domingo, 4 mayo 2025

Rivera saca pecho y acepta ahora un referéndum sobre el fin de los aforamientos

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La eliminación de los aforamientos políticos, uno de los principales objetivos de Ciudadanos dentro de su paquete de medidas de regeneración, se le estaba resistiendo al partido liderado por Albert Rivera, pero el escenario cambió ayer.

El desánimo empezaba a cundir ante la dificultad de obtener el apoyo del PP y el PSOE para retirar esta prerrogativa a senadores, diputados y miembros del Gobierno, que no se tienen que someter a los tribunales ordinarios, sino que son juzgados por órganos superiores.

Desde entonces, las cosas han cambiado y los últimos acontecimientos han resultado favorables para Cs, hasta tal punto que ahora el objetivo de eliminar los aforamientos parece alcanzable. Por un lado, Pedro Sánchez anuncia una reforma rápida de la Constitución para acabar con esta figura. Por otro, el PP ha decidido subirse al carro, después de haberle dado largas a la formación naranja durante todo el gobierno de Mariano Rajoy.

Ciudadanos logró incluir la supresión de los aforamientos políticos en el acuerdo de investidura que firmó con los populares en 2016, pero cuando intentó llevarlo a la práctica, el PP se dedicó a poner todo tipo de pegas y el PSOE tampoco se mostró entusiasmado con la idea. En cambio, los de Rivera encontraron un aliado en Unidos Podemos, decidido a poner fin a lo que considera un privilegio.

Sin embargo, lo que no gustó a Ciudadanos fue la exigencia del partido de Pablo Iglesias de que cualquier modificación de la Constitución se sometiese a un referéndum y de que la reforma no se limitase a la cuestión de los aforamientos, sino que fuese más amplia.

Según dijo entonces el secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, el planteamiento de su partido era una reforma exprés de la Carta Magna, y la propuesta de Podemos podía retrasarla o incluso imposibilitarla.

Si bien Cs fue flexibilizando su postura poco a poco, después tuvo que hacer frente al rechazo del PP, que dijo que solo aceptaría retirar los aforamientos políticos de la Constitución si Cs le garantizaba que Unidos Podemos no forzaría un referéndum. Si las Cortes aprueban un cambio en la Carta Magna, la consulta a la ciudadanía es obligatoria en el caso de que lo soliciten al menos 35 diputados o senadores.

EL FIN DE LOS AFORAMIENTOS, SIN VOTOS EN CONTRA

Ahora, en cambio, el panorama es mucho más halagüeño para Ciudadanos, que se apuntó un tanto importante con la votación del martes pasado en el Pleno del Congreso. Consiguió que saliera adelante, sin ningún voto en contra, una moción en la que instaba al Gobierno a cambiar la Constitución en tres meses para suprimir el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno, además de pedir a los Parlamentos regionales que desaforen también a sus parlamentarios.

A pesar de que tan solo era una moción -que en la práctica no obligan al Ejecutivo-, Rivera no podía ocultar su satisfacción, e incluso calificó la votación de “histórica”. Mientras tanto, la postura de Ciudadanos ha evolucionado respecto al tema del referéndum y ahora asegura no tener “ningún miedo” a que se le pregunte a los españoles sobre la supresión de los aforamientos porque, en palabras del diputado de Cs y vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes, esta reforma “atiende a la demanda de la ciudadanía”.

Eso sí, sigue sin aceptar la petición de Podemos de aprovechar la ocasión para tocar otros artículos de la Constitución. Llegados a este punto, el reto para los naranjas es lograr que la eliminación de los aforamientos que apruebe el Congreso no sea una reforma descafeinada, pues podría defraudar a sus votantes.

Para ello, tendrá que convencer al PSOE de la necesidad de desaforar a los cargos públicos también para asuntos relacionados con el ejercicio de sus funciones y no solo en el ámbito privado, ya que en caso contrario mantendrían el aforamiento al ser juzgados por casos de corrupción.

 

Las grietas en la izquierda abertzale complican el futuro político de EH Bildu

En octubre de 2011, 19 meses después de su último atentado mortal, ETA ponía fin a 43 años de violencia. En esos momentos el brazo político de la izquierda abertzale, EH Bildu, venía reclamando el cese definitivo de las acciones de la banda terrorista y pretendía rentabilizar electoralmente el proceso de paz con su retorno al Parlamento vasco tras tres años de ausencia.

El clima político parecía beneficiar a la coalición abertzale, que alcanzaba los 273.000 apoyos en las Juntas Generales del País Vasco de 2011, cifras que ponían en peligro la hegemonía del PNV, que solo disponía de 60.000 votos de diferencia. Las alegrías no venían solas porque su candidato Juan Carlos Izagirre se alzaba con la alcaldía de San Sebastián.

La dinámica positiva se mantuvo en las elecciones autonómicas de 2012, en las que Sortu, heredero de Batasuna, confeccionó de nuevo la coalición EH Bildu, que se convertía en la segunda fuerza de Euskadi tras mejorar en 127.000 votos los números de su antecesor, el Partido Comunista de las Tierras Vascas. El único lunar para la izquierda abertzale era Navarra, donde la desunión de sus fuerzas provocaba que Nafarroa Bai, coalición liderada por su escisión, Aralar, superaba a la matriz.

EH BILDU EN HORA DE COSTURAS

Los partidos que conformaban EH Bildu liderados por Sortu decidieron diluirse dentro de la coalición con la intención de unir fuerzas y dejar atrás matices. El final más traumático fue el protagonizado por Aralar, que cerraba su etapa política en diciembre de 2017 tras 16 años de trayectoria. Esta escisión liderada por Patxi Zabaleta cortó con Batasuna tras el fracaso del Pacto de Estella y la enésima tregua incumplida por ETA, consolidando una voz propia al margen de Sortu.

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Pello Urizar, último líder de EA y uno de las caras visibles de EH Bildu. Foto: Flickr

Tampoco fue fácil la disolución de Eusko Alkartasuna, escisión progresista del PNV, que contó con la negativa pública de varios fundadores liderados por su impulsor, el ex lehendakari Carlos Garaikoetxea. Sin embargo los que apoyaban la fusión lograron una victoria por la mínima con el 52% de los votos y EA se integró en EH Bildu al igual que la minúscula escisión de Ezker Batua, Alternatiba.

