BBVA espió a directivos y periodistas de PRISA, Hispanidad o Intereconomia
PRISA fue también objeto del espionaje masivo que desencadenó el comisario José Manuel Villarejo por orden del BBVA. Situaba a dicho grupo mediático en el bando hostil a FG, Francisco González: se controlaron citas y teléfonos de periodistas y de algunos de sus hombres más significativos como Gregorio Marañón o Matías Cortés. Lo prueba la documentación acumulada en la operación Trampa que facturó Villarejo al BBVA y que obra en poder de MONCLOA.COM. También fueron espiados medios como Intereconomía y el confidencial on line Hispanidad.
En los informes que Villarejo hacía llegar quincenalmente al BBVA desde el arranque situó como objetivos a Cortés y Marañón. Consideraba que el asalto a la cúpula del banco estaba pilotado por ambas personas de la máxima confianza de Polanco y «evidenciaba el grado de implicación del SCH (como entonces se llamaba el Santander) y Prisa en el proyecto de derribo de K». El alias de ‘K’ fue el elegido por el policía encubierto para referirse a su cliente, el BBVA.
Villarejo lanzaba alarmas sobre el papel del poderoso grupo mediático: «Ante la confirmación de estos hechos, dada la importancia que supone intentar bloquear la actividad tanto de BOTE (Emilio Botín) y como de PRISA se adopta la doble estrategia de intensificar las contramedidas contra dichos objetivos».
El 19 de de enero de 2005 los detectives de Villarejo «detectan un encuentro donde entre otros están varios periodistas de PRISA y Carlos Arenillas (vicepresidente de la CNMV). Ante la conducta de extrema clandestinidad detectada se avisa a T (Julio Corrochano, jefe de seguridad del BBVA) y se adelanta que por las fuentes infiltradas en el GH (grupo hostil) se trata del inicio del ataque fuerte contra FG que se estaba esperando».
«En su boletín de las 2.00, la Cadena Ser abrió con la noticia sobre un «supuesto fraude contable» que se remonta a 1996 cuando, al parecer, en la compra de la sociedad FG valores propiedad del presidente de K, por parte del estadounidense Merryl Lynch, se advirtió un descubierto contable de varios cientos de millones de pesetas», detalla Villarejo.
Ese mismo día este GIA activa la red de colaboradores relacionados con medios de comunicación para contrarrestar la campaña de PRISA«, explica Villarejo a su cliente, el BBVA.
En un momento dado, el comisario hoy detenido por espionaje y extorsiones, analiza una reunión de los máximos directivos de PRISA en el parador de Segovia en enero de 2005. Aunque la reunión no era pública, Villarejo se jacta de poder «reproducir la charla entera».
Tras analizar su contenido (nuevo sistema de facturación, implementación del SAP y motivación de los trabajadores vía Recursos Humanos…) luego pasa a un terreno más inquietante: «Quedaron en tener el fin de semana una reunión urgente Rafael Irago como el máximo responsable de la cadena Daniel Gavela...varias llamadas desde el 91 347 08 23 al número que corresponde a un despacho del Congreso de los Diputados aunque no se ha podido constatar aún el titular».
Los teléfonos de Matías Cortés y de Gregorio Marañon aparecen anotados e identificados en los trabajos de control de llamadas de Vilarejo. Las llamadas de GREGO (Marañon) son abundantes en el tráfico de llamadas en poder ilegalmente del GIA (Grupo de Investigación y Análisis) que pilota el comisario.
Marañón se ha ganado tal espionaje porque «reúne la doble condición de exdirectivo de K y persona muy vinculada a banco de BOTE (Botín) y al grupo PRISA. Se muestra especialmente activo en todo momento informando de cualquier incidencia o nuevo acontecimiento, contactando de manera directa con CAIN (Jesús María Cainzos, vicepresidente del BBVA destituido por FG)».
«Ese mismo día este GIA activa la red de colaboradores relacionados con medios de comunicación para contrarrestar la campaña de PRISA»
Pero PRISA no podía ser malvada en solitario en el análisis elevado a FG: «La estrategia maquiavélica del Grupo Prisa, aunque fue supervisada por MAX (Matías Cortés), fue teledirigida por MICKY (Miguel Sebastián), que logró convencer a Zapatero de la necesidad de mantener el pulso. Con la denuncia y la posterior filtración a la SER, se buscaba obligar a Conthe (presidente de la CNMV) a que actuara contra el presidente de K».
Tal actitud del grupo de Polanco debería tener un castigo: «Los agitadores de PRISA han actuado como meros creadores de montajes. La actitud impune con la que actuaron exigía que se les crease cierta inestabilidad, incluso la posibilidad de que pudiesen llegar a sentirse perseguidos por otros periodistas. Esto es lo lo conseguido a través de un medio digital».
No sólo se hacen rastreos de encuentros o llamadas de periodistas o directivos de PRISA. Se analizan todas las sociedades y vínculos de PRISA y se enuncian «sociedades instrumentales manejadas por el propio Matías Cortés».
Pero entre acusación y acusación, «la respuesta de los medios de comunicación española a la incursión pirata de PRISA», se vuelven a insinuar elementos que no son literatura: «La detección de una serie de mensajes sms donde se les acusa de instigadores de todos los males de España y se pide boicotear sus productos ha provocado tal desaliento, que salvo la actuación de respuesta dura que los directivos del grupo editor están preparando, se espera al menos unos días de nivel bajo de actuaciones».
Y de nuevo se refiere el contacto ya fichado entre Arenillas y dos periodistas de PRISA, fruto de las «vigilancias aleatorias». Pero los hombres de Villarejo no sólo controlaron ese encuentro cerca de la casa de Arenillas, también espiaron uno celebrado cerca de la Vaguada a las 23.15 horas. Eso prueba el despliegue y tesón al que luego ponía precio Villarejo.
El control es exhaustivo: «Dada la intensa participación de PRISA, este GIA (Grupo de Investigación y Análisis), con todas las preocupaciones que ello conlleva, se están rastreando alguna de sus actividades. En tal sentido se han detectado varios contactos y posteriores encuentros entre Arenillas y Matías Cortés y otros con determinados periodistas».
A renglón seguido viene la bomba: «Varios rastreos han detectado reuniones urgentes para celebrar el fin de semana de (periodistas de la SER) con el máximo responsable de la Cadena Daniel Gavela (periodista de Ponferrada con línea directa con Zapatero). Se han detectado especialmente varias llamadas significativas desde el lunes 17 al viernes 21 (en el que se ha elaborado este informe) entre el número 91 374 08 23 (titular el grupo Prisa) y el 91 390 67 62 (que corresponde a un despacho particular del Congreso de los Diputados, aunque no se ha podido constatar quien lo tiene asignado».
Pero este teléfono del Congreso era clave para los espías: «Este último número debe corresponder a un enlace muy cualificado de partido en el Gobierno, toda vez que también se han rastreado en numerosas ocasiones llamadas entre JOPER (José Pérez, amigo de Sebastián y expresidente de Banco Madrid).
La intensidad del tráfico alarma a los espías del BBVA: «Concretamente más de dos veces diarias, aportando como muestreo significativo que en los primeros días de enero cuando aún era fiesta hubo dos llamadas el día 4, dos el 5 y dos el 7. Todas de una duración mínima de dos minutos (ver anexos correspondientes)».
