Los acuerdos entre el España y el Vaticano cumplieron el 3 de enero cuarenta años desde que fueron suscritos entre ambas partes. A lo largo de 1979 estos acuerdos fueron ratificados por el Congreso y el Senado. Cuarenta años después, la inviolabilidad de los lugares de culto que establece este tratado influye decisivamente en la exhumación de Franco, e igualmente influye en los impuestos que debe pagar la Iglesia o el lugar de la religión en la escuela.
El programa electoral del partido socialista incluía entre sus propuestas la denuncia de los acuerdos de España con la Santa Sede. La propuesta ha quedado apartada de sus iniciativas, y se ha reformulado como una revisión de las relaciones con la Iglesia católica.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha ido modulando su postura a lo largo de los últimos meses. En una respuesta por escrito al senador Carles Mulet, el Ejecutivo recordó que el Tribunal Constitucional ha sostenido en todos sus pronunciamientos la conformidad de los acuerdos con los principios y normas constitucionales. El Gobierno considera que esto no ha cambiado y que las relaciones de España con la Santa Sede “siguen desarrollándose satisfactoriamente en el marco de los acuerdos”.
La postura del Gobierno ahora se traslada hacia una revisión de esos acuerdos, no la denuncia de los mismos. En las últimas respuestas parlamentarias a preguntas sobre la posibilidad de denunciar este tratado internacional, el Gobierno se ha remitido al contenido de la visita que realizó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, a finales de octubre.
En esa visita el foco de interés de centró en el papel de la Iglesia en la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Pero, además de este asunto, el Gobierno puso encima de la mesa el régimen fiscal de la Iglesia católica en España y la revisión de los bienes inmatriculados por ésta. Se trata de aquellos inmuebles inscritos en el registro de la propiedad a nombre de la Iglesia únicamente con una declaración de la misma sobre su autenticidad.
En cualquier caso, hay otras batallas muy importantes relacionadas con los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, como es la asignatura de religión. Estos acuerdos señalan que esta asignatura se impartirá “en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”.
EL VATICANO Y LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN
Por esta razón, el episcopado ha defendido siempre que todas las enseñanzas, menos las universitarias, la religión sea una asignatura como las demás. Los acuerdos llevan a que exista una asignatura alternativa, de manera que sea más atractivo no elegir dar religión.
Después de manifestar su disconformidad en mayor o menor medida con el estatus de la asignatura en las sucesivas reformas educativas, la Iglesia española se muestra ahora preocupada por la que ha presentado ahora el Gobierno socialista. El presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, se ha quejado de que el borrador actual no incluye esta asignatura hasta el momento.
El programa electoral de los socialistas señala que en su modelo de escuela pública no cabe «la integración, ni en el currículo, ni en el horario escolar, de enseñanzas confesionales”. De llevarlo adelante, sería un cambio radical en el modelo actual y sería considerado por la Iglesia como un incumplimiento de los acuerdos con el Vaticano.
El Gobierno tiene previsto llevar la reforma de la ley educativa al Congreso durante este mes de enero. Por ahora, los obispos no han recibido ninguna comunicación por parte del Gobierno sobre cuál será el estatus de esta materia. Blázquez ha pedido que se oferte “sin recortes ni trampas”.
Las alertas han saltado desde el momento en que los obispos se han encontrado en un borrador de la reforma educativa que la asignatura de religión no figura como asignatura obligatoria ni optativa y, por lo tanto, ni evaluable y sin alternativa.
Las polémicas en anteriores modelos educativos se centraron en si las calificaciones de la religión y sus optativas deberían contar para establecer las medias académicas, ahora el asunto tiene más calado. A la hora de mostrar su preocupación, Ricardo Blázquez ha apelado, precisamente, a que sean respetados los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado, que ahora cumplen cuarenta años.
LA EXENCIÓN DEL IBI DE LA IGLESIA
En lo que se refiere a las relaciones financieras, el hecho de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pusiera encima de la mesa el régimen fiscal de la Iglesia en España en su visita al Vaticano causó sorpresa en el episcopado español. En el terreno financiero están de actualidad la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO).
Sin embargo, los socialistas también tienen en su programa electoral un asunto que aún no han esgrimido desde que están en el Gobierno. Este programa señala que “el sistema de asignación tributaria actual no es aceptable, debiendo ser suprimido en aplicación del principio de laicidad”. Este sistema de asignación a través de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), le supone a la Iglesia unos ingresos superiores a los 250 millones de euros anuales.
En cuanto al IBI, los socialistas consideran que esta exención, de la que disfruta la Iglesia de la misma manera que otras instituciones sin ánimo de lucro, debe limitarse de forma estricta a los inmuebles dedicados al culto. Aunque es un asunto delicado e incómodo para el episcopado, los obispos no muestran oposición, siempre que se circunscriba a estos límites.
Entre los asuntos financieros de importancia también se encuentra el pago de los profesores de la asignatura de religión por parte del Estado. Los acuerdos con la Santa Sede no obligan por sí mismos a que el Estado pague sus nóminas, sino a que su situación económica se concierte entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española.
