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El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no se ha movido» en relación a la demanda independentista de ejercer el derecho a la autodeterminación, y ha criticado que no le haya trasladado una propuesta para resolver el conflicto político en Cataluña.

«Sobre el derecho de autodeterminación, el Gobierno no se ha movido. Sánchez me ha dicho que su tesis pasa por el autogobierno dentro de la Constitución, y no he tenido respuesta sobre el fin de la represión», ha destacado tras la reunión mantenida en el Palau de la Generalitat, recuperando así el diálogo que se había roto entre ambos gobiernos a finales de 2018 en Pedralbes.

Durante el encuentro, Sánchez ha propuesto a Torra iniciar este febrero los trabajos de la mesa de diálogo sobre el conflicto político pactada con ERC en el acuerdo de investidura, y Torra ha convenido con ello y ha destacado que esa mesa debe estar «liderada por los dos presidentes» .

«Hay que pasar de la cordialidad a las propuestas», ha reclamado el presidente de la Generalitat, destacando que ellos siempre han estado preparados para un diálogo real que pretenda resolver el conflicto.

Según él, ha trasladado a Sánchez que existe un consenso del 80% de la sociedad catalana para ejercer el derecho a la autodeterminación, con un referéndum acordado y con efectos internacionales, y para «poner fin a la represión, desde el punto de vista de la amnistía y de la desjudicialización, frenando todas las causas represivas, judiciales, de la Fiscalía y la Abogacía del Estado».

Para Torra, una vez acordado que la reunión de la mesa de diálogo se hará en febrero, ha pedido celebrarla lo antes posibles, por lo que considera que ahora toca establecer las condiciones, el formato y el calendario de ésta para que sea posible.

Sin embargo, antes de que se produzca, el presidente de la Generalitat convocará a todos los actores independentistas –partidos, entidades y Consell per la República– para trasladarles el contenido de lo tratado con Sánchez, tal y como acordaron: «Hay que incluir a todos los actores en el proceso negociador si se quiere resolver el conflicto. Hay que reconocer la prisión y el exilio como parte de la solución».

«No hay que perder tiempo ni hacérselo perder a nadie. No hay que trasladar expectativas falsas», ha reclamado Torra, que no ha entrado a valorar concretamente los 44 puntos de la ‘Agenda para el reencuentro’ que le ha entregado Sánchez, ni tampoco que haya descartado incorporar en la mesa de diálogo un mediador.

Sí que ha explicado que son cuestiones sectoriales que hay que abordar, pero cree que no toca hacerlo en la mesa de negociación entre gobiernos, que ha limitado al objetivo de resolver el conflicto catalán.

En un Consejo de Ministros podrían resolver la mitad de estos puntos, que son déficits crónicos, atrasos y agravios que deseamos que se resuelvan rápidamente», vinculados con la financiación y la inversión en infraestructuras, ha apuntado.

Al preguntársele cómo puede afectar el avance electoral en Catalunya al posible diálogo entre gobiernos, el presidente de la Generalitat ha advertido de que han mantenido negociaciones en situaciones de una gran complejidad y nunca han condicionado nada al diálogo: «Por ello, nos extraña cuando dicen que para avanzar en la mesa de negociación hay que aprobar los presupuestos. Nosotros nunca hemos puesto una condición», ha señalado Torra.

BILATERALIDAD

También ha reivindicado la importancia de mantener una relación bilateral con el Estado, por lo que apoya la decisión del vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, de no asistir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del viernes.

«Buscamos una relación bilateral entre España y Cataluña, porque nos consideramos un sujeto político. Queremos hablar de tú a tú con el Estado», ha zanjado.

La Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), ha aprobado la flexibilización del régimen penitenciario del expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que podrán salir de la cárcel tres y cinco días a la semana, respectivamente.

Según ha informado la Secretaría de Medidas Penales del Govern, se les aplicará el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, artículo que permite flexibilizar el régimen de los presos en segundo grado, de manera que vayan incorporándose a la vida en libertad en base a su programa de tratamiento.

Así, los dos presos condenados por el Tribunal Supremo por el proceso soberanista a nueve años de cárcel por un delito de sedición podrán salir de la cárcel entre semana para trabajar y hacer programas de voluntariado.

En el caso de Jordi Sànchez tendrá 11 horas diarias en libertad tres días laborables a la semana para un programa de voluntariado, y Cuixart podrá estar en libertad cinco días entre semana, durante nueve horas y media para ejercer un empleo y voluntariado.