Esto prueba las limitaciones de los espías: no podían pedir a ningún policía que les filtrara el titular del número. El titular era el Congreso. Sólo sabían quién llamaba a este teléfono desde los teléfonos espiados o cuando eran llamados desde el hemiciclo.
«Respecto de las actividades de Gregorio Marañón, como de otros elementos apuntados estos días por T (Corrochano), en los próximos días se irán participando los avances que sobre el control de los mismos se van consiguiendo», anuncia Villarejo. Esto explica que el comisario ponía bajo la lupa a los directivos de PRISA que el jefe de seguridad del BBVA les exigía por orden de la superioridad.
Villarejo espió 15.000 llamadas para el BBVA de Francisco González
El BBVA fue informado por el comisario José Manuel Villarejo del contenido de pinchazos telefónicos, el tráfico de casi 15.000 llamadas, seguimientos personales y espionaje de la vida íntima de miembros del Gobierno de Zapatero, empresarios, financieros y periodistas.
Entre las personas espiadas se encontraban el entonces director de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián; el exvicepresidente del Gobierno y en aquel momento director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato; Luis del Rivero, entonces presidente del grupo Sacyr; el financiero Juan Abelló; Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal; o Carlos Arenillas, vicepresidente en esas fechas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El control del tráfico telefónico y, en ocasiones, del contenido de las conversaciones, se produjo durante la guerra desatada por el intento de Sacyr se hacerse con las riendas del banco presidido por Francisco González, según los documentos a que ha tenido acceso MONCLOA.COM en una investigación conjunta con El Confidencial.
El comisario realizó este trabajo de inteligencia con el objetivo de desestabilizar la operación de Sacyr. Para ello no reparó en utilizar todos los medios para espiar a las personas que pretendían hacerse con el control del BBVA, al que denominaron como «grupo hostil». Durante los últimos meses noviembre de 2004 y febrero de 2005, se produjo un intento de hacerse con el control del BBVA por parte de la constructora presidida entonces por Luis del Rivero.
Los trabajos clandestinos de información consiguieron detalles precisos sobre las intenciones de las personas que pilotaban la operación, pero no solo eso. También buscaron “aspectos personales censurables” o proyectos políticos oscuros, como los califica uno de los informes elaborados.
Así, por ejemplo, escudriñaron la vida privada, relaciones sentimentales, costumbres sexuales, consumo de alcohol o drogas, problemas con Hacienda, sospechas sobre su patrimonio y cualquier incidente o irregularidad con los que conseguir que se retiraran de su empeño.
Uno de los informes de la operación, (que fue denominada a veces como “Trampa” y otras como “Trapa”) detalla que “se están analizando casi 15.000 comunicaciones entre distintos miembros del GH (grupo hostil)”. De ellas, 7.121 eran de teléfonos que tenían ya identificados como pertenecientes a las personas involucradas en el asalto de Sacyr al BBVA, entre otros, a Miguel Sebastián, en aquel momento jefe de la Oficina Económica de Moncloa, que patrocinó el citado asalto desde el Gobierno. El análisis realizado por MONCLOA.COM de los documentos con la relación de llamadas ha desvelado que Villarejo espió un total de 3.925 teléfonos diferentes, entre fijos y móviles.
Con esa información se elaboraron exhaustivos análisis sobre las relaciones entre los espiados con la descripción del número de veces que contactaron, el día, la hora y el número de minutos al habla.
Según un informe en el que se resumen algunas de estas conversaciones, Villarejo puso a disposición de los responsables del banco el contenido de 750 llamadas, y mensajes de texto de personas del considerado como grupo hostil, como fue el caso de Miguel Sebastián.
El registro de todas las llamadas interceptadas por Villarejo consta en varias hojas de cálculo. En ellas están identificados los titulares de los teléfonos intervenidos y en muchos casos los interlocutores, además de la duración.
Las víctimas de estos pinchazos comenzaron a sentirse vigilados y adoptaron medidas de seguridad como comunicarse sólo a través de empresas de mensajería y evitar los medios electrónicos. Uno de los espiados expresó su temor de que incluso entraran en su domicilio para colocar algo que le incriminara penalmente.
LAS FILTRACIONES DE VILLAREJO
La intención del dispositivo de Villarejo era intensificar la presión hacia los miembros del grupo hostil, sobre todo contra Luis del Rivero y el financiero Juan Abelló, “especialmente en lo referido a la inminente posibilidad de riesgo de filtración pública de datos delicados y comprometidos que les afecten”.
Entre los espiados, Miguel Sebastián, Rodrigo Rato, Luis del Rivero, (Sacyr), Juan Abelló, Ignacio López del Hierro y muchos más…
El plan inicial para realizar esta operación de espionaje incluyó importantes medios personales y técnicos, aunque el trabajo se llevó a cabo con compartimentos estancos, de manera que muy pocas personas conocían todo el dispositivo y su objetivo.
El diseño que realizó Villarejo incluía “ocho equipos de personal especializado” para realizar, entre otras cosas “operativos in situ”, conformar “equipos de vigilancia y control directo (mas contra-vigilancia en su caso)” o montar un “equipo de infiltración”, según el diseño previo de la operación que consta en uno de los documentos del comisario.
Los medios técnicos desplegados también fueron cuantiosos. Incluyeron dispositivos de comunicaciones, de contramedidas electrónicas, doce coches y cinco motos para vigilancia y transporte, tres vehículos base para comunicaciones, software y hardware para acceder a bancos de datos, equipos de audio para grabaciones convencionales y para captación en ambientes hostiles, equipos de fotografía y vídeo y captadores de imágenes en situaciones adversas, entre otros.
Los seguimientos que realizaron los espías fueron tan minuciosos que hasta llegaron a controlar el número de veces que uno de los vigilados iba al baño. Así ocurrió con la vigilancia a la que fue sometido Carlos Arenillas, entonces vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el centro comercial La Vaguada de Madrid.
El dispositivo montado por el comisario consiguió al menos un infiltrado en las empresas relacionadas con el asalto al poder del BBVA. También trabajaron con este sistema de intrusión en el ámbito de las relaciones sentimentales de alguno de los principales protagonistas.
Se investigaba todo, incluyendo la vida privada, relaciones sentimentales, costumbres sexuales, consumo de alcohol o drogas
La operación tenía entre sus objetivos desestabilizar y desconcentrar a quienes dirigían la entrada de Sacyr en el BBVA. Además de usar la artillería pesada, ninguna oportunidad se descartaba, por más pequeña que fuera. Así, por ejemplo, en una ocasión plantearon la posibilidad de aprovechar la afición a los animales exóticos de uno de los espiados para alamar a los vecinos.
Según relata uno de los informes de Villarejo, el bando contrario contrató a la firma de detectives privados Kroll. Una de las operaciones detectadas por parte del dispositivo de Villarejo fue un intento de acercamiento de esta agencia internacional de detectives al círculo personal de Francisco González para obtener “datos sensibles sobre su actividad privada».
