Sánchez, sin expectativas ante la reunión con Torra que exigirá autodeterminación y amnistía

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El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, encara la reunión de este jueves en Barcelona con el president de la Generalitat, Quim Torra, con el objetivo de demostrar a la ciudadanía catalana su apuesta decidida por el diálogo, si bien no espera cerrar acuerdo alguno con un president decidido a plantear cuestiones inasumibles para el Ejecutivo como el referéndum de autodeterminación o la amnistía de los presos.

La reunión tendrá lugar a las 12.00 horas en el Palau de la Generalitat y, a su término, darán cuenta del contenido de la misma en rueda de prensa el jefe del Ejecutivo, en primer lugar, y seguidamente, el presidente catalán.

En los días previos al encuentro, el Gobierno de Sánchez se ha dedicado a enfriar las expectativas ante la entrevista con Torra, de la que sólo esperan que se desarrolle de manera «razonable» y sirva al menos para ir normalizando la relación entre las dos instituciones por el bien de la sociedad catalana, según fuentes del Ejecutivo español.

Por su parte, Torra espera que el encuentro sirva para fijar las condiciones de la mesa de negociación entre gobiernos pactada entre ERC y PSOE, y ya ha anunciado que planteará a Sánchez el derecho de autodeterminación y la amnistía para los presos soberanistas.

En un comunicado la semana pasada, defendió que esta reunión debe ser para abordar el conflicto en Cataluña: «Estamos convencidos de que el presidente Sánchez no cerrará ninguna puerta al diálogo en este encuentro ni excluirá ningún contenido», y su gabinete trasladó al de Sánchez que hablará sobre autodeterminación.

La autodeterminación y la amnistía son los dos únicos puntos que los partidos y entidades independentistas consensuaron en una reunión de hace tres semanas que convocó Torra, ya que ha reiterado en varias ocasiones que debe ser el conjunto del independentismo quien pacte qué demandas debe llevar el Govern a esa mesa.

EL ESCEPTICISMO DE MONCLOA

En Moncloa asumen que el president pondrá sobre la mesa sus conocidas reivindicaciones sobre el conflicto político y no prevén siquiera que del encuentro con Torra pueda salir la fecha para el inicio de los trabajos de la mesa de diálogo pactada entre ERC y el PSOE en el acuerdo de investidura.

De hecho, ésta es una de las cuestiones que el Govern quiere que salga del encuentro: la portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, pidió el martes «un calendario aproximado sobre cuándo deben empezar las negociaciones entre gobiernos» y que se fijen las condiciones de este diálogo, mientras que desde ERC se espera que la mesa se convoque lo más pronto posible, aunque quitan importancia a que la fecha se anuncie este jueves u otro día.

Desde el Ejecutivo de Sánchez insisten en que ellos están preparados para constituir la mesa inmediatamente después de la reunión con Torra, pese a su anuncio de la semana pasada, rápidamente rectificado a petición de ERC, de que aplazaría su constitución hasta la celebración de las elecciones catalanas -anunciadas por el presidente catalán por las fricciones entre los socios del Govern- y la formación de un nuevo Ejecutivo catalán.

Ahora bien, esa mesa es entre el Ejecutivo español y el Govern catalán, por lo que para ponerla en marcha sería necesario que de forma previa la parte catalana acordara la composición de su delegación. En cambio, tanto en el Gobierno español como en ERC dudan del interés de Torra en colaborar para el éxito de la mesa.

El anuncio de aplazar el inicio de la mesa de negociación evidenció de nuevo las diferencias de cómo los socios del Govern afrontan este diálogo con el Gobierno.

Mientras que Budó (JxCat) aprovechó para criticar que esta decisión del Gobierno confirmaba «las dudas de entregar cheques en blanco a Sánchez», los republicanos emitieron un comunicado exigiendo una fecha inminente para la mesa de diálogo y reclamó a JxCat y PSOE responsabilidad para dialogar y cumplir el acuerdo de investidura.

AGENDA DE SÁNCHEZ

Sánchez acudirá a la reunión con Torra acompañado de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, si bien se desconoce qué papel jugará la canaria en el encuentro, pensado inicialmente como una conversación entre los dos presidentes. Darias se incorporaría a la reunión, apuntan desde Moncloa, si en algún momento se considera necesario.

Pero la agenda del presidente en Barcelona va más allá de la entrevista con Torra y se prolongará hasta el viernes 7. Tras su encuentro con el president, Sánchez se desplazará a la Delegación de Gobierno para reunirse a las 17.00 horas con el presidente de Barcelona Global, Pau Guardans, encuentro al que también asistirán los vicepresidentes Lluís Seguí, Teresa Garcia-Milà y Jaume Oliu, además de los presidentes de honor Gonzalo Rodés y Marian Puig, y el consejero delegado, Mateu Hernández.

A continuación, y en la misma sede de la Delegación del Gobierno, el presidente del Gobierno recibirá al secretario general de CC.OO. de Cataluña, Javier Pacheco, y a su homólogo en UGT, Camil Ros. En torno a las 18.30 está previsto que Sánchez se encuentre con el presidente de la patronal catalana Pimec, Josep González, y los miembros del comité ejecutivo.

Sánchez finalizará la jornada del jueves desplazándose a las 19.15 horas a la nueva sede del PSC que todavía no conoce y donde mantendrá una reunión con la Comisión Ejecutiva del partido, los primeros secretarios de la formación, diputados del Parlament y del Congreso y con alcaldes de más de 20.000 habitantes.

El viernes a primera hora (9.30 horas) Sánchez hará una visita al Ayuntamiento de Barcelona donde se reunirá con la alcaldesa, Ada Colau; después, a las 11.00 horas se verá con Foment del Treball en la sede de Foment (Vía Laietana,32) y a las 12.30 irá a la Diputación de Barcelona para entrevistarse con su presidenta y alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marin, han explicado fuentes conocedoras a Europa Press y confirmado el Palacio de la Moncloa.

El presidente tiene previsto emprender su regreso a Madrid a las 14.30 horas del viernes, según ha precisado el Gobierno.

Marlaska no cumple: más horas extra para la Guardia Civil y menos agentes en cárceles

La Guardia Civil está pagando los errores del Ministerio del Interior con la vigilancia en las cárceles. Más efectivos de la Benemérita y también de la Policía Nacional han tenido que hacerse cargo de las vacantes que dejaron los trabajadores privados de Ombuds el pasado 31 de diciembre. La empresa de seguridad está en fase de liquidación y no ha podido continuar con el contrato de vigilancia que poseía en 15 cárceles de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. Una situación que se intentó solucionar desplazando a más agentes, pero que en realidad no se ha cumplido.

En un principio desde Interior anunciaron que las cerca de 500 plazas vacantes que dejaban los vigilantes de Ombuds se cubrirían con 240 agentes. Sin embargo, no se está llevando a cabo esta sustitución. Según fuentes de la Guardia Civil, tan solo se han enviado 50 agentes a las cárceles de Madrid, mientras que a Extremadura y Castilla-La Mancha no han destinado a nadie. Las prisiones madrileñas, manchegas y la extremeña de Cáceres son competencia de la Benemérita, mientras que la de Badajoz pertenece a la Policía. En el caso de esta última, y según confirman fuentes policiales, solo se han convocado 12 plazas para cubrir las bajas.

DESCUBIERTOS Y HORAS EXTRAS DE LA GUARDIA CIVIL

Este escenario genera un sinfín de problemas en las cárceles afectadas, ya que se están generando descubiertos importantes y los agentes destinados están asumiendo más trabajo del que les corresponde. Como consecuencia de este descontrol, a finales de enero  comunicaron a los Guardia Civiles desde el Ministerio que les iban a ampliar las horas de servicio. La subida sería efectiva a partir de febrero, donde los profesionales afectados pasarían de 37,5 horas semanales a 40.