Los dos han tenido permiso penitenciario ordinario de 48 horas tras cumplir una cuarta parte de la condena a mediados de enero, tras ser aprobado por la Junta de Tratamiento, y están pendientes de que se aprueben sendas propuestas de permiso de tres días por parte de un juzgado de vigilancia penitenciaria.

La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia de la Generalitat ratificó el 9 de enero la clasificación de segundo grado, el régimen ordinario de privación de libertad, para los presos condenados por el 1-O.

La Secretaría confirmó la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Puig de les Basses, en Figueres (Girona) y Mas d’Enric, en El Catllar (Tarragona) del 11 de diciembre para los líderes independentistas encarcelados, una decisión que las juntas adoptaron sin unanimidad.

ARTÍCULO 100.2

El artículo 100.2 del reglamento penitenciario prevé que el equipo técnico pueda proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado.

Se trata de una medida excepcional que depende de la Junta y necesita de una aprobación posterior del juez de vigilancia, pero que es de ejecutividad inmediata.

El expresidente de BBVA Francisco González tacha de ‘»frívola» la «absoluta falta de rigor» en las acusaciones «tan graves» vertidas sobre su persona, la «ausencia total» de pruebas que las sustentan y la «inexplicable» carencia de argumentos jurídicos.

Así lo manifiesta González en un comunicado remitido a Europa Press pocos días después del levantamiento del sumario de la pieza separada número 9 de la causa Tándem, en la que está siendo investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos por los contratos entre la entidad bancaria y el comisario jubilado José Manuel Villarejo durante 13 años y por importe superior a 10 millones de euros.

«González quiere manifestar su más absoluta indignación y sorpresa ante la intolerable agresión que está sufriendo a raíz de la ligereza y frivolidad de las acusaciones vertidas sobre su persona», indica el comunicado.

Según explica el expresidente de BBVA, existe una «absoluta» falta de rigor en las acusaciones. En base a lo conocido del sumario, cree que el escrito de la Fiscalía Anticorrupción se basa en «simples indicios e incluso meras conjeturas, así como en opiniones y declaraciones de terceros, que están en una posición de defender su propia situación personal».

En este sentido, subraya que siempre ha mostrado su «total» disposición a actuar con plena transparencia en este procedimiento y, añade, fue la única persona que de forma voluntaria no se acogió a su derecho a no declarar por estar el sumario bajo secreto –al igual que BBVA–.

González recuerda que acudió de forma voluntaria a la Audiencia Nacional el pasado 18 de noviembre, dando una «cumplida y detallada» respuesta a las preguntas del juez instructor Manuel García Castellón, y de los fiscales anticorrupción Miguel Serrano e Ignacio Stampa.

El el escrito remitido, González remarca su confianza en la Justicia y asegura que seguirá colaborando con cualquier nueva petición en el marco de la instrucción, aunque el secreto se haya levantado.

CULPA A CORROCHANO

En este orden de cosas, González ha querido remarcar algunos puntos de su declaración, como que «nunca» tuvo conocimiento de la contratación de Cenyt ni que ésta fuera del comisario Villarejo. El expresidente del banco con sede en la Vela asegura que no supo nada hasta mayo de 2018, cuando lo conoció a través de lo publicado en un medio de comunicación.

Precisamente fue en este momento cuando impulsó una investigación interna dentro de BBVA para conocer el alcance de estos supuesto trabajos.

González ha reiterado en numerosas ocasiones que él nunca intervino ni conoció ningún detalle de la contratación de esta empresa de detectives, ni en 2004, cuando se produjo el intento de asalto de Sacyr al banco, ni cuando se la volvió a contratar en años posteriores para recuperar activos promotores inmobiliarios que tenía deudas con el banco.

«La contratación de Cenyt fue responsabilidad del director de Seguridad, Julio Corrochano, que era a quien correspondía tomar esta decisión», subraya González en el comunicado.

En caso de haber tenido conocimiento de que la contratación de esta empresa era ilegal, el exbanquero apostilla que «nunca lo hubiera permitido». Es decir, que, de haber alguna irregularidad, se hizo a sus espaldas.

También señala que «jamás» ordenó a nadie la contratación de ninguna empresa de detectives para estos trabajos de investigación y, en su caso, si fue informado por alguno de los ejecutivos del banco de que iba a contratarse una empresa, su único comentario habría sido que se pusiera en contacto con el director de Seguridad, ya que eso formaba parte de su responsabilidad.