2015 y 2016: PASO ATRÁS PARA EH BILDU

Las elecciones de 2015 dejaron un regusto amargo en EH Bildu, que celebró la conquista de la vara de mando de Pamplona y participó en el cambio en Navarra, eso sí, sin liderarlo. En Euskadi los números fueron peores: en las Juntas Generales se dejaron 30.000 votos y la distancia con el PNV se duplicó y al año siguiente, en las elecciones autonómicas vascas, la irrupción de Podemos le dejó sin una quinta parte del electorado conquistado cuatro años atrás.

El desgaste del poder en San Sebastián (donde cayeron hasta la tercera posición), la problemática disolución de algunos de sus miembros y la entrada de nuevos actores políticos dejaron a EH Bildu sin sus fuerzas iniciales, situación que se agravó por la relajada hoja de ruta del Gobierno central respecto al acercamiento de los presos de ETA, las amenazas minoritarias de algunos pistoleros de refundar la banda terrorista y la frustración del proceso catalán en otoño del año pasado.

BILDU: OBJETIVO 2019

En Navarra hay cierta preocupación en el seno del partido por una carta abierta publicada hace unos días por algunos representantes de sus socios de Gobierno en la Comunidad Foral. Varios miembros de Geroa Bai y Batzarre firmaron una misiva en la que reprobaban la actitud del Gaztetxe Maravillas, colectivo okupa cercano a la izquierda abertzale que realizó unas actividades en las que relacionaban la violencia de ETA como respuesta a la represión de 1936.

Voces de «oportunismo y electoralismo» se deslizan desde EH Bildu, que temen que se esté cociendo de cara a 2019 un tripartito entre Geroa Bai, PSOE y Unidos Podemos que los lleve a la oposición. También hay muchas reservas públicas hacia el proyecto del PNV para conseguir un nuevo estatus para Euskadi. En abril del año pasado dos exlehendakaris Juan José Ibarretxe y Carlos Garaoikoetxea encabezaron la nueva plataforma Demokrazia Bai, que ha sido el prólogo del nacionalismo más moderado para conseguir un nuevo Estatuto vasco.

BILDU MIRA CON ESCEPTICISMO AL PNV

Arnaldo Otegi, líder en la sombra de EH Bildu, ha aplaudido las pretensiones del partido «sin renunciar al derecho a decidir» y a la vez apostando por un frente soberanista de la mano del sindicato mayoritario en Euskadi, ELA. En la izquierda abertzale todavía resuenan cual trauma las palabras de Urkullu en El País.

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Acto de Bildu, que se suma con escepticismo de la hoja de ruta estatutaria del PNV. Foto. Flickr

El lehendakari aseguraba que «el concepto de independencia es del siglo XIX. Nuestro nacionalismo en el siglo XXI es solidario, pretende más autogobierno para desarrollar las potencialidades del país en una soberanía compartida. En un mundo globalizado, la independencia es prácticamente imposible«, por lo cual Otegi califica el plan del PNV de «base de mínimos» y se acerca en público hacia el independentismo catalán con la intención de recobrar fuerzas para EH Bildu, que deberá cicatrizar heridas internas antes de volver a trazar una hoja de ruta secesionista.

El Gobierno aflora 6.000 millones por un déficit inflado que atribuye a Montoro

Al Gobierno de Pedro Sánchez le ha tocado la lotería sin ser Navidad, después de que el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montoro haya descubierto una desviación al alza de tres décimas en la estimación del déficit público para este año, según desvelaron fuentes gubernamentales a MONCLOA.com.

El actual Ejecutivo sospecha que este desfase contable en el gasto del 0,3% -es decir unos 6.000 millones de euros- fue ocultado deliberadamente por el equipo predecesor de Cristóbal Montoro a la Comisión Europea, con el fin de decir luego que el déficit no era tan alto y dedicar estos fondos a medidas de impacto social antes de las elecciones europeas, municipales y autonómicas de mayo de 2019.

«Nos dejaron de más», confiesa un alto cargo del Ejecutivo de Sánchez mientras se frota las manos ante el colchón de dinero que dispondrá ahora el Gobierno para políticas sociales en los meses previos a los comicios.

Las citadas fuentes subrayan que este cálculo de más en la estimación del déficit ha provocado que la ministra de Economía, Nadia Calviño, se haya mostrado tan tranquila ante los primeros síntomas de desaceleración en la economía y la posibilidad de que finalmente no haya nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, lo que obligaría al Ejecutivo socialista a convivir con las cuentas diseñadas por Rajoy y Montoro.

«España se encuentra en una fase de crecimiento del ciclo económico y tiene bases sólidas»

Calviño advirtió la semana pasada que si no se aprobaba una nueva senda de déficit habría una subida de impuestos «muchísimo más importante», pero al mismo tiempo confirmó la intención del Gobierno de flexibilizar los objetivos de déficit público pactados con Bruselas porque los actuales, basados en los presupuestos que están en vigor, son «poco realistas».

«Voy a ser meridianamente clara: España se encuentra en una fase de crecimiento del ciclo económico y tiene bases sólidas, con un crecimiento que se mueve en una horquilla de entre el 2,6% y el 2,8%, tasas elevadas y superiores a la media del conjunto de la zona euro», insistió.

EL DÉFICIT QUE ATRIBUÍA RAJOY PARA 2018

Esas palabras de la ministra de Economía sobre el objetivo del déficit para este año escondían, a juicio de las citadas fuentes, las tres décimas de más descubiertas en las estimaciones que Montoro envió en marzo a la Comisión Europea.

En aquel momento, el Gobierno de Rajoy reconoció que el Estado acabaría este año con un agujero de 14.712 millones de euros, del 1,21% del PIB, es decir 6.200 millones más frente a su objetivo del 0,7% pero Moncloa cree ahora que estas cifras están infladas.

Montoro, además, señaló que el Estado, pese a incumplir, sería la Administración que más se tendría que ajustar el cinturón, con una reducción de déficit de 7.421 millones en comparación con los datos cosechados en 2017.

La otra gran incumplidora sería la Seguridad Social, mientras que comunidades autónomas y el superávit de los ayuntamientos permitirían reducir el déficit público total al 2,2% apalabrado con Bruselas: 26.998 millones de euros, según el Ejecutivo popular. Ello supondría 9.235 millones menos que el 3,07% del PIB con el que acabó el año 2017.