Esta noticia no gustó a una buena parte de los implicados, que mostraron su descontento a las autoridades. Ante este malestar, Interior reculó extraoficialmente, asegurando que no iba a subir las horas. No obstante, la realidad ha sido otra y desde febrero los agentes trabajan dos horas y media más. Una subida que les mantendrá más tiempo en su puesto laboral, pero que no quedará reflejada en su salario.

El coordinador del Área de Servicios de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Rafael Sánchez, considera que “se trata de una medida impuesta y discriminatoria” para los afectados. Según argumenta Sánchez, al personal que realiza funciones administrativas “se le paga el doble” de dinero que el que le van a retribuir a los agentes “por prestar el mismo número de horas”. Esta solución in extremis ya había ocurrido en previas ocasiones en algunos de estos centros penitenciarios para “cubrir los servicios de vigilancia y conducciones”.

Desde AUGC ya han anunciado que interpondrán “una queja ante la Dirección General”, porque consideran que no son necesarias esas horas extras y en caso de que así sea, deberían al menos retribuirlo igual que los compañeros encargados de cuestiones administrativas. A esta indeseada ampliación de horario se suma la promesa incumplida del ministerio de Fernando Grande-Marlaska de desplazar de otras comunidades casi 250 agentes, que finalmente han quedado reducidos a 50. Un número que provoca el sobre esfuerzo de estos profesionales, al igual que el de los funcionarios de prisiones, que se ven obligados a hacer tareas que ya no les correspondían. 

EN CONTRA DE LA VIGILANCIA PRIVADA

Este conflicto laboral reabre una reivindicación histórica de la Guardia Civil. Antes del año 2013 la vigilancia exterior de los centros penitenciarios estaba exclusivamente en manos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y ciertas tareas recaían en los funcionarios de prisiones. Sin embargo, a partir del citado año todo cambió. La Administración decidió que reducir la seguridad pública para darle competencias a los vigilantes privados. Y, según sostienen desde fuentes de la Guardia Civil, ahí comenzaron los problemas.

Esta medida no gustó a este cuerpo porque considera que ha complicado algunas situaciones y, además, supone un mayor gasto para el Estado. En estos más de 6 años que lleva en vigor la medida se han invertido, según afirman desde AUGC, “más de 200 millones en contratos de apoyo de seguridad en los 68 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, cuantía a la que se suman otros 64 millones de euros a partir de este mes de enero de 2020”.

El representante de AUGC, Rafael Sánchez, asegura que su relación con los vigilantes privados es excelente y no tienen quejas con su forma de trabajar. No obstante, resalta que tener relegado este servicio a un ente externo puede generar complicaciones como las actuales. Según sostiene Sánchez, se podrían evitar si se sustituyeran a “los vigilantes de seguridad privada por personal de FCSE en reserva y segunda actividad”, algo que, además “supondría un considerable ahorro para las arcas públicas”. Los cubiertos que se están haciendo de forma urgente, a su juicio, no son más que “parches” que solo se solucionarán cuando se devuelva todo el servicio a “la seguridad pública”.

Sánchez explica que, con la llegada de los vigilantes privados, ellos dejaron de controlar el área perimetral de las cárceles y les destinaron las conducciones en exclusiva. Es decir, ellos pasaron a encargarse de los traslados de los presos, que en cárceles como las de Madrid son muchos al día. El volumen de trabajo ha ido creciendo en estos años y ahora, que ya no están los vigilantes externos, no pueden realizar todos los servicios que se demandan. Algo semejante a lo que ha ocurrido con los funcionarios de prisiones, que dejaron de ocuparse del control de acceso y tras la salida de los vigilantes de Ombuds han tenido que reincorporarlo en sus funciones. Todos ellos denuncian que “están desbordados”.

EL CONFLICTO LABORAL DE OMBUDS

Al margen de las quejas por la incorporación de la vigilancia privada, la situación actual podría haberse solucionado si el Ministerio del Interior hubiera reaccionado a tiempo. Son varios los sindicatos que advirtieron a la Administración de la crisis que estaba viviendo Ombuds. El grupo de seguridad entró en concurso de acreedores este verano y dejó de pagar a sus empleados meses antes. 

En ese momento, Interior podría hacer rescindido el contrato con Ombuds y haber adelantado el contrato público del servicio. Esto no ocurrió y la deuda a los trabajadores ha ido abultándose en este tiempo. En diciembre se conoció el resultado del concurso público y tan solo el lote 2, que era el único en manos de Ombuds, quedó desierto. Fuentes sindicales argumentan que esto se debe principalmente a que ningún grupo se atreve a presentar una oferta sabiendo que hay una deuda vigente. 

El Ministerio sacó rápidamente otro concurso de urgencia, pero de encontrar un adjudicatario no será hasta marzo cuando se podrían reincorporar los vigilantes de Ombuds, que actualmente están en la calle. Sobre este nuevo concurso, según denuncian fuentes de la Guardia Civil, no se sabe nada. Mientras tanto los agentes desplazados de otras zonas de España siguen generando descubiertos en su lugar de procedencia y aún así no son suficientes para realizar todas las tareas que le corresponden. 

Ortega Smith y el mundo militar: investigan el ejercicio de tiro del político

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Hace apenas unos días se difundió un vídeo del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en el que aparece realizando prácticas de tiro con un fusil de asalto en una base militar de Murcia.

Este vídeo ha levantado muchas polémicas acerca de la legalidad del ejercicio que practicó Smith. Tanto es así que se ha abierto una investigación por estos tiros ¿Cómo sucedió y por qué Ortega Smith siempre se vincula con el mundo militar?

LA PRÁCTICA DE TIRO DE ORTEGA SMITH EN UNA BASE MILITAR DE MURCIA

YouTube video

El pasado 29 de enero, Javier Ortega Smith visitó las instalaciones de la base de la Brigada Paracaidista en el Javalí Nuevo, en Murcia. Allí, el diputado de Vox pudo realizar unos disparos con un HK G36 de calibre de 5,56 milímetros, que es precisamente el fusil de asalto de las Fuerzas Armadas de España. Y fue grabado.

El caso es que este vídeo se ha difundido a través de las redes sociales y no todo el mundo está de acuerdo con la actuación del político, especialmente por las palabras que dijo al realizar estos disparos: «Este es un hijo de puta del Daesh que había que cargárselo«, explicó al hacer el recuento de los disparos, que habrían sido quince en total.

El reglamento prohibe el uso de armas de guerra en el caso de particulares pero, según han recalcado desde el partido, el campo de tiro del ejército se rige por sus propias normas. Aún así, la polémica no se ha terminado. Tanto es así que han decidido abrir una investigación por lo sucedido.

ORTEGA SMITH AFIRMA QUE LOS TIROS FUERON COMPLETAMENTE LEGALES

Ortega Smith

El diputado de Vox aseguró el pasado martes que los disparos que realizó con el fusil durante su defensa eran completamente legales ya que se encontraba realizando un curso de defensa en la base militar.

En sus declaraciones durante un acto en el Ayuntamiento de Madrid, el diputado ha asegurado que es peligroso usar cualquier tipo de arma de fuego si no se sabe utilizar, pero que la actividad que realizó era absolutamente legal y estaba dentro de las normas. La instalación militar lo había autorizado.

El curso que realizó Smith tenía como objetivo aportar una visión general de la defensa nacional y está abierto a generales, diputados, senadores, diplomáticos, académicos, periodistas y personas de alto nivel de la Administración del Estado. Precisamente por eso pudo realizar el diputado de Vox dicho curso.

DEFENSA DECIDE INVESTIGAR QUIÉN AUTORIZÓ A ORTEGA SMITH

Ortega Smith

Ante estos hechos, el Ministerio de Defensa ha decidido abrir una investigación para aclarar por qué se permitió al secretario general de Vox realizar las prácticas de tiro con un fusil de asalto militar.