GONZÁLEZ CONTRADICE A BÉJAR

Su declaración se contradice con la del exdirectivo y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) Antonio Béjar, quien reconoció en su declaración judicial ante el juez que González le dijo personalmente, durante un encuentro en su despacho, que debían contratar para un tema de investigación a impagados a la empresa que dijera el jefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, que resultó ser Cenyt, la firma de Villarejo.

La contratación de Cenyt, empresa cuyo nombre no le aportó González a Béjar en el citado encuentro, se realizó después de que el banco no obtuviera los resultados que el entonces presidente esperaba con otra agencia diferente, Kroll, que fue fichada a través del despacho británico Simons&Simons a propuesta de José Ignacio Goirigolzarri, en ese momento consejero delegado de la entidad.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha propuesto al presidente de la Generalitat, iniciar en este mes de febrero los trabajos de la mesa de diálogo sobre el conflicto político pactada con ERC en el acuerdo de investidura. Además y, entre otras cosas, le ha prometido estudiar las propuestas tributarias de la Generalitat; una senda de déficit «más transitable»; atender las demandas sobre textos legislativos pendientes de recurso o sentencia; descentralizar ayudas y subvenciones; negociar la unidad de mercado; incluir en la Ley de Educación la normativa que afecta al modelo de escuela catalana e invertir en ferrocarril, puertos y El Prat.

Así figura en el documento para una «agenda de reencuentro» que Sánchez ha entregado a Torra en el curso de la reunión que mantienen desde las 12:00 horas en el Palau de la Generalitat y en el que se recuerda que el objetivo de esa mesa, compuesta por dos delegaciones paritarias del Ejecutivo español y el Govern catalán, tiene por objetivo «buscar soluciones políticas que reflejen los intereses de una amplia mayoría de catalanes».

A pesar de la presentación de este documento, que contiene 44 puntos, el Gobierno rebajaba esta semana las expectativas de acuerdo ante esta reunión y no preveía que de esta cita saliese la fecha de constitución de la mesa, entre otras cosas porque antes los dos socios del Govern catalán, Junts y ERC, tendría que acordar la que será su delegación.

En cualquier caso, el Ejecutivo español se decía dispuesto a constituirla de manera inmediata, a pesar de su amago –rápidamente rectificado– de posponer el inicio de los trabajos de la mesa a después de las elecciones catalanas, para las que aún no hay fecha pero que Torra ya ha anunciado que adelantará en cuanto se aprueben los Presupuestos de la Generalitat, previsiblemente a principios de abril.

La agenda para el reencuentro planteada por Sánchez se estructura en seis ejes, el primero de los cuales se refiere al diálogo político y a la regeneración institucional. En este apartado, Sánchez plantea asimismo «evitar la judicialización de la política» asumiendo que las soluciones que se busquen en la mesa de diálogo habrán de situarse «en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica».

CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE INVERSIÓN DEL ESTATUT

Recuerda el compromiso del Gobierno de coalición en materia de memoria histórica, y en particular para «anular las condenas y sanciones» a las víctimas de la dictadura, entre ellas la del expresidente de la Generalitat Lluís Companys.

En el capítulo de financiación autonómica, el Gobierno adelanta que presentará «una senda más transitable» en materia de déficit en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocado para mañana por la tarde. Es decir, que reducirá el déficit y la deuda pero relajando los objetivos para permitir, asegura el documento, la creación de empleo y el crecimiento económico.

Y promete a Cataluña cumplir con los compromisos de inversión contenidos en el Estatuto de Autonomía, así como estudiar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera los planteamientos tributarios de la Generalitat, de cara a elaborar el nuevo sistema de financiación autonómica. Un sistema que, dice, debe contar con la participación de todos los territorios y garantizar la lealtad y solidaridad entre los mismos, a la vez que una «justa distribución de los recursos públicos».

«SÍ, CON MATICES» A LAS EMBAJADAS

En el capítulo que dedica Moncloa a la Cooperación, destaca la disposición del Gobierno de escuchar y atender las demandas de la Generalitat sobre resoluciones y textos legislativos «pendientes de recurso o de sentencia». Aunque matiza que el Gobierno respetará la independencia y las resoluciones del Poder Judicial.

En cuanto a las embajadas, le da un «sí con matices», al dejar claro que las delegaciones de la Generalitat en el exterior deben ajustarse a los principios contenidos en la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado.

Pero el Gobierno también se muestra dispuesto a descentralizar las ayudas y subvenciones y está abierto a negociar la unidad de mercado en el marco de la Comisión bilateral Generalitat-Estado.