MONCLOA.COM pone a disposición de los afectados una web para comprobar si su teléfono fue monitorizado. Puedes consultarlo introduciendo tu número de teléfono (fijo o móvil) aquí o desde la web del servicio
Moncloa.com pone a disposición de la Audiencia Nacional los documentos de ‘Operación Trampa’
El diario MONCLOA.COM pone a disposición de la Audiencia Nacional la documentación del ‘Proyecto Trampa’, el encargo de espionaje contra los rivales de la cúpula del BBVA. Como ha hecho en anteriores ocasiones, este diario ofrece a la Justicia las informaciones y materiales que ha conseguido en torno a la llamada ‘Operación Tándem’, que investiga las presuntas maniobras legales del comisario José Manuel Villarejo y su trama.
Toda la información relacionada con los presuntos delitos cometidos por el comisario y sus socios está siendo investigada en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Precisamente acaba de dejar el caso el juez instructor, Diego de Egea, y las diligencias han pasado al titular, el magistrado Manuel García Castellón.
De esta manera, MONCLOA.COM, por consejo de su asesoría jurídica, el letrado Miguel Durán, entregará al Juzgado o a la Fiscalía –según se le solicite– en condiciones originales los archivos a los que vaya teniendo acceso, con posterioridad a la publicación de las noticias sobre este caso. Del mismo modo que ha ido haciendo en ocasiones precedentes.
Hay que recordar que cuando MONCLOA.COM ofreció en exclusiva el testimonio sonoro de la amistad entre el comisario Villarejo y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, puso a disposición de la Fiscalía Anticorrupción el contenido íntegro de aquel almuerzo.
Anticorrupción no llegó a dar cita a este periódico, pero el juez De Egea sí envió a la Policía a la redacción de MONCLOA.COM para trasladar un requerimiento de entrega de estas grabaciones. Este diario hizo entrega de las mismas dentro del plazo dado por el juez.
Del mismo modo, cuando se hicieron públicas las conversaciones entre Dolores de Cospedal, su marido Ignacio López del Hierro y el comisario Villarejo, este diario hizo entrega de todos los materiales al Juzgado de Instrucción número 6.
En la causa abierta por la ‘Operación Tándem’ hay varios terabytes de información aparentemente encriptada procedente de los archivos del comisario jubilado. Fuentes judiciales explican la dificultad de desencriptar y manejar semejante caudal de información.
Villarejo exigió 750.000 euros al BBVA y «camuflar los pagos»
José Manuel Villarejo, a tenor de la batería de borradores de contratos para costear su guerra sucia para el BBVA, marcó exigencias ilegales que, fueran atendidas o no, no le hicieron perder la confianza del cliente, según la documentación a la que ha tenido acceso MONCLOA.COM.
En una de las aclaraciones al contrato que finalmente logró, Villarejo pide que «se articule un nuevo contrato para que aparezca como que los pagos mensuales son consecuencia de exit. (sic) Determinar qué opción se escoge:
Procedimiento 1: Mediante el empleo de sociedades con fines de ocio, estudios de mercado y/conceptos similar (siempre ajenos a criterios de investigación)
Procedimiento 2: Pago en el exterior«.
La paradoja es que, a falta de que el BBVA clarifique todos sus pagos a Villarejo, el comisario dejó constancia por escrito de que aceptaba cualquier fórmula, por ilegal que fuese, para cobrar y cubrir de opacidad sus honorarios. EL BBVA, lejos de prescindir de sus servicios, continuó usándolos para recibir munición para la guerra sucia que mantenía contra el que denominaba «grupo hostil» a Francisco González.
Villarejo no aclara por qué quiso encubrir sus pagos. ¿Para evitar toda sombra de cohecho dado que se estaba financiando con grandes sumas a un comisario en activo?, ¿para proteger la reputación del banco y que nadie pudiese demostrar el origen de la información sensible alcanzada sobre todos y cada uno de los enemigos del presidente del BBVA?
La cifra finalmente pagada en 2005 por esta guerra sucia contra los enemigos de FG es un secreto mientras el BBVA no lo aclare. Y no guarda relación con los pagos realizados entre 2012 y 2017 por valor de cinco millones de euros del BBVA en favor de Villarejo y sus dossieres contra Ausbanc, entre otros.
La primera cifra que planteó Villarejoel 2 de diciembre de 2004 fue de 750.000 euros. Pero ese mismo día redactó un nuevo borrador rebajando los emolumentos a 510.000 euros. Un mes después, el 3 de enero de 2005, disminuyó su caché a 360.000 euros y admitía que le pagaran mensualmente, a razón de 30.000 euros. El contrato era prorrogable anualmente, salvo denuncia expresa, lo que debía reportarle otros 360.000 euros al año siguiente. Eso le situaría nuevamente cerca del reto ambicionado inicialmente -720.000 euros-, aunque MONCLOA.COM desconoce si finalmente se prorrogó dicho acuerdo.
Sin embargo, el 21 de marzo de 2005, exigió un plus de 120.000 euros. En suma, en el menor de los escenarios, Villarejo planteó al BBVA cobrar 470.000 euros por un trabajo que debía durar como máximo un año.
Pero, por encima del coste secreto de la guerra sucia contra los rivales de FG, la letra pequeña de los sucesivos borradores del contrato apuntan llamativas perlas. Así define Villarejo su aportación a FG: «Intervenir a posteriori cuando alguna acción contraria a los intereses de la firma contratante ya se hubiera producido, obteniendo los elementos de prueba en contrario, así como utilizando de manera quirúrgica la información para demostrar la verdad con el mínimo de tensión».
«Igualmente», apuntaba el borrador,»se dosificará el empleo de elementos estratégicos-informativos por cauces seguros para una vez evaluadas las situaciones críticas, reconducir la problemática puntual y diseñar y, por ende, poner en práctica soluciones imaginativas y correctoras que propicien una especial eficacia de choque».
Toda esta verborrea es ilustrativa tanto en lo que dice como en lo que no dice. No dice que Villarejo ha sido contratado por el BBVA para evitar robos, para mejorar la seguridad de las redes ni siquiera para detectar pinchazos telefónicos. Todo aquello que cabe que una empresa de inteligencia pueda aportar a un banco. No. Lo que dice es otra cosa: detectar acciones contrarias a la parte contratante y actuar quirúrgicamente.
¿Acciones contrarias a la parte contratante, el BBVA, o acciones contrarias a su presidente, FG? Ni el contrato lo definía ni lo ha hecho FG cuando ha sido interpelado, que lo deja en que había que defenderse. Tampoco es definida la acción contraria. ¿Una opa sería merecedora de la contratación de toda una agencia de inteligencia?
EL GRUPO HOSTIL AL BBVA
Pero Villarejo no sólo ofrece al BBVA información del «grupo hostil», también le indica qué hacer con ella: filtrarla a la prensa por cauces seguros. No menos inquietante es la frase donde el comisario encubierto se jacta de que obtendrá «elementos de prueba» contra el grupo hostil.
Al mismo tiempo que el comisario, hoy detenido por espionaje y extorsión, esboza un escenario tan sensible sobre sus propósitos, deja claro que «intervendrá en todo momento bajo la supervisión y directrices de la firma Contratante, teniendo la obligación de consultar cualquier actuación que no estuviera prefijada».
«Igualmente, estará obligado a denunciar urgentemente a las autoridades judiciales cualquier incidencia referida a conductas personales de las que pudieran derivarse responsabilidad de cualquier tipo», precisaba el borrador.