 

La resurrección de Ciudadanos en Cantabria amenaza la mayoría de Revilla

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La mayoría de Miguel Ángel Revilla podría peligrar en las elecciones autonómicas de 2019 por el previsible crecimiento de Ciudadanos, que ha cosido sus heridas tras el bronco verano del año pasado. Por aquel entonces la formación naranja forzó la salida orgánica de su número dos en la región, Juan Ramón Carrancio, que mantuvo su acta de diputado y posibilitó que el presidente cántabro aprobase sus presupuestos para este año con toda la oposición en contra.

Carrancio fue acusado por la formación naranja de «falsedad documental» y José Manuel Villegas impuso desde Madrid que el diputado Félix Álvarez tomase el control y la portavocía de Ciudadanos Cantabria. El humorista fue acusado de dar de baja a dos tercios de los militantes para asegurarse su mayoría, pero Álvarez hizo oídos sordos y se apoyó en el candidato y único diputado naranja del Parlamento cántabro, Rubén Gómez, quien también ha sido acusado de falsificar su currículum.

Félix Álvarez ha visto con satisfacción como el efecto catalán provocaba que los afiliados creciesen en Cantabria, región donde Ciudadanos apunta a que puede triplicar sus resultados de 2015. El humorista afirma que no tiene decidido presentarse a las primarias de enero, donde el partido de Albert Rivera elegirá en Santander al candidato para competir contra Revilla.

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Miguel Ángel Revilla ha amenazado con dejar la política tras tres décadas liderando el PRC. Foto: Flickr PRC.

El portavoz de Ciudadanos Cantabria, por lo pronto, ha arrancado el curso anunciando que no apoyará los presupuestos del PRC porque Revilla tiene que «quitar la grasa adiposa a las instituciones públicas, eliminar duplicidades y equilibrar el presupuesto por la senda de los gastos y no de los ingresos«. El presidente por ahora no entra en guerra contra Álvarez, ya que su estrategia se está basando en insinuar que no repetirá como candidato.

«Revilla me dijo que se marchaba, que no se volvía a presentar a ninguna reelección». Con estas palabras Fernando Jáuregui, periodista cercano al presidente, afirmó en COPE que el emblemático político cerraba su carrera dejándolo «todo atado». Sus rivales, sin embargo, afirman que no es la primera vez que insinúa su adiós. Este amago podría tratarse de una nueva estrategia del hombre que controla Cantabria desde 1995 (con la excepción de la legislatura 2011-15) ante el previsible crecimiento de Ciudadanos, al que algunas encuestas le sitúan como principal apoyo de una mayoría liderada por el PP.

Entre los populares todavía no se ha decidido quién rivalizará con Revilla, aunque su presidenta regional María José Buruaga aparece como favorita en todas las quinielas tras conocerse que el ex ministro Íñigo de la Serna no volverá a la política regional.

REVILLA RECIBE CRÍTICAS TRAS AÑOS DE COMPLICIDADES

El PRC celebrará en noviembre un Congreso en el que elegirá a sus candidatos para las autonómicas y municipales de mayo. La formación regionalista había disfrutado en los últimos años de un gran confort mediático gracias a las giras madrileñas de Miguel Ángel Revilla, que rompe audímetros con las promociones de sus libros o del turismo cántabro para alegría de Pablo Motos, Bertín Osborne o Iñaki López.

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Miguel Ángel Revilla en una entrevista concedida a Pablo Motos para Antena 3. Foto: Flickr de El hormiguero.

Sin embargo, en los últimos tiempos algunos medios ideológicamente cercanos a Ciudadanos están complicando las plácidas aguas regionalistas. Es el caso de OK Diario, que destapó que el Gobierno gastó más de medio millón de euros en latas de anchoas durante dos legislaturas, yendo a parar más de la mitad de la cifra a los bolsillos de un empresario que figuró en una lista del PRC.

LA OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL PARTIDO DE REVILLA

El mismo medio también acusó al PRC de poner su campaña de 2011 en manos de Puzzle Producciones, que obtuvo adjudicaciones por valor de más de 10 millones de euros en las dos legislaturas anteriores gobernadas por Revilla. Pero Eduardo Inda no es el único quebradero de cabeza para el presidente, que también soporta los ataques del locutor cántabro Walter García, votante declarado de Ciudadanos en la región en las autonómicas de 2015.

La estrella de la emisora autonómica Cadena Mix acusa al presidente de ser «el mayor estafador social de España», pero Revilla no entra al trapo y este año en la Fiesta Regionalista del PRC anunció que su partido está ante «una oportunidad histórica» en 2019 porque su partido podría convertirse, por primera vez, en la primera fuerza de Cantabria.

 

Giro en el lenguaje de Sánchez: los independentistas son ahora simples nacionalistas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha empezado a introducir en los últimos días un matiz significativo en su discurso sobre Cataluña, evitando referirse a los independentistas con esta etiqueta.

Así, tanto el jefe del Ejecutivo como alguno de sus ministros han optado por convertir a los independentistas en simples «nacionalistas», con los que sería más sencillo lograr un acuerdo puesto que no perseguirían como única meta la independencia, sino que podrían conformarse con algo a medio camino, según el razonamiento —o deseo, más bien— del Gobierno.

“Hay que llegar al territorio que nos ponga de acuerdo entre la sociedad catalana, entre nacionalistas y no nacionalistas. Es lo que busca el Gobierno, que se dirige a la totalidad de la sociedad catalana, a nacionalistas y no nacionalistas”, defendía el viernes pasado la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La ministra mostró incluso su convencimiento de que «esto que es deseable va a ser posible» porque, ni las movilizaciones en la calle ni ninguna otra vía que no sea la del diálogo y el pacto entre el Ejecutivo español y la Generalitat, traerán una solución al conflicto actual.

«El único punto donde se une la mayoría de catalanes es su autogobierno. (…) podemos llegar a un acuerdo entre los catalanes que son nacionalistas y los que no»

En esa intervención, Celáa dividió la sociedad catalana en nacionalistas y no nacionalistas, borrando de un plumazo a quienes sólo se conforman con la independencia, como si este colectivo ya no existiese o hubiese mutado de modo natural a un estado más moderado.

Dos días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, empleaba la misma fórmula que su portavoz en la entrevista que le hizo la periodista Ana Pastor en el programa ‘El Objetivo’ de La Sexta.

