El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, apura en las últimas semanas, después de la Semana Santa, sus planes para cuando llegue al Gobierno. Desde el PP creen que eso puede suceder antes de que se termine el ciclo del Gobierno actual, en 2027, porque ya dan por seguro un adelanto electoral.
Ante el acelerado avance del ciclo electoral, el jefe del PP ya dispone de un vasto catálogo de leyes redactadas y listas para su implementación inmediata en caso de lograr la presidencia, a pesar de que pocas han logrado completar su trámite parlamentario actual.
Lejos de improvisar en el último momento, Feijóo ha dedicado tiempo a construir este armazón normativo, aprovechando el tramo final de la legislatura para perfeccionar la «alternativa» con la que pretende revertir el legado de Pedro Sánchez. Hasta la fecha, los populares han promovido unas 70 iniciativas legislativas en diversos grados de desarrollo, basado en propuestas legales concretas.
Las directrices de Feijóo para su equipo son estrictas: cada medida debe ir acompañada de una memoria económica que asegure su viabilidad financiera. Esta labor de supervisión recae en Juan Bravo, figura clave en el área de Hacienda, quien ahora colabora estrechamente con el nuevo referente económico del partido, el exsecretario de Estado Alberto Nadal, para blindar técnicamente el programa del PP.
Sin embargo, el líder popular se enfrenta al reto de ajustar su agenda a la inevitable convivencia con Vox. El reciente acuerdo en Extremadura prefigura las líneas maestras de una posible coalición entre Feijóo y Abascal. Dicho pacto, validado por ambas direcciones nacionales, incluye puntos que exceden lo regional y marcan una hoja de ruta para la derecha, situando, por ejemplo, el control migratorio como un eje normativo prioritario.
Desde Génova rechazan que sus propuestas tengan tintes xenófobos, prefiriendo hablar de «arraigo» y «prioridad nacional». Con todo, el documento revela los cimientos de un futuro Ejecutivo compartido, comprometiéndose a reformar la Ley de Extranjería, aún no registrada, por Feijóo, recortar subvenciones a agentes sociales y distanciarse de los objetivos de la Agenda 2030.
La arquitectura legal de Feijóo
Por ahora, los únicos éxitos legislativos con sello del PP han sido la renovación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal, pactadas con el PSOE en 2024 para renovar el CGPJ, y la ley para mejorar la vida de los pacientes de ELA, que se unificó con propuestas del bloque de investidura.
Además, el PP mantiene 13 proposiciones de ley que, aunque admitidas a trámite con apoyos puntuales de socios habituales de Sánchez, permanecen bloqueadas en el Congreso. Los populares critican lo que llaman el «congelador de Armengol», donde las iniciativas se pierden en constantes prórrogas de enmiendas. No obstante, confían en que el reciente fallo del Tribunal Constitucional contra las prórrogas excesivas obligue a reactivar estos debates.
En esta situación se encuentran reformas clave como la consideración de agentes de autoridad para funcionarios de prisiones, la despolitización del CIS, la Ley de Costas o el blindaje de la independencia del Ministerio Fiscal. También destaca la propuesta para modificar la Ley General Presupuestaria y reforzar el control del gasto público en áreas sensibles como Defensa.
El Senado, donde el PP goza de mayoría absoluta, se ha convertido en su principal escaparate político. Allí han registrado gran parte de su programa fiscal y de regeneración institucional. Debido al bloqueo sistemático de estas propuestas al llegar al Congreso, el PP ha elevado un conflicto de atribuciones al Tribunal Constitucional.
Ejemplos claros son la rebaja del IVA en alimentos o la Ley antiokupación, que ostentan récords de aplazamientos en el Congreso. Entre las medidas más importantes que Feijóo ya tiene articuladas para su eventual gobierno figuran el plan integral de vivienda, rebajas fiscales para familias y autónomos, incentivos para el sector primario, la revalorización de pensiones, una ley de conciliación, la protección de los símbolos nacionales y una mayor transparencia en organismos como el Consejo de Estado.