Nuevamente, Villarejo arroja luz sobre el calado de su cometido. Aclara que cuanto haga será con la anuencia del BBVA. Por tanto, si hace algo ilegal, a tenor de su borrador, será porque el cliente lo quiera.
Pero no menos llamativo resulta que, insólitamente, ofrece a su cliente denunciar en los tribunales cualquier irregularidad que advierta en los enemigos de FG investigados. Lo habitual es que los detectives informen de los resultados de sus pesquisas al cliente y el cliente juzga qué hacer. Villarejo parece querer dar una coartada al BBVA: no hace falta que el cliente denuncie a los enemigos de FG, ya lo hago yo.
Los borradores de contrato anunciaban que Villarejo ofrecería el resultado de sus pesquisas, «de acuerdo a criterios y procedimientos que se le determinen por parte de la firma contratante», mediante informes escritos que obran también en poder de este diario.
A su vez, BBVA se comprometía a entregar «toda la información que sea necesaria para la puesta en conocimiento previo de las circunstancias y detalles del proyecto encomendado». En efecto, en poder de Villarejo se encontraban decenas de notas informativas sobre los enemigos de FG que parecían proceder del BBVA.
Acabada la guerra sucia del BBVA, el propio Villarejo se quejó de cierto nivel de incumplimiento en materia de pagos: «Una vez conseguidos todos los objetivos, cambiados los conceptos de facturas, emitidas otras…, no se cumple el compromiso acordado por ambas partes, con la excusa de que el pago de la cantidad debería fraccionarse, ya que era de un volumen que era mejor demorar«.
Pero la queja de Villarejo al BBVA no acababa aquí, ya que añade: «Por parte de este GIA (Grupo de Inteligencia y Análisis), amén de mantener el trabajo, a pesar de que el riesgo ha sido muy elevado, no se ha emitido queja alguna por los continuos cambios no previstos».¿Qué riesgos elevados corre una agencia de detectives si respeta la ley? Ni siquiera Villarejo enuncia cuál ha sido el riesgo porque sabe que el cliente lo conoce.
«Todas y cada una de las condiciones se han cumplido, aun a pesar de que continuamente se han cambiado los objetivos, aumentando las tareas y adjudicando a capricho nuevos objetivos»
Más lágrimas de Villarejo sobre los contratos de FG: «Todas y cada una de las condiciones se han cumplido, aun a pesar de que continuamente se han cambiado los objetivos, aumentando las tareas y adjudicando a capricho nuevos objetivos».
¿Qué contrato es aquel donde se adjudican a capricho nuevos objetivos y tal labor supone peligros y más tareas? Un contrato, a tenor de las abundantes pruebas en poder de este diario, en el que los objetivos son personas: los enemigos de FG.
Por si no quedaba claro qué se había investigado y para quién, Villarejo lanza su bala final: «Posteriormente, y pasados unos días (una vez enfriada la sensación del triunfo) ya no se ve tan importante el esfuerzo realizado, se relativizan los resultados y se va evolucionando en el sentido de dejar de reconocer el trabajo a fiscalizar todos los detalles, para ver en definitiva qué se ha hecho y si el éxito es o no atribuible a la labor que FG ha realizado (por aquello de que es el único listo que sabe hacer las cosas, los demás son unos aficionados)«.
«Operación Trampa»: La guerra sucia del BBVA contra Sacyr y Abelló
En noviembre de 2004, cuando la constructora Sacyr intentó hacerse con el control del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), la segunda entidad financiera de este país contrató al polémico José Manuel Villarejo. El comisario de Policía que trabajaba como agente encubierto y, entre otras empresas, contaba con una agencia de detectives con la que buscó trapos sucios de los empresarios y políticos que querían sacar a Francisco González de la presidencia. Todo ello se desprende y se conocerá en los próximos días en un trabajo conjunto de investigación de MONCLOA.COM y El Confidencial en el que se han analizado más de 4.000 documentos del hoy excomisario en prisión preventiva.
El 1 de diciembre de 2004, apenas tres días después de que Sacyr, anunciara su intento de control, el BBVA solicitó «formalmente» a Villarejo una «colaboración profesional» a través del Gabinete de Investigación y Análisis (GIA), el pomposo nombre con el que bautizó al equipo de trabajo puesto a sueldo del BBVA, que ayer prefirió no hacer comentarios a las preguntas que este medio le trasladó sobre esta relación laboral entre el banco y el citado comisario que hasta ahora se desconocía.
La entidad dirigida por González le dio manga ancha, ya que deseaba evitar cualquier riesgo de «contaminación informativa» que condicionase su línea de trabajo contra el movimiento de la constructora: «Con lo que de manera sutil, obliga a este GIA, tanto a decidir el alcance y planificación del proyecto, como la evaluación y procedimiento del mismo«, se apunta en un documento.
EL «PROYECTO TRAMPA» DE VILLAREJO PARA EL BBVA
Nació así el ‘Proyecto TRAMPA’ (Villarejo también lo denomina en ocasiones TRAPA), cuyo principal cometido fue encontrar «aspectos negativos» de una serie de personas a las que el comisario colocó en el llamado «grupo hostil (GH)» y que formaban el núcleo de la operación de Sacyr para hacerse con el control del BBVA. O como dejó por escrito Villarejo: «Se trataba de conocer actividades de GH relacionadas con TRAMPA y de manera FUNDAMENTAL influir en sus decisiones para boicotear sus proyectos«.
Para el BBVA era «fundamental» conocer el alcance e importancia de «dicho complot», así como saber quiénes eran las personas implicadas y «en la medida de lo posible, poder disponer de los medios necesarios para anticiparse al mismo y anularlo«.
El objetivo: Anticiparse y anular el Grupo Hostil
Sobre las espaldas de Villarejo recayó, por tanto, la tarea de acabar con el asalto de Sacyr al segundo banco español. El policía conocía en el BBVA a Julio Corrochano (JC), quien había sido comisario como él, hasta que en 2002 se convirtió en director de Seguridad de la entidad financiera.
Villarejo centró de inicio sus pesquisas en las figuras de Luis del Rivero, presidente de la constructora; Miguel Sebastián, por aquel entonces jefe de la Oficina Económica en el Palacio de la Moncloa a las órdenes de José Luis Rodríguez Zapatero y que antes había pasado por el BBVA; y Juan Abelló, vicepresidente de la empresa de infraestructuras y que también ocupaba un puesto de consejero en el BSCH -hoy Banco Santander-, un hecho que puso muy nervioso a González y el resto de miembros de la directiva del BBVA porque creían que la operación estaba orquestada en última instancia por Emilio Botín. En altas instancias del BBVA se consideraba que el objetivo final de la operación de Sacyr era hacer presidente a Juan Abelló.
La presencia de Abelló en el consejo del BSCH era una de las razones esgrimidas por el consejo de BBVA para considerar ‘inconvenientes’ las intenciones de Sacyr, dado que el también presidente de Torreal y otro de los máximos accionistas de la constructora, querían hacerse con otro 0,47% adicional del BBVA. Precisamente, esos accionistas formaban parte junto a Vicente Benedito (un antiguo directivo del banco que se había pasado a Sacyr), José Domingo Ampuero (actual presidente de Viscofan) o el abogado Matías Cortés -vinculado al Santander- del grupo de personas ‘hostiles’ al que se refiere Villarejo.
