Los polémicos negocios de las élites empresariales vascas con Israel, en terrenos ocupados de forma ilegal o en pleno genocidio contra el pueblo de Palestina, están provocando la indignación de distintos colectivos de los territorios forales. La controversia ha escalado ahora al terreno judicial con dos frentes abiertos que afectan a compañías clave del tejido industrial vasco: la ferroviaria CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), con sede en Beasain (Gipuzkoa), y el grupo siderúrgico Sidenor.
Ambos casos han sido denunciados por organizaciones propalestinas y defensores de derechos humanos, que sostienen que su actividad podría implicar responsabilidades penales por su relación con proyectos y empresas vinculadas al Estado de Israel.
En el caso de CAF, la Fiscalía ha abierto diligencias tras una denuncia presentada el pasado 18 de febrero por diversas entidades sociales. El escrito apunta al Consejo de Administración de la compañía por su participación en el Tren Ligero de Jerusalén (TLJ), un proyecto ferroviario que conecta distintos puntos de la ciudad y sus alrededores, incluidos asentamientos israelíes en Jerusalén Este, territorio ocupado según el derecho internacional.
Según la denuncia, la implicación de CAF no es puntual ni secundaria, sino estructural. La empresa participa desde 2019 en la ampliación de la denominada línea roja, en la construcción de la línea verde y en el suministro y renovación de trenes.
Además, en consorcio con la firma israelí Shapir, se encarga de la operación y el mantenimiento del sistema, con contratos de larga duración que, según los denunciantes, consolidan su presencia en el proyecto durante más de una década.
Las organizaciones sostienen que el trazado del tranvía no es neutral, ya que conecta Jerusalén Oeste con asentamientos situados en Jerusalén Este, lo que en su opinión contribuye a la integración de colonias israelíes en territorio ocupado y a la fragmentación del espacio urbano palestino. Por ello, acusan a la empresa vasca de contribuir a la consolidación de una anexión ilegal y al mantenimiento de prácticas discriminatorias contra la población palestina.
En su denuncia, las entidades firmantes —entre ellas NOVACT, la Comunitat Palestina de Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y ODESCA— sostienen que estos hechos podrían encajar en distintos tipos penales vinculados a crímenes contra personas protegidas en conflictos armados.
Al tratarse de una empresa española y de directivos sujetos a jurisdicción nacional, consideran que los tribunales españoles serían competentes para investigar los hechos. CAF, por su parte, ha defendido en distintos comunicados que su participación en el proyecto es estrictamente técnica.
La empresa sostiene que se limita al suministro, instalación y mantenimiento de sistemas ferroviarios, sin intervenir en decisiones políticas, urbanísticas o de planificación territorial. Según su versión, el objetivo de su actividad es garantizar un transporte seguro y funcional para todos los usuarios, sin discriminación.
La compañía también encargó un dictamen a un catedrático de Derecho Internacional que concluyó que no existía impedimento legal para concurrir a la licitación. No obstante, fuentes diplomáticas habían advertido previamente de que el proyecto se desarrolla en un contexto de ocupación, lo que ha alimentado la polémica.
En septiembre pasado, CAF fue incluida en la base de datos de Naciones Unidas sobre empresas con actividad en territorios ocupados palestinos.
Sidenor en el ojo del huracán
El segundo frente judicial afecta a Sidenor, uno de los principales grupos siderúrgicos del País Vasco. La empresa está siendo investigada por la Audiencia Nacional tras una querella que le atribuye posibles delitos de contrabando y complicidad en delitos de lesa humanidad. El caso se centra en la venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMI Systems LTD), vinculada al Ministerio de Defensa israelí.
La investigación se ha apoyado en documentación intervenida en el marco de un registro realizado en febrero en las instalaciones de la empresa en Basauri (Vizcaya). Sin embargo, la Audiencia Nacional ha anulado posteriormente esa entrada y registro, al considerar que la actuación no se ajustó a los requisitos legales necesarios para su validez.
Pese a ello, la causa sigue viva a partir de la querella presentada por la Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, que sostiene que la empresa podría haber conocido el destino final del material exportado desde 2023, en un contexto de creciente tensión internacional por la guerra en Gaza.
Sidenor ha defendido que sus operaciones con la empresa israelí no requerían autorización específica, al no tratarse —según su versión— de material de doble uso ni estar Israel sometido a embargo de armas en el momento de las exportaciones. La compañía asegura además que cesó sus ventas a ese país en julio de 2025, antes de la entrada en vigor de nuevas restricciones decretadas posteriormente.
El caso de Sidenor se ha visto además atravesado por su papel en el entramado industrial vasco. El grupo, presidido por José Antonio Jainaga, participó recientemente en una operación estratégica junto al Gobierno vasco y fundaciones bancarias para la entrada en el capital de Talgo, lo que ha reforzado su posición en el sector ferroviario español.
