que no conocía personalmente a Begoña Gómez, recibió una llamada de la asistente de Begoña Gómez, porque le quería conocer para una serie de proyectos, según explicó el propio Goyache, como testigo del 5 de julio de 2024 y como investigado del 29 de julio de 2024.
Goyache, máxima responsabilidad académica y de gobierno de la UCM, se desplazó al Palacio de la Moncloa, residencia oficial del presidente del Gobierno, y allí se reunió a solas con Begoña Gómez. «Y finalmente, pasados unos días le telefoneó (a Doadrio, vicerrector) y le dijo que había que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente», según la declaración judicial del propio Doadrio.
Relaciones con empresas
Pero para poner en marcha la cátedra «era necesario captar fondos económicos y aportaciones en especie, tanto técnicas como de otro tipo, por lo que Begoña Gómez, aprovechando su relación con el presidente del Gobierno, y la apariencia institucional de la labor de Cristina Álvarez, ofreció (directa o indirectamente) a diversos directivos y administradores de grandes
y medianas empresas su interlocución con el presidente del Gobierno, así como su participación
pública en un proyecto único y puntero (y por tanto con alto impacto social) para obtener, a cambio, contraprestaciones tanto económicas como de aportación de servicios y trabajos para el favorecimiento personal suyo y de la sociedad que constituyó, Transforma TSC, S.L., con un coste 0 para ella, consiguiendo así servicios y relaciones comerciales que de otro modo le hubiera sido imposible o muy costoso obtener», continúan las acusaciones populares.
Entre los años 2020 y 2024, tanto Gómez como Álvarez «desarrollaron una intensa actividad de captación de apoyos económicos, tecnológicos, profesionales y empresariales y de know-how de diversas mercantiles: Barrabes.Biz, Reale Seguros, Fundación La Caixa, Google, Telefónica, Indr, Deloitte, Lefebvre, Making Science, Devoteam, Human Age Institute, Falt101 y otras entidades con las que se mantuvieron contactos, reuniones, intercambios de correos, seguimientos técnicos y negociaciones relacionadas con la Cátedra y con el software. En ellas no estuvo presente el codirector de la Cátedra, el señor Ruano, que era un desconocido para los interlocutores», añaden.
Los letrados de Hazte Oír afirman que «las aportaciones, colaboraciones y ventajas obtenidas de esas empresas privadas no consistieron en un mero patrocinio universitario neutro, sino en verdaderas ventajas de contenido económico y profesional: financiación para la constitución y sostenimiento de la Cátedra, aportaciones comprometidas a varios años, desarrollo tecnológico, trabajo especializado, definición funcional del software, participación en su seguimiento y continuidad, acceso a altos directivos empresariales y consolidación de una red de relaciones útiles para la futura proyección del proyecto».
Todas esas ventajas, «permitieron a Begoña Gómez, disponer de un activo tecnológico y
relacional de alto valor sin asumir personalmente su coste real de mercado, obteniendo así un
beneficio que no se agotaba en el plano académico, sino que se proyectaba sobre un software, una metodología y un ecosistema funcional susceptible de aprovechamiento económico y profesional en el tráfico privado», concluyen.
El software
El escrito de Hazte Oír mantiene que «Begoña Gómez, con la colaboración y participación de Cristina Álvarez se apropió, y puso bajo su poder de control y disposición, del programa informático que se generó en el seno de la Cátedra TSC y que se le confiaba para una finalidad propia de la actividad universitaria para ingresarlo dentro del patrimonio universitario, y ello en perjuicio de la UCM, no habiéndolo entregado o puesto a disposición de la Universidad aún estando obligada a ello».
Y continúan diciendo que «y ello al disponer del mismo al insertarlo de forma disponible para terceros en un dominio web registrado a su nombre, y utilizando en todo momento marcas previamente registradas a su propio nombre, habiendo constituido igualmente una sociedad mercantil, igualmente con el mismo nombre, con ánimo de lucro propio. Todas estas conductas supusieron un uso incompatible con las obligaciones que Begoña Gómez había asumido para con la UCM. Y de forma tal que el programa informático creado no fue entregado ni puesto a disposición de la UCM, única y legítima propietaria del mismo».
Las acusaciones contra Begoña Gómez
La acusación sostiene que «durante el desarrollo del proyecto, en los meses de septiembre y octubre de 2022, Begoña Gómez y Cristina Álvarez intentaron el registro y protección del producto de la cátedra a nombre de Begoña Gómez, primero a través de la OTRI y luego por otras vías, y ello con el ánimo de apropiarse de él, en perjuicio de la Universidad».
Por otro lado, Gómez «percibió un total de 39.188 euros en concepto de retribuciones brutas desde el curso 2014-2015, derivadas de su actividad docente y de su condición de codirectora de los citados másteres. De este modo, si bien la Cátedra como tal no generaba una actividad académica relevante, sí se producían ingresos vinculados a los programas formativos asociados a la misma, evidenciando un aprovechamiento económico de una estructura académica de escasa entidad real».
Por todo ello acusan a Begoña Gómez del delito de tráfico de influencias, delito continuado de
corrupción en los negocios, delito continuado de malversación de patrimonio público y apropiación indebida. En total piden 24 años de cárcel para Begoña Gómez. Para Cristina Álvarez piden 22 años de prisión y seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés.
Además, piden al juzgado que se les exija a los tres acusados «la prestación de fianza bastante, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en el presente procedimiento, exclusivamente en lo relativo a la pena de multa solicitada y a las previsibles costas procesales, al carecer esta parte de legitimación para el ejercicio de la acción civil».