LOS «ENEMIGOS» DEL BBVA
El comisario también incluyó entre los potenciales enemigos del BBVA a Manuel Conthe, por aquel entonces presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y su número dos, Carlos Arenillas, un economista en la órbita del PSOE y casado con Mercedes Cabrera, la que poco después sería ministra de Educación y Ciencia con Zapatero.
El anuncio de Sacyr de que quería hacerse con el 3,1% del capital del BBVA y, de esta forma, asaltar la presidencia de FG, topó de inicio con las trabas del Banco de España, dirigido por Jaime Caruana, quien consideró que la participación no era significativa, de ahí que la constructora abriese contactos para intentar superar el 5% del capital del banco e, incluso, llegar al 6,25% que daba acceso para lograr un puesto de consejero.
Villarejo prometió al BBVA trabajar «de manera sigilosa» y actuar con «procedimientos de ‘respuesta clandestina’ para que el rastro dejado, sea prácticamente inexistente»
Para demostrar más la apuesta de Sacyr por la operación, su vicepresidente y uno de sus principales accionistas, Juan Abelló, anunció su dimisión como consejo del Santander, donde se sentaba desde 2002, nada más conocerse las intenciones de la constructora. Pero dicho paso no calmó las aguas.
A juicio de Villarejo, los promotores del asalto de Sacyr al BBVA calcularon mal «el primer envite» y vaticinó que con el respaldo político que iban buscando Rivero y Abelló no iba a ser suficiente. «La escueta intervención desde el Banco de España, muy calibrada por Caruana, ha sido posible, presumiblemente, porque él detectó sobre la marcha esta debilidad, entre otras».
En todo caso, el comisario hoy en prisión no quiso lanzar las campanas al vuelo y advirtió a su cliente de la renuencia «de las terminales informativas tocadas» a la hora de darle información privilegiada. Todo el mundo estaba en guardia.
Por ello, le adelantó al banco que ese escenario le obligaría a realizar «un trabajo sutil, moviéndose de manera sigilosa y actuando con procedimientos de ‘respuesta clandestina’ para que el rastro dejado, sea prácticamente inexistente«. Un lenguaje más propio de la lucha antiterrorista que de la jerga empresarial.
La nueva estrategia del líder de UPN escuece en el PSOE navarro
UPN ha logrado marcar la agenda política navarra en Navidad tras tres años muy complicados después de perder el Gobierno tras casi un cuarto de siglo y ceder los ayuntamientos de 19 de las 20 localidades más pobladas de la Comunidad Foral.
Su líder, José Javier Esparza, es consciente de su debilidad interna tras su derrota en 2015, que muchas voces internas achacaron a las polémicas gestiones de sus antecesores, Miguel Sanz y Yolanda Barcina.
Cierto es que la «falta de carisma» que se le atribuye dificultarán su asalto al poder en mayo. El buen funcionamiento de la economía navarra y la falta de escándalos en el ‘Gobierno del cambio’ ha dificultado la labor opositora de UPN.
UN FICHAJE ESTELAR QUE PROVOCA RECELOS
Los regionalistas han fichado para regenerar su discurso a José Andrés Burguete. El exlíder del extinto CDN ha conseguido que UPN rebaje su postura contraria a políticas de memoria histórica y a la política lingüística que favorecía al euskera viendo que las encuestas no acaban de dar síntomas positivos.
El fichaje de Burguete, que podría integrarse en las listas autonómicas de UPN en mayo junto a varios ‘tecnócratas’, ha levantado recelos en las filas regionalistas porque el CDN fue una traumática escisión que dificultó la labor de Miguel Sanz y porque el nuevo asesor fue «el enterrador del CDN», ya que lo lideró cuando se quedó fuera del Parlamento (lo que conllevó su desaparición).
Nadie duda de que si las encuestas aciertan y UPN no logra recuperar el poder, Esparza no tendrá más remedio que dimitir y podría llegar el turno de Íñigo Alli, con mejor reputación interna por su labor como portavoz de los regionalistas en el Congreso de los diputados. En esta posible operación Alli podría tener la cooperación del senador Pachi Yanguas.
Esparza tampoco ha ganado partidarios por sus particulares gestiones internas. Su fría despedida al alcalde de Andosilla cuando le anunció que no se iba a presentar a la reelección tras ocho años de gobierno ha despertado multitud de comentarios.
Tampoco ayudan la renuncia del carismático diputado Iñaki Iriarte y el presunto poco valor que le da a los escasos alcaldes que todavía retienen, especialmente Cintruénigo, ha conllevado que sus enemigos internos se multipliquen incluso en La Ribera, cuna tradicional de los líderes de UPN.
UNA OFERTA RECHAZADA
Ana Beltrán, presidenta del PP navarro, ofreció antes de las Navidades una oferta a UPN para articular una lista conjunta junto a Ciudadanos. En las filas regionalistas molestó la oferta en público tras 27 años de pactos y Esparza apuntó dónde más duele.
El líder de UPN rechazó el envite y afirmó que «llegaremos a un acuerdo después, porque no sumamos más yendo juntos, y si no tiene esa certeza es responsabilidad del Partido Popular, no es responsabilidad de nadie más».
Esparza explicó que «quien plantea eso a través de los medios de comunicación no está buscando un acuerdo, está buscando otras cosas» y recordó que cuando llegaron a un acuerdo para las generales «no se me ocurrió salir a los medios emplazando a Rajoy, me senté con él discretamente y llegamos a un acuerdo».
Beltrán, dolida porque UPN insinúe que desaparecerán del Parlamento en mayo, afirmó que «nuestras encuestas internas no dicen lo mismo, y nos consta que otros partidos también las tienen y que las suyas tampoco dejan duda sobre la presencia del Partido Popular en el Parlamento de Navarra la próxima legislatura».
ENFADO TAMBIÉN EN EL PSN CON UPN
José Javier Esparza se ha reunido en los últimos días con Pedro Sánchez, Pablo Casado y Albert Rivera para acercar posturas de cara a mayo. UPN ha mantenido un tono bronco con los socialistas, tanto en Madrid como en Pamplona, pero ahora son conscientes de que su futuro podría depender una vez más de Ferraz.
Cabe recordar que UPN alcanzó el poder en 1991 porque el PSN no llegó a un pacto con Herri Batasuna y que volvió a la presidencia en el 96 tras la decisión de Ferraz de romper un tripartito liderado por ellos tras la implicación de Javier Otano en un asunto de corrupción.
En 2007 José Blanco imposibilitó un acuerdo entre PSN, Nafarroa Bai e Izquierda Unida, lo que provocó que UPN mantuviese el trono tras pactar apoyar a Zapatero en Madrid y romper con el PP en Navarra, y en 2014 desde Madrid también se impidió una moción de censura contra la regionalista Yolanda Barcina, «agostazo» y «marzazo» que acabaron forzando la salida de los líderes socialistas Fernando Puras y Roberto Jiménez.
NUEVOS TIEMPOS PARA EL PSN
Ahora en el PSN quieren que corran nuevos tiempos en su sede del Paseo Sarasate. Su líder, María Chivite, fue una de las escasas baronías que apoyaron a Pedro Sánchez y su exnúmero dos, Santos Cerdán, saltó a Madrid como secretario ejecutivo de Coordinación Territorial tras el triunfo interno del actual presidente del Gobierno.