“El único punto donde se une la mayoría de catalanes es su autogobierno. En torno a la idea del autogobierno podemos llegar a un acuerdo entre los catalanes que son nacionalistas y los que no”, dijo el presidente, que sí empleó el término independentista, pero no para incluirlos en un eventual acuerdo, sino para pedirles que hagan autocrítica y sean conscientes de que la mayoría de la sociedad catalana no apuesta por desgajarse de España.

El lenguaje empleado por el Gobierno dista mucho del que utiliza, por poner un ejemplo, el diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà, para quien la sociedad catalana se divide entre “independentistas” y “autonomistas”, extremos desde los que resulta más difícil lograr un mínimo común denominador, que es en lo que está el Ejecutivo.

El Gobierno de Pedro Sánchez rechaza de manera frontal autorizar un referéndum de autodeterminación en Cataluña que permitiese a este territorio decidir de manera unilateral irse de España. Ofrece, en cambio, una reforma del Estatut -que tendrían que votar en última instancia los catalanes en referéndum- para darle a Cataluña aún más autogobierno del que ya tiene.

Sánchez cree que parte del problema actual viene provocado por la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2010, y en respuesta a un recurso interpuesto por el PP, recortó parte del Estatut que los catalanes ya habían votado y aprobado en referéndum, aunque con una baja participación.

LA CONSULTA QUE IDEA PEDRO SÁNCHEZ

Por eso los socialistas piensan que el problema se resolvería si se permitiese a los catalanes votar un nuevo Estatuto de Autonomía con la garantía de que el Tribunal Constitucional no lo va a modificar después, ya que en 2015 se recuperó el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía, que establece la obligación de resolver los recursos antes de que el texto termine su tramitación en las Cortes.

De nuevo jugando con las palabras y envolviéndolas en un papel más atractivo, hace pocas semanas Sánchez presentó esa consulta legal y preceptiva como un “referéndum de autogobierno”.

 

Margallo acusa a Borrell de «rendirse» en la negociación de Gibraltar

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José Manuel García Margallo ha arremetido contra el actual ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en un escrito sobre Gibraltar, al que ha tenido acceso MONCLOA.com, cuando Madrid y Londres se encuentran cerca de lograr un acuerdo sobre el futuro de la colonia británica tras el Brexit.

«El actual Gobierno de España ha declarado que la cuestión de la soberanía no está sobre la mesa, lo que supone rendirse antes de empezar a jugar«, advierte Margallo ante la pretensión del Gobierno de Sánchez de negociar únicamente con el Reino Unido las reclamaciones en materia de contrabando de tabaco, fiscalidad, medio ambiente y estabilidad de los trabajadores que cruzan a diario la Verja.

«Es obvio que con negociación o sin negociación, el Reino Unido y las autoridades gibraltareñas, están obligadas a cumplir con las obligaciones que la legislación comunitaria impone en las tres primeras áreas. Como también es obvio que no es asumible que los trabajadores españoles no tengan las mismas condiciones de trabajo que los trabajadores locales. En síntesis, las reclamaciones españolas son puro humo«, sentencia el exjefe de la diplomacia española.

A juicio de Margallo, «no se entiende» que el actual Gobierno no aproveche el Brexit para plantear reclamaciones que ya planteó el Gobierno de José María Aznar en el año 2002 y que fueron, en principio, favorablemente contempladas por el Gobierno del Reino Unido, «siendo así que entonces no peligraba la posición de Gibraltar respecto a la Unión Europea y que lo que hoy ofrecemos supone ofrecerles una salida a lo que parecía una salida imposible.

El actual presidente de la Comisión de Seguridad Nacional en el Congreso de los Diputados insiste en que la mejor solución para la colonia y la zona circundante española es una cosoberanía compartida como la que negoció Aznar en su momento. Sin embargo, sus argumentos han caído en saco roto, no sólo con Borrell, sino también con Alfonso Dastis, quien descartó incluir aspectos de cosoberanía en la negociación con Londres sobre el futuro de Gibraltar cuando abandone la UE.

El Gobierno socialista indicó esta semana que utilizará la negociación del Brexit y el futuro estatus de Gibraltar para obtener «las cosas más positivas posibles» para los españoles de la zona y los que trabajan en el Peñón. En este sentido, el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para hacer efectivo el Brexit contará con un protocolo específico en el que quedarán recogidos los aspectos que afecten a Gibraltar, según anunció el Gobierno en un comunicado.

«España ha declarado que la cuestión de la soberanía no está sobre la mesa, lo que supone rendirse antes de empezar a jugar»

«Vamos a utilizar la negociación para obtener las cosas más positivas posibles para nuestra gente, para España y para los españoles que trabajan en Gibraltar», aseguró Borrell tras reunirse con el negociador jefe de la Unión Europea (UE) para el Brexit, Michel Barnier.

El Brexit será uno de los principales asuntos en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en el próximo Consejo Europeo, previsto para octubre, y en la reunión informal que todos ellos mantendrán mañana y el jueves en Salzburgo (Austria).

LA PRIORIDAD DE BORRELL EN LA NEGOCIACIÓN

La situación en la que quede Gibraltar tras la salida del Reino Unido de la UE es uno de los puntos «importantes» que quedan abiertos en la negociación y que el propio Barnier explicó que deben quedar resueltos antes de octubrecuando Bruselas pretende finalizar la negociación sobre el acuerdo de retirada del Reino Unido.

En su comparecencia del pasado día 13 de septiembre ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Borrell afirmó que España no utilizará las negociaciones para reclamar la soberanía del Peñón, ya que la prioridad es mejorar la situación de la zona del Campo de Gibraltar. Esta postura no supone «ninguna renuncia» sobre la reivindicación histórica de España de recuperar el control del Peñón, pero el diálogo sobre el Brexit no es el marco adecuado, explicó entonces el ministro.

Según el jefe de la diplomacia española, Gibraltar no puede ser «el último obstáculo en el camino hacia el acuerdo del Brexit, y el objetivo debería ser que fuese «el primer paso» para ese pacto.

Entre sus principales preocupaciones sobre el Peñón, Borrell citó la pesca, la aduana, el contrabando de tabaco, el aeropuerto o la salida y entrada de trabajadores españoles y la convicción de que la colonia británica «no puede ser el tercer territorio con la renta más alta del mundo rodeada de una planicie de subdesarrollo». Para evitarlo, el Gobierno prepara un Plan General para el Campo de Gibraltar, con políticas activas de empleo, que dinamice la economía de la zona.