Destaca, además, la propuesta de Pedro Sánchez de avanzar en el «corto plazo» en materia de becas, compensaciones por nuevas plazas judiciales y reclamaciones administrativas.

La propuesta dice estar abierta también a negociar en la Comisión Bilateral otras cuestiones como la reforma del sector eléctrico y el apoyo a la industria; la política comercial; derogar el voto rogado para facilitar el voto de los residentes en el exterior; se compromete a reformar el sistema de financiación local; colaborar en materia cultural; negociar la Ley del Deporte; negociar el IVA deducible de la Corporación Catalana de Medios y el multiplex –emitir por todas las plataformas posibles– de la citada Corporación; el apoyo a los Juegos Olímpicos de Invierno para 2030 y el apoyo al Mobile World Congress en Barcelona.

LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN CONTENDRÁ LA NORMATIVA DE LA ESCUELA CATALANA

En cuanto a las políticas sociales y los servicios públicos, el documento deja claro que la nueva Ley de Educación contendrá la normativa que afecta al modelo de escuela catalana y se abre a negociar la gestión autonómica del 0,7 por ciento del IRPF para fines sociales; así como a negociar las leyes del tercer sector y del voluntariado y el Fondo de Ayuda Europeo para las Personas más Desfavorecidas (FEAD).

El Gobierno admite también negociar en la comisión bilateral las tasas judiciales y asistencia jurídica gratuita y la financiación de los Mossos. De hecho, se compromete a incluir en los Presupuestos el coste del incremento de la plantilla, así como la financiación del sistema nacional de salud y el de Dependencia, que considera como un área «prioritaria.

También se recogerá en el proyecto de Presupuestos para 2020 la mejora de las políticas activas de empleo y el apoyo a los Centros Especiales de Trabajo. A ello se añade la voluntad de mejorar la coordinación con las CCAA para mejorar la atención a los refugiados, además de crear un fondo de Asilo, Migración e Integración en colaboración con las comunidades autónomas; un programa de desarrollo rural para abordar el reto demográfico; la asistencia sanitaria universal básica y la lucha contra la pobreza energética.

1.500 MILLONES DE INVERSIÓN EN EL PRAT.

En el capítulo de las infraestructuras, Pedro Sánchez le ha llevado a Torra el compromiso de invertir 1.500 millones en el aeropuerto de El Prat en los próximos años, en la nueva ciudad aeroportuaria y avanzar en iniciativas como el Corredor Mediterráneo, las estaciones de Sants y La Sagrera y el Plan de Rodalíes, con partidas específicas en los Presupuestos de 2020.

También se compromete a impulsar las infraestructuras portuarias con nuevos accesos viario y ferroviarios al puerto de Barcelona y el desarrollo de políticas de vivienda.

Finalmente, Sánchez ha prometido a Torra que agilizará «lo máximo posible» las solicitudes de ayudas presentadas para las provincias afectadas por los incendios de la Ribera del Ebro, la DANA y la borrasca Gloria. Se encuentran en su mayoría en fase de instrucción.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que los problemas educativos de los jóvenes nada tienen que ver con «el adoctrinamiento ni con los mantras de unos y otros» sino que tienen que ver con los teléfonos móviles, que les están «robando la infancia a los menores en todo el país».

«Con diez años, con once años, con trece años, les están inculcando contenidos que antes lo hacíamos en clase con nuestros profesores o en casa. Tenemos un grave problema de dispersión, un problema de como instruir y formar a través de la tecnología», ha manifestado Ayuso en la sesión de control del Pleno de la Asamblea, en respuesta a una pregunta sobre el ‘pin parental’ formulada por el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinya.

Para Ayuso, cuando los representantes de izquierda dicen cómo solucionarían la educación y del tipo de materias a las que hay que llevar a los niños, no es de extrañar «que las familias de la Comunidad se aterren». Yo desde luego si sé que usted o el señor Errejón se meten en las aulas a decirle a mis hijos cómo tienen que pensar no les dejo ni salir de casa», ha lanzado.

La jefa del Ejecutivo autonómico les ha pedido que dejen «la política fuera de las aulas, de crear conflicto donde no lo hay, de hacer espectáculo» porque a lo que se va a los colegios es «a instruir y a formar».

Por su parte, el portavoz de Madrid ha sostenido que no creen que no se imponga en la Comunidad el «veto educativo» porque llevan «décadas desvalijando la educación pública«, porque no están «moviendo ni un solo dedo para evitar que se aplique de facto», como en el Blas de Lezo o en Boadilla del Monte, y porque cada vez que Vox les ha pedido algo ellos finalmente han cedido.