El PSN marcó distancias con el ‘Gobierno del cambio’ y con Uxue Barkos, en cuya investidura se abstuvieron mientras las fuerzas más a la izquierda achacaban a los socialistas que el cambio solo llegó cuando Ferraz «fue prescindible».
María Chivite quiere ser la interlocutora de los socialistas en Navarra y que UPN no la «puentee» una vez más con Ferraz. Aunque goza de la confianza de Pedro Sánchez, la exsenadora quiere llevar personalmente las conversaciones con los regionalistas.
En las filas del PSN son proclives a un pacto con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra que deje fuera del poder a UPN y a EH Bildu, aunque sus posturas sobre los abertzales se han rebajado tras el apoyo de la coalición vasca a la moción de censura liderada por Sánchez.
El Gobierno gasta 32.677 euros en tablets para la comisión que prepara los Consejos de Ministros
El Gobierno ha adjudicado la renovación de las tablets que usa la comisión general de secretarios de Estado y subsecretarios del Ministerio de la Presidencia por un total de 32.677 euros. La empresa a la que se ha adjudicado el suministro de estos aparatos electrónicos es el Grupo Seidor, ganadora entra un total de seis ofertas presentadas.
La comisión de secretarios y subsecretarios de Estado es la que se reúne cada semana para preparar los temas que se tratarán en los consejos de ministros de los viernes. Las tablets que usaba la comisión hasta ahora tenían ya más de trece años de antigüedad, según el pliego de prescripciones técnicas, por lo que se encontraban desfasadas tecnológicamente.
La empresa adjudicataria deberá facilitar sesenta nuevos aparatos del modelo Microsoft Surface Go, ya que es el que cumple con las características necesarias para la integración con los sistemas de seguridad y control de accesos de las reuniones de esta comisión.
Las tablets tienen que estar preparadas para el uso del programa informático desarrollado por los servicios informáticos del Gobierno. Este programa, llamado “Comisión Virtual 2.0” permite el acceso a los índices de las reuniones de preparación de los consejos de ministros y a la documentación complementaria, con las medidas de seguridad necesarias para controlar el acceso.
Según la documentación de esta licitación, los dispositivos portátiles con los que contaba hasta ahora impedían aprovechar gran parte de las ventajas de la nueva aplicación informática.
El Gobierno señala que la elección del sistema de Microsoft se justifica en el hecho de que es el que da soporte a toda su infraestructura informática y en la que está formado el personal. Además, considera que la amplia presencia en el mercado le permite disponer de soporte técnico, personal externo y licencias da lugar a un régimen de competencia que le permite asegurar precios más ajustados.
TABLETS DE 544 EUROS
Las tablets adquiridas tienen cuatro gigas de memoria RAM y 64 gigas de almacenamiento, son de diez pulgadas e incluyen funda con teclado. Según el precio de la adjudicación, el precio de cada tablet adquirida ha sido de 544 euros.
El grupo Seidor es un contratista habitual de las diferentes administraciones públicas. Sin embargo, hace tres años fue protagonista de investigaciones sobre un incremento presuntamente anómalo de las adjudicaciones que obtenía de la Generalitat de Cataluña. En la empresa trabajaba el cuñado del expresidente de la Generalitat, Artur Mas.
El crecimiento superior en un 40% en sólo tres años en los contratos con la Generalitat, según publicó El Mundo, señalaban a la coincidencia con el hecho de que el grupo contratara a Juan Antonio Rakosnik, hermano Helena Rakosnik, la mujer de Artur Mas, un año antes de que este último accediera a la presidencia de la Generalitat.
Los investigadores, según este diario, consideraron que este crecimiento era, además, particularmente anómalo al haberse producido durante un periodo de crisis económica y que contrastaba con la evolución de su negocio en los ejercicios anteriores.
Los contratos de la administración catalana con Seidor alcanzaron los 400 millones de euros entre 2010 y 2015 y fueron investigados por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que estudiaba la organización del referéndum independentista del 1-O.
La mayoría de los contratos los consiguió con el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat. Se trata del organismo que realizó el escrutinio de la consulta anterior, la del 9-N y el voto electrónico del 1-O. La Guardia Civil investigó nueve contratos adjudicados por el CTTI por un total de 48 millones de euros.
La Oficina Antifraude de Cataluña investigó en su momento una denuncia del sindicato CNT por presuntas adjudicaciones irregulares, aunque desvinculó ésta de las relaciones personales que pudieran tener sus directivos y empleados.
Anteriormente habían estado en el punto de mira por haber sido beneficiados por adjudicaciones directas realizadas por el ayuntamiento de Barcelona durante la etapa en la que estuvo gobernado por Convergència i Unió. En cualquier caso, la actual corporación municipal, presidida por la alcaldesa Ada Colau, ha adjudicado nuevos contratos al grupo Seidor.
Rocío Monasterio, la quinta en discordia en Madrid y la antítesis de Carmena
«Madre de cuatro hijos. Ilusionada con Vox y con mejorar España». Así se define la propia Rocio Monasterio en sus redes sociales. Cubana de nacimiento, esta arquitecta de 44 años busca hacerse un hueco en el panorama municipal de Madrid en los próximos comicios de mayo.
Joven, de derechas y sin pelos en la lengua. Todo lo contrario a la actual alcaldesa de la capital, Manuela Carmena. Son 30 años, una ideología opuesta y un modo muy diferente de hacer política lo que separan a Monasterio y la exjueza. Además, de momento, también les distan 21 concejales, que son los que cuenta en estos momentos Ahora Madrid. Pero las próximas elecciones municipales pueden sepultar esta última premisa. Para ello, la candidata de Vox a la Alcaldía de Madrid se refugia en el ejemplo de Andalucía y en su propia ilusión.
Es la baza de Santiago Abascal, líder de Vox, para asaltar Madrid. Monasterio sabe que es la quinta en discordia en la lucha por el sillón de acalde, tras los cuatro grandes partidos- Podemos, PSOE, PP y Podemos-. Pero eso no merma el ánimo de la mujer más representativa de la formación verde. Monasterio es consciente que la lucha entre los ‘carmenistas’ y los ‘podemitas’ pueden suponer una división de votos y que en ese escenario ella y Vox resultarían claves para que Ciudadanos o PP gobernaran en Madrid, si finalmente consiguen representación.
“A mi me encantaría tener enfrente a Carmena. No me voy a equivocar en quiénes son mis enemigos totalitarios”, afirmó Monasterio en ‘EsRadio’ el pasado mes de octubre del año 2018. Una declaración de intenciones en toda regla. En desventaja, sí, pero con la ilusión que refleja en su ‘bio’ de Twitter y en cada uno de sus mensajes en las redes sociales.
Vox se siente con fuerza tras los comicios andaluces y Monasterio quiere aprovechar este tirón para jugar un papel fundamental en la capital. Y teniendo en cuenta los resultados de las elecciones municipales del año 2015 en Madrid, la verdad es que el planteamiento de la arquitecta no es descabellado.
