El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso (PP), ha nombrado al exalcalde de Alcobendas y exdiputado regional Ignacio García de Vinuesa nuevo Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, según ha adelantado ‘Madridiario’ y han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo madrileño.
Se trata del segundo nombramiento para este puesto en esta Legislatura, un cargo que conlleva un sueldo de 75.084 euros anuales. En un primer momento se nombró a la presidenta de honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza.
Al no encontrarse del todo «cómoda» con el puesto, según su entorno, fue nombrada gerente del Organismo Autónomo Madrid 112. Desde entonces el puesto lleva vacante. Como posible recambio sonó el nombre de la exdiputada nacional del PP Marimar Blanco.
García de Vinuesa (71 años) es un ‘histórico’ dirigente del PP. Licenciado en Derecho, ha desempeñado varios cargos dentro de la formación y ganó tres elecciones consecutivas en Alcobendas.
En 2015 fue parlamentario en la Asamblea de Madrid, precisamente en esta época fue señalado por la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de la trama ‘Púnica’ por su actividad anterior en el Consistorio.
En 2019 volvió a optar a la Alcaldía del municipio, que no logró gobernar, pese a la victoria, por el pacto entre PSOE y Ciudadanos.
AYUSO NOMBRA A MOSTAZO DIRECTOR DE MEDIOS DE LA COMUNIDAD
Además, Díaz Ayuso también ha nombrado como nuevo director general de Medios a Nacho García Mostazo, en sustitución de Pablo Balbín que ha sido cesado este martes.
García Mostazo es periodista, investigador y profesor universitario. Ha desempeñado la mayor parte de su carrera en la radio, pasando por RNE, Intereconomía, Radio Voz, Radio España, Cadena SER y Onda Madrid, entre otras emisoras. Fue también director de informativos de Telemadridy hasta ahora estaba al frente, como director, de ‘La Mañana’ de TVE.
Fuentes del Ejecutivo autonómico han asegurado a Europa Press que su cese se debe a «motivos personales». Justo antes de llegar a la Comunidad, y tras pasar por diversos cargos institucionales, Balbín fue el responsable de la campaña electoral del presidente del PP, Pablo Casado, en las primarias del partido y posteriormente se encargó de la prensa del secretario general del PP, Teodoro García Egea.
Rocío Monasterio, presidenta de Vox en Madrid, está siendo investigada por la Fiscalía por una querella que interpuso la presidenta de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, que la acusa de delito de odio contra los menores extranjeros no acompañados, en relación a un acto de Vox durante la campaña electoral que realizaron en Sevilla frente a un centro de atención a estos menores.
Teresa Rodríguez presentó la querella el mismo día que la diputada de Vox participó en dicho acto, en el que denunciaría la «inseguridad» y los «graves problemas» que, según ella, estos menores generan, como recoge el diario ABC. La Fiscalía ha aceptado esta denuncia, que podría, según Rodríguez, violar el artículo 510 del Código Penal. La presidenta de Podemos Andalucía pidió que se tomaran medidas «para el cese de las acciones que violentan la seguridad de los menores«, según el mismo diario.
Rodríguez también compartió su rechazo en aquel momento por la denominación ‘mena’, término que según ella hace que se olvide «que son niños solos y no puede haber más cobardía que el que se enfrenta a un niño que vive solo».
Después de hacerse público que la Fiscalía ha iniciado una investigación al respecto, Rocío Monasterio ha replicado que ella trataba de hablar en nombre de los vecinos. En una rueda de prensa, Monasterio explicó: «Nosotros recogimos lo que nos contaba cada uno de los vecinos y creo que ni los políticos ni los medios deberían decir a nuestros vecinos que mienten cuando cuentan su día a día de lo que están sufriendo y es una falta de respeto para ellos».
RODRÍGUEZ CALIFICA A VOX DE PARTIDO «FILONAZI»
La presidenta de Podemos Andalucía declaró en redes sociales: «un partido filonazi puede venir a un barrio sin problemas de convivencia a señalar con el dedo a un grupo de niños en la puerta de su casa solo por su color de piel. Pero si la justicia existe y protege al débil, luego lo paga en los tribunales. Ojalá».
Periodistas de Canal Sur le preguntaron a Alejandro Hernández, el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, sobre el asunto, afirmando que Monasterio se limitó a «recoger las denuncias que hacen muchísimos ciudadanos«.
Quim Torra, el presidente de la Generalitat, ha anunciado que convocará para principios de diciembre la mesa de partidos catalanes, con motivo de «aclarar el posicionamiento del Govern en el futuro diálogo» con el Gobierno central.
Lo ha comunicado este martes el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu, en la que ha explicado que no se convoca desde antes del 28 de abril «para que no se mezclase con las convocatorias electorales».
El diálogo dentro de Catalunya o entre Catalunya y el resto de España es uno de los puntos de fricción entre ambos ejecutivos que pueden decantar el futuro de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, que entiende que lo que sucede en la comunidad catalana es un problema de convivencia que primero se tiene que abordar entre los partidos catalanes.
«SI LO QUE QUIERE ES REDUCIR ESTO A UN PROBLEMA DE CONVIVENCIA, SE EQUIVOCA. RECLAMAMOS UN DIÁLOGO ENTRE GOBIERNOS»
Damià Calvet, conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat
Por su parte, el Ejecutivo de Torra defiende que se trata de un conflicto político que deben abordar entre la administración estatal y la de la comunidad, y Calvet ha reprochado a la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, que «obviara el diálogo» en su discurso del lunes en un acto de Foment del Treball.