A pesar de que estaba realizando un curso en la base militar, el reglamento de armas aprobado en 1993, prohibe tajantemente la «adquisición, tenencia y uso de armas de guerra por particulares». El diputado sigue insistiendo en que era completamente legal lo que estaba haciendo, pero aún no se ha aclarado si esto es cierto o no.

EL VÍDEO DE CIERRE DE CAMPAÑA QUE NO GUSTÓ AL MINISTERIO DE DEFENSA

Ortega Smith

El vídeo de cierre de campaña de Vox en Andalucía también causó un gran revuelo y es que no gustó nada en los despachos del Ministerio de Defensa. En este vídeo de apenas 40 segundos, se ve al secretario general de Vox, Ortega Smith, paseando por el interior del Tercio de la Armada y las de la Escuela de Suboficiales en San Fernando.

En el discurso, que se grabó allí mismo, Smith recordó a «quienes hicieron grande a España en los mares». El Ministerio de Defensa considera que el partido de Vox intentó instrumentalizar la institución militar días antes de las votaciones andaluzas, y esto no gustó demasiado ya que en la zona en la que hicieron el vídeo, muchos seguidores de Vox pertenecen al Ejército de España.

UNA ASOCIACIÓN DE MILITARES ACUSA A VOX DE TRAICIÓN

Ortega Smith Abascal

Jenner López, presidente de la asociación profesional 45sindespidos, que se oponen a la salida forzosa de los militares a partir de los 45 años, confiaba en los diputados de Vox, desde Abascal hasta Ortega Smith, ya que estaban de su parte: «En Vox apoyamos totalmente a 45sindespidos y exigimos al PP que deje de echar a la tropa al cumplir los 45 años y readmita a quienes han sido expulsados ya».

Pero, poco después, López comentó que se sentía decepcionado con el partido al completo ya que se han olvidado de lo que prometieron. Solo se han comprometido a que «los españoles que cumplan 20 años de servicio en el Ejército tendrán prioridad en las oposiciones a cuerpos de policía, municipales, forestales, funcionarios penitenciarios, etc».

Pero López comenta que esto es una tomadura de pelo ya que lo que comentan ya está previsto en la Ley de Tropa y Marinería desde el año 2006. Por ello, el líder de la asociación se siente dolido con Abascal por seguir luciendo una camiseta del Ejército de Tierra en público y que defienda la reinstauración en España del servicio militar obligatorio cuando él mismo pudo librarse de cumplirlo encadenando sucesivas prórrrogas por estudios y cargos públicos.

Las defensas del caso Ausbanc estudian recurrir al Supremo por no suspenderse el juicio

Las defensas de los acusados en el juicio de Ausbanc dejaron claro este miércoles su disconformidad con la decisión de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de no suspender la vista oral. El expresidente de la asociación, Luis Pineda, lo había solicitado un día antes, a raíz del levantamiento del secreto de sumario de la pieza separada número 9 de la macrocausa Tándem, sobre las contrataciones del excomisario José Manuel Villarejo por parte del BBVA.

Los letrados expresaron su «protesta formal» ante la decisión del tribunal de cara a la presentación de un hipotético recurso de casación ante el Tribunal Supremo cuando sea oportuno.

Tal y como explicó el abogado de la acusada María Isabel Medrano, quien se enfrenta a sesenta años de prisión, esta protesta debía formularse de forma expresa en el día de ayer, jornada en la que el tribunal resolvió la fase de cuestiones previas que precede al inicio de la vista oral, porque de lo contrario se entendería como un acatamiento a la resolución y cerraría las puertas de un posible recurso de casación en el futuro.

EL JUICIO SE CELEBRA

A pesar de los infatigables esfuerzos de las defensas para anular o, en todo caso, aplazar la celebración del juicio para poder estudiar el sumario sobre el BBVA y Villarejo, en el que según las primeras filtraciones se constata que la entidad financiera pagó al comisario, entonces en activo, medio millón de euros al año para tratar de socavar la reputación de Pineda y de Ausbanc, el tribunal no ha accedido a la petición.

En su auto de resolución, los magistrados desestiman esa petición a pesar de que, según el abogado de Pineda, Miguel Durán, supone una vulneración del derecho a la defensa de su cliente, quien no ha contado con el tiempo suficiente para instruirse en una causa cuyo sumario reúne documentación que abarca entre 20.000 y 30.000 folios.

Con todo, la sala matiza que los «elementos referidos por la defensa de Pineda para dar forma a la nulidad solicitada», es decir, el argumento de que la denuncia «anónima» contra Ausbanc la interpuso Villarejo instrumentalizado por el BBVA y que el primero se sirvió de sus relaciones dentro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF)  como miembro en activo de la policía para acelerar sus consecuencias, «no son en modo alguno inequívocos»,  pero deberán ser abordadas en la fase de prueba y resueltas en la posterior sentencia que ponga fin al procedimiento.

Se tendrá que «disipar», prosigue la sala citando el «atino» del abogado de la acusación popular que lidera el partido político Podemos, Alejandro Gámez, de comprobarse los extremos alegados por el letrado de Luis Pineda si, en su caso, «se estaría ante un supuesto de nulidad o de mera irregularidad».

FISCAL DENUNCIADO

A pesar de esa supuesta de vulneración de derechos, Pineda, tal y como adelantó ayer su defensa, contestará en el día de hoy al interrogatorio del fiscal José Perals Calleja, a quien denunció el pasado lunes el expresidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, que se enfrenta a una pena de 24 años y 10 meses de prisión.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso MONCLOA.COM, el representante del Ministerio Público habría incurrido en un delito de «imprudencia grave» con «mala fe» en el cumplimiento de sus funciones de guardia y custodia de documentos y ocultación de los mismos.

Bernad hace referencia a los folios que faltaban del primer informe de la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía que el fiscal aportó a la causa en la fase de cuestiones previas, es decir, el 29 de enero de 2020, cuando el informe se elaboró en febrero de 2015.

El denunciante se pregunta «¿por qué durante cinco años estuvo el informe mutilado?». Además, recuerda que dicho documento se remitió al fiscal en septiembre del pasado año y, por eso, se vuelve a preguntar: «¿por qué aparece en septiembre de 2019? ¿y por qué se entrega el día 29 de enero de 2020?».

Para Bernad la respuesta está clara y es que, «después de haber analizado el documento completo» las conclusiones del informe de la UDEF eran insuficientes para judicializar el proceso «al carecer del mínimo sustento y, por ello, se ocultan las conclusiones hasta que se cerró la instrucción y no había posibilidad de impugnarlo».

NO TESTIFICARÁ VILLAREJO

La sala no solo ha desestimado el aplazamiento y suspensión del juicio, sino también otro puñado de cuestiones previas planteadas por las defensas de los 10 acusados, antiguos miembros de Ausbanc y del sindicato Manos Limpias, como la que pedía el abogado de Pineda de que Villarejo declara como testigo en el juicio.

Una pretensión que ha sido rechazada, a pesar de que buena parte la defensa de Pineda se basa en que el procedimiento contra Pineda se sustentó en una denuncia falsa presentada por Villarejo, que cumplía órdenes del BBVA, entidad de la que percibió más de diez millones de euros durante trece años para realizar servicios «ilícitos».

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, confirmó en el auto del pasado 30 de enero en el que acordó el levantamiento del secreto que pesaba sobre la pieza del BBVA esa ilicitud de unos servicios que habían menospreciado «derechos fundamentales» de las personas a las que afectaron, entre ellos, Luis Pineda.

INTERROGATORIOS DE LOS ACUSADOS

El Ministerio Fiscal comenzará hoy con los interrogatorios de los acusados de presuntos delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo de capitales. En concreto, a Pineda y Bernad, principales acusados del caso con peticiones de 118 y 24 años de prisión, respectivamente, el fiscal les acusa de haber orquestado una supuesta campaña de extorsión en los medios de comunicación contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa. Ambos tienen intención de responder al interrogatorio del Ministerio Público y, según fuentes de su defensa, se encuentras tranquilos al respecto.