En el año 2015, menos de 20.000 votos separaron al bloque de Ahora Madrid y PSOE del de PP y Ciudadanos. Y solo un concejal: el que fue determinante para que Carmena resultara elegida alcaldesa. Por este motivo, la irrupción de un quinto partido, en este caso Vox, se presenta como elemento fundamental para desequilibrar esta balanza entre la izquierda y la derecha.
Además, de entrar en el Ayuntamiento de Madrid, Monasterio conseguirá mejorar el pírrico resultado de su antecesor, Javier Ortega. Este abogado sólo logró 9.843 votos: un 0,6% del total. Para entrar en la atribución de concejales debe de obtener, al menos, el 5% de los votos válidos. Esto significaría multiplicar por más de cinco los apoyos. Un reto para Monasterio.
Hasta hace poco más de un mes, las formaciones municipales de Madrid de Partido Popular y Ciudadanos no tomaban en serio a Vox. De hecho, no contemplaban que los de Abascal pudieran ser los jueces de los comicios del próximo mayo. Pero los resultados de Andalucía han cambiado el escenario. Y ahora miran con un aire de recelo y miedo la posible irrupción de Vox en el Pleno de Madrid. Porque Monasterio puede ser la llave que les entregue las alcaldía, pero puede ser una llave envenenada con unas condiciones inaceptables como ha ocurrido en Andalucía.
GUERRERA DE LAS REDES SOCIALES
De todos modos, de no conseguir representación en el Ayuntamiento de Madrid, Monasterio podría ganarse la vida como ‘community manager’ dada su actividad en la red de redes. De hecho, su crecimiento en cuanto a seguidores ha sido meteórica. En estos momentos ya cuenta con 45.000 seguidores en Twitter. Tan rápido ha sido su ascenso al olimpo del pájaro azul, que ni siquiera cuenta todavía con la verificación de la cuenta.
Asidua a la marcha antiabortista que cada año recorre Madrid, esta madre de cuatro hijos y defensora de la familia “tradicional” y “numerosa” está casada con Iván Espinosa de los Monteros, hijo del ex Alto Comisionado para la Marca España y expresidente de Iberia. En unos meses, esta ‘guerrera’ de las redes podría dar el salto al Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Fidel Castro fue su primer enemigo y ahora Madrid -nunca mejor dicho- y Carmena están en su punto de mira.
Franco, impuestos y educación, pendientes del acuerdo con el Vaticano que cumple 40 años
Los acuerdos entre el España y el Vaticano cumplieron el 3 de enero cuarenta años desde que fueron suscritos entre ambas partes. A lo largo de 1979 estos acuerdos fueron ratificados por el Congreso y el Senado. Cuarenta años después, la inviolabilidad de los lugares de culto que establece este tratado influye decisivamente en la exhumación de Franco, e igualmente influye en los impuestos que debe pagar la Iglesia o el lugar de la religión en la escuela.
El programa electoral del partido socialista incluía entre sus propuestas la denuncia de los acuerdos de España con la Santa Sede. La propuesta ha quedado apartada de sus iniciativas, y se ha reformulado como una revisión de las relaciones con la Iglesia católica.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha ido modulando su postura a lo largo de los últimos meses. En una respuesta por escrito al senador Carles Mulet, el Ejecutivo recordó que el Tribunal Constitucional ha sostenido en todos sus pronunciamientos la conformidad de los acuerdos con los principios y normas constitucionales. El Gobierno considera que esto no ha cambiado y que las relaciones de España con la Santa Sede “siguen desarrollándose satisfactoriamente en el marco de los acuerdos”.
La postura del Gobierno ahora se traslada hacia una revisión de esos acuerdos, no la denuncia de los mismos. En las últimas respuestas parlamentarias a preguntas sobre la posibilidad de denunciar este tratado internacional, el Gobierno se ha remitido al contenido de la visita que realizó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, a finales de octubre.
En esa visita el foco de interés de centró en el papel de la Iglesia en la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Pero, además de este asunto, el Gobierno puso encima de la mesa el régimen fiscal de la Iglesia católica en España y la revisión de los bienes inmatriculados por ésta. Se trata de aquellos inmuebles inscritos en el registro de la propiedad a nombre de la Iglesia únicamente con una declaración de la misma sobre su autenticidad.
En cualquier caso, hay otras batallas muy importantes relacionadas con los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, como es la asignatura de religión. Estos acuerdos señalan que esta asignatura se impartirá “en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”.
EL VATICANO Y LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN
Por esta razón, el episcopado ha defendido siempre que todas las enseñanzas, menos las universitarias, la religión sea una asignatura como las demás. Los acuerdos llevan a que exista una asignatura alternativa, de manera que sea más atractivo no elegir dar religión.
Después de manifestar su disconformidad en mayor o menor medida con el estatus de la asignatura en las sucesivas reformas educativas, la Iglesia española se muestra ahora preocupada por la que ha presentado ahora el Gobierno socialista. El presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, se ha quejado de que el borrador actual no incluye esta asignatura hasta el momento.
El programa electoral de los socialistas señala que en su modelo de escuela pública no cabe «la integración, ni en el currículo, ni en el horario escolar, de enseñanzas confesionales”. De llevarlo adelante, sería un cambio radical en el modelo actual y sería considerado por la Iglesia como un incumplimiento de los acuerdos con el Vaticano.
El Gobierno tiene previsto llevar la reforma de la ley educativa al Congreso durante este mes de enero. Por ahora, los obispos no han recibido ninguna comunicación por parte del Gobierno sobre cuál será el estatus de esta materia. Blázquez ha pedido que se oferte “sin recortes ni trampas”.
Las alertas han saltado desde el momento en que los obispos se han encontrado en un borrador de la reforma educativa que la asignatura de religión no figura como asignatura obligatoria ni optativa y, por lo tanto, ni evaluable y sin alternativa.
Las polémicas en anteriores modelos educativos se centraron en si las calificaciones de la religión y sus optativas deberían contar para establecer las medias académicas, ahora el asunto tiene más calado. A la hora de mostrar su preocupación, Ricardo Blázquez ha apelado, precisamente, a que sean respetados los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado, que ahora cumplen cuarenta años.
LA EXENCIÓN DEL IBI DE LA IGLESIA
En lo que se refiere a las relaciones financieras, el hecho de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pusiera encima de la mesa el régimen fiscal de la Iglesia en España en su visita al Vaticano causó sorpresa en el episcopado español. En el terreno financiero están de actualidad la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO).
Sin embargo, los socialistas también tienen en su programa electoral un asunto que aún no han esgrimido desde que están en el Gobierno. Este programa señala que “el sistema de asignación tributaria actual no es aceptable, debiendo ser suprimido en aplicación del principio de laicidad”. Este sistema de asignación a través de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), le supone a la Iglesia unos ingresos superiores a los 250 millones de euros anuales.
En cuanto al IBI, los socialistas consideran que esta exención, de la que disfruta la Iglesia de la misma manera que otras instituciones sin ánimo de lucro, debe limitarse de forma estricta a los inmuebles dedicados al culto. Aunque es un asunto delicado e incómodo para el episcopado, los obispos no muestran oposición, siempre que se circunscriba a estos límites.
Entre los asuntos financieros de importancia también se encuentra el pago de los profesores de la asignatura de religión por parte del Estado. Los acuerdos con la Santa Sede no obligan por sí mismos a que el Estado pague sus nóminas, sino a que su situación económica se concierte entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española.