 

Sánchez-Casado: pacto de no agresión tras una llamada telefónica

Fue a raíz de la portada del ABC en la que se acusaba de plagio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su tesis doctoral. El jefe del Ejecutivo entró en modo cabreo monumental y tras pensarlo varias veces descolgó el teléfono y llamó al líder del PP, Pablo Casado, para hacerle una propuesta que el joven sucesor de Mariano Rajoy no podría rechazar: aparcar las diferencias entre ambos partidos por los asuntos de los masters.

Como efectivamente suponía Pedro Sánchez, a Casado le pareció bien la propuesta, pero ambos convinieron, sin embargo, en que sería bueno que los segundos escalones de ambos partidos y los portavoces parlamentarios terminaran de perfilar ese acuerdo.

Así, a medida que la presión se iba relajando en cuanto Sánchez ordenó hacer pública su tesis –los socialista solo hicieron alguna velada referencia al hecho de Casado no había facilitado sus trabajos-, vibraron los móviles.

Ambas portavoces parlamentarias, Adriana Lastra (PSOE) y Dolors Montserrat (PP), así como el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han ido cerrando durante el fin de semana los términos de un acuerdo que, básicamente, implica que ambos partidos dejan de lado los asuntos vinculados al master de Casado y la tesis de Sánchez, y se comprometen a no utilizarlos como arma política.

Ese acuerdo tiene una excepción: que la Justicia al final actúe contra alguno de ellos. Y ahí el más expuesto es Casado, quien trasladó a Sánchez, y así se lo han hecho saber desde el PP a sus interlocutores del PSOE, su convencimiento de que el Tribunal Supremo archivará la causa abierta contra él por el supuesto trato de favor en el master que estudió en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

El pacto de no agresión ya se hizo notar en las ruedas de prensa y comparecencias de los lideres de ambos partidos, en las que las referencias a estos asuntos espinosos brillaron por su ausencia.

QUE LA POLÉMICA SE VOLVIERA CONTRA CASADO

“Pese al intento de descrédito personal que sufro estos días, yo no haré lo mismo”, decía el presidente Sánchez en su perfil en Facebook, donde anunció que colgaría en Internet su tesis doctoral de manera íntegra para que cualquiera pudiera consultarla.

Dirigentes del PSOE y del Gobierno esperaban que la polémica en torno a la tesis de Sánchez se volviera en contra de Casado, que sigue sin permitir el acceso a los cuatros trabajos que le sirvieron para superar el máster del URCJ, investigado por una jueza de Madrid que tiene la sospecha de que ese centro elegía a ciertos alumnos VIP a los que regalaba los títulos para que dieran prestigio a sus posgrados, y garantizar así que siguieran estando demandados.

Como Casado está aforado por ser diputado, debe ser el Tribunal Supremo el que decida si le investiga o no por presuntos delitos de cohecho y prevaricación administrativa. Y aunque la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, llegó a pedir la semana pasada en el Congreso a Casado que enseñe los trabajos que supuestamente le permitieron tener ese título, el Ejecutivo ya no tiene interés en hacer sangre con esta cuestión.

Dos días después de las palabras de Calvo, la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, no fue tan directa y se limitó a decir que de Casado no se sabe “lo que ustedes le preguntan”. Y en todo caso consideró, esta vez refiriéndose a la dimitida ministra Carmen Montón, que un solo error cometido hace tiempo no es motivo suficiente “para quitarle la honra”, lo que podría aplicarse también para Casado en caso de no llegue a estar imputado o, si se le investiga, no sea condenado.

Podemos abre debate sobre su candidato idóneo: ¿Pablo Iglesias o Irene Montero?

En marzo de este año Íñigo Errejón se sentó en ‘Salvados’ y deslizó un pensamiento creciente dentro de Unidos Podemos. El ex número dos de la formación morada señaló que no descartaba «a Irene Montero como candidata de Unidos Podemos a la presidencia del Gobierno». Aquello se pasó por alto a nivel mediático, tomándose como un dardo ligero del principal rival interno de Pablo Iglesias.

Pero las voces que exigen esa candidatura cada vez son mayores y este domingo Antonio Maíllo, líder de Izquierda Unida en Andalucía, afirmaba este domingo en Eldiario.es que le encantaría ver a Irene Montero en los carteles de las próximas generales: «Creo que a Pablo Iglesias también. Pablo es una de las mentes más brillantes en la política española. Pero también ha habido mujeres brillantísimas en la política que nunca han podido ser número uno«.

Y añadía: «Ahora estamos en una enmienda a la totalidad de la historia, y si toca que una generación de tíos ocupemos un espacio político de acompañamiento a las mujeres, se hace. Llevamos siglos de camino contrario«.

Detrás del feminismo que exhibe Maíllo se puede encontrar también la percepción dentro de Unidos Podemos de que la figura de Pablo Iglesias es contraproducente para recuperar el vigor, tal y como lo reflejan todos los sondeos.

En ellos se evidencia que el líder morado es el peor valorado entre los principales líderes políticos. «Sus indudables capacidades comunicativas que ayudaron al éxito inicial de Podemos ahora están amortizadas porque es un líder carbonizado«, señalan a MONCLOA.com fuentes de la formación.

«La revolución de las mujeres», lema muy repetido por Iglesias en los últimos tiempos, el valor emergente de Ione Belarra y las figuras emblemáticas de Manuela Carmena Ada Colau pueden ayudar a que de el paso a un lado en favor de Montero sin dejar de ser el secretario general de Podemos.

PABLO IGLESIAS, AL MARGEN DEL DEBATE INTERNO

Los debates ideológicos internos relevantes se habían aparcado en Podemos por la frenética sucesión de procesos electorales y por la protesta generalizada contra las políticas del Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Pero tras el acceso de Pedro Sánchez a La Moncloa con la complicidad de Pablo Iglesias se han reavivado los intercambios dialécticos. 