 

Movilizaciones en el campo: ¿Por qué protestan los agricultores?

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Desde hace una semana, los agricultores españoles se han visto envueltos en una intensa campaña de movilizaciones para denunciar la situación tan precaria que vive el sector de la agricultura. Las protestan han sido muy contundentes, pero ha sido en Extremadura y en Jaén donde más se han movilizado.

¿Qué es lo que pasa en el campo y por qué protestan los agricultores de España en todo el territorio?

LOS BAJOS PRECIOS QUE COBRAN LOS AGRICULTORES

Agricultores

El origen de esta revuelta está en el precio tan bajo al que tienen que vender sus productos los agricultores ya que, según dicen, no les pagan un precio justo. En algunos casos, dicen desde la asociación agraria, no les da ni para cubrir los costes de producción, por lo que no les merece la pena seguir vendiendo sus productos.

«Las frutas, las hortalizas, el aceite de oliva o el cereal viven una continua crisis de precios», se lamentan desde los sindicatos. A esto se le añade los desastres que se han provocado debido a las fuertes lluvias, que echan a perder las cosechas, o el aumento del diésel que les hace gastar aún más.

LA SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

Agricultores

A pesar de que parece que el origen de las protestas viene de la subida del salario mínimo interprofesional, lo cierto es que es simplemente la gota que ha colmado el vaso. Ahora, a la lista de costes de producción deberán añadir el aumento del 5,5% en el salario mínimo que se ha pactado entre el Gobierno y los sindicatos.

El SMI previsto no llega a los agricultores, por lo que piden al Gobierno que haya una reducción fiscal o cotizaciones para poder paliar esta subida. «No nos oponemos al salario mínimo, pero hay que tener en cuenta las rentas del campo», comentó Joan Caball, coordinador de Unió de Pagesos.

EL CORTE DE CARRETERAS POR LAS PROTESTAS EN JAÉN

Agricultores

El pasado jueves, miles de agricultores bloquearon todos los accesos a la provincia de Jaén por la grave crisis de precios que sufre el sector del olivo. En los bloqueos, los agricultores vitorearon eso de «sin olivar, Jaén muere».

La revuelta de los olivareros formaba parte del calendario de protestas que se han programado en todo el país, y todas las protestas tienen un denominador común, exigir un precio justo para los agricultores y para todo aquel que trabaje en el campo.

Los agricultores cortaron durante toda la mañana las cuatro autovías principales, lo que provocó unas retenciones kilométricas. En general, las protestas fueron bastante tranquilas, solo hubo un momento de mayor tensión en la A-4 de Andalucía, en Andújar y en La Carolina, a la entrada de Despeñaperros. Allí se produjo un corte de vía con quema de neumáticos que no estaba autorizado.

«Nos pagan el kilo de aceituna a 40 céntimos, menos dinero del que recibíamos hace 20 años», se quejó Francisco Jiménez, un olivarero de Martos que, a sus 64 años, asegura no haber vivido una crisis igual.

LA MOVILIZACIÓN LLEGA A MADRID

Agricultores

Más de un centenar de agricultores y ganaderos se han concentrado el pasado miércoles a las puertas del Ministerio de Agricultura en la capital, en Madrid, para denunciar la situación que están viviendo.

Durante la protesta no se han registrado altercados importantes. Simplemente, los manifestantes han cortado al completo el paseo de la Infanta Isabel durante 45 minutos y que han obligado a realizar desvíos.

«Nuestra principal demanda», explica Ivana Martínez, secretaria general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Madrid, «es un precio justo para los productos agroalimentarios. Que valgan lo que tengan que valer y no lo que marcan las grandes cadenas de distribución y alimentación, que son las que se llevan siempre el valor añadido».

SANTIAGO ABASCAL, EXPULSADO DE LA PROTESTA

Agricultores

Santiago Abascal ha acudido junto con otros diputados, senadores y parlamentarios autonómicos a la manifestación que se celebraba en Madrid. Pero los miembros de Vox no han sido bien recibidos. Es más, unos cuantos manifestantes han gritado ‘fuera’ al grupo completo. Es por eso por lo que han decidido marcharse de forma pacífica.

«Es lamentable que estén aquí y pedimos que abandonen la concentración, no es el momento ni la forma», comentó el sindicalista Jesús Anchuelo para pedir que se marcharan de la protesta.

Pero no todos los agricultores pensaban así. Algunos consideraron que se había pasado con los políticos del partido de Vox. «Santiago, gracias por venir», han gritado otros en la concentración.

ABASCAL DICE QUE LES APOYARÁ EN LAS CORTES

Agricultores

Justo antes de marcharse, Abascal ha decidido dirigirse a Anchuelo para decirle en persona que venía a apoyar sus reivindicaciones. Pero este le ha comentado que no quería tener a ningún político en la manifestación.

«Sus palabras yo las respeto, no tengo nada que reprocharles, pero lo hacemos de corazón, no venimos a hablar sino a escucharles y a brindarles apoyo», le ha dicho el líder de Vox. «Les apoyaremos en las Cortes y ustedes lo verán», ha dicho justo antes de irse. 

Ya en las redes sociales, Abascal ha querido asegurar que Vox «ha sido el único partido que ha hablado de la defensa del campo, la vida rural y de la competencia desleal de los productos extracomunitarios».

Vox habla de “manipulación” y tira de hemeroteca para mostrar su apoyo al campo

“Vox con el campo”. Este es el lema que el partido de Santiago Abascal ha viralizado en las últimas horas para recordar algunas de las acciones que han puesto en marcha y que, a su juicio, reflejan su compromiso con los trabajadores agrícolas. Tirando de hemeroteca, Vox ha querido hacer frente a las críticas que les acusan de “no saber sobre el campo”.  Estas reacciones se han producido después de que varios miembros de la formación hayan sido abucheados durante una manifestación de agricultores en Madrid.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, el portavoz en el Congreso y Vicesecretario de Relaciones Internacionales, Iván Espinosa de los Monteros, la líder en Madrid, Rocío Monasterio, y la diputada sevillana Reyes Romero son algunos de los integrantes del partido que han acudido a esta concentración frente al Ministerio de Agricultura. El objetivo de acudir a este acto, según han defendido, era escuchar las quejas de este sector. Sin embargo, la acogida no ha sido como la esperaban.

VOX EN LA MANIFESTACIÓN

Algunos agricultores han invitado a Abascal y al resto de sus compañeros a abandonar la manifestación porque no querían que hubiera presencia política. “Estas personas están aquí riéndose, chupando cámara”, criticaba uno de los presentes, que ha sido respaldado por otros agricultores, al considerar que estaban intentando apropiarse de sus reivindicaciones. También ha tildado de “vergüenza” la aparición de los ultraderechistas, que en todo momento se han mostrado sonrientes. Esta situación ha obligado finalmente a la retirada de los representantes de Vox.

A pesar de este hecho, no todos los manifestantes parecían estar en contra de la presencia de Abascal y los suyos. Vox ha difundido a través de varias cuentas de Twitter —la principal todavía sigue bloqueada— otros vídeos, grabados por ellos, en los que intercambian buenas palabras con los agricultores. “Santiago gracias por estar aquí” o “a luchar por la ganadería y el campo” han sido algunos de los mensajes que han recibido de los asistentes.  

La formación ha compartido estos vídeos, porque, según denuncian, se ha hecho “una campaña” en contra de ellos. Abascal ha criticado que “algunos medios” hayan “manipulado de forma asquerosa” su presencia en la concentración. El líder de Vox ha ido más allá sosteniendo que “probablemente ellos mismos han enviado a un par de subvencionados a dar alaridos para tratar de apropiarse de la voz del campo”. 