A su parecer, el debate sobre el «veto educativo» está permitiendo comprobar «la enorme distancia» que hay entre la presidenta y la sociedad madrileña y ha remarcado que, aunque digan que es «una amenaza lo que se enseña en las escuelas», lo que lo es verdaderamente es un Gobierno que «no ha puesto en marcha» el protocolo contra acoso que se deriva de la ley LGTBI.

Además, les ha afeado que consideren una amenaza que en la escuela se enseñe el uso de «este peligroso artefacto de deseo marxistas, comúnmente conocido como preservativo» mientras que ellos consideran amenaza que no se quiera enseñar en las escuelas cómo se previene una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo.

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves crear una comisión de investigación sobre la «violencia institucional» del 1-O, con el objetivo de conocer la verdad de lo ocurrido, identificar responsables y buscar posibles fórmulas de reparación de los daños que los promotores creen que se produjeron.

Han promovido esta comisión los grupos parlamentarios de JxCat, ERC, los comuns y la CUP: los cuatro han votado a favor, mientras que Cs, el PSC y el PP han votado en contra de crear esta nueva comisión de investigación parlamentaria.

Eduard Pujol (JxCat) ha defendido crear esta comisión para «poner luz donde otros intentan sistemáticamente poner oscuridad y mentiras», y ha sostenido que la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional tuvo por objetivo impedir el libre ejercicio del voto y aleccionar.

«Escucha, España, ¿por qué no crees en la democracia? ¿Por qué lo hiciste? Y, seguramente ¿por qué lo volverías a hacer?», ha preguntado Pujol, que ha avisado de que la situación no podrá cambiar realmente hasta que se hayan reparado daños y cese la represión, en sus palabras.

El republicano Ferran Civit ha criticado que se lanzara el ‘A por ellos’ contra ciudadanos que el Estado considera españoles, ha dicho, y se ha preguntado si el Estado está «dispuesto a renunciar a la violencia para defender la unidad de España», así como los independentistas han renunciado a ella, según Civit, que ha asegurado que volverán a votar y ganarán.

El diputado, que ha intervenido mostrando una urna del 1-O y dos porras policiales, ha criticado que el PSOE haya condecorado a participantes del operativo policial: «Unos dieron las órdenes de intervenir, otros lo aplaudieron y otros los han condecorado. Si Vox hubiese estado, tal vez alguien hubiese dado órdenes de disparar«.

Desde los comuns, Marc Parés ha subrayado que es importante investigar lo que sucedió el 1-O, tras acusar al Estado de utilizar «el monopolio de la violencia, con represión policial, institucional y judicial».

En su opinión, se debe resarcir a las víctimas de lo ocurrido el 1-O y reconocerlas como tal: «La actuación policial, a lo mejor quedará impune judicialmente, pero no políticamente. La obligación del Parlament debe ser investigar estos hechos».

Vidal Aragonès (CUP) ha asegurado que el «Estado tuvo muy claro que aplicaba violencia institucional«, con el objetivo de generar pánico para transmitir que no se podía repetir, y para generar violencia para que la comunidad internacional no reconociera el referéndum, según él.

Ha garantizado que la CUP no actúa movida por el odio ni la venganza, sino por querer un mundo y una sociedad libre de opresión, y ha cerrado su intervención pidiendo «verdad, justicia, reparación y, tal vez, un nuevo referéndum de autodeterminación».

CONTRARIOS A LA COMISIÓN

Desde Cs, Matías Alonso ha acusado a los promotores de la comisión de querer blanquear sus actos con ésta, y ha cargado contra los socialistas por la reunión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, con el del Gobierno, Pedro Sánchez, por «besar la mano de Torra que, al haber perdido su condición de diputado ya no puede ser considerado presidente.

Tras defender la actuación policial, ha lamentado que los comuns también hayan impulsado esta comisión, que cree que solo será un instrumento de propaganda, y ha tachado al barcelonés que perdió un ojo durante las cargas del 1-O, Roger Español, de «alborotador callejero», palabras que la CUP ha pedido retirar por considerarlas ofensivas.

Òscar Ordeig (PSC-Units) ha augurado que esta comisión será un «monólogo a menudo con retórica frentista y de la descalificación», y ha lamentado que se quiera crear dos años después del 1-O y cuando está previsto que Torra convoque elecciones después de que la Cámara apruebe los Presupuestos catalanes.