«Si lo que quiere es reducir esto a un problema de convivencia, se equivoca. Reclamamos un diálogo entre gobiernos. La investidura, lógicamente, es un punto donde se definirán las normas del juego«, ha advertido de cara a las negociaciones para la gobernabilidad del Estado.
PSC DIFIERE DEL RESTO DE GRUPOS CATALANES
Al ser preguntado Calvet sobre sus expectativas respecto a la reunión de partidos catalanes de diciembre, ha explicado que al Govern le gustaría que sirviera «para compactar la posición de los partidos, ya que en esa mesa del diálogo están representadas siempre las mayorías del 80% que comparten el rechazo a la represión, ejercer el derecho a decidir y el rechazo a la Monarquía».
En esa idea queda excluido el PSC, que no comparte esos tres puntos, y que este mismo lunes ha dicho que no han recibido comunicación de la convocatoria por parte de ningún miembro del Govern y que han adelantado que acudirán a la reunión, pero han pedido saber «cuál es el objetivo de la convocatoria».
Preguntado por si podría concretar el motivo de la reunión o dar más detalles de la convocatoria, ha replicado que ya ha expresado la voluntad de Quim Torra de convocarla y que ha dado «fechas aproximadas».
El último encuentro tuvo lugar el 5 de febrero y en ella participaron miembros de JxCat, ERC, PSC y comuns, y declinaron participar el PP, Cs y la CUP, en un mesa de diálogo entre partidos catalanes que se fundó en noviembre a instancias de los socialistas y tras aprobarlo el Parlament.
«Creemos mucho en esta mesa en la que podemos sentarnos y hablar con todos los que queremos hablar y formar parte. Es necesario el diálogo y la negociación. Conseguiremos hacer una nueva buena reunión de la mesa del diálogo que sirva para buscar soluciones políticas a un conflicto político», ha concluido Calvet.
PEDRALBES, PUNTO DE INICIO SEGÚN EL GOBIERNO DE TORRA
El conseller también habló sobre si el diálogo entre gobiernos tiene que partir de la declaración del Pedralbes, que emergió de una reunión en el palacio de Pedralbes de Barcelona el 20 de diciembre de 2018 y que acabó frustrada por incorporar la figura del relator, ha explicado que, independientemente de que JxCat lo considere o no suficiente, para el Govern «es el punto de partida».
«Es imprescindible para iniciar ese diálogo, que necesita a alguien al otro lado de la mesa y que requiere de garantías», ha dicho en referencia a la inclusión de la figura del relator.
El PSOE de Andalucía ha defendido a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán tras la sentencia de los ERE que se ha hecho pública este martes. La formación socialista ha señalado que «no se han enriquecido ilícitamente ni se han llevado un solo euro». Además, el PSOE ha indicado que este asunto en ningún caso responde a la financiación irregular del partido: «Ni la ha habido ni la hay».
Así se ha pronunciado el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, que ha convocado a los medios tras conocerse la referida sentencia, que condena al expresidente José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial y a Chaves, a nueve años de inhabilitación especial.
Tras señalar que la sentencia es susceptible de recurrida al Tribunal Supremo, que «será el que definitivamente tenga que resolver la cuestión»; Cornejo ha defendido que las responsabilidades políticas por ese caso «fueron asumidas y dirimidas hace muchos años» con «dimisiones, renuncias y abandono de la vida política de todos los implicados en el caso».
EL PSOE-A ACTUAL SE DESMARCA DE LA SENTENCIA
«A día de hoy no hay ningún político en activo con implicación alguna con los hechos enjuiciados», ha asegurado el socialista andaluz, que ha querido dejar claro que lamentan «profundamente que esos hechos se produjeran».
Con todo, ha recalcado que ahora, como ha hecho el PSOE-A a lo largo de los casi diez años que lleva este procedimiento, defienden «la honorabilidad y honradez de los expresidentes de la Junta que, como se ha probado, no se han enriquecido ilícitamente ni ninguno de ellos se han llevado un solo euro al bolsillo».
Y también ha subrayado Cornejo que «no se ha enjuiciado en este procedimiento, porque nunca ha habido ninguna duda de ello, que exista alguna financiación irregular del PSOE-A» que, ha apostillado, «no la ha habido ni la hay».
Así las cosas, el secretario de Organización de los socialistas andaluces ha incidido en que «aunque esto ocurriera hace 20 años, aunque se asumieran responsabilidades políticas en su día, y aunque no haya actualmente ningún político en activo con relación al caso, lamentamos profundamente desde el PSOE-A que eso hechos se produjeran y así lo queremos trasladar a los andaluces».
Con todo, ha asegurado que confían, apoyan plenamente y nunca pondrán en entredicho las sentencias y los pronunciamientos judiciales, «y así mantendremos la posición del PSOE-A hoy y en el futuro», ha zanjado Juan Cornejo.
El PSOE es el partido que más ha tardado en reaccionar a la sentencia de los ERE , y lo ha hecho con un y tu más de patio de colegio hacía la corrupción del PP del caso Gürtel.
Cerca de tres horas después de conocerse el fallo que condena a 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, declaraba que se trata de una sentencia «dura» pero trataba de alejar a la los condenados del partido —»ninguno ocupa ya cargo público ni es afiliado al PSOE»— y hacía una comparativa con el caso Gürtel, a su juicio, mucho más grave que el de los ERE.
En este sentido, recordó que en la sentencia de esa trama el PP fue condenado por lucrarse y que el PSOE no ha sido «siquiera investigado» porque los ERE «no son una cosa del PSOE sino de antiguos dirigentes en Andalucía».