Vox ha insistido en que solo los miembros de «UGT – UPA» se han enfrentado a ellos. El diputado nacional Víctor Sánchez del Real ha introducido al PSOE en la ecuación y ha insinuado que estos “pollos” los han montado en su nombre. No obstante, los organizadores, que eran tres sindicatos, habían pedido que no hubiera asistencia política. El eurodiputado Hermann Tertsch también ha criticado esta situación y ha afirmado que “los comunistas” —en referencia a Unidas Podemos— “acaban de lograr la explosión del paro en el campo español. Y se asustan al ver cómo se recibe a Abascal y a todo Vox en los pueblos.”

LA HEMEROTECA DE MONASTERIO Y ABASCAL

Además de su polémica presencia en este acto, los miembros de Vox han tirado de hemeroteca para resaltar su compromiso con el campo. Rocío Monasterio ha compartido en su cuenta personal de Twitter varias fotografías de su visita a agricultores de la Comunidad de Madrid. “Hoy y durante todo el año hemos estado con los agricultores, ganaderos y cazadores, nos han ido contando todas sus justas reivindicaciones”, ha dicho la presidenta de Vox en Madrid.

Abascal también ha compartido una de sus intervenciones durante el Vistalegre Plus Ultra en las que habla de “la despoblación del mundo rural” o “la competencia desleal de los productos extracomunitarios”. Siguiendo en esta línea, la formación ha rescatado una instantánea del líder nacional conduciendo un tractor. La imagen que han compartido pretende responder a una crítica de Podemos, que sostenía que “Abascal solo va a los pueblos de paseo en sus motos BMW… por eso no sabe nada del campo y va a las manifestaciones de agricultores cuando nadie le ha llamado”. 

No obstante, la fotografía en cuestión no era una visita de Abascal para apoyar el trabajo de los agricultores y ganadores, sino que fue tomada durante un día de descanso junto a su amigo el torero Morante de la Puebla. Como el propio presidente de Vox compartió en sus redes sociales, se trataba de “un alto en el camino en mitad de la intensa campaña” electoral del 28 de abril. 

UNA PNL PARA LA AGRICULTURA

Aprovechando esta manifestación multitudinaria de agricultores en Madrid, Vox ha presentado una Proposición No de Ley en el Congreso para “exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que apueste por una PAC justa y beneficiosa para los agricultores españoles”. En esta PNL también se insta al Gobierno a “garantizar la aplicación de un control sanitario de los productos importados así como que no se ratifique el acuerdo de MERCOSUR tal y como está planteado”.

Esta PNL viene propiciada por las sucesivas reivindicaciones que el sector del campo ha estado manifestando en las últimas semanas. Según afirman los sindicatos UPA, COAG y ASAJA, —organizadores de las movilizaciones—, son miles los agricultores y ganaderos que están protestando por toda España. Algunas de las razones que alegan para echarse a las calles son “la falta de precios justos”, “subida de los costes de producción” o “los recortes en las ayudas”.

Dos años de cárcel por difundir una foto de la víctima de La Manada

El juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona ha condenado a dos años y un día de prisión a un hombre vallisoletano por la difusión en Internet de una foto de la joven madrileña víctima de «La Manada» mientras fue violada en la noche de San Fermín de 2016.

El hombre, de unos 30 años e ideología ultraderechista, está condenado como autor responsable de un delito contra la integridad moral, además de un delito de revelación de secretos. A la hora de publicar la la mencionada imagen, le acusó de mentir en su denuncia y le proliferó insultos a través de su cuenta en la red social Twitter.

En la resolución, contra la que cabe recurso, se le condena además a abonar 6.000 euros en concepto de indemnización a la víctima por el daño moral causado, así como al pago de una multa de 4.680 euros.

FOTO DE LA VIOLACIÓN DE LA MANADA

El juez considera probado que el día 6 de diciembre de 2017, el acusado publicó en su cuenta de Twitter una fotografía en la que se veía a la joven madrileña manteniendo relaciones sexuales con uno de los miembros de «La Manada». Concretamente aparecía en la imagen junto a José Ángel Prenda, uno de los condenados a 15 años de prisión por las agresiones sexuales.

A la imagen le acompañaba el siguiente texto: «La chica supuestamente violada por la Manada ha pedido que no se difunda esta imagen porque quizá pensemos que solo era una golfa borracha«.

La publicación se compartió en 16 ocasiones, además de recibir 13 «likes» y 64 comentarios. Esto provocó, según la sentencia, una «revictimización» de la joven.

UTILIZADA PARA PERJUDICAR A LA VÍCTIMA

El juez considera que el acusado utilizó la fotografía para perjudicar a la víctima. En la sentencia se indica que el acusado obtuvo la imagen por «algún medio que se ignora». Sin embargo, hace hincapié en que utilizó la misma con ánimo de divulgar y difundir la misma. De hecho, hizo uso del hashtag #LaManada para favorecer su difusión.

En el fallo se indica que con la publicación de la imagen el acusado no obtuvo ningún beneficio. Lo hizo por el simple hecho de perjudicar a una persona a la que ni siquiera conocía. Ante la difusión de la misma, el juez indica que «la denunciante se ha visto ridiculizada y avergonzada«.

Con motivo del «tweet» publicado, familiares y conocidos, que desconocían que era la víctima en el procedimiento, se enteraron de quién era.

Condenado a dos años y un día de prisión por difundir una foto de la víctima de La Manada mientras era violada
El hombre, de unos 30 años e ideología ultraderechista, difundió la imagen además de acusar a la víctima de mentir en su denuncia e insultarle a través de su cuenta de Twitter.

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO

La víctima de La Manada tuvo que recibir tratamiento psicológico tras ser identificada por terceras personas. Esto le llevó además a abandonar sus estudios universitarios y a mudarse al extranjero durante tres meses.

Los hechos que han sido declarados probados son constitutivos de un delito de revelación de secretos. Se pudo constatar que hombre residente en Valladolid no tenía autorización para acceder a datos reservados de carácter personal; tenía conocimiento del origen ilícito y no tomó parte en el descubrimiento; y difundió y reveló datos a terceros con el fin de descubrir secretos y vulnerar la intimidad de la víctima.

Sobre el condenado también recae una querella por injurias. Fue interpuesta por la víctima en el juzgado número 12 de Valladolid. En el acto de conciliación el acusado reconoció ser quien escribió el texto, pero rechazó la «valoración injuriosa» que se realiza del mismo. Tampoco se disculpó con la víctima por lo ocurrido.

EN LAS LISTAS DEL GRUPO ULTRA DEMOCRACIA NACIONAL

El ahora condenado a dos años de cárcel formó parte de las listas del grupo ultra Democracia Nacional de cara a los comicios de 2015. Es una persona muy activa en las redes sociales, donde se define como «republicano, socialista, antisionista, iberista, socialista y nacionalista».

En su cuenta personal de Twitter acostumbra a compartir las publicaciones realizadas por Santiago Abascal y la cuenta oficial de VOX. Además, en su perfil se pueden encontrar publicaciones contra el feminismo y la inmigración, entre otros.

LA MANADA VIRTUAL

El vallisoletano no es el único miembro de la denominada «La Manada virtual» que está acusado por difundir por Internet datos de la víctima. El juzgado número 6 de Barcelona investiga a un hombre de 40 años por un delito contra la intimidad.

El acusado utilizó una red WiFi de una vecina para publicar información personal acerca de la víctima en un foro de Internet. En este dio a conocer el nombre y apellidos de la agredida sexualmente. También compartió una fotografía, una fotocopia de su DNI e incluso la universidad en la que estaba cursando sus estudios.

La Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional logró dar con el autor de esa publicación a través de la dirección IP de su ordenador. El acusado declaró como investigado el pasado mes de enero. En su defensa aseguró que se limitó a colgar en un foro una captura de pantalla que hizo de otra página web. Además indicó que estos datos eran de libre acceso en las redes sociales y que incluso habían aparecido en televisión.

TOUR DE LA MANADA

Por otro lado, el creador del «Tour de La Manada» fue condenado en primera instancia a un año y medio de prisión por un delito de integridad moral. Además tiene que indemnizar a la víctima con 15.000 euros.

El condenado ofreció por Internet un paseo por los lugares que recorrieron los miembros de «La Manada» durante la noche de agresión. Anunciaba una visita guiada por los puntos en los que tuvo lugar la misma, además de vender souvenirs y merchandising.

El autor del «Tour de la Manada» aseguró que se trataba de un experimento para dejar en evidencia a los medios de comunicación. Sin embargo, la justicia de Pamplona consideró que suponía un delito contra la integridad moral.

Con el fallo no se satisficieron las demandas de la acusación particular. Esta le atribuía un delito de odio y solicitaba un año, tres meses y un día de cárcel y una multa de 4.050 euros, además del delito de integridad moral por el que solicitaban más de dos años de prisión. También solicitaba 20.000 euros por daños morales.

Finalmente, fue condenado en el pasado mes de diciembre a un año y medio de prisión y a una indemnización de 15.000 euros.

El enfado del BNG con Beirás podría facilitar la cuarta mayoría de Feijóo

Se avecinan elecciones gallegas y el barón popular Alberto Núñez-Feijóo camina hacia su cuarta mayoría absoluta consecutiva, hecho que podría ser calificado de milagroso en la fragmentada política española.

El presidente de la Xunta podría reforzar la mayoría que le auguran las encuestas gracias a Ciudadanos, a los que ahora podría digerir como independientes bajo las siglas del PP después de años poniéndoles la zancadilla (véase el ‘caso Javier Guerra’).

Aunque Feijóo tiene a un aliado más eficaz que Ciudadanos: la izquierda gallega. Y es que hasta diez actores de diversas siglas y matices podrían enfrentarse en las elecciones autonómicas que podrían convocarse para el próximo otoño.

CUATRO VICTORIAS PODRÍAN TERMINAR EN AGUA

El centro-izquierda ha ganado las cuatro últimas elecciones en Galicia: dos generales, unas municipales y otras europeas. Aun así el 53% del voto que podrían sumar las diversas fuerzas progresistas podría ser estéril.

La razón, es evidente, es la fragmentación del espacio que ocuparon las ‘mareas’ y un alicaído BNG que ahora está resurgiendo con fuerza. Feijóo, respaldado por la irrelevancia de Vox, la manipulación gubernamental de la TVG y su pacto con el pintoresco alcalde ourensano Jácome, está más cerca de igualar a su padrino, Manuel Fraga, que también logró cuatro mayorías.

NUEVE TROZOS DE IZQUIERDA

La única papeleta del centro-izquierda que tiene segura su presencia con sus siglas es el PSdeG, que de la mano de Gonzalo Caballero buscará volver al poder tras once años en la oposición. Le podría acompañar en las urnas el BNG, que de la mano de la impetuosa Ana Pontón está logrando una gran repercusión y ha vuelto al Congreso tras ocho años de ausencia.

El BNG no tiene la intención de renunciar a sus siglas, que es lo que le piden las tres fuerzas que podrían ir en la ‘tercera lista’ del centro-izquierda. Esta lista la podría liderar Anova, formación fundada por Xosé Manuel Beirás, que ha vuelto a la Ejecutiva del partido a sus 83 años para frenar las ansias reunificadoras de ciertos sectores del partido hacia el BNG.

Anova podría proponer como candidato a Martiño Noriega, exalcalde de Santiago de Compostela que se olvidó de Pablo Iglesias a pesar de que Podemos fue clave en su mayor hito político. El dirigente nacionalista quizás tenga un rival en las filas moradas: Antón Gómez-Reino. Esquerda Unida, federación gallega de IU, completa este triángulo desavenido.

Beirás
Beirás e Iglesias. Foto: Diario de Arousa.

Otros actores de esta sopa de partidos son Más País (que podría renunciar a acudir a las autonómicas tras el batacazo de Carolina Bescansa en las generales), En Marea (liderado por Luís Villares, considerado como un «cadáver político» en amplias capas del progresismo gallego), el ourensano Espazo Común de Pachi Vázquez (exlíder del PSdeG) y los Anticapis (recién divorciados de Podemos Galicia).

TODO EMPEZÓ EN GALICIA

La hoy ministra de Trabajo Yolanda Díaz se hartó de la irrelevancia de IU en Galicia y en 2012, con la izquierda dolida porque el bipartito había caído en 2009, aceptó el envite de Xosé Manuel Beirás para sumar fuerzas en AGE, que sorpassó al BNG con Pablo Iglesias como asesor.

El vicepresidente del Gobierno recuerda que en aquel momento Beirás «había sabido olfatear muy bien un nuevo ambiente político». Aquel fue el germen de las ‘mareas’ que tiñeron las alcaldías gallegas de morado en 2015. Pero hoy en día apenas queda rencor entre algunos de los actores que protagonizaron un cambio inconcluso en Galicia.

EL VOLCÁN BEIRÁS

El eterno Beirás no parece que vaya a ejercer de diplomático entre la izquierda gallega. Y es que este magno intelectual apalea con la misma soltura al PSOE, a Pablo Iglesias (por renunciar al derecho de libre autodeterminación de los pueblos) y al BNG.

De sus compañeros del BNG dice que «a pesar de su discurso, está, en la práctica, abducido por el régimen, que lo puede tolerar sin mayor problema». También dice que ejercen de «coartada por su servidumbre respecto al PSOE en las instituciones políticas de la administración local».

Néstor Rego, diputado del Bloque en el Congreso, no traga a Beirás y hace unas semanas le afeó que atacase a las CUP… por votar en contra de la investidura que posibilitaba un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos. Cierto es que Anova no es solo Beirás, pero estas polémicas enrarecen el ambiente.

ANTICAPIS PODRÍA PREPARAR LISTA ALTERNATIVA

Cuando parecía que no existía sitio en el centro-izquierda gallego, apareció Anticapis, que hace unos días anunció que dejaba cualquier responsabilidad dentro de «los órganos internos de Podemos Galicia y cualquier responsabilidad a nivel nacional y municipal».

La matriz de los morados, que tomó el mismo camino en Euskadi, asegura que «es necesario construir una izquierda política y social independiente del Gobierno que impulse la movilización social» y de «respuesta a las demandas de este ciclo de movilizaciones sociales».

Para ello ven «imprescindible afrontar la crisis territorial del Estado dando la palabra a los pueblos con el ejercicio del derecho de autodeterminación sin restricciones. Estamos seguras de que nos seguiremos encontrando con la gente de Podemos en muchos frentes en los que se luchará contra el neoliberalismo y el patriarcado, a pie de calle y de movimiento.

Paula Quinteiro, diputada autonómica de En Común, se ha marchado al Grupo Mixto y podría encabezar en Galicia una fuerza antisistema que tendría otros clones a nivel estatal y que estaría compuesta por Anticapis, las CUP en Cataluña y los trotskistas de la CRT.

Destapado un fraude de más de 6 millones en el cobro de pensiones

La Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de Seguridad Social, ha logrado destapar un fraude superior a los 6 millones de euros en el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas durante el año 2019. Un total de 11 personas fueron arrestadas y otras 25 investigadas tras ser identificadas como presuntas responsables de un total de 55 delitos.

A los detenidos se les acusa de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, estafa y apropiación indebida. Las actuaciones policiales fueron 76 y tuvieron lugar en un total de 21 provincias. En concreto han tenido lugar en Álava, Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Cáceres, Cantabria, Córdoba, Gerona, Huelva, La Coruña, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia y Zaragoza.