Ha sostenido que el 1-O fue un día triste que no debería repetirse, que fue consecuencia de la falta de diálogo y del enfrentamiento y en el que hubo un «uso desproporcionado de la fuerza que no se debería haber producido nunca», y ha acusado a los comuns de entrar en la retórica independentista, algo que ha lamentado.

El popular Alejandro Fernández ha defendido que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen en monopolio del uso legítimo de la fuerza y ha advertido de que, si se usa esta retórica con el caso del 1-O, también se puede utilizar sobre la actuación de los Mossos d’Esquadra en las movilizaciones tras la sentencia de los dirigentes independentistas presos.

Así, cree que se abre la puerta al desprestigio de los Mossos: «Se piensan que perjudican a según quien, y lo que acaban haciendo es desprestigiar las instituciones catalanas», desprestigio que cree que es el único legado y el balance del proceso independentista.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha definido este jueves el encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra como la reunión entre «un presidente ilegítimo con un presidente ilegal». Y ha defendido que la respuesta al desafío independentista debería ser la ilegalización de todos los partidos secesionistas, incluido el PNV si no renuncia a este objetivo.

Abascal cree que Sánchez no debería mantener ningún encuentro con Torra, un presidente que ha sostenido que solo sigue como presidente de la Generalitat por «la debilidad» del Gobierno. «No entendemos que de manera ilegal permanezca en el cargo», ha reconocido.

Por su parte, ha insistido en que Sánchez es jefe del Ejecutivo de manera «ilegítima», ya que «mintió a los españoles» con el objetivo de llegar al Palacio de la Moncloa. «Otra cosa es que sea ilegal, pero es ilegítimo», ha sostenido.

Frente a esto, cree que la respuesta del Ejecutivo debería ser la aplicación de la ley y la ilegalización de los partidos secesionistas, como ya reclamó Vox con una iniciativa en el Congreso de los Diputados. Según ha explicado, el fundamento de la Constitución es la unidad nacional y, por tanto, no debe permitirse ningún partido que ataque a ese fundamento constitucional.

TAMBIÉN SE VOTABA A HITLER

Además, Abascal ha dicho que no debe tenerse en cuenta el apoyo en las urnas que obtienen esos partidos. «También votaban los ciudadanos a Hitler en Alemania«, ha apuntado incluyendo al PNV en esta ilegalización si no renuncia a su discurso secesionista.

Si no se toman estas medidas, cree que el resultado que acabará habiendo «ruptura de la unidad nacional» en España, ya que el estado descentralizado ha servido durante los últimos 40 años para «envalentonar todavía más» a los separatistas.

Según ha explicado, se puede aspirar a reformar la Constitución, pero a través de los canales legales. Ha puesto como ejemplo el caso de Vox, que quiere reformas algunos puntos de la Carta Magna, pero «respetando los procedimientos». «Es la misma diferencia entre quien quiere comprar un coche y quien quiere robarlo», ha explicado.

El líder del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado que «tiene la confianza» del presidente nacional del partido, Pablo Casado, aunque ha reconocido que «conviene cerrar las especulaciones» en torno a su eventual candidatura a lehendakari, aún no confirmada, dado que el «ruido» que se ha generado sobre este asunto «no ayuda».

Alonso, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento Vasco, ha explicado que su objetivo en la Junta Directiva que celebrará este jueves el PP de Euskadi es trasladar «un mensaje de tranquilidad y confianza».

El presidente del Partido Popular vasco pedirá a los miembros de la dirección regional que «no hagan caso al ruido» generado en torno a su posible candidatura para liderar la lista del PP para las elecciones autonómicas de Euskadi, que, como muy tarde, deben celebrarse en octubre.

Alfonso Alonso, que aún no ha sido confirmado como candidato por la dirección nacional del PP, ha asegurado que los ‘populares’ de Euskadi tienen «un proyecto sólido, que sigue adelante, y que tiene y va a tener la confianza del partido, no solo aquí, sino también en Madrid.

No obstante, ha reconocido que existe «mucho ruido» en torno a si repetirá o no como cabeza de lista del PP para las elecciones autonómicas». «Se abren muchas especulaciones y conviene cerrarlas«, ha subrayado.

«ES EL PROYECTO QUE EXISTE»

Alonso considera que es necesario «confirmar el proyecto político» del PP vasco, «porque es el que existe y el que ha sido aprobado aquí». «Es el que nosotros defendemos», ha añadido.

El líder del Partido Popular de Euskadi ha subrayado que es necesario «poner todo en marcha», puesto que las elecciones autonómicas se pueden convocar «en cualquier momento».