Además, subrayó que en esta sentencia «no se atribuye enriquecimiento ilícito a las personas afectadas, al contrario de lo que ocurrió en el PP» y que la formación que lidera Pedro Sánchez —quien sigue, por cierto, guardando silencio respecto a la condena— «nunca trató de ocultar el caso, ni arremetió contra los jueces, ni trato de comprar el silencio de ningún inculpado, ni destruyó pruebas» como, puntualizó, sí hizo el PP.
La reacciones del resto de líderes políticos no se ha hecho esperar tanto como la de los socialistas y apenas minutos después de hacerse públicos los 1.700 folios de sentencia daban su opinión al respecto.
Unas opiniones que han oscilado entre la contundencia mostrada por el PP y Ciudadanos, que no han dudado en calificar la sentencia de “demoledora” a la tibieza de Podemos que la ha enmarcado en un época pasada, la del bipartidismo, y ha afirmado que “España ha cambiado”.
PODEMOS
Esas han sido las palabras del socio de Gobierno de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, quien ha evitado mencionar al PSOE en un tuit en el que ha señalado que con el Ejecutivo de coalición que previsiblemente compartirá con los socialistas “se abre la oportunidad de defender la justicia social y garantizar la limpieza de las instituciones”.
Una respuesta que dista mucho de la que dio al conocerse la sentencia del caso Gürtel en mayo 2018, en la que señaló que en “la democracia no puede soportar delincuentes a los mandos del Gobierno” y en la que hacía público su apoyo a Pedro Sánchez en el caso de presentar una moción de censura al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como finalmente ocurrió.
VOX
Palabras que ha sacado a colación el presidente de Vox, Santiago Abascal, para parafrasear a Iglesias con la “sentencia de hoy debería tener como respuesta…” y completarla con su opinión de “el aislamiento del partido más corrupto de Europa”.
Además, lamentó que Podemos no lo hará porque, son “iguales”. “Esa es la realidad del socialismo: gastarse en droga y burdeles el dinero del pueblo al que se deja en la miseria”, incidió.
Abascal también ha dejado constancia del mensaje que escribió en junio de 2016 Sánchez en el que afirmó que “Chaves y Griñán son personas honestas. Yo confió en su inocencia” y lo ha acompañado de un alegato que rezaba así: “Con el auxilio del golpismo separatista, se gesta un gobierno formado por el comunismo totalitario y por el socialismo que ha tejido la mayor red de corrupción de Europa. Pero la prensa no hará editoriales pidiendo el cordón sanitario contra corruptos, totalitarios y golpistas”.
CIUDADANOS
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha opinado que la sentencia es “demoledora” para el PSOE con “19 cargos condenados”, entre ellos, ha recordado Chaves y Griñán —a 9 años de inhabilitación y 6 años de prisión e inhabilitación de 15 años, respectivamente— por “saquear cientos de millones a los andaluces”.
“¿Sánchez o alguien del PSOE asumirá responsabilidades políticas o la corrupción solo es intolerable si es de otros?”, agregó la que se postula con más fuerza para sustituir al dimisionario Albert Rivera al frente de la formación naranja.
Precisamente Rivera se pronunció por primera vez este martes en términos políticos desde que presentara su dimisión hace poco más de una semana tras la debacle de ciudadanos en las elecciones, al pasar de 54 a 10 diputados.
Rivera repitió a Sánchez la pregunta que ya le formuló el pasado mes de julio en el Congreso, así como en los debates electorales tanto de abril como de noviembre y de la que nunca obtuvo respuesta: “¿Va a dimitir, señor Sánchez? ¿Sí o no?”.
PARTIDO POPULAR
En la misma línea que Ciudadanos se ha posicionado el Partido Popular, en boca de su secretario general, Teodoro García Egea: “es la sentencia más demoledora de la democracia española”.
“Hoy se confirma que miembros del partido socialista han robado dinero a los parados en Andalucía, dinero que iba destinado a los más débiles, a quienes más lo necesitaban”, ha declarado el portavoz, al tiempo que preguntaba directamente a Pedro Sánchez si “¿las exigencias del PSOE siguen vigentes en materia de honorabilidad, o dependen del carnet del acusado?”.
Más tarde, el presidente de los populares, Pablo Casado, se ha manifestado via Twitter en una publicación en la que ha pedido a Sánchez «coherencia» y «asumir responsabilidades por el mayor caso de corrupción de la historia de España» que ha condenado a dos expresidentes del PSOE y de la Federeación «que le aupó a la Secretaria General».
Casado también ha mencionado la moción de censura a Rajoy y ha declarado que «Sánchez llegó al poder censurando injustamente a un gobierno honesto».
253 AÑOS DE INHABILITACIÓN Y 68 DE PRISIÓN
De los 21 exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía procesados en el caso ERE, 19 han resultado condenados a unas penas que suman un total de 253 años de inhabilitación y más de 68 años de prisión.
La esperada sentencia de este mediático caso de corrupción se conoció este lunes pasada la una y media de la tarde, después de haber sido notificada a los procesados, de los cuales tan solo el exinterventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, y el exjefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, Francisco del Río, han resultado absueltos de todos los cargos.
Por el contrario, los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, fueron condenados a prácticamente la totalidad de las penas que para ellos solicitaba la Fiscalía Anticorrupción.