El melón lo abrió la vieja guardia de Unidos Podemos, muy cercana en lo afectivo a Pablo Iglesias: Manolo Monereo, Julio Anguita y Héctor Illueca. Este trío se rebeló contra las criticas generalizadas a nivel internacional contra las medidas proteccionistas del Gobierno italiano en materia económica. El Decreto Dignidad, nombre escogido por el ejecutivo presidido por Conte, implica la reducción de la temporalidad laboral, la introducción de medidas contra la deslocalización empresarial y la prohibición de la publicidad relacionada con el azar.

Pablo Iglesias
La candidatura de Irene Montero para relevar a Pablo Iglesias fue propuesta por Errejón. Foto: Flickr

Monereo, diputado de Unidos Podemos, explicaba junto a sus compañeros en Cuarto Poder que «guste o no guste, el Decreto Dignidad constituye un notable esfuerzo por defender al pueblo italiano contra los señores de las finanzas y de las deslocalizaciones. En política hay que debatir sobre datos y hechos. Juzgar las intenciones es propio de inquisidores y pobres mentes que carecen de argumentos racionales. ¿Fascismo en Italia? Decreto Dignidad«.

ENFADO ENTRE ALGUNOS APOYOS DE PABLO IGLESIAS

Miguel Urbán y Brais Fernández, de la corriente Anticapitalistas, protestaron en el mismo medio porque la vieja guardia olvidaba la xenofobia de Salvini y les acusaba de haber sido engañados porque un movimiento transformista del capitalismo, cuyo objetivo es «reorganizar toda la vida social en torno a relaciones mercantiles. Para ello, necesita destruir todas las relaciones sociales que se oponen potencialmente a ese proyecto, segmentando y dividiendo a la clase trabajadora en colectivos e individuos que compiten entre si», explican ambos autores.

Monereo volvía a la carga junto a sus compañeros y acusaba a Urbán y Fernández de banalizar el fascismo y de ser parte de «la tiranía de lo políticamente correcto: una coincidencia amplia y consistente entre la extrema izquierda y los apóstoles del neoliberalismo. Los dos dicen lo mismo, descalifican de la misma forma y definen al actual gobierno italiano en términos similares».

Pero la gota que colmó la paciencia del diputado de Unidos Podemos por Córdoba es que El Confidencial publicase que iba a lanzar una corriente republicana entroncada con el antieuropeísmo de la extrema derecha.

Monereo se apresuró a desmentir la noticia, pero explicó que pretende la salida de España del euro porque «la UE ha constitucionalizado las políticas neoliberales, ha construido una Europa bajo la hegemonía alemana y ha incrementado las desigualdades sociales. Pablo Iglesias por ahora se abstiene de participar en el debate teórico entre uno de sus diputados más afines y una corriente que apoya su liderazgo.

IGLESIAS TAMBIÉN SE ABSTIENE EN OTROS DEBATES

Otros intercambios de ideas sobrevuelan sobre Podemos desde algún tiempo sin que Pablo Iglesias haya querido participar de forma explícita. Uno de ellos lo indujo el libro ‘La trampa de la diversidad’, publicado por David Bernabé en la editorial AkalEn la obra se recoge el fraccionismo inducido en la clase obrera por el capitalismo para que las formaciones progresistas oculten sus políticas económicas liberales con medidas de gran valor simbólico en beneficio de algunos colectivos (la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo aprobada por el Gobierno de Zapatero ).

Pablo Iglesias
Pablo Iglesias y Manolo Monereo, en una imagen del programa ‘En otra vuelta de tuerka’. Foto: Youtube

La histórica activista Lidia Falcón ya advertía tras el 8-M en Público que «tú no derrotas al poder así, con una fiesta o una manifestación. Para militar hay que trabajar, hay que cansarse, hay que repetir cosas muy aburridas, hay que estar en la calle repartiendo folletos y pidiendo firmas, hay que ir al Parlamento 40 veces a que estos partidos se enteren de lo que tienen que legislar. Todo eso es cansado, y la fiesta, la manifestación, la asamblea, la juerga no tienen futuro«.

Iglesias sí que evidencia su posición negativa respecto a la reproducción asistida (gestación subrogada) o las asociaciones de prostitutas. Lo tiene más complicado para zambullirse en el de los límites del humor, con varios medios de la izquierda ortodoxa descalificando al cómico Rober Bodegas por haber realizado algunas bromas utilizando los clichés del colectivo gitano. El humorista Ignatius Farray afirma que «lo políticamente correcto es el primer movimiento de izquierdas», pero sus líderes son conscientes de que un movimiento reaccionario respecto al humor podría espantar a su clientela más joven.

La desinformación de la ‘número dos’ del PSOE

En las últimas semanas, la ‘número dos’ del PSOE, Adriana Lastra, ha dado muestras inquietantes de no estar al tanto de algunas de las decisiones más relevantes que su partido y el Gobierno se traen entre manos.

Quien fuera unas de las personas más próximas de Pedro Sánchez en su segunda etapa al frente del PSOE, hoy da muestras de cierta desinformación incluso en asuntos que atañen directamente a su función de portavoz, y jefa de la dirección, del grupo de parlamentarios socialistas en el Congreso de los Diputados.

Recién reincorporada de las vacaciones de verano, Lastra avanzaba en una entrevista en televisión que la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos podría hacerse en septiembre.

Un día después, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, explicaba en rueda de prensa los detalles del real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros que permitirá sacar al dictador del monumento de El Escorial. Según Calvo, no será antes de finales de año, dado que antes hay que completar una serie de trámites para cumplir con todas las garantías jurídicas.

Con el nuevo curso político ya plenamente iniciado, la diputada asturiana volvió a quedar en evidencia cuando una periodista de televisión le preguntó, micrófono en mano, si tenía conocimiento de la invitación que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, le había ofrecido al president de la Generalitat catalana, Quim Torra, para que acuda a explicar su proyecto político en la Cámara Baja. “¡No!”, gritó Lastra en el patio del Congreso, girando sobre sus hombros para contestar a la pregunta de la reportera.

Era el día en que Pedro Sánchez acudía al Congreso para presentar junto a los presidentes de las Cortes, Ana Pastor y Pío García-Escudero, los actos de celebración del 40 aniversario de la Constitución. Apenas unos minutos después de la entrada de Lastra en el acto, un miembro destacado del equipo de colaboradores del presidente en La Moncloa aseguraba a la prensa que Sanchez, pero también cargos del PSOE, tenían conocimiento previo de las intenciones de Pastor con Torra, porque la presidenta había contactado con ellos. Unas comunicaciones de las que, una vez más, Lastra no estaba enterada.