Alonso ha asegurado que ha hablado sobre este asunto con Casado y que este le «ha manifestado su confianza en público y en privado». De esa forma, y en referencia a la reunión de la Junta Directiva que se celebrará este jueves en Euskadi para reafirmar su liderazgo, ha explicado que los ‘populares’ de Euskadi «no darían este paso sin contar con el apoyo de Madrid».

«Tengo la confianza de mi presidente, y Casado debe saber que tiene la confianza del Partido del País Vasco, que va a luchar por defender aquí su proyecto», ha manifestado. Alonso, al que un periodista ha preguntado si le molesta que aún no se haya confirmado su candidatura, ha manifestado que ya está «acostumbrado a estas cosas» porque lleva «muchos años» en la política. En todo caso, ha reiterado que «el ruido no ayuda».

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que aún no ha decidido cuál será la fecha de las próximas elecciones autonómicas y ha subrayado que no ha sido él, sino algunos partidos políticos, los que desde el pasado año están «jugando» con la posibilidad de un adelanto de los comicios, que, si no se produce un adelanto electoral, se deberían celebrar en septiembre u octubre.

Urkullu, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento Vasco, ha reiterado que, según los plazos legales, la «horquilla» para la fecha en la que podrían celebrarse los comicios comienza el 5 de abril.

«Yo no he fijado un día, he hablado desde cuándo hasta cuándo podrían ser», ha afirmado, en referencia a las afirmaciones que efectuó este pasado miércoles, cuando situó el periodo de tiempo en el que podrían celebrarse los comicios entre el 5 de abril y el 22 de octubre.

El lehendakari ha asegurado que aún no tiene «tomada» la decisión sobre cuál será el día de las elecciones, dado que este es un asunto sobre el que es necesario realizar una reflexión «con fundamento».

«NOS RETRATAMOS TODOS»

Urkullu, que ha afirmado que la hora de tomar una decisión lo hará «pensando en el bien de Euskadi», ha lamentado que algunos partidos políticos lleven «jugando» con la idea de un posible adelanto electoral desde el año pasado. «Aquí nos retratamos todos», ha afirmado.

El lehendakari ha explicado que él se ha limitado a plantear una «horquilla» de fechas, dado que las elecciones se han de celebrar obligatoriamente este mismo año. Por ese motivo, ha lamentado que haya quien pretenda dar a entender que ha sido él quien ha «fijado» ya una fecha concreta para los comicios.

Urkullu también se ha referido al hecho de que este pasado martes sometiera a consulta, en el seno del Consejo de Gobierno, la posibilidad de un adelanto de los comicios, que en principio -si no se produce tal adelanto_habrían de celebrarse en septiembre u octubre.

La reflexión efectuada en torno a este asunto en el Consejo de Gobierno puede ser interpretada como el primer trámite que, según la Ley de Gobierno, ha de cumplimentar el lehendakari para convocar las elecciones.

No obstante, Urkullu no ha confirmado si la consulta realizada este pasado martes a sus consejeros constituye o no dicho trámite. «Es absolutamente normal que, en un Consejo de Gobierno, se reflexione sobre la situación», se ha limitado a afirmar.

En la misma línea, ha destacado que dicha consulta «no es nada más que una reflexión», y que el Ejecutivo «seguirá trabajando con normalidad». Urkullu, que en todo caso no ha descartado que los comicios sean el 5 de abril, ha afirmado que cuando adopte una decisión será «transparente» y la dará a conocer.

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Congreso, Inés Arrimadas, ha criticado la reunión de este jueves entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y le ha instado a citarse también con la portavoz de Cs en el Parlament catalán y líder de la oposición, Lorena Roldán.

«Si quieres hablar de Cataluña con Cataluña, tienes que hablar necesariamente con las dos mitades de Cataluña«, ha advertido en una entrevista en Cadena Cope recogida por Europa Press. Por eso, Arrimadas ha pedido a Sánchez que también tenga en cuenta a Ciudadanos. «Ten la decencia de sentarte con los líderes de la oposición que representamos mayoritariamente a los no independentistas», ha reclamado.

En este sentido, la diputada ‘naranja’ ha recordado que Roldán pidió un encuentro con el también líder socialista y que Sánchez se negó. Entiendo que un presidente del Gobierno se tenga que reunir con presidentes autonómicos, que no se encuentra con los líderes de la oposición. Pero no estamos en condiciones normales», ha añadido.