En el caso de Chaves, quien estuvo al frente de la Junta entre los años 1990 y 2009, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación, mientras que en el caso de Griñán, que ocupó ese mismo puesto entre 2009 y 2013 y también fue consejero de Economía y Hacienda de la Junta entre 2004 y 2009, lo ha sido a seis años y dos días de prisión e inhabilitación absoluta por 15 años y dos días por los delitos continuados de prevaricación y malversación en concurso medial.
Manuel Delgado, consejero de ACS, ha presentado esta mañana su dimisión tras conocerse que mantuvo contactos con el comisario José Manuel Villarejo. Esta relación se produjo mientras el policía trabajaba para Iberdrola con el encargo de conseguir información del presidente de ACS, Florentino Pérez, que pudieran utilizar para neutralizar el asalto de la constructora a la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán.
Delgado presentó su dimisión ante el Consejo de Administración por escrito tras conocerse el contenido de las grabaciones que realizó Villarejo de sus encuentros. En estos audios, publicados por MONCLOA.COM en una investigación conjunta con Elconfidencial.com, se puede comprobar cómo el policía se ganó la confianza de Delgado y este, a su vez, le ofreció la vía para conseguir que Florentino se fiara de él.
En esta conversación clave, Manuel Delgado le confesó a Villarejo su interés por zafarse de su imputación en el caso Gürtel. Villarejo, efectivamente, intercedió ante los investigadores del caso, aconsejó a Delgado y compartió con él información sobre las actuaciones policiales y el avance de la instrucción judicial.
En ese momento, Delgado le planteó a Villarejo una “estrategia” en el “asalto a Iberdrola”, donde había reservado un lugar para el policía. “Quiero que Florentino se fíe de mí. Porque si se fía de mí, se fía de ti”, le dijo el consejero de ACS al comisario.
LAS CONFIDENCIAS DE DELGADO A VILLAREJO
Las grabaciones de Villarejo dan fe de las confidencias realizadas por Delgado sobre múltiples temas. La clave de esta relación se encontraba en el hecho de que el consejero de ACS se encontraba imputado en el caso Gürtel, que acababa de estallar pocos meses antes. Las grabaciones de Villarejo abarcan el verano de 2009 aproximadamente, cuando el caso Gürtel se inició en febrero de ese mismo año.
Según quedó plasmado en las grabaciones realizadas por el propio comisario, Villarejo confiaba en utilizar el caso Gürtel como uno de las armas con las que atacar a Florentino Pérez y su entorno. En ese sentido, en una reunión del comisario con el director de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, Villarejo le señaló el interés que tenía el hecho de que, según su información, Delgado conocía los entresijos de la estructura empresarial del cabecilla de la trama, Francisco Correa. A esto se sumaba que, según la información obtenida de Villarejo a través de la Policía “sale Florentino por todos lados” en el caso Gürtel.
El consejero de ACS, que una década después todavía sigue imputado en el caso Gürtel, descubrió ante Villarejo su papel en el asalto a Iberdrola. Delgado esperaba que Florentino Pérez le encargara la operación y le dijo a Villarejo que tenía un equipo preparado ya para ello.
Las reacciones a la sentencia de los ERE no se han hecho esperar. Teodoro García Egea, secretario general del PP, ha pedido a Pedro Sánchez «asumir responsabilidades políticas» tras el «mayor caso de corrupción de la historia de España». Egea también ha hecho referencia al líder de Podemos, Pablo Iglesias, al que ha planteado qué «piensa» hacer tras esta «demoledora» sentencia judicial.
Si no da hoy la cara y no asume hoy responsabilidades políticas por el robo de dinero destinado a los parados andaluces, está inhabilitado para seguir siendo presidente del Gobierno de España», ha proclamado, tras recordar las palabras que en su día espetó Sánchez a Mariano Rajoy tras la sentencia por Gürtel.
Además, ha emplazado a Sánchez que aclare si sigue pensando que los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves son «personas honestas» y sigue «confiando en su inocencia». «No vamos a permitir doble rasero», ha enfatizado, para recalcar que ésta es la «condena más demoledora» por corrupción y «deja pequeña» la de Filesa.
Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Pablo Casado, poco después de conocer la sentencia sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) que ha dado a conocer el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla casi un año después desde el final del juicio y cerca de nueve años desde que se abrió la instrucción de la causa.
EL PP PUBLICA SEÑALA A SÁNCHEZ
En concreto, esa sentencia condena al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por este caso, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación. El fallo también recoge nueve años de inhabilitación para Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez.
Antes de la comparecencia de García Egea, el PP ha difundido un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press, enumerando las condenas de los cargos socialistas tras este fallo y concluyendo con este mensaje: «Ni regeneración, ni progreso, ni dignidad». A su entender, Sánchez es «responsable» por este caso. Además, acompaña su mensaje con un vídeo en el que Sánchez defendía la honestidad y honorabilidad de Chaves y Griñán y prometía ser «implacable» contra la corrupción.
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha sido condenado a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación, y, Manuel Chaves, a nueve años de inhabilitación en la conocida como ‘pieza política’ de la causa judicial sobre los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
Así lo recoge la sentencia que ha dado a conocer este martes el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, pasado casi un año desde el final del juicio por los ERE, y cerca de nueve desde que la juez Mercedes Alaya iniciase la instrucción de la causa.
La Fiscalía Anticorrupción pedía para Griñán seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación y para Chaves diez años de inhabilitación por prevaricación. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo.
El exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez han sido condenados a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción les pedía diez años de inhabilitación por prevaricación.