Fracasa el plan anticontaminación de Carmena en el que no creía ni ella misma
“Esto en los ordenadores no sale, los números no dan. Pero estamos seguros de que la gente cambiará su forma de pensar y dejará los coches”. Una de las personas de círculo de mayor confianza en el Ayuntamiento de Madrid se mostraba así de poco ilusionado con el arranque de Madrid Central, la operación para obstruir el tráfico en el corazón de la ciudad. El resultado: todos los días laborables de 2019 Madrid ha tenido restricciones de tráfico por contaminación. Por noveno año consecutivo, la capital suspende en Europa en contaminación y ha empeorado los datos que logró Ana Botella en 2014.
A pesar de que no ha sido un otoño-invierno especialmente parco en lluvias, a la semana de estrenarse la operación de Madrid Central, ya comenzaban las alertas por contaminación. Expertos consultados por MONCLOA.COM explican que es lógico que pasara, dadas las decisiones tomadas por el equipo de Ahora Madrid. Es decir, que el alto cargo municipal cercano a Carmena tenía razón: los números no iban a salir. La explicación es fácil: en Madrid Central hay una sola estación de medición (en la Plaza de Carmen, donde el tráfico ya estaba muy imitado antes del plan de Carmena). Al colapsarse los márgenes de Madrid Central por los coches que tienen que esquivarlo para llegar a su destino, aumentan los atascos y sube la contaminación en esas estaciones de medición.
Hay más datos –alguno dramático, como el aumento de muertes por accidente en las calles de Madrid– que delatan el fracaso de las políticas de movilidad de la «marca blanca» de Podemos. Si la forma de evitar las trabas al tráfico en la ciudad es usar el transporte público, nos encontramos con que los usuarios de la EMT –los autobuses urbanos– han descendido este año. Algo alarmante, dado que su competencia, el Metro, sí ha subido en usuarios, un 5%. La EMT ha perdido ocho millones de viajeros este año respecto al interior, una bajada del 2%.
La Empresa Municipal de Transporte ha tratado de cocinar estas cifras, si bien no consigue retorcer los números hasta concluir que han crecido los viajeros un triste 0,13%. El caso es que el gerente de la EMT –que tiene un sueldo superior a los 90.000 euros–, Álvaro Fernández, procede del mundo académico y es un experto académico en movilidad, pero movilidad ciclista. Fuentes de la compañía lo definen como un perfil “absolutamente dogmático” y de difícil trato para algunos subordinados.
La oposición cree que el fracaso de la EMT es consecuencia del fracaso de la movilidad urbana del Gobierno de Carmena. Los atascos que sufre el tráfico privado afectan a los autobuses y nadie quiere desplazarse en medios colectivos que están igual de atascados que cualquier coche. Carmena tiene como delegada en este asunto a la ex del PCE, Inés Sabanés, hoy encuadrada en la formación ecologista Equo, que se alió a Podemos para asaltar el Ayuntamiento de Madrid. Sabanés, 65 años, de formación licenciada en educación física, es la responsable de todas las políticas de movilidad de Madrid. Además de sus problemas de comunicación, su tono en los comunicados han irritado a buena parte de los conductores, que ven en ella, quizás injustamente, un sádico disfrute cuando se ponen problemas a la circulación del tráfico anunciando protocolos anticontaminación.
Sabanés ha endurecido protocolos, aumentado las multas, eliminado miles de plazas de aparcamiento, orquestado Madrid Central, aprobado el proyecto de poner semáforos en la A-5 que ha indignado a más de un millón de vecinos del suroeste de Madrid… Y los datos de contaminación y tráfico con peores.
EL SUSPENSO EUROPEO EN CONTAMINACIÓN
Según los datos ofrecidos a la agencia Efe por el Ayuntamiento de Madrid, siete estaciones superaron este 2018 el límite legal establecido por Bruselas: Escuelas Aguirre (55 microgramos), plaza de Fernández Ladreda (plaza Elíptica) (52), plaza del Carmen (44), plaza de España (43), Ramón y Cajal (43), Cuatro Caminos (41) y Urbanización Embajada (41). Solo una de ellas está en el interior de las amplias extensiones de Madrid Central.
Los coches en Madrid han visto orillados y eliminados carriles para establecer carriles-bici que tienen escasa utilización. Hay distritos especialmente castigados por Sabanés, como el de Chamberí. Además de construir un carril bici en una arteria básica como la calle Santa Engracia, se decidió hacer un experimento con la calle Gaztambide, limitando la velocidad, eliminando aparcamientos para poner maceteros y terrazas, y hasta entusiastas huertos urbanos. Todo esto ha fracasado. Los vecinos censuraron esta actuación y obligaron al Ayuntamiento a revertir a la situación anterior, algo que solo han logrado parcialmente. Carmena se ha negado a retrocerder en sus planes, pese a que una votación lo exige.
Y eso que los vecinos se organizaron casi como una guerrilla. Un numeroso grupo apareció por sorpresa en uno de los llamados “foros”, los denominados “espacios participativos” y vinculantes que ha puesto en marcha el equipo de Ahora Madrid. Hasta el momento eran un órgano que solo interesaba a militantes de Podemos y movimientos vinculados al equipo de Gobierno. Pero en el de Chamberí se presentaron vecinos por sorpresa y ganaron masivamente la votación para revertir los carriles y la ordenación de Santa Engracia. Pese a la victoria de los vecinos, el Ayuntamiento se ha negado a hacerles caso, asegurando que es “imposible” revertir la situación.
UN 41% MÁS DE MUERTOS EN ACCIDENTES
Otro indicio de la mala calidad del tráfico en Madrid es el dramático aumento de muertos en las calles de la ciudad. En 2018, según datos de la Policía Municipal, murieron en las calles de Madrid 38 personas en accidentes de tráfico. En 2017 habían sido 27.
El año pasado 17 vecinos de Madrid murieron atropellados en sus calles. Y 14 motoristas fallecieron estrellados contra el asfalto. La subida realmente grave está aquí, entre los usuarios de los vehículos a dos ruedas. En 2017 fueron solo cuatro los fallecidos. El crecimiento es, por lo tanto, exponencial, y atribuible a las cada día más complicadas condiciones de conducción en la capital de España, muy bacheada y saturada de tráfico por las restricciones.
No es solo contaminación o problemas en el tráfico, alguno dramático como los fallecidos en accidente. Las consecuencias económicas del experimento de Madrid Central ya se han hecho sentir. La organización Madrid Foro Empresarial ha calculado en un 20% el descenso de las ventas en los comercios del área central una vez pasado el Black Friday y activado Madrid Central. No solo los madrileños huyen del centro de Madrid para comprar, sino que la bajada se ha notado ya en los párkings municipales del centro, que han bajado en solo un mes de aplicación de las restricciones, un 10%. Las perdidas en ventas “ya irrecuperables” según las asociaciones de comerciantes, llegan al 50%.
Y eso que Madrid Central de momento es solo informativo. Las sanciones comenzarán en febrero, para cuando los responsables del Ayuntamiento realmente preparan la tormenta perfecta para el tráfico madrileño. Para esas fechas se multará en Madrid Central y además comienzan las obras de remodelación de Plaza de España. A solo tres meses de las elecciones municipales.