En la última crisis que ha tenido que afrontar el Gobierno Sánchez, la de la renuncia de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, Lastra sí ha ejercido de fiel correa de transmisión de los pensamientos de Pedro Sánchez. Fue la primera que avanzó la posición del presidente del Gobierno de mantener en su puesto a Montón, después rectificada, ante la incomprensión de buena parte del partido. Lastra demostró ahí disponer de información de primerísima mano procedente de La Moncloa y ejerció más como portavoz del Gobierno que como representante del sentir generalizado en su formación, donde se veía como inevitable la necesidad de dejar caer a la ministra.

FUERTE CARÁCTER DENTRO DEL PSOE

Persona de fuerte carácter -fue nominada al premio de castigo por la Asociación de Periodistas Parlamentarios por su difícil relación con la prensa- hasta ahora Lastra se había destacado más por sus excesos verbales que por su falta de información.  Muy sonada fue la comparación que hizo en noviembre pasado del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, con el fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, ejecutado en los primeros meses de la Guerra Civil en una cárcel de Alicante.

“Nació diciendo que era Adolfo Suárez y acaba siendo José Antonio…”, dijo en un momento en que las sedes de Ciudadanos en Cataluña aparecían con frecuencia con pintadas de ‘fascistas’ y otro tipo de insultos, cuando no les rompían los cristales o arrojaban excrementos en la puerta. Cuando un periodista advirtió a Lastra de que su comparación entre Rivera y Primo de Rivera se parecía demasiado al discurso más extremista de los independentistas, la socialista rectificó inmediatamente sus palabras.

Consciente de que se le había calentado la boca, usó la red social Twitter para aparentar que su exceso verbal había sido un lapsus, porque quería haber comparado a Rivera con otro José (María Aznar). Pero esa explicación ya no colaba.

 

Arabia Saudí hace el vacío al embajador español tras la polémica por las bombas

La primera reacción de Arabia Saudí a la polémica creada por España en torno a la venta de las 400 bombas de precisión ha sido hacer el vacío al embajador español en Riad, Álvaro Iranzo, según explicaron fuentes diplomáticas a MONCLOA.com

El diplomático intentó, infructuosamente, hablar por teléfono con ministros y altos cargos del Gobierno saudí en los primeros días de la crisis. Además, sus peticiones de entrevista con ellos -cursadas a través de correos electrónicos- no tuvieron respuesta al menos hasta mediados de la pasada semana, indicaron las citadas fuentes.

La crisis diplomática entre ambos países estalló el 3 de septiembre cuando la Cadena Ser informó que el Ministerio de Defensa había paralizado la venta de 400 bombas de precisión láser del Ejército español a Arabia Saudí. El contrato se suscribió en el verano de 2015, cuando Pedro Morenés dirigía Defensa, a cambio de 9,2 millones de euros que Riad ya ha abonado.

El material bélico se encontraba almacenado desde entonces en una base militar del Ejército de Tierra en Aragón, a la espera de que las autoridades saudíes procedieran a recogerlo. El hecho de que Riad no hubiese retirado las bombas después de tres años de haber efectuado el desembolso económico era una muestra, según las fuentes diplomáticas, de que ese armamento no era urgente para el Ejército saudí, inmerso actualmente en una guerra contra los hutíes de Yemen que empezó en marzo de 2015.

El mismo día que apareció la noticia de la revocación del contrato, el embajador saudí en España, el príncipe Mansour Khalid Al-Saud, se puso en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para manifestarle su disgusto por la medida adoptada por el Ejecutivo socialista.

La llamada del embajador saudí a Borrell, unido al silencio de la ministra de Defensa durante varios días, provocó que en Exteriores se activasen todas las alarmas ante el riesgo que corría el contrato adjudicado en julio a Navantia para la construcción de cinco corbetas a la Marina saudí. Una operación valorada en 1.813 millones de euros y que daba tranquilidad a la empresa pública española tras el fiasco de la venta de las fragatas a Australia.

No hay que olvidar que la venta a Arabia Saudí es la mayor exportación de la historia de Navantia, tal y como recordó El País, de ahí que la decisión de Defensa provocase una oleada de protestas entre los trabajadores de Navantia en San Fernando (Cádiz).

EL CONTRATO CON ARABIA SAUDÍ

El contrato, que generará unos 2.000 empleos durante cinco años, incluye la construcción de las cinco corbetas, basadas en el modelo ‘Avante 2200’ vendido en su día a Venezuela, así como también la remodelación del puerto saudí de Yedá, que le servirá de base, y la instrucción de las tripulaciones, unos 600 marineros saudíes que se formarán en España.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, fue la primera en matizar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, al subrayar que no había nada decidido y que el Gobierno defendería el contrato y la carga de trabajo de Navantia en Cádiz, después de que la presidenta andaluza, Susana Díaz, alzase la voz en defensa de los astilleros cuando la región se encuentra ya de facto en precampaña electoral, a la espera de saber qué domingo de noviembre es el elegido por ella para los comicios andaluces.

Robles volvió a enmarañar el asunto el pasado lunes en su comparecencia en el Senado, al decir que el contrato de venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí no había sido suspendido, sino que estaba en fase de estudio, igual que todos los contratos que tiene España en la actualidad «con cualquier país» para analizarlos «desde el rigor».

Fuentes gubernamentales alertaron a MONCLOA.com de las posibles consecuencias de estas declaraciones de la ministra de Defensa, al poner en cuestión todos los contratos suscritos en los últimos años, muchos de ellos en su fase final de tramitación y entrega, lo que supone quebrar el principio de seguridad jurídica.

También llamó la atención que Robles arrogase a Defensa la facultad de decidir qué contrato es valido y cuál es no, cuando existe una Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) en la que están representados, entre otros, los ministerios de Presidencia, Economía, Exteriores, Defensa o Hacienda, y que es el organismo que examina las licencias y, en última instancia, aprueba o deniega una operación de venta de armas.

borrell arabia saudí
El ministro Josep Borrell cerró la crisis con Arabia Saudí al anunciar el envío de las bombas. Foto: Flickr MAUEC.