PRISIÓN PARA CUATRO EXCONSEJEROS
Por otra parte, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día, mientras que los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) han sido condenados a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día. La Fiscalía Anticorrupción pedía para los tres ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha sido condenada a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
El exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta. Juan Márquez, también exdirector general de Trabajo, ha sido condenado a 7 años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta. La Fiscalía Anticorrupción les pedía ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
DOS ACUSADOS TOTALMENTE ABSUELTOS
Sólo dos de los 21 acusados han sido absueltos totalmente por la Audiencia Provincial de Sevilla, el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.
Los exsecretarios generales técnicos de Empleo Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado y Lourdes Medina y el exdirector de la agencia IFA-IDEA, Jacinto Cañete, sólo han sido condenado por prevaricación y no por malversación, por lo que no irán a prisión como pedía la Fiscalía y sólo reciben condenas de inhabilitación.
El excomisario José ManuelVillarejo encontró en el consejero de ACS Manuel Delgado su particular gallina de los huevos de oro para acceder a datos sensibles sobre el presidente de la constructora, Florentino Pérez. El también abogado mantuvo varias reuniones con Villarejo en las que ambos se intercambiaron informaciones confidenciales, según demuestran las grabaciones a las que ha tenido acceso MONCLOA.COM en una investigación conjunta con ElConfidencial.com.
El consejero de ACS fue el abogado de Francisco Correa, principal cabecilla de la trama Gürtel y este vínculo laboral fue el que desencadenó su imputación en la causa por el entonces encargado de la misma, el juez Baltasar Garzón. La trama investiga la presunta red de corrupción política que había entorno al Partido Popular y por la que se efectuaron decenas de imputaciones, entre ellos a Delgado.
El entonces abogado de Francisco Correa fue requerido a colaborar con la Justicia, junto al letrado José Antonio López Rubal, por supuestamente poner en marcha estrategias para ocultar la propiedad y el origen del dinero de su cliente. Según un auto judicial de los jueces de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM, había “hechos de apariencia delictiva” en la relación entre el cabecilla de la Gürtel y Delgado.
Entre algunos de los argumentos que especifican los magistrados se encuentran la presunta implicación de Delgado en la búsqueda de testaferros para Correa o la ejecución de unos supuestos viajes a Panamá para conseguir la residencia de Correa y así eludir pagos con Hacienda. Años más tardes ambos letrados intentaron que la imputación fuera archivada y ellos exculpados de la causa, pero no tuvieron éxito.
El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, rechazó esta propuesta al considerar que ambos letrados “no se limitaron a simples funciones de asesoramiento y defensa”, sino que también se dedicaron «a ayudar a ocultar o encubrir el origen ilícito y el titular de los fondos de Francisco Correa, así como a colaborar en la elusión de las consecuencias legales de la adquisición o transmisión de bienes con origen en una actividad delictiva».
Para apoyar estas premisas, el juez enumeraba algunas pruebas que aparecen en el sumario como pinchazos telefónicos, documentos y testigos que corroboran el “amplio conocimiento” que tanto Delgado como López Rubal tenían sobre “la estructura societaria» opaca de Correa y de sus «actividades ilícitas de carácter fiscal y contra la administración pública».
LA GÜRTEL Y OTROS VÍNCULOS CON VILLAREJO
Esta implicación en la trama Gürtel es el punto que Villarejo aprovecha para intentar conseguir el favor de Delgado. El excomisario se vende ante el consejero de ACS como alguien capaz de poder interferir en esta cuestión. Algo que interesa —y mucho— a Delgado. Y mientras más afianzada esté esta relación, más sencillo sería conseguir información sobre Florentino Pérez.
Delgado se convirtió en una pieza clave dentro de lo que bautizó como Proyecto Posy, cuyo objetivo era descubrir supuestas “acciones irregulares” del presidente de ACS por encargo de Iberdrola. Este trabajo se realizó en el año 2009, justo en el momento en el que Florentino Pérez intentó hacerse con el mando de la energética y solicitó entrar en su consejo de administración.
Para realizar este encargo, Villarejo necesitaba establecer una estrecha relación con alguien relevante dentro del grupo. Y encuentra en Delgado justo lo que quería. Era consejero desde 2004 y, según él mismo reconoce en las grabaciones, era quien iba a “llevar el asalto” de la constructora a Iberdrola. El excomisario aprovecha entonces la imputación de Delgado en la trama Gürtel para ofrecer un intercambio de intereses: supuestos favores para el consejero a cambio de información sobre el presidente de ACS.
Además de esta vinculación con Villarejo, a Delgado también se le atribuyen otras conexiones con el excomisario. Según adelantó Público, Villarejo se habría puesto en contacto con tres consejeros del Ibex-35 y dos comisarios, entre los que aparecía Delgado, para intentar frenar la causa contra el Pequeño Nicolás.
LAS EMPRESAS DE MANUEL DELGADO
Manuel Delgado (1948) es actualmente consejero del grupo de Florentino Pérez y ya lo era en el momento de la investigación llevada a cabo por Cenyt, la agencia de espionaje que dirigía Villarejo. Ocupaba ese cargo desde 2004 y llegó a la empresa a través de la filial de ACS, Dragados, de la que también es consejero. Sin embargo, su experiencia empresarial va mucho más allá de la constructora.
Como aparece en su propio perfil publicado en la web de ACS, Delgado fue miembro de la empresa Refinería Balboa, de la que dejó de ser consejero en 2013. Hasta 2012 fue presidente de Profesionales de la Medicina y de la Empresa, que pertenece al grupo Grupo Hospitalario Hospital de Madrid. También fue consejero hasta 2009 en Unión Fenosa.