Las pesquisas se iniciaron después de que la Policía Nacional recibiese varias denuncias de hechos similares que tuvieron lugar en diferentes puntos de la geografía española. La mayor parte de los implicados en el beneficio de las cuantías abonadas de manera ilícita eran personas cercanas a los fallecidos. En su mayoría eran hermanos, hijos, nietos y sobrinos, aunque también hay casos de maridos, esposas, yernos e incluso exparejas.

En el curso de las investigaciones no todos los identificados han podido ponerse a disposición de la autoridad judicial. Algunos de los identificados han fallecido, otros están enfermos de gravedad y otros están en un avanzado estado de edad. De igual forma, otros se encuentran residiendo en otros países como Francia, Suiza, Venezuela, Estados Unidos, Alemania, Chile y Ecuador.

12.586 ABONOS DE PENSIONES INDEBIDOS

La operación ha estado cargada de complejidad a nivel organizativo para los investigadores. Estos han analizado un total de 12.586 abonos de pensiones indebidos, así como 75 cuentas bancarias. En 23 casos había más de 100.000 euros defraudados y 40 pensiones superaban los 10 años de ingresos indebidos. Además se han investigado 22 fallecimientos que tuvieron lugar antes del año 2000 y 11 muertes de pensionistas españoles que ocurrieron en el extranjero.

En total, el fraude de las pensiones ha alcanzado los 6.357.510,68 euros. De ellos, y a través de los diferentes mecanismos legales, se han podido recuperar hasta el momento 3.893.787,08 euros, algo más de la mitad.

FIRMANDO CUATRO AÑOS DESPUÉS DE SU MUERTE

Entre los casos más destacados de los investigados por los agentes de la Policía Nacional se encuentra el de una mujer que, para seguir teniendo acceso a la cuenta bancaria de su madre fallecida cuatro años antes decidió suplantar su identidad.

Para ello recurrió a una «actriz», que se hizo pasar por su progenitora fallecida. De esta manera consiguió tener acceso al dinero de la cuenta a través de la falsificación de la firma de la titular de la misma.

Gracias a su artimaña logró acceder a más de 200 disposiciones en efectivo. Estas han supuesto un fraude para el Instituto Nacional de la Seguridad Social superior a los 74.000 euros, abonados durante más de 20 años de manera indebida.

Destapado un fraude de más de 6 millones de euros en el cobro de pensiones
11 personas han sido detenidas y otras 25 son investigadas por un total de 55 delitos contra la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiación indebida.

FALSIFICACIÓN DE JUSTIFICANTES

Otro de los casos destacados por los investigadores es el de un empleado de banca. Este, aprovechando sus conocimientos acerca del cuerpo y abusando de la confianza de sus compañeros, realizó hasta 62 reintegros de la cuenta de una mujer que había fallecido. Estos habían sido abonados de manera indebida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Para la comisión del delito, el ahora detenido optó por la falsificación de justificantes de efectivo y las cartillas bancarias de la pensionista fallecida. Para no levantar sospechas y justificarse en su puesto laboral, aprovechaba el momento en el que atendía a personas de avanzada edad para decirle a su compañero de ventanilla que se trataba de una persona muy mayor.

Aludiendo a que no podía estar en pie por tener dificultades de movilidad, las invitaba a esperar sentada. Esta estrategia fue utilizada para que le entregaran el dinero en caja, creyendo que la mujer sentada era la titular de la cuenta.

La detención del empleado tuvo lugar mientras este extraía dinero de un cajero automático de la misma entidad en la que robó anteriormente.

FRAUDES EN LAS PENSIONES

Los fraudes en el cobro de las pensiones están a la orden del día. De hecho, ayer empezó a ser juzgada una trabajadora social que cobró la pensión de un fallecido durante 33 años. Para la mujer, la Audiencia de Madrid solicita seis años de prisión por un delito continuado de estafa y falsedad documental.

Como se puede comprobar después que la Policía Nacional haya destapado este gran fraude en España, con 36 personas implicadas (11 detenidas y 25 investigadas), el cobro de pensiones de manera indebida se da con frecuencia.

Para ello, familiares, amigos y otras personas cercanas a los fallecidos, recurren a la falsificación de documentos y de partidas de defunción. De esta manera tratan de evitar que se pueda conocer el fallecimiento del pensionista. Esta circunstancia permite seguir recibiendo cada mes la correspondiente paga.

Esta no es la primera operación de este tipo desarrollada por parte del Cuerpo Nacional de Policía. De hecho, a finales del año 2018 identificó a 46 personas y detuvo a 9 de ellas por ocultar la muerte de allegados para cobrar sus pensiones. En uno de los casos, el detenido llegó a percibir las prestaciones durante más de 20 años. Para ello se disfrazaba y actuaba como si fuese una persona de muy avanzada edad.

En aquella ocasión se detectaron 53 casos de falsedad documental, apropiación indebida y estafa. En total supuso el abono indebido de casi 6 millones de euros en pensiones, una cifra similar a la defraudada en esta ocasión.

DEBILIDADES EN LOS PROCESOS DE DETECCIÓN DE FALLECIDOS

Desde diferentes órganos como el Tribunal de Cuentas reconocen que existen debilidades en los procedimientos para la detección de las personas fallecidas por parte de los organismos encargados de la gestión de las prestaciones.

Se considera un hecho significativo cuando el tiempo que pasa entre el fallecimiento del pensionista y su detección es superior a los cuatro años. Además puede derivar problemas a la hora de recuperar las cantidades abonadas de forma indebida, por su prescripción.

Por norma general, en la mayoría de los casos las pensiones no contributivas se abonan a personas fallecidas durante uno o dos meses. El pago cesa en cuanto el órgano gestor tiene constancia del fallecimiento, y este plazo se considera «normal». Sin embargo, hay casos en los que se ha pagado la pensión a un fallecido durante más de 10 años.

La excusa irreal de Echenique: no le dio la mano a la Infanta Sofía

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El diputado y portavoz de Unidas Podemos en el Congreso Pablo Echenique, se ha defendido este miércoles de las duras críticas y polémicas que ha levantado el vídeo en el que parece vérsele ignorando el saludo de las Infantas durante el besamanos de la Familia Real, en la apertura de las Cortes de este lunes.

Echenique contó en el programa ‘Cuatro al día’ que «sucedió todo con mucha normalidad. De hecho, hay fotos tomadas desde otro ángulo y se puede ver», detalló pese a que en el vídeo que circula no se ve a la Infanta Sofía alcanzar a darle la mano al político.

El diputado de Podemos defiende así: «Saludé cordialmente a toda la familia real y luego pasé y dejé espacio a la siguiente persona que venía a saludar. De hecho, creo que si el jefe del Estado diera entrevistas o ruedas de prensa confirmaría esta versión».

De hecho, Echenique le contó al presentador Joaquín Prat una curiosa anécdota coprotagonizada por él y el rey: «Hubo un momento curioso en el cual el jefe del Estado me hizo un gesto cariñoso de tocarme el brazo y allí tuvimos un pequeño momento de problemas de seguridad, porque yo tengo la mano en la palanca de la silla y según cómo se mueva ese brazo podríamos haber tenido un accidente«, explicó el político.

«Podríamos haber tenido un accidente»

De esta forma, Echenique desmiente el supuesto desplante a la princesa Leonor y a la Infanta Sofía, y asegura que el saludo a los monarcas se desarrolló con normalidad: «Todo ocurrió dentro de la normalidad y la cordialidad que hay que tener entre representantes públicos por muy diferente que pensemos. Yo soy republicano, pero no tengo ningún problema en saludar al jefe del Estado y a su familia«.