Sobre el encuentro de este jueves entre Torra y Sánchez en el Palau de la Generalitat, Arrimadas ha apuntado que será una cita «fructífera para el separatismo«. Así, ha señalado que no se le puede dar «normalidad» a la reunión, porque Torra «está inhabilitado y dice que va a volver a dar un golpe de Estado». «Me parece que dar normalidad a esta reunión es no entender lo que sufrimos los constitucionalistas en Cataluña», ha asegurado.

Además, la portavoz de Ciudadanos en la Cámara Baja ha recordado que el jefe del Ejecutivo aseguró en campaña electoral que «Torra era como (Marine) Le Pen, iba a tipificar el delito de referéndum ilegal y que traería a (Carles) Puigdemont a España» para que el expresidente catalán pudiera ser juzgado por el proceso independentista de 2017.

«La gente le votó y al día siguiente se olvidó de todo», ha criticado, a la vez que ha insistido en que su partido será «la voz de los ciudadanos que ven con impotencia y rabia» cómo un presidente del Gobierno «blanquea el separatismo catalán.

El ex presidente del BBVA Francisco González habría solicitado los servicios de la empresa del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo a título personal para que hiciera averiguaciones sobre determinadas personas en relación con la compra de una finca en El Escorial, según la declaración del ex directivo del BBVA y ex presidente de Distrito Castellana Antonio Béjar.

En su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, y en el marco de la pieza 9 del ‘caso Tándem’ en julio de 2019, Béjar apunta que puesto que González estaba interesado en adquirir una finca en El Escorial, al igual que en otras ocasiones pedía referencias de proveedores para asuntos personales.

El ex directivo explica, según la grabación de la declaración a la que ha tenido acceso Europa Press, que dado que el ex presidente «estuvo hablando con personas» sobre la compra de la finca, a través de su jefe de gabinete llamó a Béjar para saber si Cenyt (empresa de Villarejo) podía realizar averiguaciones sobre las mismas.

«Estuvo hablando con personas y a través de su jefe de gabinete un día me llamó y me preguntó si Cenyt podía trabajar para él haciendo una averiguación», señala Béjar, para acto seguido apuntar que, desde su punto de vista, González «no quería contratar con nadie con antecedentes complicados o que fuera persona con la que no tuviera que contratar por temas reputacionales».

Ante esa petición, Béjar llamó a Rafael Redondo (socio de Villarejo) para pedirle que averiguara el asunto «y que hablara con Julio Corrochano» –ex responsable de seguridad del BBVA–.

DESCONOCÍA QUE DETRÁS ESTUVIERA VILLAREJO

Durante su declaración en el Juzgado de Instrucción Central número 6 el exdirectivo del BBVA explicó además que Corrochano le propuso los servicios de Cenyt también para ‘desatascar’ el plan urbanístico de Castellana Norte dado que él era el por aquel entonces presidente de Distrito Castellana.

Según señala, el ex jefe de seguridad del banco tenía animadversión hacia la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y fue en esa ocasión cuando propuso a la empresa de Villarejo para «que ayudasen a desbloquear el proceso de aprobación de planes.

Dada la insistencia de Corrochano, Béjar se reúne con Rafael Redondo, pero insiste en que desconocía que detrás de Cenyt estaba Villarejo.

«Me horroricé porque tomé conciencia –en la reunión- de que Cenyt era Villarejo. Julio -Corrochano- intentaba que yo le contratara, pero cuando vi la reunión…», señala.

En ese contexto, Béjar habla de una reunión «en el despacho del presidente» en la que le transmite que Corrochano insiste en contratar servicios con Villarejo y que a el «le horroriza hacer algo malamente». González, según sostiene Béjar en su declaración, le dice que deje a Corrochano «que está muy pesado con eso».

Preguntado por los fiscales por el hecho de que le horrorice el comisario, Béjar comenta que ya en 2016 Villarejo salía en la televisión «con problemas». «Yo no sabía de la existencia de Villarejo ni su ligazón con Cenyt, me di cuenta de que había estado hablando con una empresa y recibiendo servicios que no sabía que eran de Villarejo», apunta, para luego admitir que no lo comentó con nadie del banco porque «todo el proceso estaba ordenado, monitorizado y vigilado por la alta dirección del banco».

«Reiterar que no era consciente de quién era esta empresa, de que este señor estaba detrás, de los métodos que utilizaban, y que en todo momento confié en la forma de proceder de la entidad y de los jefes que me ordenaron trabajar así. No tengo nada que ver con esto», asevera en un momento dado de su declaración.