Licenciado en Farmacia y Derecho, Delgado, según datos del BORME, ha formado parte de más de una decena de empresas. Muchas de ellas relacionadas con el mundo de la farmacia, como MasFarma Grupo de Farmacias, donde fue consejero, y otras tantas del ámbito de la construcción, como es el caso de ACS o Dragados. Además de sus vínculos empresariales, Manuel Delgado dispone de su propio despacho de abogados en Madrid.
El comisario José Manuel Villarejo logró infiltrarse en el consejo de la constructora ACS, presidida por Florentino Pérez, cuando se libraba la batalla por el control de Iberdrola. Villarejo logró la confianza del consejero Manuel Delgado, hombre de confianza de Florentino Pérez.
Villarejo mantuvo esta relación en numerosos encuentros, todos ellos grabados, tal como puede comprobarse en las grabaciones realizadas por el mismo comisario, a las que ha tenido acceso MONCLOA.COM en una investigación conjunta con Elconfidencial.com. Ambos compartieron almuerzos, cafés, tardes de fútbol y también de toros.
Pero, sobre todo, Villarejo fue ganando poco a poco la confianza de Manuel Delgado aprovechando la situación de este último en el caso Gürtel. El consejero de ACS se encontraba imputado en ese momento, y Villarejo le facilitó información sobre el casoobtenida de sus contactos en la cúpula de la Policía. Además, llegó a hacer de mediador.
Una de las conversaciones entre Villarejo y Delgado se centra en el caso Gürtel. En la grabación realiza por el comisario se puede oír al consejero de ACS preguntar “¿Y de mí qué tienen?”. En ese encuentro, Delgado compartió confidencias con Villarejo y, en un momento dado, le expuso sus planes. Ahí se puede comprobar cómo el comisario había conseguido uno de los típicos objetivos en sus trabajos de espionaje: penetrar en el entorno de confianza del bando enemigo.
Villarejo penetró en el entorno de confianza de Florentino Pérez en ACS
En esa conversación, Delgado le explicó a Villarejo que su prioridad es conseguir zafarse de su imputación en el caso Gürtel. “Lo primero que quiero hacer es salir de aquí”, le dijo el consejero. Villarejo, que es la persona que le ofreció información y contactos, le asegura que saldrá bien: “Cuenta con ello”, le señaló el policía.
Delgado era una persona clave en el asalto de ACS al consejo de Iberdrola, donde tenía un 12,6% de su capital. De hecho, en esa conversación con Villarejo, le desvela que pretendía ser la persona que se encargara de pilotar “el asalto a Iberdrola”. Así lo expresó también Delgado en otras conversaciones con Villarejo.
Manuel Delgado: Pues (…) yo voy a intentar, yo voy a intentar, y te lo digo… yo lo primero que quiero hacer es salir de aquí.
Villarejo: Bueno, eso, eso cuenta con ello ¿eh? Eso no lo veo difícil a corto plazo ¿eh?
D: Una vez que hiciera eso, quiero dar el asalto a Iberdrola. Y quiero que Florentino… se fíe de mí. Porque si se fía de mí, se fía de ti. Y diseñamos una estrategia, que yo la tengo más clara que el agua.
Los contactos que mantuvieron durante meses quedaron registrados por la grabadora del comisario Villarejo. En otra de las conversaciones, que tuvo lugar en el mes de septiembre de 2009, salió a relucir de nuevo la importancia de Delgado en la operación contra la Iberdrola de Ignacio Sánchez Galán. El propio Delgado le descubre a Villarejo que “tenemos el equipo ya montado”.
LOS PREPARATIVOS DE FLORENTINO EN IBERDROLA
Además, Delgado le señala los abogados con los que cuenta: “Horacio a la cabeza y Choclán”. Se trata posiblemente de Horacio Oliva y con seguridad de José Antonio Choclán. Curiosamente, la especialidad de ambos es la Penal, por lo que la batalla se prometía muy dura. Tanto es así que el consejero de ACS tenía claro que Florentino Pérez iba a tomar el poder en Iberdrola y que de esa manera “se van todos a la puta calle”, en referencia al equipo del presidente Ignacio Sánchez Galán. Sin duda, se trataba de lo que Villarejo llamó “escenario de conflicto”, donde Iberdrola podría usar la información comprometida sobre Florentino Pérez que le había encargado la compañía energética, según consta en el informe escrito sobre este trabajo, bautizado como Proyecto Posy. Villarejo, que estaba al servicio de Iberdrola, tenía acceso de esta manera a los preparativos del asalto de Florentino Pérez al Consejo presidido por Ignacio Sánchez Galán.
Manuel Delgado: (…) tiene un problema, y es que entra Florentino. Se van todos a la puta calle.
Villarejo: Ah, bueno, pero eso es aparte (…) Pero eso es un futurible ¿eh? Hasta que no te encarguen…
Sin identificar: ¿Eso no está cerrado?
D: No, porque no quieren…
V: Hasta que no te encarguen a ti ese tema, pues no.
D: Bueno, eso espero.
V: Nooo.
D: Lo que yo espero, que además tenemos todo el equipo ya montado, con Horacio a la cabeza, y Choclán y todo el equipo.
El comisario Villarejo era consciente de la importancia de Manuel Delgado. Unas semanas antes de tener contacto con él por primera vez, el policía comentó el papel que jugaba con Antonio Asenjo, director de Seguridad de Iberdrola,que le había encomendado el trabajo contra los planes de Florentino Pérez. En una conversación en el mes de mayo de 2009, Villarejo sostuvo que Manuel Delgado es una de las personas “que diseña todas las sociedades” del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. Junto con él, según Villarejo, harían el mismo papel Ramón Blanco Balín, también implicado en el caso y el gestor Arturo Fassana, al que se refiere como “el italiano este”.