ECHENIQUE BROMEA: «UN TEMA DE ESTADO»

Fueron varios los usuarios de Twitter que acusaron a Echenique de, como mínimo, irrespetuoso, ya que en el vídeo parece verse al diputado alejarse de la Infantas Leonor y Sofía tras darle la mano al rey Felipe VI y a la reina Letizia, llegando a dejar a Leonor con la mano en el aire.

El de Podemos ha compartido el vídeo de sus declaraciones en Cuatro con sarcasmo a través de Twitter, un humor que ya es característico de su perfil en esta red social, diciendo: «Estos días ha habido un muy intenso y muy apasionante debate sobre un TEMA DE ESTADO: mí sofisticada técnica de microaplauso y mi saludo al Rey y a la familia real».

FG desvela que Sacyr quería hacerse con el BBVA con el apoyo del Gobierno

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El expresidente del BBVA Francisco González afirmó ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que el exvicepresidente y ministro de Economía socialista Pedro Solbes le llamó por teléfono para avisarle de que la constructora Sacyr, «que apoya el Gobierno, quería hacerse» con el banco.

Según el audio de su declaración como investigado, a la que ha tenido acceso Europa Press, González explicó el pasado 18 de noviembre ante el titular del Juzgado Central de Instrucción que a finales de 2004, «un lunes que estaba en México», el entonces consejero delegado del banco le llamó para contarle que el Grupo Sacyr, «con apoyo del Gobierno», tenía un tres por ciento de las acciones y quería conseguir un «ocho por ciento más en los próximos días». «Me pareció una cosa increíble que se quisiera atacar así al banco», subrayó.

El expresidente del BBVA está investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos en el contexto de la pieza separada número 9 de la causa Tándem, centrada en los contratos entre la entidad bancaria y el comisario jubilado José Manuel Villarejo durante 13 años y por importe superior a 10 millones de euros.

Detalló que «el jueves de esa semana por la noche» le llamó Solbes para hablar de este asunto. Me dice ‘supongo que lo sabes, que hay un grupo industrial, que apoya el Gobierno, que quiere quedarse con el banco'», ha recordado.

Según González, agradeció la llamada del exvicepresidente del Gobierno porque por «el tono» se dio cuenta de que éste «estaba haciendo algo que no quería hacer, porque esa operación era ilegítima e ilegal».

REUNIÓN FALLIDA CON EL EXPRESIDENTE DE SACYR

Tras ello, le preguntó qué tenía que hacer, a lo que le contestó que se pondría en contacto con él expresidente de Sacyr Luis del Rivero, algo que ocurrió al día siguiente, señaló González. Ha contado que pese a que habían fijado una reunión para la semana siguiente, Del Rivero «media hora antes» le comunicó que no iba a acudir y le confesó que su grupo se había «equivocado» por no hablar antes con él.

Todo ello lo relató a raíz de una de las primeras preguntas del fiscal sobre si se encargó a alguna empresa la búsqueda de información de los «competidores», en alusión a la constructora. Así, Francisco González concluyó la respuesta explicando que en diciembre de 2004 aunque «sabía que la operación estaba abortada», se reunieron «un conjunto de personas porque había muchísima información en la prensa».

En esa reunión estaba presente el entonces jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, quien apuntó que «para obtener esa información» podía contratar a «una compañía de detectives y se le dio permiso para que lo hiciera».

Al principio de la declaración, que duró más de dos horas y media, el expresidente de la entidad bancaria aseguró que la primera información que tuvo sobre el comisario jubilado y su empresa Cenyt fue en mayo de 2018 por una noticia que «aparece en un periódico online», que decía que «BBVA había pagado a Villarejo una serie de cantidades, una de ellas cuando ya habían entrado en la cárcel».

El Congreso gastó 4 M€ en viajes en 2019, pese a la inactividad

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El Congreso gastó casi cuatro millones de euros en viajes nacionales e internacionales durante 2019, incluyendo los cinco meses de legislatura fallida en los que casi no hubo actividad parlamentaria y otros cinco meses en los que la Cámara estuvo disuelva con motivo de las dos convocatorias de elecciones generales.

En concreto, en todo 2019, se facturaron 2.802.749,39 euros en desplazamientos de diputados por territorio nacional, mientras que para las salidas al extranjero, también de las de los senadores, se invirtieron 1.014.311,9 euros.

Según los últimos datos desglosados, recogidos por Europa Press, el total del gasto en desplazamientos nacionales ascendió a 2.249.469,52 euros en los doce meses del año pasado. Esta cifra es un 44,15% inferior a los 5.019.068 invertidos en el mismo concepto el en 2018, en el que la actividad parlamentaria fue la habitual. Es decir, la legislatura fallida y los dos periodos de disolución se han traducido en un ahorro de 2,21 millones de euros para la Cámara Baja en viajes dentro de España.

AVIÓN, TREN, AUTOBÚS Y GASOLINA

De ellos, 1.731.431,15 euros se invirtieron en viajes realizados por los diputados entre Madrid y sus circunscripciones, los denominados de ‘actividad parlamentaria’, y otros 509.316,49 en movimientos para acudir a actos políticos. Además, se dedicaron 8.721,88 euros para viajes institucionales.

Estas cifras incluyen billetes da avión, tren y autobús, así como indemnización por kilometraje en vehículo privado, además de los gastos de gestión, cancelaciones, cambios y billetes emitidos pendientes de utilización.

Además, los diputados y también los senadores que forman parte de las delegaciones españolas en asambleas parlamentarias internacionales, realizaron 66 salidas al exterior en las que hubo que invertir 1.014.311,9 euros. Casi el 42% de esa cantidad (424.146,13 euros) se gastó con la Cámara disuelta.

42% DEL GASTO PARA VIAJES AL EXTRANJERO, EN PLENA DISOLUCIÓN

El primer periodo de disolución, con motivo de las elecciones generales del 28 de abril, transcurrió entre el 5 de marzo y el 21 de mayo, cuando se constituyó el nuevo Congreso. En ese ínterin se realizaron nueve viajes al extranjero que costaron 156.778,07 euros.

Y entre el 24 de septiembre y el 3 de diciembre, cuando las Cortes estaban de nuevo disueltas por la repetición electoral que tuvo lugar el 10 de noviembre, las salidas parlamentarias al extranjero ascendieron a 13. En este segundo periodo, en el que sólo permanecía activa la Diputación Permanente, el gasto fue de 267.268,06 euros.

Precisamente el viaje más caro del año tuvo lugar en este periodo. Fue entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre a Estrasburgo (Francia), con motivo de la cuarta parte de la sesión plenaria de 2019 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y costó 109.775,87 euros.

CATAR, JAPÓN Y CABO VERDE

Como suele ser habitual, los desplazamientos de la delegación española de este organismo son los que han salido más caros por el número de parlamentarios que viajan a las citas internacionales. En concreto, en 2019 acumularon hicieron tres que superaron los 100.000 y el cuarto más caro –82.311,42 euros– también fue suyo y con las Cortes disueltas.

Entre otros lugares, además de los tradicionales destinos comunitarios, el año pasado sus señorías viajaron a Catar, Japón, Paraguay, Estados Unidos, Cabo Verde, Ucrania, Bielorrusia y Moldavia.

Los 1,01 millones invertidos en 2019 incluyen sólo los gastos de desplazamiento y alojamiento en los distintos destinos, pero no los gastos de los diputados durante su estancia fuera del país. Hasta 2017 los parlamentarios que participaban en estos viajes percibían una dieta diaria de 150 euros, pero el Congreso sustituyó esta cantidad por un sistema de abono de gastos debidamente justificados.

En 2018, en el que las Cortes funcionaron con normalidad, el gasto en viajes internacionales superó los 1,53 millones de euros, mientras que el año anterior llegó a los 1,82 millones. En 2016, año en el que se disolvieron una vez porque también hubo que repetir en junio las generales por falta de investidura, el Congreso dedicó 1,05 millones en desplazamientos al extranjero.