El presidente Trump ha designado a William Pulte, director de la Federal Housing Finance Agency, como director interino del ODNI. Un nombre insólito para un puesto que exige máxima solvencia en inteligencia, porque Pulte no ha pisado jamás un centro de operaciones ni una sala de crisis. Le pongo en contexto: la maniobra solo es posible gracias a las grietas de la Federal Vacancies Reform Act, una ley que los legisladores de 1998 creyeron blindar contra el favoritismo, y que hoy permite que un ejecutivo inmobiliario ocupe el despacho que gestiona diecisiete agencias, claves HUMINT y toda la inteligencia de señales del país.
Un atajo contra el Senado: cómo se activa la trampilla legal
La Ley de Vacantes autoriza al presidente a colocar a un funcionario en funciones sin pasar por la confirmación del Senado, siempre que elija entre dos categorías: cualquier alto cargo ya confirmado por la Cámara en cualquier departamento, o empleados civiles de larga carrera en la misma agencia. La lista de senatorialmente bendecidos ronda los 1.300 nombres, y hoy tiene a más de 350 disponibles. Basta con que uno de ellos haya sido ratificado para un puesto, por ejemplo en vivienda federal, para ascender de inmediato a la cúpula de la inteligencia nacional.
El caso del DNI añade una vuelta de tuerca. La oficina cuenta con su propia norma de sucesión: el subdirector principal, actualmente Aaron Lukas, «será» —shall— el sustituto natural. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha interpretado repetidamente que la Vacancies Act permanece como alternativa. La jurisprudencia del Noveno Circuito lo avaló; la oficina de asesoramiento jurídico de la Casa Blanca, también. De modo que el presidente podía elegir entre Lukas y una baraja de 350 confirmados ajenos a la inteligencia.
Anatomía de una interinidad repetida: de Maguire a Pulte pasando por Grenell
No es la primera vez que el Despacho Oval tira de esta triquiñuela. Cuando Dan Coats dimitió en 2019, el presidente Trump nombró a Joseph Maguire como DNI en funciones, y semanas después lo relevó por Richard Grenell —un actor político sin experiencia en seguridad— sin que el Senado pudiera oponerse. Cinco años después, el patrón se repite con Pulte. La diferencia es que el actual presidente ha llevado la ficha al extremo: el director de la FHFA jamás ha gestionado activos HUMINT ni autorizado operaciones encubiertas.
Verá usted el riesgo si piensa en el director interino del CNI como un gestor de hipotecas. La comunidad de inteligencia estadounidense maneja zero-days protegidos, evaluaciones sobre terrorismo que alimentan al Consejo de Seguridad Nacional, y relaciones con servicios como el Mossad, el MI6 o el propio CNI. Un responsable sin oficio en la materia no solo diluye la credibilidad del cargo; abre la puerta a que la inteligencia se convierta en un instrumento político, sin contrapesos técnicos a la vista.
Cuando el Senado confirmó a Pulte como máximo responsable de la agencia federal de vivienda, jamás imaginó que acabaría sentado en el asiento desde el que se firman autorizaciones de vigilancia con consecuencias globales. Y sin embargo, la Ley de Vacantes convierte en legal lo que la Constitución, en un sentido moderno, debería considerar una cláusula de excepción excesiva: un cargo principal, sin filtro senatorial real, porque nadie en la Cámara Alta pudo anticipar que aquel funcionario iba a terminar ejerciendo de DNI, ni siquiera temporalmente.
La inteligencia necesita líneas de mando robustas, no parcheos jurídicos que permitan al presidente saltarse la confirmación del Senado con un fichaje de vivienda.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
El vector de amenaza aquí no es un grupo APT ni un backdoor en una infraestructura crítica. Es una deficiencia normativa que, en manos de un ejecutivo sin escrúpulos, puede degradar la calidad del análisis que llega al presidente. La inteligencia estadounidense, que a diario comparte información clasificada con España a través de los canales Five Eyes y de acuerdos bilaterales, se resiente cuando su cúpula interina carece de pedigrí en el oficio. No se trata de una mera anécdota burocrática: la credibilidad del ODNI ante los servicios aliados se mide por la solvencia de quien lo ocupa.
El precedente lo ofrece la propia historia de las interinidades en Washington. Cuando Trump nombró a Matthew Whitaker como fiscal general en funciones, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito desestimó los recursos argumentando que la figura del «acting» no es un oficial principal. Pero aquella solución de 1898 chirría con la jurisprudencia de 1997, que mide el rango de un cargo por su nivel de supervisión, no por su temporalidad. En el DNI, que solo responde ante el presidente, pesa más lo segundo. Así que la constitucionalidad de estos atajos pende de un hilo muy fino, y la doctrina más reciente exige que el Senado hubiera estado advertido de que su ratificado podría terminar de director en funciones. Algo impensable con el director de vivienda.
Mientras tanto, en España, el relevo del director del CNI sigue un cauce más predecible. El monarca firma el real decreto a propuesta del ministro de Defensa, y la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, aunque con limitaciones, puede pedir explicaciones. El marco no es perfecto —reconozco que la discrecionalidad política pesa en el nombramiento— pero al menos la exigencia de «reconocida competencia» en seguridad y defensa establece un dique frente al puro amiguismo. Y aun así, fuentes de Moncloa a las que he consultado admiten que la vacante prolongada en cualquier agencia de inteligencia genera siempre «un ruido de pasillos» que acaba por perturbar las operaciones.
¿Dónde nos deja esto? La solución técnica que propone Lawfare —enmendar la Ley de Vacantes para que todos los interinos deban proceder por defecto de la misma agencia, o de un organismo estrechamente ligado como la CIA o la NSA para el caso del ODNI— es elegantísima. Y además, como bien señala el artículo, devolvería la norma a un equilibrio constitucional. Escribí hace más de una década en El quinto elemento que «el próximo 11S empezará con un clic». Pues bien, la lección de Pulte es que las fracturas no siempre empiezan en las redes; a veces arrancan en el despacho de quien se sienta sin que nadie haya preguntado si sabe interpretar un informe de amenazas. La mayoría de los problemas políticos tiene su origen en un nombramiento tan discreto como explosivo. Si me permite el atrevimiento, le diré que, mientras el Congreso no actúe, el presidente dispone de una plantilla de 350 atajos. Y eso debería quitarle el sueño a todos los que creen en una inteligencia profesional y no politizada.