En esta conversación, Villarejo informó a Asenjo de que los policías que trabajaban en el caso Gürtel le habían filtrado la información de que “sale Florentino por todos los lados”. De esta manera, el comisario contaba con un cóctel con el que podrían presionar, como era la aparición en este gran caso de corrupción de estos dos nombres clave.
Villarejo: Entonces, Blanco Balín, el italiano este (Arturo Fasana) y el Delgado es el trío de alguna manera, que diseña todas las sociedades, tanto de Correa como de, de, de (…) Entonces, los dos jefes de sección, que han estado trabajando exclusivamente en el tema, han dicho: Macho, sale Florentino por todos los lados, coño, pero y por qué no le llamáis. No me jodas, macho, nos han dicho que tiene una (…) y que además hay que esperar hasta que termine el tema. Yo he hablado con Juan Antonio del tema (…) He hablado con José Luis Olivera, que tu lo conoces, que es muy tronco mío, que es el comisario jefe que ha llevado todo el tema, el jefe de la UDEF esta de los cojones, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Es decir, que es mi tronco, macho, y tal. Y, claro, le he dicho: macho, échame una mano. Y dice: Macho, yo te digo esto, que va por aquí. Y tu saca lo que sea, publica lo que sea, que no te vas a equivocar. Macho, yo no puedo… Dice: pero, instrucciones que hay ahora mismo, la gente es que le cortan los cojones si…, toda la parte que concierne a él está parada, ya te digo.
Delgado y Florentino Pérez siguieron en boca de Villarejo en su reunión con el responsable de Seguridad de Iberdrola, la persona que le había encargado el trabajo contra Florentino Pérez en el mes de febrero anterior. El papel que jugaba Delgado permitía “cerrar el circuito” en el caso Gürtel, según afirmó. Villarejo llegó a compartir con Asenjo información sobre declaraciones, que aún no habían sido ni siquiera transcritas, en las que se nombraba a Florentino Pérez.
Villarejo: Y es una forma de, digamos, de pres… cerrar mucho más el circuito Delgado, Blanco Balín con todo el tema económico y tal, pero macho, no creas que… O sea, no… No creas que es más fácil decir: no, es que ya han estado. O sea, a nivel global ahí hay chicha, coño. Hay declaraciones de tres alcaldes que han dicho: no han venido muchas veces, es que el Florentino, a tal sitio, unas ha venido con este, con Zaplana, más de una vez, tal, para determinadas cosas, el tío no ha hablado con nadie, venía, lo llevaba en el coche, lo llevaba, lo traía y tal… Está declarado en conversaciones que hay, que hay que transcribir, pero que están ahí ¿entiendes? Están ahí inmortalizadas. Entonces, yo una… yo ya la he oído, macho, que es clarísima, clarísima. Que habla de uno, de otro… habla hasta de las relaciones de las relaciones de Florentino con Aznar.
El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido al Gobierno central retomar el «camino» de la Declaración de Pedralbes del año pasado para reanudar el diálogo entre ambas instituciones como solución al conflicto en Cataluña. El dirigente catalán exige generosidad para abordar políticamente el conflicto y evitar que se «cronifique».
Aragonés ha insistido en esta vía, propuesta al Gobierno de España, durante la ceremonia de entrega de los Premios Carles Ferrer Salat y las Medallas de Honor de Foment del Treball, a la que ha asistido en representación de la Generalitat tras el plantón del president, Quim Torra, por una cuestión protocolaria al no ser considerado como máxima autoridad en el evento. Precisamente al acto acudía, además del presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre; las ministras en funciones Nadia Calviño, Margarita Robles y María Jesús Montero; el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.
En el marco de este encuentro económico, Aragonès ha afirmado que ahora se ha abierto una nueva oportunidad para volver a la vía del diálogo, y ha exigido generosidad para facilitarlo: «Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo haremos? Si no dialogamos entre los dos gobiernos, ¿quién lo tiene que hacer?».
El vicepresidente ha recordado que la ceremonia de estos premios del año anterior se produjo horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, se reunieran en el palacio de Pedralbes y ambos gobiernos emitieran una declaración conjunta en la que coincidían en la existencia de un conflicto en Cataluña y se comprometieran a solucionarlo a través del diálogo.
Aragonès ha defendido que esa declaración, aunque cree que todavía es insuficiente, significaba un avance: reconocía que había un conflicto, que la solución pasaba por la política basándose en el diálogo y la negociación, que necesitaba recibir un amplio apoyo de la sociedad catalana y que, si era necesario, «se precisaba del acompañamiento de terceros para facilitar el diálogo», lo que después se conoció como la figura del relator, que generó polémica y acabó provocando el fracaso de este diálogo.
SITUACIÓN MÁS COMPLICADA
Así, Aragonès cree que ahora hay una nueva oportunidad para recuperar el diálogo desde ese punto, aunque ha advertido de que un año después «buena parte de los retos están pendientes todavía y en muchos aspectos políticamente la situación es más complicada«, tras la sentencia del Tribunal Supremo.
Para él, la sentencia del 1-O ha evidenciado la necesidad de abordar la situación en Cataluña desde la política, y ha alertado del riesgo de que el conflicto se «cronifique» si la política no hace su trabajo.
Sin embargo, ha reiterado el compromiso del Govern para abrir una nueva etapa de diálogo y negociación: «Tenemos una oportunidad de retomar este camino. En una situación muy difícil que exige la generosidad de todos«.