Finalmente, fue el ministro de Exteriores, Josep Borrell, quien anunció el pasado jueves que el Gobierno reanudará la venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí tras estudiar el envío durante una semana y no detectar «ninguna irregularidad». Además, indicó que se trata de armamento de precisión que «no produce efectos colaterales» ya que su precisión de impacto en el blanco es “de menos de un metro”, algo con lo que quiso refutar las críticas sobre el posible destino de este armamento a la guerra en Yemen y que acaba afectando a la población civil.

En la práctica, este anuncio de Borrell no era pertinente porque la venta de las 400 bombas a Arabia Saudí ya esta aprobada por la JIMDDU hace tres años, Riad había pagado religiosamente el montante estipulado y sólo quedaba que los saudíes viniesen a recogerlas, pero el Gobierno de Sánchez quiso de esta forma lanzar un mensaje conciliador a la principal potencia del Golfo Pérsico para intentar atajar la crisis.

Mientras las autoridades saudíes respondían con el silencio a las llamadas y mensajes del embajador Iranzo, el principal canal de comunicación entre Madrid y Riad fue el que mantuvo abierto el rey Felipe VI. Fuentes de la Zarzuela subrayaron a MONCLOA.com que el jefe del Estado medió en este asunto para que las aguas volviesen a su cauce.

 

Nace MONCLOA.com, un digital de «política, poder y pasión»

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Este 17 de septiembre de 2018 aparece en la Red un nuevo digital, MONCLOA.com, que formará parte de la misma editora que MERCA2 con Bloomberg, la web dedicada al mundo de las finanzas y empresas que desde su aparición, hace dos años, se ha hecho un hueco entre los medios de nuestro país con una audiencia mensual de más de 2,6 millones de usuarios únicos.

MONCLOA.com nace con un mantra que guiará su existencia –«política, poder y pasión»– y quiere aportar una pizca de humor al día a día informativo con una sección -Monclotoons- en la que cada semana aparecerán los avatares de los políticos que nos gobiernan.

No tenemos un perfil ideológico concreto. Queremos que nos lean todos los lectores del espectro político, de ahí que hayamos distribuido las noticias en varias secciones –Gobierno, PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos- para informar de los cuatro principales partidos y la actividad gubernamental. Además, habrá un apartado específico –Confidencial– para las informaciones que no sean del Ejecutivo o de los partidos.

MONCLOA.com se centrará en la actualidad nacional, sin desatender la información regional. Sobre todo cuando queda menos de un año para las elecciones, europeas, autonómicas y municipales de 2019, y en un momento en el que ya se barrunta un posible adelanto en Andalucía.

Este nuevo confidencial llevará exclusivas siempre que pueda gracias a su equipo de colaboradores e iremos introduciendo firmas prestigiosas de opinión. Y no olvides, querido lector, que nos encantan escuchar maldades. Por ello, cualquier noticia que se te cruce en su día a día, no lo dudes, escríbenos a nuestro buzón en cuentanoslo@moncloa.com o llámanos al teléfono 648618038.

 

Estupor en el PSOE por el fichaje de una cara conocida del PP en Correos

Estupor, sorpresa, la comidilla en Férrazel nuevo presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha dejado con la boca abierta a muchos en el PSOE con el fichaje de Eva Pavo como nueva directora de comunicación y marketing en la empresa pública, cuando ella fue de joven la presidenta de Nuevas Generaciones del PP en la Comunidad de Madrid.

Correos anunció el viernes el nombramiento de Pavo, quien desde 2013 era la directora de comunicación de Loterías y Apuestas del Estado dentro del Gobierno de Mariano Rajoy. En Ferraz aseguran a MONCLOA.com que el fichaje de Eva Pavo por Correos es el único caso, a día de hoy, de un alto cargo de la etapa de Rajoy que haya pasado al Ejecutivo de Pedro Sánchez con un puesto equivalente.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y con un máster por el Instituto de Empresa, la nueva dircom de Correos fue elegida en 2018 una de las 100 mentes más creativas del momento por la revista Forbes y quedó como tercera directora de Marketing de España por votación entre los profesionales del sector (Agency Scope 2017).

Con su incorporación a Correos, se fusionan los departamentos de Comunicación y Marketing, área esta última que anteriormente dependía de Comercial. Sustituye en el cargo a Adrián Cordero, que ha sido el dircom de la empresa pública desde octubre del año pasado, según recordaba Dircomfidencial la semana pasada.

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Eva Pavo, nueva directora de Comunicación y Marketing dentro de Correos. Foto: Correos.

Sin embargo, lo más llamativo del currículum de Pavo es su trayectoria política dentro del PP, donde fue presidenta de NNGG en Madrid tras la polémica dimisión de Miguel Ángel Pérez Huysman, en noviembre de 2002, por ver imágenes porno en un pleno de la Asamblea regional de Madrid.

Pavo estuvo al frente de los jóvenes populares de Madrid hasta mediados de 2005 y cedió el testigo de la organización juvenil al mismísimo Pablo Casado. Siempre se situó junto a Esperanza Aguirre en las guerras internas que había por aquel entonces en el PP madrileño entre los seguidores de la lideresa y los afines a Alberto Ruiz-Gallardón y Manuel Cobo.

En la crisis del PP madrileño en 2004, Pavo defendió entonces que Aguirre contaba “con el apoyo de la inmensa mayoría” de los afiliados, mientras que su número dos en NNGG de Madrid, Enrique Núñez, hacía campaña por Cobo. En este sentido, calificó el proyecto aguirrista de “compartido, generoso, abierto a la sociedad, de centro y liberal” y aseguró que los jóvenes madrileños estaban entonces con Aguirre porque “se sienten muy cómodos con ella ya que la ven como alguien cercano que se preocupa de sus problemas”.

ASESORA DE RODRIGO RATO

Casada con Carlos Zori, exgerente de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos en varios gobiernos regionales de Aguirre, la nueva dircom de Correos también fue asesora de Rodrigo Rato antes de que el exvicepresidente económico y expresidente de Bankia entrase en la espiral de juicios e imputaciones en la que sigue inmerso. MONCLOA.com preguntó el viernes a Correos si Pavo mantenía su condición de afiliada al PP, pero no hubo respuesta desde la compañía pública.

En Ferraz están molestos con Serrano porque el que fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez mientras este último estuvo como jefe de la oposición, no ha elegido a nadie de su antiguo equipo de trabajo en la sede socialista para este puesto de dircom en Correos, uno de los puestos más codiciados dentro de las grandes empresas públicas.

 

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