NUEVOS PRESUPUESTOS
Además, Aragonès, que ha confiado en que se aprobarán los Presupuestos de la Generalitat de 2020, ha reivindicado el funcionamiento de la economía catalana porque, pese al desaceleramiento global, asegura que sigue sumando récords en exportaciones y el PIB sigue creciendo más que el del resto de la Eurozona.
Considera que estos datos macroeconómicos se tienen que acompañar de reducción de desigualdades y ha pedido que la devaluación salarial «no puede ser la pauta del crecimiento futuro», como cree que ha sucedido para superar la crisis económica.
Por eso, ha llamado a mejorar la innovación, la internacionalización y el equilibrio, fomentando el consumo, y ha puesto como ejemplo el salario mínimo que quiere establecer en Cataluña diferenciado del que tiene el resto del Estado.
OTRAS AUTORIDADES
Entre los asistentes también han estado el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig; los consellers de la Generalitat Àngels Chacón, Damià Calvet y Chakir El Homrani, y la alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín.
Han acudido a la ceremonia el secretario general de UGT Cataluña, Camil Ros, y el de CC.OO. Cataluña, Javier Pacheco; el presidente de Pimec, Josep González; el de la Cecot, Antoni Abad; el presidente del Círculo de Economía, Javier Faus, y el consejero delegado de la Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau, entre otros.
El expresidente del BBVAFrancisco González defendió este lunes la “ejemplaridad” del banco en su declaración como imputado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos en el caso Tándem, más conocido como caso Villarejo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tomó declaración a FG durante cerca de tres horas en las que, según afirmó el propio declarante a su salida de la sala de vistas ante decenas de periodistas, contestó tanto a sus preguntas como a las de los fiscales, colmando así un deseo que tenía desde hace más de un año.
González recordó cómo en junio de 2018, después de se tuviera por primera vez conocimiento de los trabajos que habría realizado la empresa Cenyt, propiedad de Villarejo, para el BBVA, emitió un comunicado en el que ponía de manifiesto que estaba “máximamente interesado en declarar”, algo que ha podido hacer este lunes, después de que García Castellón acordara su imputación la pasada semana a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
El antiguo banquero, que presentó su dimisión de la presidencia de honor del BBVA en marzo de este año a raíz de este escándalo, mostró su satisfacción al haber podido contestar con “toda transparencia y claridad” a lo que se le requería aunque señaló a la prensa no poder entrar en detalles de lo acontecido durante su declaración porque “la pieza aún está bajo secreto de sumario”. Con todo, confió en que “una vez termine la investigación quedará muy claro que el grupo BBVA y sus directivos han trabajado siempre de una manera íntegra y ejemplar”.
DEFENSA A ULTRANZA DEL BANCO
FG defendió a ultranza el banco que presidió durante cerca de 20 años, al que definió como “una gran institución internacional enormemente respetada”. Además, indicó que la entidad no solo trabaja “en beneficio de sus clientes y accionistas” sino que también “presta servicios relevantes” al conjunto de la sociedad.
El imputado recordó que fue en mayo de 2018 cuando el banco tuvo conocimiento de que el grupo propiedad de Villarejo, había prestado “algunos servicios al BBVA”. Inmediatamente, prosiguió, “se abrió una investigación para determinar el alcance de dichos trabajos”, antes de que posteriormente se abriera la pieza judicial, la número 9 de las 18 ya abiertas en la macrocausa Tándem.
La defensa de la integridad de los trabajadores de la entidad financiera la realizó “sin perjuicio, como es lógico, de que hubiera alguna conducta irregular de carácter individual” que, en cualquier caso, González aseguró desconocer en este momento.
EL PROYECTO TRAMPA
La pieza secreta número 9, en el marco de la cual prestó declaración este lunes FG, se abrió tras las primeras publicaciones que realizó MONCLOA.COM de forma conjunta con El Confidencial en enero de 2019 sobre los trabajos encargados por el BBVA a Villarejo, que continúan, tal y como recordó González, bajo secreto de sumario.
El primer trabajo que habría realizado el excomisario, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, para el entidad se denominaProyecto Trampa. El principal cometido de este proyecto, como evidencian las informaciones de este periódico, fue encontrar aspectos negativos de personas a las que el comisario catalogó como “grupo hostil” (GH) y que formaban parte del núcleo de la operación de la constructora Sacyr para hacerse con el control del BBVA.
Posteriormente vendrían otros trabajos como el de la “acción final” en el edificio Windsor o Proyecto Fish, una operación de hostigamiento contra el constructor Fernando Martín en 2009, actividades que en total habrían reportado a Villarejo hasta 10 millones de euros.
También prestaron declaración este lunes Antonio Bonilla, policía que en segunda actividad trabajaba para una de las empresas de Villarejo y que ya está imputado en otras piezas de la causa, y, aunque en su caso como testigo, el exdirector de comunicación del BBVA, Javier Ayuso.
Como investigados y también por delitos de cohecho y revelación de secretos, el juez tomará declaración este martes a Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres, quien en diciembre de 2018 le nombró Senior Advisor to the Chairman; y a Eduardo Arbizu, que hasta el pasado mes de julio, cuando fue cesado al conocerse la imputación del BBVA, ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno del BBVA.
Será el miércoles cuando también preste declaración el propio banco, en calidad de persona jurídica representada por el director de servicios jurídicos de la entidad, Adolfo Fraguas, después de que esta comparecencia se haya pospuesto hasta en dos ocasiones por motivos de agenda.
